Perú: El drama de la titulación comunal

Por Jorge Agurto

Servindi, 6 de abril, 2015.- El documento Pueblos Indígenas del Perú: Balance 2014 elaborado por organizaciones indígenas peruanas con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos destaca que un sinnúmero de problemas territoriales se deben a la falta de una política pública adecuada para garantizar el reconocimiento y titulación de los pueblos originarios.

Al respecto, Luis Hallazi, especialista del Instituto del Bien Común (IBC) afirmó en el desayuno de trabajo donde se presentó el citado informe que “la promoción de megaproyectos se hace de manera, desordenada y sin criterios ambientales y de territorialidad, política errada que genera múltiples superposiciones de derechos donde los más afectados son los territorios indígenas”.

Desborde del Estado por cuatro ilegalidades

Los problemas territoriales en el país se agravan en un contexto donde el 47.8 por ciento del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras, y un 75 por ciento de la amazonía se encuentra concesionada a lotes de hidrocarburos. Pero lo más grave es la permisividad y complicidad del Estado en actividades ilegales que lo desbordan ampliamente como la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción generalizada en todos los niveles del Estado.

Mientras que por un lado el Estado asume de “boca para afuera” compromisos ambientales y climáticos con el fin de captar recursos internacionales no es capaz de articular una política seria y coherente para proteger los ecosistemas, la biodiversidad, asegurar los servicios ambientales de los bosques y frenar la emisión de los gases de efecto invernadero ocasionada por factores previsibles como el cambio de uso de los suelos y la deforestación.

La oportunidad de financiar planes de titulación provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras rurales en el Perú (PTRT 3), el Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial, o la Carta de Intención Perú-Noruega-Alemania en lugar de fortalecer la confianza de las comunidades genera preocupación ante las campañas mediáticas alentadas por sectores económicos que exhortan a titular parcelas individuales dentro de las comunidades.

Las propuestas indígenas que buscan consolidar sus territorios comunales para fortalecer sus planes de vida, desarrollar formas sostenibles de producción, contribuir a la soberania alimentaria y a la vez frenar el cambio climático son ignoradas por el Estado peruano que se muestra incapaz de frenar casos clamorosos como las mafias de tala ilegal que asesinan a comuneros defensores de los bosques como en el caso de la comunidad de Saweto-Alto Tamaya que alcanzó gran notoriedad a raíz del asesinato de cuatro dirigentes indígenas.

Los obstáculos para la titulación en la amazonía

Recientemente, el antropólogo Alberto Chirif y el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda expusieron un alegato en el que demuestran que las autoridades peruanas no respetan el ordenamiento jurídico vigente y trasgreden sistemáticamente el Estado de Derecho al menoscabar el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas amazónicos.

En el artículo: Los obstáculos para titular los territorios de las comunidades nativas en el lote 192identifican siete obstáculos específicos que se derivan de la actitud obstruccionista de los funcionarios que invocan un conjunto de leyes y decretos supremos para justificar el incumplimiento de las normas contenidas en el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los siete obstáculos identificados son:

1. A pesar que la amazonía es principalmente bosque solo se titulan tierras con aptitud agrícolay no las tierras con aptitud forestal.

2. Las tierras con aptitud forestal sólo se ceden en uso por un tiempo determinado mediantecontratos de cesión en uso, nunca en propiedad.

3. Los estudios de clasificación de suelos se ha convertido en una traba burocrática y un requisito discriminatorio para trabar los procesos de titulación.

4. Se sigue entregando servidumbres gratuitas a favor de empresas de hidrocarburos sobre territorios indígenas.

5. La inscripción registral a nombre del Estado denominada “primera de dominio” se ha convertido en un requisito que desvirtúa el fundamento del derecho territorial de los pueblos originarios pues con esta figura el Estado “cede” a las comunidades una propiedad que las comunidades no tenían, trasgrediendo y desnaturalizando el derecho de propiedad ancestral.

6. Las áreas naturales protegidas (ANP) restringen y limitan el derecho de propiedad de los pueblos originarios, el cual es anterior a los regímenes de ANP de lo que resulta que los verdaderos propietarios sean tratados como intrusos.

7. Ausencia de políticas públicas adecuadas en materia de titulación de comunidades nativas.

Remover dichos obstáculos implica modificar leyes y decretos supremos para adecuarlos al ordenamiento constitucional. Los autores indican:

“Esta adecuación la debe hacer el Congreso en caso de leyes, y el Gobierno en caso de normas reglamentarias (decretos supremos), o en su defecto los jueces a través de procesos constitucionales de inconstitucionalidad o acción popular, que realizan el control constitucional de normas legales y reglamentarias. Incluso a través de procesos de amparo se puede lograr que no se apliquen estas normas a casos concretos”.

La conclusión a la que arriban es que es el Estado, es el Gobierno “el que está violando y está desconociendo su propio Estado de Derecho, su propio ordenamiento jurídico constitucional” a pesar que de acuerdo el art. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) está obligado a “remover” todos los obstáculos que impiden la vigencia de los derechos humanos que tienen rango constitucional.

Un diagnóstico imparcial

La Defensoría del Pueblo, uno de los pocos organismos públicos que goza de un indudable prestigio y calidad en su desempeño político, ha contribuido al tema al elaborar el año 2014 el Informe: Análisis de la Política Pública sobre Reconocimiento y Titulación de Comunidades Campesinas y Nativas.

El documento fue elaborado luego de supervisar a 22 gobiernos regionales que ejercieron su competencia para promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico y legal de la propiedad. La Defensoría concluye que “el Estado no cuenta con una política pública adecuada que aborde de manera integral el reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas en nuestro país”.

La Defensoría del Pueblo identificó también siete problemas generales que limitan la titulación tanto de las comunidades campesinas como nativas. Los problemas son:

1. La normatividad que regula el asunto es compleja, dispersa y contradictoria.

2. El Ministerio de Agricultura y Riego no ejerce adecuadamente su rol de rectoría en materia de saneamiento y formalización de la propiedad agraria.

3. No existe un único registro oficial que permita conocer el número de comunidades reconocidas y tituladas.

4. Las Direcciones Regionales de Agricultura no cuentan con personal especializado.

5. No existen herramientas para difundir entre las comunidades los derechos y procedimientos para reconocer y titular sus tierras.

6. Faltan recursos presupuestales para implementar el reconocimiento y titulación.

7. No existen lineamientos claros para resolver las controversias de derechos e intereses por superposición de concesiones, áreas naturales protegidas, etc. sobre tierras indígenas.

La vulneración de los paquetazos mediante normas “ómnibus”

A pesar de los problemas señalados el panorama de inseguridad y vulnerabilidad se agrava aún más en un contexto de amenaza y agresión sistemática dirigido de manera artera a debilitar la seguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas.

La estrategia política y legal adoptada por el actual gobierno de Ollanta Humala es la expedición de paquetes normativos o normas “ómnibus”, al decir de Luis Hallazi, abogado del Colectivo Territorios Seguros, y que se caracterizan por introducir en una norma contenidos de muy diversa índole, que colocan piezas legales que facilitan la inversión, debilitan los controles ambientales y de paso desmontan el derecho de propiedad de los pueblos originarios.

Hallazi enumeró las normas que se han venido expidiendo de manera consecutiva por el actual régimen y que menoscaban los derechos territoriales de los pueblos indígenas a la vez que abren las compuertas para que los intereses privados actúen por encima de ellos, vulnerando el estado de derecho constitucional en el Perú.

Una de las características de los denominados paquetazos es que afectan directa e indirectamente derechos de propiedad comunal y los articulados referidos a pueblos indígenas no cumplieron con el requisito de consultados previamente en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de la Ley 29785 de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.

Por lo pronto las organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil anuncian la interposición de recursos constitucionales a fin de frenar en éste ámbito las principales normas. Estas acciones constituyen un severo llamado de atención a una representación congresal que no cumple a cabalidad su función legislativa y no filtra normas elaboradas en ámbitos privados y que son enviadas por el Poder Ejecutivo desafiando abiertamente el estado democrático de derecho y generando condiciones para incrementar la conflictividad social, política y ambiental en el país.

Fuente: Servindi