Perú: el país con más comunidades vulneradas en Latinoamérica

Ello sucedió a consecuencia de las actividades de proyectos extractivos y de infraestructura activos e inactivos en la región, revela la plataforma  Derechos Colectivos Vulnerados  en Pandemia.

De las 798 comunidades, 457 son amenazadas por proyectos de infraestructura y otras actividades extractivas en ejecución, planificadas o paralizadas de minería (205), gas o petróleo (111), agroindustria (19) y forestal (6).

Son 39 proyectos que generaron un impacto multidimensional en comunidades ubicadas mayormente en los departamentos de Amazonas, Huánuco y Loreto vulnerando una serie de derechos colectivos.

Según la  plataforma, los derechos que se violaron con mayor frecuencia son el derecho a un medio ambiente sano; al dominio colectivo del territorio; y a la defensa de la tierra ancestral.

Otros derechos vulnerados son los derechos a la integridad física y moral (13); al agua (11); a practicar medios de vida tradicionales (10); y a decidir sus propias prioridades de desarrollo (10).

Así como los derechos al consentimiento libre, previo e informado (9); a la vida (8); a la libertad de expresión (5); y a la libertad de reunión y asociación (4).

Los detalles sobre este estudio realizado entre los años 2020 y 2021 (época de cuarentena y propagación del COVID-19) están disponibles en la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.

La plataforma es una herramienta de libre acceso elaborada gracias al trabajo colaborativo entre  Rights and Resources Initiative (RRI) &  Amazon Conservation Team.

Perú: Alarma por problemas de salud

A través de un mapa interactivo de Perú y cuadros estadísticos de fácil entendimiento, la plataforma permite explorar los 39 proyectos examinados en este país.

De este grupo, tres se presentan con mayor detalle por ser casos emblemáticos en la vulneración de derechos en comunidades indígenas y campesinas.

De esta manera, destacan por su afectación el proyecto minero Las Bambas, el Oleoducto Norperuano de Loreto y la Hidrovía Amazónica.

En este último, desde hace tres años, catorce pueblos indígenas de la Amazonía peruana han expresado su rechazo a este megaproyecto que podría perjudicar fatalmente a 400 comunidades nativas.

Este último proyecto es promovido por el gobierno y busca permitir la navegación de embarcaciones de mayor calado para facilitar el transporte fluvial y el comercio en la Amazonía.

La preocupación mayor en este proyecto, que aún no inicia construcción, es por el dragado de los ríos que implicaría remover arsénico y níquel, así como residuos en zonas que fueron pasivos de petróleo, además de afectar el ciclo de reproducción de los peces.

Esto, pese a que no hay estudios suficientes que permitan saber cómo el dragado afectará la dinámica de los ríos, los peces y otros ecosistemas relacionados.

“Si bien el proyecto no se ha dado hasta este momento porque se suspendieron actividades, aún continúa vigente”, señala el apu Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

El líder indígena espera que el proyecto no avance y que, en cambio, el gobierno tome en cuenta a los pueblos indígenas en los futuros planes de desarrollo del país.

“Merecemos ser parte de cualquier plan de desarrollo del país y que el gobierno actual tome en cuenta la participación plena de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas”, añadió.

Por otro lado, 27 comunidades de Loreto son afectadas ambiental y socialmente por la extracción de petróleo en el Lote 192. El daño es debido a los derrames de petróleo y la racionalización del agua y energía por las empresas Frontera Energy y Petroperú.

Ataques en contra comunidades

Entre los ataques más frecuentes que estos sufrieron, se encuentran la invasión al territorio colectivo (49%), las amenazas y la agresión física, con 33% cada uno, del total de casos reportados.

Asimismo, revela que los impactos ambientales más habituales en las comunidades son la contaminación del agua y suelo, presentes en el 26% y 25% de los casos.

En cuanto a los impactos sociales, los más frecuentes fueron la alteración de los medios de vida tradicionales (21% de los casos), los problemas de salud (15% de los casos) y alteración de la disponibilidad de agua (14% de los casos).

La  plataforma también presenta información sobre proyectos vinculados a conflictos con comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México.

De esta manera ofrece un panorama, una gráfica interactiva respaldada con una estadística regional sobre los proyectos que corresponden al sector minería, hidrocarburos, forestal, agroindustria e infraestructura.

Fuente: Servindi