Perú: #BNDESenlaAmazonia: Pan Amazonía a la Brasileña

Por Bruno Fonseca y Jessica Mota

Quien impulsa las obras, en el río Huallaga, a más de 400 km de la capital, Lima, es la gigante brasileña Odebrecht. La planta es una pieza importante para Odebrecht, que tienen los ojos especialmente dirigidos al territorio peruano, donde ha estado operando durante 33 años y tiene por lo menos nueve otros emprendimientos ( AQUIe AQUI) en desarrollo, desde carreteras, a gaseoductos y los puertos.

Gaseoducto de Camisea en Perú – Imagen Divulgación Skanska

Hay muchas razones para justificar el interés de Odebrecht en Perú. Las licitaciones para mega proyectos son menos concurridas en el país vecino que en Brasil, donde hay más contratistas con interés de competir por el pastel. Tomemos como ejemplo la misma planta de La Chaglla. Simplemente no había ninguna competencia en la licitación. Segundo informe de la revista Carta Capital, el único rival posible, la empresa peruana Chancadora Centauro, se retiró en la etapa de estudios, alegando no poder cumplir con el plazo.

La conexión con la costa oeste del Perú, también es un camino precioso para que los productos brasileños puedan alcanzar el océano Pacífico. Así, una empresa como la Odebrecht deberá contar con el apoyo de otras empresas brasileñas que, a su vez, también pueden traer con ellas, el apoyo de los financiadores públicos a grandes empresas. Éste es el caso de las inversiones en el puerto de Bayóvar, construida por Odebrecht a partir del dinero de la empresa minera Vale para drenar su producción de fosfato de una mina cuyas inversiones ascienden a más de US$ 560 millones. ( AQUI). La Vale, por su parte, atrajo la Andrade Gutierrez, que consiguió dinero BNDES para la construcción de una planta de desalinización de agua suministrada a la mina.

BNDES, como de costumbre, no revela cuánto transfirió a Andrade Gutierrez a través de la promoción a la contratación pos-embarque (Lea más acerca de la falta de transparencia en el BNDES aquí).

Ya en la costa este, la Amazonía peruana es una zona estratégica para la producción de energía. Estratégica porque el mayor declive permite en algunas regiones represas con menor área de inundación y mayor potencial energético. Pero también porque posibilita la venta de energía para a Brasil y, con ello, conquista el corazón de los financiadores públicos de la dimensión del BNDES. Tanto es así que, en 2010, Brasil y Perú firmaron un acuerdo para la construcción de hidroeléctricas en territorio peruano para exportar energía a Brasil ( AQUI), consolidando una aproximación que comenzó en 1997 a partir de un memorando de entendimiento sobre cooperación energética ( AQUI).

En contacto con Pública, el BNDES, sin embargo, declinó comentar qué proyectos de hidroeléctricas en Perú están siendo evaluados por el banco. "El BNDES no hace ningún comentario acerca de si un proyecto está siendo analizado por la institución. Podemos decir solamente que ninguno de esos proyectos, hasta ahora, fue aprobada o firmado por el BNDES”, dijo la oficina de información, después de un evasivo intercambio de correos electrónicos con Pública.

El hecho es que en 2011, la presión de las comunidades indígenas llevó a Odebrecht a renunciar a la construcción de a la planta de Tambo 40 en la región Central del país, el que sería financiado por el BNDES. Los grupos populares cuestionaban la previsión de la necesaria inundación de 73 mil hectáreas de bosques amazónicos y el desplazamiento de 14 mil personas ( AQUI). La planta sería construida por la empresa brasileña OAS.

BNDES FINANCIA EXPLORACIÓN DE GAS Y TRAGEDIA AMBIENTAL EN PERÚ

El proyecto de gas Camisea, Departamento del Cusco en la Amazonía peruana, próximo al estado de Acre, fue iniciado en 2003 por una asociación público-privada, con un gran aporte de fondos del Banco Interamericano de desarrollo (BID). Situado en una región cerca de las comunidades indígenas – como la Territorial reserva Kugapakori, Nahua, Nanti (RTKN), donde viven los indios nahuas, Nanti, Matsigenka y Mashco-Piro-el proyecto fue visto con preocupación por los ecologistas. El objetivo era llevar el gas natural y líquidos de gas natural a la zona costera de Perú, en el océano Pacífico.

El Consorcio Camisea es conducido por la Argentina Pluspetrol, junto con Repsol-YPF, Sonatrach, Hunt Oil y SK Energy. Durante los primeros años de desarrollo del proyecto, se dan seis fugas de gas. Glenn Shepard, un antropólogo y etno-Botánico, invitado por el Import –Export Bank, de los Estados Unidos para integrar un panel de estudio – el Sur Perú Panel – sobre el proyecto, como una condición del préstamo bancario a la Hunt Oil, estuvo en la región durante dos semanas a finales de 2011. En su blog, el experto comentó el descuido con la infraestructura en la región, que no tienen saneamiento y subrayó que un morador local dijo: "no hay vida para vivir. Sin peces, no hay nada. El agua está contaminada. Hay muchas enfermedades. (Lea el informe del antropólogo AQUIy el último informe lanzado por el panel AQUI, ambos en inglés).

El BID realizó dos auditorías e hizo un préstamo de US$5 millones al gobierno orientado a reforzar su sistema de protección del medio ambiente y social asociado al proyecto, según el propio banco. La segunda parte del proyecto recibió financiación aprobación de la Interamericana en 2007 – no sin protestas de organizaciones ambientalistas, que han alegado la omisión de ciertos criterios en las auditorías llevadas a cabo por el BID, por daños a la biodiversidad y las comunidades indígenas

En 2009, el BNDES aprobó un préstamo para la exportación de Confab Industrial S/A destinados a la Transportadora de Gas Perú, en la modalidad buyer’s crédit, en el cual el Banco establece el contrato directamente con el importador, a través del exportador. Como siempre, el valor no es revelado por el banco. Este año, el caso culminó con una crisis en el gobierno peruano, con la dimisión del entonces Viceministro de Interculturalidad del Perú, Paulo Vilca (Lea más AQUI).

BNDES EN BOLIVIA: EX MINISTRO SEÑALA MALA REPUTACIÓN DE EMPRESAS BRASILEÑAS

Los problemas que implican las obras realizadas por empresas/ contratistas brasileños financiados por el BNDES se extienden a la región amazónica de otros países Sudamericanos. Tal vez uno de los ejemplos más notorios es la construcción de la carreteraSan Ignacio de Moxos/ Villa Tunari en Bolivia – obra que se convirtió en un fiasco político y diplomático.

Perforación de túnel en las obras de la hidroeléctrica de Chaglla, en Perú

La carretera, también conocida como carretera Beni-Cochabamba es un viejo proyecto de gobierno boliviano anterior que cubre más de 300 km, pero tomó cuerpo después de firmar con BNDES un contrato de $ 332 millones, a través de la Alianza del Presidente Lula y el representante boliviano Evo Morales ( AQUI). La contrapartida de Bolivia para completar la obra era de US$ 80 millones.

La construcción de la carretera fue adjudicada a la empresa contratista brasileña OAS en medio de una situación delicada: justo poco antes de la constructora brasileña Queiroz Galvão habían sido expulsada por no cumplir con las especificaciones del proyecto de construcción de dos carreteras al sur de Bolivia.

Las carreteras presentaban grietas en diferentes trechos de la obra y el uso de asfalto en lugar de concreto, según el gobierno boliviano en 2007. Bolivia llegó a ordenar la detención de uno de los directores de la compañía, que se escapó del país.

La situación se revirtió después de negociaciones entre Brasil y Bolivia, pero nuevamente Queiroz Galvão fue expulsada, después de los desacuerdos sobre el costo de la reparación de las dos carreteras. La empresa expresó en comunicado, en la época, que buscaría la indemnización por daños por la "unilateral e injustificada rescisión del contrato por la Empresa Boliviana Administradora de Carreteras”.

La situación fue revertida después de negociaciones entre Brasil y Bolivia, pero nuevamente después de la desastrosa operación, la OAS asumió el contrato de para reparar las carreteras y, coincidentemente, ganó la licitación para la construcción de la carretera de San Ignacio de Moxos / Villa Tunari en la misma época.

Solamente dos años más tarde, en 2009, la OAS ha sido investigada por la Contraloría General de Bolivia después que evaluaciones oficiales encontraron sobreprecio en la carretera a Villa Tunari. Un estudio de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) indicó que el precio de cada kilómetro era el doble de otras obras en Bolivia, en lugares de topografía similar. Además, OAS, fue la única empresa que participó en la licitación.

Como si eso no fuera suficiente, un tramo de la carretera atravesaba tierras del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro-Secure (TIPNIS). El resultado: en agosto de 2011, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y otras organizaciones iniciaron una marcha en contra del proyecto, que duró meses y los manifestantes sufrieron detenciones y golpizas. La presión popular era tan intensa que sacudió el primer gobierno indígena en el país vecino y, en octubre del mismo año, Evo Morales terminó promulgando una ley que prohibía que la autopista pasara a través de TIPNIS y la declaraba como territorio intangible.

El asunto terminó con la cancelación del contrato de la OAS y el desgaste era tan grande, que a través de su oficina de prensa, la compañía afirmó que actualmente no tiene ningún otro emprendimiento en Bolivia.

El BNDES también fue afectado por la polémica y tuvo que publicar nota oficial afirmando que el banco había determinado el cumplimiento con todos los requisitos ambientales aplicables al ser firmado el Convenio de financiación de la exportación de bienes y servicios utilizados en la carretera boliviana. "La firma del contrato fue condicionada a las exigencias usuales del BNDES, además de los requisitos adicionales, elaborados en coordinación con el gobierno boliviano y monitoreado por auditores independientes.

En los trechos de carretera que no pasan por la reserva indígena, la autorización ambiental ya fue concluida, lo que permitió el inicio de las obras”. Ningún desembolso fue efectuado por el Banco. En vistas que el contrato fue cancelado.

Pero, para Alejandro Almaraz, quien fue Viceministro de tierras del gobierno de Evo Morales hasta el 2010 – y hoy es uno de los mayores opositores de la obra – cualquier acontecimiento que implica el camino de TIPNIS demuestra una postura perjudicial de las empresas brasileñas para el pueblo boliviano, con la connivencia de los gobiernos locales. "La imagen de la empresa brasileña estaba muy desgastada, sin embargo no es algo tan llamativo por no ser nada nuevo. Esta es imagen tradicional de las empresas constructoras en Bolivia. Durante varias décadas las empresas brasileñas han ejercido una especie de monopolio en la construcción de carreteras, al menos de los grandes. Siempre hubo este tipo de denuncias, con bastante fundamento, mostrando sobre precios que benefician a empresas brasileras. Esta es un historia eterna”, continúa.

Para Almaraz, hay poca transparencia sobre el tema en Bolivia. "Si se abrió un proceso judicial que, como tantos otros que involucran a agentes del gobierno, ahora está congelado. Recientemente, poco se habla [sobre el caso] en Bolivia y en la prensa. Hay transparencia sobre los reembolsos [entre la empresa brasileña y el gobierno boliviano] y en la resolución del contrato "evalúa.

En la actualidad, la carretera San Ignacio de Moxos/ Villa Tunari sigue en construcción – excepto el tramo que pasaría por TIPNIS - por empresas bolivianas. Sin embargo, el gobierno boliviano ha llevado a cabo consultas con las poblaciones afectadas para tratar de reanudar la construcción del tramo (Lea más AQUI).

Embrollos DIPLOMÁTICOS

En 2004, el BNDES aprobó financiamiento para la exportación de bienes y servicios de Odebrecht para construir la planta hidroeléctrica San Francisco, en la provincia de Pastaza en Ecuador. El consorcio constructor contó también con las compañías internacionales Alstom y Vatech.

Turbina de la Usina de San Francisco en Ecuador La usina comenzó a operar en 2007, y al año siguiente presenta las primeras fallas, que incluían las grietas en uno de los túneles y defectos en una turbina. Por su parte, Odebrecht señaló que "durante su primer año de operación, la Central (hidroeléctrica) trabajó continuamente, bajo la responsabilidad de la empresa del gobierno ecuatoriano y por encima de la capacidad proyectada", según un comunicado. La compañía también afirma que las fallas fueron debido a un aumento significativo de sedimentos "en las aguas del río Pastaza, debido a la erupción del volcán Tungurahua, a 20 km de la planta.

Por otro lado, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa ha dicho que la planta hidroeléctrica presentaba "fallas estructurales" y exigió una indemnización de US$ 43 millones por las pérdidas, además de los trabajos de reparación.

La crisis culminó con la emisión de dos decretos de Correa que proponían la toma de los bienes de la empresa constructora, la cancelación de todos los contratos de la empresa en el país y la expulsión de sus empleados del territorio ecuatoriano. Fue el comienzo de una crisis bilateral entre Ecuador y Brasil, con la declaración de que el gobierno de Correa no iba a pagar el crédito otorgado por el BNDES para las importaciones de servicios de Odebrecht al concesionario ecuatoriano. Al final, el Ecuador echó pie atrás, pagó la financiación y, en 2010, ha entrado en un acuerdo con Odebrecht, que reanudó sus operaciones en el país.

COMO SABER LOQUE EL BNDES HACE EM LA AMAZONÍA

Los diversoscasos de conflictos ambientales que implican a mega-emprendimientos desarrollados por las empresas brasileñasse vienen acumulando y arrojando dudas sobre el desempeño de las corporaciones brasileñas en la Amazonía Sudamericana – problema que se extiende a los financiadores, especialmente de las instituciones públicas como el BNDES, que supuestamente debe sobresalir en desarrollo regional antes de asumir este tipo de proyectos.

La situación se vuelve aún más dramática debido al tamaño de las inversiones del BNDES en la región. Desde el comienzo del gobierno de Lula, el Banco ha invertido más de US $ 2 mil millones en apoyo a las exportaciones de las empresas brasileñas sólo para los países que cubren la Internacional Amazónica (Bolivia, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela). El principal beneficiario es Venezuela, que recibió más de dos tercios de ese valor (unos $ 1,4 00 millones).

Esta cantidad puede ser aún mayor, ya que el BNDES revela solamente los números de las exportaciones de la modalidad pos-embarque (cuando el Banco apoya la comercialización de bienes nacionales y servicios en el extranjero), sin revelar los números de lamodalidad de pre-embarque (cuando el banco apoya la producción en Brasil de los bienes que serán exportados).

Además, el BNDES no proporciona una lista clara de cuales proyectos en el extranjero han sido o están siendo apoyados o negociados por la institución. Pública ha enviado una lista al banco con casi 30 proyectos, sólo de la Pan-Amazonia (véase abajo), que en algún momento habían sido señalados por la prensa como objetivos del financiamiento del BNDES. Sólo el proyecto de usina hidroeléctrica que Chaglla fue confirmado por el banco –sobre todos los demás,

El BNDES también se negó a comentar qué razones podrían haber llevado a la cancelación de la financiación de estos proyectos e incluso si el Banco estaría en el proceso de evaluación de los contratos. Es decir, el BNDES y el Gobierno Federal argumentan el secreto bancario para negar una gama enorme de información – desde negociaciones en curso, hasta los valores y proyectos beneficiados – y sostienen que el sigilo tiene supremacía sobre el derecho a la información de la sociedad brasileña.

Lea más:

Dos reporteros en la pista de dos mil millones del BNDES [1]

Belo Monte: Trabajadores rehenes en obras millonarias en la Amazonia

La Amazonia que BNDES financia [2]

BNDES, para exportación

Traducción: moc.oohay@15aguzacir

Fuente: ADITAL