Paraguay: el Estado para los ricos y el mercado para los pobres

Por Paulo López, para E´a

La posición del gobierno de Horacio Cartes respecto a los reclamos de los campesinos y cooperativistas refleja fielmente aquella fórmula según la cual el neoliberalismo reserva el Estado para los ricos y los principios del libre mercado solo rigen para los pobres. Es decir, cuando se trata de beneficiar a los empresarios existe un Estado generoso en dispensar sus bienes, muchas veces incluso invocando el bien general. Sin embargo, cuando se trata de implementar políticas afirmativas de inclusión –o cuando menos de auxilio– de los sectores más vulnerables, no hay dinero y la tarea es dejada en manos del mercado.

Veamos algunas muestras. Bajo la bandera de la “modernización” y “dignificación” del servicio de transporte público, el gobierno regaló más de 11 millones de dólares a los empresarios del transporte para la compra de los buses climatizados. El paquete incluyó la suba del precio del pasaje bajo la cubierta del servicio diferencial, además del subsidio por boleto y combustibles.

El gobierno rechaza el pedido de condonación de los pequeños productores bajo el pretexto de que no puede incentivar la cultura del “no pago”. Empero, el sector transportista es uno de los más incumplidores en el pago de sus préstamos, lo cual no constituyó un obstáculo para que en 2014 el Senado ratificara una condonación de 87,5 millones de dólares que los empresarios adeudaban al Banco Nacional de Fomento (BNF). La iniciativa había sido presentada durante el pasado periodo legislativo por el entonces senador liberal Alfredo Jaeggli, un autoproclamado libremercadista y enemigo a ultranza de la intervención estatal en la economía.

Entre estos beneficiados se encuentra el legislador liberal Celso Maldonado, propietario de la Línea 49 “La Limpeña”, que recibió el subsidio estatal para la compra de 14 buses climatizados. Realizando el cálculo de 30.000 dólares por unidad, la suma total que habría recibido en este concepto llega a 420.000 dólares. Todo ello a pesar de violar flagrantemente garantías constitucionales como el derecho a la organización al haber despedido a más de 50 choferes por haber intentado formar un sindicato para hacer respectar derechos mínimos como la duración de la jornada laboral, vacaciones pagas, seguro social y salario mensualizado.

El gobierno afirma que con la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los préstamos de las cooperativas se lograría recaudar unos 60 millones de dólares. A pesar de la urgente necesidad del Estado por aumentar la recaudación, el Ejecutivo resignó unos 400 millones de dólares que pudieron haber ingresado a través del impuesto a la exportación de soja. El presidente prefirió vetar la ley de manera de seguir beneficiando a este sector con bajos tributos, en tantotransfiere la carga a las franjas más humildes con impuestos regresivos como el IVA, que representa el 60% de las recaudaciones del fisco. Las maquiladoras, por su parte, son beneficiadas con un impuesto del 1% sobre las exportaciones y pueden pagar a los trabajadores montos inferiores al salario mínimo bajo las figuras de la beca de empleo o contrato de aprendizaje, entre otras cláusulas de flexibilización laboral estipuladas en la Ley de primer empleo.

El hecho de que para Cartes los labriegos y cooperativistas que se encuentran movilizados en la capital sean apenas unos “sinvergüenzas” no es un hecho menor, al menos si se considera de quién proviene tal aseveración. Detrás de la figura de empresario exitoso con que montó su carrera política, Cartes es uno más entre los que se enriquecieron a costa del Estado antes de haber despertado de su sueño dogmático y convertirse súbitamente a los principios del libre mercado. No es redundante recordar que el primer gran negocio del empresario devenido presidente fue estafar al Estado con la adquisición de dólares a precio diferencial simulando operaciones de importación de implementos y maquinarias agrícolas para revender esas divisas en el mercado paralelo.

En un artículo titulado “Los grandes subsidiados del Paraguay”, el periodista Jorge Villalba Digalo detalla que los sojeros son beneficiados con millones de dólares a través de un subsidio tributario con tasas menores de impuestos a la renta, exoneración del IVA y de aranceles por importación de maquinarias y equipos, a más de las tasas irrisorias abonadas en concepto de impuesto inmobiliario. El autor señala que entre el Impuesto a la Renta a las Actividades Agropecuarias (Iragro) y el impuesto inmobiliario, se debería recaudar aproximadamente 500 millones de dólares de manera anual, pero en el anterior ejercicio fiscal solo han ingresado 50 millones de dólares por los altos niveles de evasión existentes y la aplicación del impuesto inmobiliario sobre el valor fiscal y no real de los inmuebles. A esto se añade la política de intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el mercado cambiario, que con frecuencia sale a comprar dólares a fin demantener el tipo de cambio y el margen de utilidades de los empresarios de la soja. Sostiene, asimismo, que de los 280 millones de dólares de la deuda de Petróleos del Paraguay (Petropar), un 50% (140 millones de dólares) es a causa de los subsidios a los combustibles otorgados a los transportistas y sojeros.

Pero en el fondo de la negativa del gobierno de otorgar las condonaciones existiría una política deliberada de ir despojando a los pequeños agricultores de sus fincas, en consonancia a las metas oficiales de aumentar la superficie destinada a los agronegocios. La web La voz del Norte de San Pedro había denunciado en el mes de febrero un esquema de estafa contra productores de tabaco de parte de las empresas de Cartes dedicadas a la fabricación de cigarrillos. El esquema consistiría en la venta de estufas a un precio de 40 millones de guaraníes –cuando el costo real sería apenas de 20 millones– para el secado de tabaco que es acopiado posteriormente por las firmas del presidente.

Además, las empresas de Cartes también proveen insumos y agroquímicos para el tratamiento de los cultivos a precios que estarían por encima de los valores de mercado. Con esta sobrefacturación los productores quedan con grandes deudas debiendo, tarde o temprano, entregar sus tierras como parte de pago de este pasivo generado de manera fraudulenta, refiere el medio a partir de informes y testimonios de los productores afectados.

De acuerdo a los labriegos, las deudas que adquirieron son a raíz de las campañas promovidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y que terminaron en un rotundo fracaso, como la cosecha de chía en 2014, que no tuvo mercado ni precios adecuados para recuperar la inversión realizada. Los cañicultores, por su parte, apuntan que están al borde de la quiebra a raíz de que Petroparpaga precios muy bajos por la materia prima utilizada para la producción de alcohol.

Con un gobierno que en poco tiempo ha endeudado al país por unos 3.000 millones de dólares y que no tiene inconvenientes en pagar deudas de empresas privadas como la Azucarera Iturbe, el problema de fondo no serían los 120 millones de dólares que deben los campesinos a la banca pública, de acuerdo a los datos del MAG, y cuya condonación reclaman. Con la imposición del IVA a las cooperativas se debilita el sistema de solidaridad en beneficio del sector bancario (de donde proviene el mismo Cartes) y con la deuda se dejaría sin tierra a miles de productores campesinos, que deberán entregar sus fincas ante la imposibilidad de pagar los créditos. En fin, vaivenes del mercado que no afectan a quienes disponen a su arbitrio del Estado en contra de los propios principios que pregonan.

Fuente: ANRed