Perú: CONACAMI, 10 años tejiendo resistencias a la minería

Esta nueva etapa esta marcada por la emergencia de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI y la aparición de un movimiento contra los impactos negativos de la minería desde el espacio comunal hasta el espacio nacional.

10 años después CONACAMI ha logrado constituirse en el principal referente del movimiento indígena andino y considerado una de las experiencias emblemáticas de organización y resistencia a la minería. Es precisamente sobre lo segundo que nos ocuparemos con la finalidad de aportar al conocimiento de su proceso y los aprendizajes que nos transmite la experiencia. Nos centraremos en el proceso de resistencia a la minería (1999-2006) y en posteriores artículos abordaremos sus aportes a la construcción del movimiento indígena en el país.

La primera parte nos presenta el contexto que sirve de marco para el surgimiento de la experiencia caracterizado por las reformas estructurales aplicadas en los años noventa y que favorecieron el desarrollo de la minería. Una segunda parte nos permite describir el proceso de construcción de la CONACAMI, caracterizado por la transición de las luchas solitarias de las comunidades afectadas por la minería a una articulación estratégica para la defensa de sus derechos. La tercera parte esta concentrada en abordar brevemente el proceso de reafirmación como organización indígena. En la última sección presentamos una valoración de las diversas estrategias que las comunidades y sus organizaciones han implementado en la defensa de sus derechos colectivos.

I.- Comunidades, Reformas Liberales y Minería (1990-1999)

La situación de las comunidades: del proteccionismo a la mercantilización de sus tierras

Las comunidades de los Andes constituyen la forma colectiva de organización más importante en el Perú. Hasta los años setenta fueron reconocidas como “comunidades de indígenas” y a partir de la reforma agraria (1969) fueron denominadas “comunidades campesinas”. Su vigencia histórica y cultural está unida a la ocupación de un determinado espacio territorial, al uso colectivo de la tierra y los recursos naturales que se encuentran bajo sus dominios. El espacio territorial que ocupan las comunidades ha permitido que se mantengan vigentes las prácticas culturales, expresándose de esta manera el carácter multicultural y plurilingüe del país.

El número de comunidades se ha incrementado en el periodo de la experiencia que compartimos. En 1991 se registraron 4792 [1] y en la actualidad existen más de 5998 comunidades reconocidas [2]. Su ubicación se concentra en regiones como Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Junín; y sus territorios comunales ocupan aproximadamente 14 millones de hectáreas [3]. Las principales organizaciones campesinas eran la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA).

En 1997, al referirse a la situación de las organizaciones campesinas, Fernando Eguren [4] señaló que “(…) la fortaleza y legitimidad tanto de los gremios (como de los partidos que los apoyaron) ha ido decayendo, constatándose actualmente un agudo problema de debilidad institucional y de representación” y concluía que “actualmente no existen movilizaciones en el sentido tradicional del término (que implica conducción, masividad, visibilidad local, regional o nacional, alianzas, y precisión de objetivos), sino múltiples formas de acción que expresan una diversidad de situaciones”.

Sin embargo, no descartaba “que ocurran estas movilizaciones en un futuro, sobre todo en relación con la inseguridad de la tenencia de las comunidades campesinas de la costa, de la inseguridad de las comunidades campesinas de sierra frente a los denuncios mineros, y de las comunidades nativas amazónicas frente a los denuncios petroleros”. Entonces se advertía claramente que la expansión de la minería era un tema sentido en las comunidades y que podría desencadenar una escalada de conflictos en los andes.

La situación de inseguridad jurídica de las comunidades fue originada por las reformas políticas implementadas durante el primer gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995) con la finalidad de atraer inversiones extranjeras lo que requería un marco que facilitará el acceso a los recursos mineros que se encuentran en tierras de comunidades.

Los derechos territoriales de las comunidades, en especial los principios referidos a su protección por el Estado, fueron eliminados por la Constitución Política (1993) y otras leyes. La Constitución peruana reconoce el derecho de propiedad de las comunidades sobre la superficie y refiere que la propiedad del subsuelo es del Estado. En 1995 se dicto la Ley 26505, Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (“ley de tierras”) con clara inspiración liberal y de mercantilización de las tierras. Para Jaime Urrutia la lógica de esta ley era “clara para desarrollar el mercado de tierras hay que regularizar la propiedad de las parcelas y liberalizar al máximo las tierras de las comunidades campesina” [5].

El Art. 7º de esta Ley fue modificado por la Ley 26570 (“ley de servidumbre minera”), introduciendo que “la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre” y que dicho acto se podría realizar por acuerdo de Asamblea General con el voto aprobatorio de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad.

La Situación de la minería: de la crisis al boom

A inicios de la década de los noventa la minería pasaba una seria crisis (Campodónico, 1999) [6]. La inversión había colapsado desde los años setenta y la única empresa privada de la gran minería en el Perú era la Southern Peru Copper Corporation (SPCC). La crisis de la minería se prolongaría hasta 1993. De Echave (1999) señala que entre 1990 y 1993 “es la época de los cierres de minas en el Perú, hay una caída significativa de la producción, no hay inversión minera y en general podemos decir que es un período marcado por la inestabilidad” [7].

Es precisamente en este periodo cuando se desarrolla un nuevo marco legal para la minería. En 1990 la minería venia operando bajo el marco de la Ley General de Minería (1981) que promovía la inversión privada pero mantenía la actividad empresarial del Estado y a partir de 1991 se dictaron normas para promover la inversión privada en minería y se promulgó una nueva Ley General de Minería (1992). Al respecto Campodónico (1999) afirma que “la inspiración de esta legislación ponen el énfasis en el impulso a la actividad privada, procediéndose a la privatización de las minas y las refinerías de propiedad de las empresas públicas del sector”.

El nuevo marco legal fue relevante en el desarrollo de la minería y abrió la etapa del “boom minero”. Según De Echave (1999) esta etapa comprende el periodo entre 1993 a 1997 que “se inicia con la recuperación de las cotizaciones del oro, la plata y a partir de 1994 suben las cotizaciones de casi todos los metales; se recupera la producción minera en el país (…) hay un boom que sobre todo es de exploración, el territorio que ocupa la minería se multiplica (…), importantes empresas se instalan en nuestro país y se anuncian [nuevas inversiones]”.

Los cambios en la legislación obligaron a realizar un inventario general de los derechos mineros y sus cifras reflejarían la expansión territorial de la minería. Así paso de 2.2 millones de hectáreas tituladas en 1991 a cerca de 15.6 millones de hectáreas en al finalizar 1997. De igual manera, en este periodo se concretan las mayores privatizaciones y la mina Yanacocha inicia la producción de oro en 1993.

Comunidades-minería: los conflictos infinitos

Considerando que en el espacio andino se concentran los territorios de comunidades, las fuentes de agua y los recursos mineros, los andes es escenario de resistencias a la minería a causa de sus impactos negativos y recientemente de oposición a esta actividad. La historia hace referencia a las luchas comunales en Cerro de Pasco, San Mateo de Huanchor, La Oroya o Ilo por defender la tierra, el agua, el aire y la vida de la “contaminación minera”. Estos casos estaban vigentes en la década de los noventa y originaron el surgimiento de un movimiento de comunidades afectadas por la minería.

- Cerro de Pasco y Lago Junín:

La mina de Cerro de Pasco, de propiedad de la Cerro de Pasco Copper Corporation fue nacionaliza en 1974 y paso a constituir parte de CENTROMIN Perú. En 1999 fue privatizada y adquirida por Volcán Cia. Minera. El principal impacto de la minería en la ciudad es generado por la expansión del tajo abierto que implica la destrucción de infraestructura urbana de uso colectivo y la memoria cultural e histórica de la ciudad [8]; por otro lado, el depósito de desechos mineros en áreas muy cercanas a las viviendas contamina el aire y afecta la salud de la población, mientras que los impactos en el agua se dieron principalmente sobre el río San Juan, llegando a afectar el lago Junín a través de su embalse.

En 1994 las comunidades afectadas por el embalse con aguas contaminadas por la minería constituyen el Comité de Defensa del Lago Junín y efectuaron denuncias públicas sobre la situación ambiental del lago convocando a la visita de un grupo de congresistas y periodistas a las zonas afectadas; posterior a esta acción se constituye el Frente Ecológico Alto Andino (Pasco – Junín), presidido por Miguel Palacin Quispe de la Comunidad de Vicco, reforzándose las denuncias ante diversas instancias del Estado.

En 1997 la población realizó una protesta provincial frente a los planes de expansión del “tajo abierto” que afectaría parte de la infraestructura urbana de uso común. La movilización social coincidía con el proceso de privatización de CENTROMIN Perú (Unidad Cerro de Pasco), frente al cual se demandaba el pago de la deuda histórica de la minería. La movilización fortalecería a la Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Pasco (FEDECCPA).

- La Oroya (Junín):

En 1922 inicio sus operaciones la fundición metalúrgica de La Oroya de propiedad de la Cerro de Pasco Corporation y procesaba minerales de minas de la sierra central; a mediados del siglo pasado amplió su producción. Al respecto Pajuelo asegura que “dicha expansión se hizo a costa de producir graves daños al medio ambiente de la región. La contaminación de las aguas (ríos y lagunas), el aire y las tierras, tuvo como correlato el daño a la agricultura y la ganadería (…)” [9].

En 1974 la fundición sería “nacionalizada” pasando a formar parte de CENTROMIN Perú. En 1996, la empresa presentó su programa de adecuación ambiental (PAMA) con el fin de adecuarse en un plazo de 10 años a las exigencias ambientales establecidas para las actividades mineras. En 1997 la empresa sería privatizada, siendo la Doe Run Perú la nueva propietaria del complejo metalúrgico. En 1999, la situación ambiental era crítica debido a que se identificaron efluentes líquidos con contenido de plomo, cobre, zinc, hierro y arsénico que triplicaban el valor promedio establecido por la legislación nacional y la contaminación atmosférica con anhídrido sulfuroso (SO2) [10].

En 1998 se creó la Asociación de Delegados Ambientales (ADMA), presidido por Víctor Baldeón Dávila de la comunidad de Pucara e integrada por representantes de comunidades de la provincia de Yauli – La Oroya y organizaciones sociales urbanas. Su creación representa un avance importante en la organización de los afectados para reconocer impactos ambientales, crear conciencia y defender derechos.

- Comunidad de Vicco (Pasco):

La comunidad campesina de Vicco se ubica a orillas del Lago Junín en la provincia de Pasco. Sobre sus tierras se entregaron concesiones para actividades mineras durante la época del “boom minero”. La empresa Sociedad Minera El Brocal tenía concesiones por 5600 hectáreas sobre tierras de la comunidad y en 1992 obtuvo una autorización comunal para realizar actividades de exploración del proyecto minero San Gregorio. Por las denuncias de la comunidad la empresa tuvo que retirarse en 1996.

Posteriormente la empresa solicitó 1019 hectáreas para continuar con la exploración al cual se opuso la comunidad. Según los comuneros, la intención real de la empresa era la aplicación de la servidumbre lo que provocó una tenaz oposición en las instancias administrativas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la movilización y la búsqueda de aliados con Ongs (Grupo Eco, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y CooperAcción). A finales de 1998 la comunidad lograría la nulidad de la solicitud de servidumbre minera. Vicco es la primera comunidad andina en oponerse a la minería en el Perú en pleno “boom minero”.

- Comunidades de Espinar (Cusco):

La mina Tintaya se ubica en la provincia de Espinar (Cusco). El conflicto se originó en 1981 cuando el Estado peruano expropio 2368 hectáreas de tierras de la comunidad Antacama, afectando principalmente a los comuneros del anexo Tintaya Marquiri, para constituir la Empresa Minera Especial Tintaya e iniciar la explotación de cobre. En 1994 la empresa fue privatizada y adquirida por Magma Copper (USA), la misma que en 1996 fue absorbida por Broken Hill Propietary (BHP-Australia). Por su parte BHP adquirió tierras de las comunidades de Tintaya Marquiri (1263 has.), Alto Huancané (246 has.), Huanu Huano (440 has.) y Alto Huarca (477 has.).

Las comunidades afectadas, tanto por la expropiación como por la compra de tierras, consideraban que las compensaciones no eran justas, que las compras se efectuaron bajo las amenazas de aplicárseles una servidumbre minera y que fueron desplazados por la fuerza. Todo ello afectaba el modo de subsistencia de las comunidades. Estas denuncias serían más adelante corroboradas por CooperAcción, Ong que trabaja en la zona desde 1997.

- Comunidades andinas de Moquegua:

En 1996 la empresa Minera Quellaveco adquiere tierras de las comunidades de Tumilaca, Pocota, Coscore y Tala para desarrollar el yacimiento de cobre Quellaveco, que se encuentra en el “lecho del río Asana”, uno de los tributarios del río Moquegua. Según Labor (Ong de la zona), para operar la mina requerirá de 700 litros de agua por segundo y para abastecerse plantearon extraer aguas subterráneas de la parte alta del área de Chilota lo que podría afectar la ampliación de la frontera agrícola de Moquegua disminuyendo el volumen de agua para el proyecto Pasto Grande [11]. Este hecho motivaría la organización de las comunidades campesinas de la zona andina y de agricultores de los valles que se oponían a la extracción del agua subterránea de los humedales de Chilota y el desvío del río Asana.

- Cajamarca y la mina Yanacocha:

Entre los conflictos iniciados en los noventa se encuentra los protagonizados por los campesinos alrededor de la mina Yanacocha en Cajamarca. En 1993 inicia su producción de oro. Según Bebbington los primeros indicios de conflictos se dan “no por razones ambientales sino por las condiciones bajo las cuales la mina accedía a la tierra. Por ser una mina a cielo abierto tuvo que comprar grandes extensiones de tierra para poder operar” [12]. Así, entre el periodo 1992-1996 Yanacocha habría comprado a 41 familias una extensión de 4068 hectáreas. A finales de 1998 se denunciaron la muerte de peces en el río Llaucano y la contaminación de las aguas de consumo domestico de la población urbana de Cajamarca.

Los problemas de los campesinos afectados por Yanacocha según informe de Project Underground (1999) se podría resumir en “precios injustos pagado por la tierra, obras de desarrollo prometidas y no realizadas, promesas de obras no cumplidas, reducción del flujo de agua para las comunidades de campesinos río abajo, uso de tierras sin permiso por la MYSA, contaminación de canales y contaminación de polvo excesiva” [13]. El mismo informe señalaba que unos 2500 campesinos habían sido desplazados por las actividades mineras en la zona.

II.- La Construcción de CONACAMI: De las luchas solitarias a las luchas colectivas: la articulación frente al “boom minero”

Los casos de Cerro de Pasco, La Oroya o Lago Junín representan el conjunto de los “conflictos históricos” por su persistencia en el tiempo y donde los impactos ambientales y sociales han sido catastróficos. Los casos de Tintaya Marquiri, Moquegua, Cajamarca o Vicco representan los “conflictos mineros emergentes” por su manifestación a consecuencia del “boom minero y donde el elemento central en cuestión es el derecho a la propiedad de las tierras comunales y su acceso por la minería.

Estos casos no eran los únicos ya que en los andes se había desatado el “boom minero” y se vivía una “explosión” de conflictos que aún no trascendían del escenario local al nivel nacional. En Ancash se registra protestas de las comunidades y el municipio de Huaraz contra de la mina Pierina y el proyecto minero Antamina exigiendo “verdaderos” aportes al desarrollo regional (agosto, 1999), y se denunciaron irregularidades en la compra de tierras en San Marcos. En Huancavelica se denunciaban impactos ambientales de minas como Santa Bárbara, Julcani y Cobriza. En cada región donde se desarrollaba la minería, existían conflictos invisibilizados y -en síntesis- se trataban de luchas históricas y recientes pero aisladas y carecían de planes de articularse más allá del nivel local.

En 1998 la minería había alcanzado 15 millones de hectáreas concesionadas. La relación de las empresas mineras con las comunidades era casi una extensión de las prácticas de las haciendas, donde la presión se imponía sobre los derechos para la obtención de autorizaciones para uso de tierras de propiedad de las comunidades; si había oposición, se amenazaba con la imposición de la “servidumbre minera” como en los casos de Vicco y Tintaya. El papel del Estado en los conflictos era percibido por las comunidades como “a favor de las empresas mineras” pero aún así se recurría a él para denunciar los impactos y la violación de sus derechos.

Aún cuando cada caso tiene su particularidad las comunidades constituían los actores centrales y encaraban el desafío de los conflictos de manera desarticulada y desconocían la legislación vigente para defender sus derechos territoriales debido a los recientes cambios. Las organizaciones nacionales de comunidades -CCP o CNA- que históricamente habían asumido la lucha por la tierra no alcanzaron a desarrollar una estrategia para enfrentar el “boom minero”. Los “frentes de defensa” tradicionales incluían una diversidad de actores locales con una agenda amplia que no visibilizaba la problemática de las comunidades y los impactos negativos de la minería.

En el contexto más amplio, en diversos espacios de información e intercambio sobre la minería y sus impactos, promovido por Ongs los líderes comunales van compartiendo su problemática, la que es a su vez la problemática de otras comunidades. Reconocen la ausencia de un actor nacional que asuma sus demandas, definiendo así la necesidad estratégica de articular a las comunidades afectadas por la minería; es decir, asumir el desafío de trascender de las luchas solitarias a las luchas colectivas con la esperanza de que sus voces se escuchen.

En noviembre de 1998, líderes de comunidades de Espinar (Cusco), La Oroya (Junín), Ancash, Pasco, Apurímac y Huancavelica coincidían en el Seminario Taller “Minería y Comunidades” convocado por la CooperAcción [14]. El común denominador entre los participantes era que todos provenían de regiones o zonas tradicionalmente mineras y -por tanto- compartían un pasado y un futuro común. Todos sobrellevaban problemas por los impactos ambientales y sociales negativos de las actividades mineras, lo que había cambiado el modo de vida comunal al afectar los recursos del que depende su subsistencia. El seminario concluía con la definición de un objetivo: “conformar una coordinadora de comunidades campesinas afectadas por contaminación ambiental minera”.

La idea de “conformar una coordinadora de comunidades campesinas afectadas por contaminación ambiental minera” emergió de una manera espontánea en el autodiagnóstico aplicado por los líderes comunales. La concepción de la propuesta organizativa surgió a partir de un intercambio sobre la situación de las comunidades y la necesidad de responder ante los impactos negativos del “boom minero”. Aspectos objetivos como el pasado de la minería y la amenaza de una “minería irresponsable”, el vacío organizativo y de representación que incluyera la problemática de las comunidades afectadas por la minería, constituyeron elementos que motivaron la iniciativa.

El proceso hacia el congreso nacional se inició con la constitución de una Comisión Organizadora, en marzo de 1999, integrada por dirigentes de nueve departamentos del país. Se planificaron la realización de plenarias y congresos regionales en Junín, Pasco, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ancash, Cajamarca, Moquegua y Arequipa. A principios de año se habían sumado a la iniciativa comunidades de Cajamarca, Moquegua y Arequipa. Entre los días 28 y 29 de mayo, en la ciudad de La Oroya, se realizó el primer congreso regional de las comunidades afectadas por la minería de la región Junín.

El Congreso Nacional de Comunidades y Poblaciones Afectadas por la Minería se efectúo en Lima entre el 20 y 22 de octubre de 1999 [15]. Según el informe de la Comisión Organizadora asistieron 324 delegados que representaban a 1200 comunidades afectadas por la minería de nueve regiones del país. También asistieron representantes de San Mateo de Huanchor (Lima), Tambogrande (Piura), San Ignacio (Cajamarca), Pataz (La Libertad), Puno y Loreto. Su constitución concito expectativas en diversos sectores, incluyendo el minero que participaron del congreso fundacional, por la importancia que representaba la minería en el Perú.

El proceso hacia el congreso nacional genero expectativa y convocó la asistencia de líderes de las comunidades y organizaciones cuya preocupación central constituía la problemática de los impactos ambientales y sociales de la minería o la amenaza de afectar los planes de desarrollo local por actividades mineras; tal eran los casos de San Mateo de Huanchor, Tambogrande, San Ignacio y Pataz, que sin haber formado parte del proceso organizativo previo asistieron al congreso nacional. Estas comunidades y poblaciones afectadas, a través de sus organizaciones sociales, se sumarían mas adelante a la CONACAMI.

El acto fundacional tuvo la presencia de organizaciones internacionales vinculadas a la problemática minera (Ecuador, Bolivia, Chile, Canadá) y de organizaciones de pueblos indígenas (Ecuador y Bolivia). La presencia de delegaciones internacionales es muestra no sólo del interés despertado por el congreso fundacional de CONACAMI sino la posibilidad de articularse con otros actores sociales a nivel internacional que podrían fortalecer las capacidades de la nueva organización a través del intercambio o la acción conjunta. Así la nueva organización despertaba simpatía a nivel nacional e internacional.

CONACAMI precisó su visión reconociendo la diversidad de su composición que no se reduce a comunidades sino que incluye a organizaciones urbanas. La organización centra su misión en la defensa del derecho a la vida, al territorio de las comunidades, a los recursos naturales y el derecho a la consulta. Incluye en su misión el derecho a la participación ciudadana.

Las comunidades que participaban del proceso de constitución de CONACAMI no se pronunciaron en contra de la actividad minera sino de sus impactos negativos que los afectaban de diversas maneras. Las conclusiones de los congresos regionales y del congreso nacional no expresaban aún una posición de oposición a la actividad minera. Esta referencia sugiere que CONACAMI se constituye cuestionando los impactos ambientales y sociales de la minería y llamando al dialogo como la vía para hacer que el modelo de minería vigente cambie. Es decir, surge cuestionando las políticas públicas referidas al sector minero mas no así cuestionando el modelo económico que vendría a ser una característica de otra etapa de la organización.

El surgimiento de CONACAMI representa una expresión de las demandas de comunidades campesinas afectadas por la minería que ante el “boom minero” y la magnitud de sus impactos necesitaban un actor nacional que demandará cambios al Estado aunque no participará necesariamente de sus luchas cotidianas. Es decir, CONACAMI es expresión del reconocimiento por las propias comunidades de que sus problemas no son únicos sino de un gran número de comunidades del país y que -por tanto- la única estrategia de encontrar respuestas efectivas era articulándose y organizando una coordinadora nacional donde el tema central de su agenda hiciera referencia especifica a las demandas de comunidades y poblaciones afectadas por la minería y que su acción estuviera orientado a resolverlos o a transformarlos a favor de sus derechos..

CONACAMI emerge con un discurso “ambientalista” y “reivindicativo” que se evidencia de las conclusiones del congreso fundacional. El primero, puede explicarse por la influencia de las preocupaciones ambientales globales de los años noventa y sus vinculaciones a nivel local con la contaminación generada por la minería; y lo segundo, es más bien una característica histórica de las organizaciones comunales con relación a la minería. El primero, se sustentaba en el derecho al ambiente y demandaba el cumplimiento de normas establecidas, acceso a información, capacitación y capacidades para la vigilancia; se denunciaba la contaminación y se planteaba la restauración. El segundo, se sustenta en el derecho a la tierra y demandaba la derogatoria de la “ley de servidumbre” (Ley 26570), pero no obstante se circunscribía a la lógica de las compensaciones por las tierras comunales “entregadas” a la minería o el pago de mejores precios por las tierras.

Otro aspecto relevante en los acuerdos fundacionales es la concepción de que la estrategia para resolver los conflictos pasaba por una “solución dialogada” o la negociación entre comunidades y empresas mineras, para lo cuál se podría recurrir a la mediación de otros actores debido a que el Estado no facilitaba los acuerdos. Esta propuesta de “dialogo bilateral” basada en la experiencia de las comunidades demuestra la casi ausencia del Estado en la solución de los conflictos o su postura a favor de la minería. Por otro lado, la propuesta de dialogo planteaba la necesidad de “nuevos acuerdos” entre las comunidades y empresas mineras basadas en derechos, rompiendo así las viejas formas de relación basadas en la lógica asistencialista.

La forma de “coordinadora” adoptada por CONACAMI era concebida como una organización en construcción y de articulación de las luchas comunitarias frente a la minería, que constituía su principal fortaleza y oportunidad, y de agilidad para responder a las crecientes necesidades y propuestas de las comunidades afectadas por la minería. Los líderes que participaron de este momento la definen como “una organización de defensa de derechos y de representación de las comunidades”, y que aspiraba romper con la lógica comunal de la compensación económica en la relación con la industria minera y transitar hacia un proceso de dialogo sobre el derecho al desarrollo. Era una nueva organización cuya principal referencia era la problemática de las comunidades y sus conflictos con la minería, cuyo territorio de origen era principalmente el área andina del país.

La presencia de CONACAMI en el escenario nacional (2000-2003):

El 2000 es el año en que CONACAMI inicia su crecimiento organizativo a la par de conflictos como Tambogrande, Huarmey y San Mateo de Huanchor, aliándose con organizaciones locales o constituyendo referentes propios como en el caso de la CORECAMI Piura y por afiliación como es el caso de la Federación Rumimaki de Puno [16]. Por otro lado, desarrollaría actividades de sensibilización para visibilizar la problemática; así, el 14 de diciembre realizó la “marcha de los afectados por la minería” con la participación de 1500 delegados de sus 12 bases regionales con el objetivo de denunciar públicamente la situación de las comunidades afectadas por la minería. Era la primera marcha organizada entorno a la problemática en Lima y la plataforma difundida reafirmaba los principales acuerdos del congreso fundacional.

El año 2001 seria intenso en términos organizativos. En Ancash se realizó un congreso y plenaria, tanto en Huarmey como en San Marcos, zonas afectadas por las operaciones de Antamina. La intención era consolidar un único referente organizativo alrededor de los impactos de Antamina; sin embargo, en la práctica no se concretaría debido a que los afectados eran diferentes culturalmente y sus demandas de igual manera diferían. Desde San Mateo de Huanchor se organizó un encuentro de comunidades de la cuenca del río Rímac donde se aprobaría la creación de una federación de comunidades y en La Oroya se realizó la feria de animales afectados por la minería.

Sin embargo, a dos años de su constitución la organización tuve que enfrentar una debilidad por el “abandono” que dirigentes hacían de sus cargos en las CORECAMIs y en el consejo directivo de CONACAMI; por un lado, sería el costo de un proceso organizativo acelerado y, por otro una oportunidad para el fortalecimiento al recomponer su dirigencia. A nivel nacional, se tuvo que complementar la dirigencia nacional, haciéndola mas representativa con la participación de líderes de Tambogrande, San Mateo de Huanchor, Huarmey y Lircay (Huancavelica).

Durante el año 2002 CONACAMI y CORECAMI Cusco iniciaron en conjunto con CooperAcción y Oxfam América una Mesa de Dialogo con BHP Billiton Tintaya en la provincia de Espinar para resolver los problemas de tierras, medio ambiente, derechos humanos y desarrollo.

El 8 de julio, CONACAMI iniciaba en Lima la “Marcha Nacional por la vida, la tierra, el agua y el aire; el derecho a la participación y la consulta” con una masiva participación de sus bases regionales. La marcha concito el interés del gobierno comprometiéndose, según acta, a establecer una instancia de dialogo tripartito de alto nivel para resolver los conflictos. El hecho constituía un reconocimiento a la existencia de problemas y conflictos mineros, pero también un reconocimiento a la representatividad e interlocución de CONACAMI. En agosto se iniciarían las negociaciones para crear la comisión de dialogo nacional, sin embargo fracasarían en octubre debido a que un sector del gobierno (MINEM) y empresas mineras cuestionaban la representación de CONACAMI y ésta planteó crear un instancia de carácter vinculante no encontrándose un consenso.

Tras el fracaso del dialogo CONACAMI tomaría dos iniciativas. Por un lado, con el apoyo de Ongs inició un proceso de dialogo con las principales empresas del sector minero (Yanacocha, Southern, Doe Run, Antamina, Quellaveco y BHP Billiton) que no progresaría tras la presentación, por otro lado, de una demanda contra el Estado peruano por violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [17] a causa del desarrollo de actividades mineras en el país.

El 2003 sería un año de cambios en CONACAMI por la realización de congresos regionales y del II Congreso Nacional que ratificó a Miguel Palacin como presidente.

Un primer balance interno con relación al crecimiento organizativo y representativo de la CONACAMI señala que la organización ha extendido su presencia de 9 bases en su fundación a 15 al finalizar el II congreso. Sin embargo, no había logrado consolidar las CORECAMIs con un rol de liderazgo en el espacio regional; en su mayoría, estaban focalizadas a nivel provincial o local alrededor de los conflictos específicos (Huarmey y San Marcos, Espinar, San Mateo de Huanchor, Tambogrande, Lircay) lo que constituía a su vez una fortaleza para la organización. En minoría habían logrado ampliar su ámbito de influencia a mas de una provincia (Pasco, Apurímac, Moquegua) constituyéndose en referentes regionales.

Finalmente, la expansión organizativa y posicionamiento de CONACAMI ha estado ayudado por procesos locales y protestas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería y que, además, contribuyeron a visibilizar su problemática. El encuentro con procesos locales fortalece la acción local y su visibilización nacional. Conflictos como Huarmey, San Mateo de Huanchor y Tambogrande si bien se inician en 1999, su incorporaron a CONACAMI (2000) ayudaron a que se expanda territorialmente a Piura, sierra de Lima y costa de Ancash, pero también las sucesivas protestas en Huarmey (2001-2003), Tambogrande (2000-2003), Lago Junín (2002-2003) y Pampamali (2003) constituyeron hechos que centraron la atención pública por la capacidad de movilización local y que ayudaron a su visibilización.

III.- CONACAMI y la Reafirmación IndígenaEl proceso de reafirmación como organización indígena (2003-2006):

CONACAMI al año 2003 había avanzado a ser reconocida en el ámbito nacional e internacional como la organización representativa de comunidades y pueblos afectados por la minería; era un avance importante en el proceso de posicionamiento y de articulación de luchas locales. Había contribuido a que el tema de la minería sea una constante en la agenda pública, sus acciones habían favorecido -en parte- a que la opinión pública se entere de los verdaderos impactos de la minería en las comunidades.

De igual manera, había contribuido a colocar algunos temas de su plataforma en la agenda política y movilizado a sectores del Estado para su atención. El acta de compromiso para una comisión nacional de dialogo tripartito y la regulación de temas como la consulta y participación ciudadana para actividades mineras, regulación de los impactos ambientales o la declaración en emergencia ambiental del lago Junín, constituyen parte de esta agenda.

Con estos avances llega a su II Congreso Nacional, realizado simbólicamente en San Mateo de Huanchor del 23 al 26 de octubre, con cerca de 400 delegados. El congreso concluiría con un debate respecto a la postura que la organización debía asumir con relación a la minería, influenciados -en parte- por la reciente victoria del “no a la minería” en la consulta de Tambogrande y provocados por la presentación de la experiencia de dialogo con la minería en Espinar y el fracaso de las apuesta por el dialogo con el gobierno.

Los acuerdos del congreso marcarían el inicio de una nueva etapa en CONACAMI al aprobarse el paso de “coordinadora a confederación” y autoafirmarse como organización indígena, lo que implicaba un cambio en el pensamiento y la acción institucional centrándose en adelante en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la intención de participar activamente en política. Es decir, CONACAMI se plantea un mayor desafío en base a los avances, aún cuando no había consolidado la estructura organizativa nacional y regional.

Debemos precisar que la autoafirmación indígena de CONACAMI esta asociado con dos hechos precedentes. A nivel nacional con la creación de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPAA) y la convocatoria de Miguel Palacin para representar a los pueblos indígenas andinos, así como la participación de la organización en la Conferencia Permanente de Pueblos Indígenas (COPPIP); por otro lado, estuvo influenciado por los procesos experimentados por el movimiento indígena en Ecuador y Bolivia, con quienes la organización mantenía un activo programa de intercambio de experiencias desde sus inicios.

El II congreso nacional aceleró el proceso organizativo y redefinió la concepción de CONACAMI, producto de la presencia y dinámica adquirida por la dirigencia central de la organización y la agudización de los conflictos mineros, a lo que se sumaría el fracaso de las propuestas de dialogo tripartito con el gobierno tras suscribir un acta de compromiso y la influencia del movimiento indígena regional.

El problema central para CONACAMI ya no sólo constituía la violación de los derechos sino la vigencia de un modelo de desarrollo dominante: el neoliberal. Es el inicio del debate interno sobre la construcción de una propuesta alternativa. Es decir, la estrategia de incidencia para cambiar políticas públicas utilizando los mecanismos legales e institucionales se transformó en una estrategia política basada en el discurso “antisistemico” y la “refundación” del Estado.

La apuesta por afirmarse como organización indígena le ha asignado un papel diferente al inicial como organización de afectados por la minería trascendiendo a concebir la identidad cultural como la base para construir la nueva articulación en una diversidad de luchas contra los impactos del modelo de desarrollo neoliberal.

En adelante los cambios y prioridades se verán reflejados en los planes y las acciones de CONACAMI. A inicios del 2004 redefinía su visión para “articular en la sociedad civil peruana una organización con representación nacional (…) que defienda los derechos políticos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas y pueblos afectados por las actividades extractivas frente a las políticas neoliberales; bajo los principios de equidad, con respeto a la auto determinación de los pueblos en la construcción de su desarrollo (…)”.

A continuación presentó su “Propuesta de Gobernabilidad desde los Pueblos Andinos para el Perú” (junio, 2004) donde se incluían demandas como una asamblea constituyente y la instauración de un Estado plurinacional. Con esta perspectiva organizaría el Foro Social Perú en Tambogrande (agosto, 2004) y la I Cumbre Indígena de Huancavelica (diciembre, 2004). También, a medios del año, CONACAMI deja de asistir a la mesa de dialogo por el caso Tintaya.

La agenda minera del año 2004 estuvo marcada por el proceso seguido para la concesión del proyecto Las Bambas (agosto, 2004). CONACAMI y la CORECAMI Apurímac, en alianzas con la Federación Provincial de Campesinos de Cotabambas (FDCC) se involucrarían con el objeto de informar a las comunidades sobre los impactos de la minería y exigir una consulta previa de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. En respuesta autoridades regionales y provinciales la acusaron de estar en contra de la minería y del desarrollo.

En conflictos como el Cerro Quillish (agosto-septiembre, 2004) y La Zanja (noviembre, 2004) CONACAMI se mantuvo al margen debido a que la ausencia de su organización base en la región. Este hecho apertura en adelante una etapa de ausencias en los principales conflictos mineros con excepción de Majaz.

En el 2005, tras las protestas contra el proyecto de Minera Majaz (agosto, 2005) la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por presiones políticas, excluye a CONACAMI de sus registros argumentando la incompatibilidad entre sus fines y actividades con la de una típica ONG de desarrollo; la estructura y fines de la CONACAMI son los de una organización social de base que asume la defensa de los derechos de comunidades. Este hecho tenía la intención de aislarla sin lograrse este cometido.

De igual manera, en el marco de la campaña por el agua, promovió la constitución de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida (CONAGUAYVIDA) con la que impulsó movilizaciones por el agua en oposición al anteproyecto de ley de agua que se discutía en el Congreso de la República.

El 2006 fue un nuevo año de cambios para la CONACAMI por la realización del III congreso nacional, los días 29 y 30 de septiembre y 01 de octubre, con asistencia de 357 delegados de 19 organizaciones regionales. Se inicio con una movilización al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para entregar un memorial en una breve reunión con el Director General de Minería y concluyo cuestionando el papel de la minería en el desarrollo.

Esta etapa de CONACAMI podría ser entendida como la fase de “estancamiento” en el proceso organizativo y de “ausencia” en los conflictos que involucran a comunidades afectadas por la minería. Sin embargo, a este momento CONACAMI había contribuido a ubicar la problemática de la minería, sus impactos y beneficios, en la agenda política; las comunidades por iniciativa propia asumían la defensa de sus derechos, como reflejo de la organización nacional.

La denuncia de las comunidades y los conflictos han logrado movilizar recursos para el análisis, monitoreo, asesoría y negociación en varios sectores del Estado y de la sociedad civil. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas se creó la Oficina General de Gestión Social, encargada de promover relaciones armoniosas entre empresas y la sociedad civil; en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se constituyó una Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales; y la Defensoría del Pueblo creó la Unidad de Conflictos Sociales que monitorea los conflictos en general.

Uno de los logros de más significativos de esta nueva etapa es el esfuerzo de CONACAMI en la constitución de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y los esfuerzos por establecer alianzas con las organizaciones indígenas, campesinas y sociales del país.

Finalmente, CONACAMI ha sido blanco de campañas públicas de desprestigio e intimidación, realizadas por intermedio de algunos medios de comunicación y las acciones de los gobiernos. La exclusión de los registros del APCI, el discurso anti-CONACAMI y anti-Ongs del gobierno, las leyes de penalización de las protestas, la ley de fiscalización a las Ongs, el enjuiciamiento a Miguel Palacin por el caso Majaz, entre otros hechos, constituyen parte de esta práctica discriminatoria y de criminalización.

IV.- Aportes para Fortalecer Resistencias a la Minería

De la experiencia de CONACAMI, sus bases regionales y otros actores sociales en la organización y defensa de los derechos ambientales de las comunidades afectadas por la minería, se ha identificado algunos elementos relevantes que pueden ser validos para fortalecer los procesos vigentes y futuros. La organización de los afectados en sus mas diversas formas, la asesoría técnica y la información a la que accedieron, junto con la alianza a diversas escalas constituyen los aspectos sobre los cuales se pueden tejer procesos sostenidos de defensa de los derechos ambientales y humanos de comunidades y poblaciones afectadas por las industrias extractivas en general.

1. Organización nacional y local de los afectados para defender derechos e incidir en la agenda política:

La organización es una condición indispensable para la defensa de los derechos colectivos. A nivel nacional la presencia de una organización de afectados es fundamental para la incidencia política ante diversas instancias del Estado y el uso de mecanismos internacionales, la interlocución política ante el Estado y la opinión pública.

En todos los casos que hemos revisado esta presente el factor organizativo, ya sea en su forma natural (comunidades) o en sus diversos matices sociales (frentes de defensa, comisiones, comités, coordinadoras regionales, etc.). La acción de CONACAMI y otros actores aliados alrededor de los conflictos ha partido de la mínima expresión de organización.

El nivel de organización, la legitimidad y los liderazgos duraderos han sido claves en el proceso de resistencias en el conjunto de las experiencias y los conflictos mineros; particularmente en casos como Tambogrande con el Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande (FDVSLT) y el Comité de Defensa del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible (CODEMADES) en San Mateo de Huanchor, donde organizaciones sociales y comunidades campesinas confluyeron al instituir un único actor, reconocían sus liderazgos y los conservaron a lo largo del proceso.

Estos casos, además, constituyen la superación de las diferencias entre los actores sociales locales sobre un objetivo mayor: la defensa de sus derechos y medios de vida; demostrando un alto grado de conciencia para defender sus derechos y recursos. La legitimidad de estas organizaciones permitió, además, su reconocimiento como interlocutor ante el Estado y las empresas mineras.

En el caso de Majaz la diversidad de actores sociales es parte de lo complejo del conflicto, aunque el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) constituye el nivel mayor de organización existen diferentes niveles de organización en las provincias y comunidades, como los frentes de defensa, federación campesina, rondas, etc.

Por otra parte, la participación de la CORECAMI Cusco ha sido fundamental en la etapa de organización de la denuncia internacional y la primera fase del dialogo, pero con los cambios sucesivos en su liderazgo y en periodos cortos, el retiro de CONACAMI del espacio de dialogo, su acción se ha debilitado.

2. Disponer de asesoría técnica fortalece defensa de derechos de los afectados:

La asesoría técnica constituye un elemento clave para compensar la asimetría de poder en los conflictos y eleva las capacidades para influir a favor de los derechos de afectados. Un factor que fortaleció la lucha de las comunidades o afectados alrededor de casos como Tambogrande, Tintaya, Majaz o San Mateo de Huanchor ha sido la asesoría técnica proporcionado por Ongs o facilitado por otros actores aliados. La asesoría ha desarrollado temas de derechos ambientales, de tierras y de salud, así como en la canalización legal de las violaciones de derechos y defensa legal de líderes por la criminalización de las protestas sociales.

La presencia de CooperAcción y asesores de CONACAMI en el caso Tintaya, la Mesa Técnica en Tambogrande o la Red Muqui en el caso Majaz, contribuyeron a la definición de estrategias no violentas y facilitaron el uso de diversos mecanismos para canalizar denuncias de los afectados. Sin el apoyo de la Mesa Técnica las consultas vecinales de Tambogrande y Majaz hubieran tenido dificultades para su realización, no sólo por el apoyo técnico directo sino por la movilización de redes solidarias a favor de los afectados.

La sola presencia de CONACAMI en Tintaya no hubiera podido soportar las capacidades técnicas que demandaban la acción ante la Ombudsman en Australia y el proceso de la Mesa de Dialogo. En estos casos la asesoría técnica ha sido sostenida a lo largo del conflicto. En el caso de San Mateo de Huanchor no se constituyo un grupo técnico; la asesoría inicial fue proporcionada por la municipalidad distrital y en el proceso se involucraron Ongs y asesores de CONACAMI.

3. Generación y acceso a información fortalece la denuncia de los afectados:

La información seria fortalece los argumentos de denuncia y posición de las comunidades afectadas en el conflicto. Estudios como la valorización económica del valle de Tambogrande o las observaciones de Robert Moran al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, los estudios legales y ambientales en el caso Tintaya, los estudios de salud humana en San Mateo de Huanchor, el informe del Peru Support Group (PSG) sobre el proyecto minero Río Blanco y el informe legal de la Defensoría del Pueblo sobre los casos Choropampa y Majaz, demuestran que la generación de información consistente fortalece la acción y los argumentos de denuncia de los afectados, las legitima y puede constituir un instrumento valido para la canalización legal y la sensibilización de la opinión pública.

Su carácter independiente puede ser una posibilidad en un escenario de desconfianza en las instituciones estatales pero canalizado adecuadamente evita la descalificación de sus resultados y sus recomendaciones pueden constituir una obligación para su cumplimiento. En el caso de San Mateo de Huanchor la información generada por DIGESA (2001) demostró los impactos de la minería en la salud de la población y sirvió para la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El acceso a información sobre a la minería y sus impactos, así como referente a concesiones mineras, estudios ambientales y experiencias de otras comunidades a través del intercambio de experiencias, son destacados por las comunidades en la defensa de sus derechos. De igual manera, el acceso a capacitación e información sobre sus derechos han constituido aspectos que han fortalecido la organización y la movilización. Un aspecto relevante de la información generada para su comunicación a las comunidades campesinas, especialmente de habla quechua, es la necesidad de que su contenido sea en lenguaje sencillo y que incluya la difusión oral en la lengua originaria.

La información sobre minería y sus impactos, positivos y negativos, es cada vez mas abundante y de fácil acceso a través de internet; las instituciones públicas están obligadas por la ley de transparencia a brindar la información técnica sobre una diversidad de temas que pudieran interesar a las comunidades para su conocimiento o la definición de estrategias de defensa. Es importante determinar el tipo de información que se necesita y que ayude a fortalecer la acción de los afectados.

4. Establecimiento de alianzas a diversas escalas asegura resultados favorables:

Alianzas efectivas aseguran posibilidades de influir sobre tomadores de decisión y capacidades de movilización. El establecimiento de alianzas desde lo local hasta lo internacional ha fortalecido la defensa de derechos de las comunidades y contribuido a realizar sus objetivos

Siendo el origen de los conflictos la vulneración y/o amenaza a los derechos de las comunidades, las alianzas con el movimiento ambientalista y de derechos humanos han contribuido enormemente a la transformación de los conflictos. En general, en los inicios de CONACAMI, el núcleo de apoyo a las comunidades afectadas era muy reducido, hoy el núcleo de actores que se involucran en los conflictos mineros se ha ampliado y diversificado que puede facilitar el establecimiento de alianzas.

La organización a nivel local en muchos casos son resultados de alianzas entre comunidades y organizaciones sociales. De igual manera, las alianzas que las organizaciones establecen con las municipalidades ha sido determinante para el logro de los objetivos en la lucha; en casos de San Mateo de Huanchor o Majaz las comunidades y sus organizaciones lograron establecer alianzas con las municipalidades; la debilidad de experiencias como Huarmey, Lago Junín o Las Bambas se pueden deber a la ausencia de alianzas con los gobiernos locales o posturas contradictorias entre éstos.

Las alianzas a nivel nacional e internacional se han establecido fundamentalmente con Ongs que han aportado capacidades técnicas a los actores locales, han movilizado redes de solidaridad con las comunidades y han acompañado actividades de cabildeo de las organizaciones de afectados. En algunos casos ha incluido alianzas con diversos congresistas, principalmente de las regiones donde se ubica el conflicto. El caso Tambogrande demuestra que a mayores niveles de alianza más posibilidades de influir a favor de derechos de los afectados; por lo que las alianzas deben ir más allá de la asesoría técnica.

Finalmente, en el caso de CONACAMI y la no admisión de la totalidad de casos presentados en la demanda ante la CIDH, evidencia de alguna manera debilidades técnicas y la ausencia de alianzas que permitan sostener íntegramente un largo proceso y que –además- requiere de capacidades adicionales que la organización no disponía. Aunque en parte fue superado con la alianza con el Centro de Derecho Internacional Ambiental (CIEL) para el caso San Mateo, ninguna otra alianza adicional se pudo establecer para acompañar el conjunto de la demanda.

Reflexiones finales sobre la experiencia de CONACAMI:

La emergencia de conflictos mineros daría origen a la constitución de CONACAMI como una estrategia de organización de comunidades afectadas por la minería, en un contexto donde las capacidades comunitarias eran muy débiles para reducir las asimetrías de poder alrededor de los conflictos y transformarlos a favor de sus derechos.

En un universo amplio y disperso de comunidades era necesario un actor central que los articulará y con una acción coordinada fortalecería los procesos de resistencia de las comunidades; el impacto de su acción debería contribuir a la generación de políticas públicas que resolvieran sus demandas. Así describen líderes comunales y sus aliados, la idea original de los fines que perseguían las comunidades al organizar CONACAMI.

En general, los conflictos mineros están asociados a problemas por el uso e impactos sobre la tierra y el agua, los impactos en la salud y la producción agropecuaria, y demandas por compensaciones y beneficios de la minería para el desarrollo local; hay un número menor pero creciente de conflictos donde las comunidades se oponen a la minería al considerar que esta no forma parte de su modelo y visión de desarrollo.

Creemos que los conflictos se originan no sólo porque las comunidades reconocen la existencia de problemas y actúan sobre ella, sino a partir del reconocimiento de sus derechos y la vulneración o amenaza de los mismos. En tal sentido, el derecho al ambiente saludable, a la tierra, al agua, a la salud, a la vida y al desarrollo, constituyen los derechos vulnerados o amenazados que motivan la movilización de las comunidades afectadas por la minería. La acción colectiva ha fortalecido la identidad e incluido el ejercicio del derecho a la consulta y participación ciudadana.

CONACAMI constituye una forma particular de organización de comunidades y surgido a partir de una problemática específica. Los cambios asumidos en el proceso no le han permitido consolidar los avances logrados, por el contrario su agenda se ha ampliado a la defensa de los derechos de las comunidades en general. Los cambios asumidos y el contexto de “criminalización” de la que es objeto le han significado un ligero debilitamiento de sus propias estructuras regionales de organización y el distanciamiento de sus aliados iniciales, mientras que los conflictos se han agudizado.

En contraste a lo descrito previamente, de manera espontánea en diversas zonas del país, las comunidades afectadas y organizaciones comunitarias se apropiaron de su propuesta de organización y defensa de derechos frente a la minería, se replicaron las experiencias de sus bases regionales, lo que significa un reconocimiento a su liderazgo y da legitimidad a su agenda inicial, constituyéndose en el principal referente organizativo. Por otro lado, los cambios hacia la autoafirmación como organización indígena de los andes, le han permito consolidar alianzas con los gremios campesinos e indígenas del Perú y el movimiento indígena continental.

El principal aporte político de CONACAMI podría resumirse en haber contribuido, desde su visión comunal, a la apertura de un debate programático sobre el rol de la minería en el desarrollo nacional. La agenda inicial de las comunidades ha madurado, de la lógica “reivindicativa” se ha transformado en una agenda que plantea el debate estratégico sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y el ejercicio del derecho al desarrollo propio. Es decir, a decidir libremente el desarrollo que aspiran los pueblos y comunidades locales. Esta perspectiva reafirma que en el fondo el conflicto es con el Estado central a quién demanda replantear el modelo de desarrollo actual y no solamente reformar las políticas mineras.

- Luis Vittor ha participado de la experiencia de CONACAMI desde su fundación y en la actualidad es becario del curso 2008/09 de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad y Cooperación Internacional; Universidad Carlos III de Madrid (España).

* Gran parte de los contenidos del presente artículo fue publicado por el autor en “Resistencias comunitarias a la minería: la experiencia de CONACAMI” (2008).

Notas:

[1] Trivelli, Carolina: Reconocimiento Legal de las Comunidades Campesinas: Una revisión estadística; Revista Debate Agrario: análisis y alternativas Nro. 14; CEPES; julio-septiembre, 1992.

[2] Grupo Allpa: Las Comunidades Campesinas: Retos para el próximo gobierno 2006-2011.

[3] CEPES: Informativo Legal Agrario, Segunda Época Nro. 21; abril, 2005.

[4] Eguren, Fernando: “El caso del Perú” presentado en “Red de conocimientos sobre iniciativas de la sociedad civil en reforma agraria y seguridad de la tenencia de la tierra”; Lima, 18 y 19 de noviembre de 1997; International Land Coalition.

[5] La Ley 26505 y las Comunidades Campesinas; Boletín Nº 10 del Museo de Arqueología y Antropología de la UNMSM; 1998.

[6] Campodónico, Humberto: Las Reformas Estructurales en el Sector Minero Peruano y las Características de la Inversión 1992-2008; Serie Reformas Económicas Nro. 24; CEPAL; mayo, 1999

[7] De Echave, José; y otros: Minería y Comunidades; CooperAcción; julio, 1999.

[8] Para mayor información sobre el caso ver: Vittor, Luis. Cerro de Pasco y la expansión minera, un conflicto infinito; junio, 2007.

[9] Pajuelo, Ramón: Medioambiente y Salud en La Oroya: sistematización de un programa de intervención; CooperAcción; 2005.

[10] Boletín Actualidad Minera Nro. 9, febrero de 1999. CooperAcción.

[11] http://www.labor.org.pe/casos/casos-01.php?kdigo=321

[12] “Los movimientos sociales frente a la minería: disputando el desarrollo territorial andino”; http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/publications/papers/Bebbington_et_al_MovSoc_and_Mining.pdf.

[13] Las Rondas Campesinas defienden la vida: un informe sobre los impactos sociales y culturales de Minera Yanacocha SRL; 1999.

[14] La memoria de este seminario - taller se compilaron y publicaron en el libro “Minería y Comunidades”, publicado por CooperAcción en julio de 1999.

[15] Las conclusiones de los congresos regionales fueron recopiladas y publicadas en el documento: “El rostro de la minería en las comunidades del Perú” (CONACAMI; 2000).

[16] Hasta julio del 2003 en que se constituía la CORECAMI Puno.

[17] Entre los 15 casos presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentran: San Mateo de Huanchor, Choropampa, Callao, La Oroya, Lago Junín, Huarmey, Tambogrande, Collanac (Lima), Quishque (Apurímac), San Marcos (Ancash), entre otros.

Fuente: ALAI