Paraguay: la paramilitarización del campo con la expansión de la soya

La paramilitarización del campo con la expansión de la soya

Javiera Rulli - 25-Feb-2008 - num.557
BASE Investigaciones Sociales, Buenos Aires, Argentina

Introducción

En este Boletín se presentan diversos registros de violencia contra la población campesina e indígena en Paraguay que tienen relación con el modelo agroexportador de la soya. En muchas zonas de Sudamérica se han registrado escaladas de violencia a consecuencia de la expansión de monocultivos de soya. Con este texto no se pretende criminalizar el cultivo de la soya, pero sí se propone analizar el modelo agroexportador que aumenta la violencia al agravar el acceso a la tierra.

Paraguay podría ser calificado como el país donde el agronegocio toma la cara más cruel, desplazando y violentando a la población rural con total impunidad. La militarización y para-militarización del campo están vinculadas a la ampliación y salvaguarda de los cultivos de soya, que no crecen solamente sobre las tierras de los latifundistas sino también, y en gran proporción, en la superficie de las comunidades campesinas e indígenas. El Centro de Documentación y Estudios (CDE) explica los antecedentes del conflicto así: "En las colonias campesinas se da un proceso de minifundización de las parcelas, especialmente en aquellas más antiguas a causa del crecimiento poblacional; a este hecho se le suma ahora el desplazamiento compulsivo de los pobladores de las comunidades campesinas, debido al avance de la agricultura comercial o mecanizada".

Diversas misiones de observadores internacionales han podido atestiguar la violencia que producen los monocultivos de soya sobre la población rural paraguaya. En este sentido, las conclusiones de la misión internacional de FIAN ( 1) y Vía Campesina en el año 2006 fueron rotundas: "la expansión desenfrenada del cultivo de soya causa hostigamientos, ataques y asesinatos cometidos por cuerpos policiales, parapoliciales y por grupos privados armados, en contra de líderes campesinos/as".

Así también se ha denunciado frente a diversos organismos estatales y de Derechos Humanos la existencia de escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional, responsables de la muerte de por lo menos 18 dirigentes campesinos que fueron ejecutados por estos grupos. En otros casos, los asesinatos de líderes campesinos han sido cometidos por las comisiones de seguridad ciudadana. A estas organizaciones, que actúan como instrumento de represión y control social justo en los momentos en que los conflictos agrarios se intensifican, se les acusa de realizar prácticas totalmente ilegales tales como desalojos, allanamientos, torturas, asesinatos, ataques a la libertad de expresión y de religión, contra quienes no aceptan su orden.

La segunda expansión de la soya en Paraguay se da aproximadamente en el 2000 con la introducción de la soya GM (genéticamente modificada), y se refleja directamente en el aumento vertiginoso de campesinos sin tierra en los últimos años, debido a que esta última ola de expansión toma lugar principalmente en tierras campesinas, en un momento en el que se han agotado las reservas de tierras públicas. Al mismo tiempo, las comunidades que viven rodeadas de monocultivos de soya son violentadas directa o indirectamente. La práctica del "guardia armado", en los latifundios que rodean a la comunidad, o los guardias del productor soyero que alquila tierras dentro de la comunidad, conllevan la para-militarización del campo, la corrupción de las fuerzas del orden y el acoso a los sectores organizados de las comunidades.

Finalmente se debe atribuir otro tipo de violencia al modelo de la soya: las muertes por envenenamiento, intoxicaciones masivas, expulsiones "legales" de sus tierras, enajenación del territorio nacional, pérdida de la soberanía alimentaria y territorial que padece el país.

No se puede ignorar que en Paraguay la impunidad histórica de la que gozan los latifundistas determina un clima benigno donde los agronegocios puedan avanzar rápidamente. Esta es una de las características inalienables de la atracción de inversores extranjeros al país. La certeza de poder actuar impunes y de forma mafiosa para establecer su negocio, en un territorio donde lo único que importa es tener capital, no hay leyes ni ningún principio moral que seguir. El giro de la dictadura a la democracia en los años 90 no ha mejorado ostensiblemente la situación de los derechos humanos ( 2).

Desde 1989, año en que cayó la dictadura, han sido asesinados más de 100 dirigentes campesinos, de los cuales sólo un caso fue investigado y su autor condenado; los demás permanecen en la impunidad. La criminalización de la protesta es asimismo muy grave; en el 2004 las organizaciones campesinas llegaron a registrar 1.156 detenciones siendo la población rural aproximadamente de 2,3 millones de personas ( 3). Es un registro alarmante si se considera que en el mismo año en Brasil se dieron 421 detenciones en el campo, donde la población rural alcanza los 32 millones.

Asesinatos selectivos

Un informe publicado en el 2007 por la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (CODEHUPY) detectó en un censo preliminar 75 víctimas de ejecuciones arbitrarias desde 1989 hasta el 2005, periodo supuestamente democrático en Paraguay. Estos casos no son todos los que se han registrado pero son los que se han confirmado.

El censo del informe demuestra que la mayoría de los asesinados son jóvenes varones, líderes de base, involucrados en la recuperación de tierras para implementar asentamientos campesinos. La mitad de los 75 asesinados tenía entre 20 y 39 años y el 45 % no tenía tierra propia. Así también el 66% de las víctimas eran dirigentes de base y/o militantes, dado que estas personas son las que se encuentran constantemente en las zonas de disputa por el territorio, son las cabezas visibles de la resistencia campesina y por ello también los sujetos más vulnerables. Según los propios autores, muchas de estas ejecuciones arbitrarias estuvieron encaminadas a causar terror en comunidades campesinas, a detener espirales de resistencia y protesta social o a descabezar organizaciones de base. Estos crímenes en la mayoría de los casos se pueden relacionar directamente con la expansión de los monocultivos de gran escala. En este caso la soya afecta en mayor grado a la población joven campesina, ya que obstaculiza el acceso a la tierra, además genera violencia contra las secciones de la población rural organizada.

Un detalle importante que cabe destacar es cómo la tasa de ejecuciones aumenta significativamente desde el año 94. Desde ese año se perpetraron 69 ejecuciones con un promedio de una cada 2 meses. Esta etapa coincide justamente con un aumento de la tasa de expansión de soya hasta 150 mil has/año ( 4). En 1995 se cultivaban 800 mil hectáreas; en 2003 se llegó a 2 millones y en la actualidad la soya cubre 2,4 millones de has.

Así también las regiones donde más ejecuciones se han dado coinciden relativamente con las regiones donde se ubica la frontera de la agricultura mecanizada. Guardias parapoliciales o sicarios fueron los victimarios de 53 casos de ejecuciones, mientras que la policía nacional cometió 22 ejecuciones.

Al analizar el informe se destaca el motivo de los crímenes que se dan, tal como se mencionó antes, en el marco de un proceso de adquisición de tierras por parte de una comunidad y donde los dueños de la tierra, usando a policías o parapoliciales, llevan a cabo emboscadas con el fin de asesinar a los líderes del movimiento local. En las regiones de Itapúa y Alto Paraná estos asesinatos se dan en un contexto de clara expansión de soya, tales como los casos de Santa Fe del Paraná en Alto Paraná, cuando en el 2000 Francisco Espínola, dirigente del campamento sin tierra "Santiago Martínez" ( 5), fue asesinado por guardias sicarios del latifundio alquilado por el brasileño William Welter. Posteriormente, en 2005, otro dirigente, César Marcos Ferreira, es asesinado por la misma causa. Estos casos reflejan claramente la violencia de la que es víctima la organización Movimiento Campesino Paraguayo a raíz de su lucha por lograr la expropiación de tierras alquiladas a soyeros de forma irregular, según el Estatuto Agrario.

También se destacan los asesinatos de Isidro Gómez Benítez en 1995 y de Víctor Díaz Paredes en el 2002 en la zona de Itapúa. Ambos asesinatos ocurrieron en la ocupación de tierras de la empresa Agrícola, Comercial, Industrial, Forestal, S.A. (ACIFSA), propiedad de un brasileño llamado Bortolini. Igualmente Bortolini aparece involucrado en el asesinato de 2 jóvenes en el 2004, Almir Brandt Kurtz y Bruno Carlos Da Silva, ambos baleados por peones de un latifundio en disputa.

El caso más reciente de asesinatos relacionados directamente con monocultivos de soya es el de los campesinos asesinados en agosto de 2007 en San Vicente, Departamento de San Pedro, al norte de la región oriental Paraguay. Este incidente demuestra claramente cómo en la frontera de expansión de los cultivos mecanizados, los latifundios soyeros van ahogando a la población, enajenándolos el acceso a los recursos naturales. El día 18 de agosto, 4 campesinos salieron de la comunidad para ir a cazar a su lugar habitual, un monte ubicado dentro de un latifundio de 93 mil has, llamado Agroganadera Aguaray, propiedad de Euvaldo de Araujo, brasileño que vive en Sao Paulo. Este latifundio ha sido deforestado mayoritariamente para implementar grandes monocultivos con rotación de soya-RR con maíz o trigo. Los 4 campesinos fueron emboscados y acribillados a balazos sorpresivamente por guardias del latifundio que se habían apostado en un escondite construido con ramas a un lado del camino. Los mismos guardias declararon a la policía que habían cumplido órdenes de sus patrones.

Violencia en las ocupaciones de tierra

Otro momento de violencia contra las organizaciones campesinas se da en los desalojos. Aunque en Paraguay la mayor parte de las colonias campesinas legalizadas existen gracias a la lucha y conquista de la tierra por las organizaciones campesinas, se da un proceso continuo de criminalización de estas acciones. El avance de los monocultivos de soya es uno de los principales factores de agotamiento de la tierra, e inaccesibilidad, por los altos precios que genera la especulación inmobiliaria. Esto ha repercutido gravemente en la violencia en los desalojos y la persecución a los sectores sin tierra. El último paso ha sido la reforma del código penal que ha determinado penas carcelarias de hasta 5 años y de carácter insustituible, por los cargos de invasión de inmuebles.

Se penaliza con cárcel no tener tierra y luchar por adquirirla, en un país donde casi el 30% de la población rural no tiene tierras. Para colmo, el 10% de los que tienen más tierra poseen el 66, 4%, y el 60 % de la población con menos tierra posee el 6,6% ( 6).

Según FIAN estos desalojos significan una violación grave del derecho a alimentarse, el derecho a la vivienda y de derechos civiles como el derecho a la integridad física, a la libertad y al debido proceso de las personas afectadas.

La última campaña de ocupación de tierras de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) en el 2006, se cobró muchas víctimas y represalias. La organización movilizó durante un mes a más de 10 mil personas para mantener 15 ocupaciones en todo el país con el fin de alojar a 2000 familias sin tierra. Como respuesta, se llevó a cabo una tremenda ola de represión y violencia contra los campesinos. Los desalojos se iniciaron en Itapúa el 31 de julio, cuando una comunidad fue desalojada por quinta vez después de 6 años de lucha, 40 familias fueron violentamente reprimidas y 5 miembros de la comunidad encarcelados por varios días. Esta situación continuó el 9 de agosto cuando se reiniciaron los desalojos de asentamientos nuevos y antiguos en Alto Paraná, Caazapá y San Pedro. El desalojo de San Pedro tuvo un herido como saldo. Así, la violencia culminó el 19 del mismo mes, cuando se reprimió a más de 1.000 personas en una protesta en Caazapá, con el resultado de 51 heridos. En esta ocasión se denunció que más de 200 manifestantes fueron duramente golpeados en un lapso de 2 horas.

Otro caso que se ha registrado en el Informe Alternativo de la sociedad Civil sobre la situación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESCs) en Paraguay, es el de los campesinos sin tierra de la Comisión Vecinal "Tetaguá Guaraní", distrito de Iruña y Naranjal, Departamento de Alto Paraná. Esta comisión vecinal compuesta por 1.200 familias está, desde el 2003, luchando por el acceso a 15.000 has de la propiedad de AGROPECO S.A., empresa que se sospecha ha incorporado grandes extensiones de tierra pública bajo su dominio y que además ha deforestado toda la superficie para implementar el cultivo de soya, dos razones que son suficientes para justificar la expropiación. Sin embargo el campamento de los sintierra fue desalojado de forma violenta en tres oportunidades durante el año 2004. En estas ocasiones la policía y los grupos de civiles armados que trabajan para la empresa AGROPECO destruyeron los cultivos de autoconsumo, quemaron los ranchos, alimentos y víveres, camas, colchones, ropas y contaminaron pozos de agua con basura y venenos.

Un ejemplo emblemático que demostró la frialdad y violencia de los empresarios soyeros, es el de los asesinatos en el desalojo de la comunidad de Tekojoja en el 2005, precisamente llamada "la trinchera de la soya", en el distrito de Vaquería. Esta recuperación de tierras mantenida por el Movimiento Agrario y Popular se inició en el 2003, cuando frente a la venta masiva de lotes de tierra campesina a los soyeros brasileños y la consecuente fragmentación de la comunidad, el movimiento campesino decidió entrar y reocupar los lotes malvendidos, o sea las derecheras, asentándose en 320 hectáreas. En los siguientes 3 años las familias sintierra sufrieron 3 desalojos, en los cuales se dio la participación de fiscales, militares, policías y guardias armados de los soyeros. Sin embargo, en ninguno de estos casos el fiscal contó con orden del juez de la causa para proceder al desalojo, sino que los desalojos respondieron siempre a actuaciones independientes de otros jueces locales en clara relación de connivencia con los intereses agroempresariales.

En estos 3 desalojos se produjeron destrucción de los cultivos, quema de las casas y robo del ganado. Pero es en el último desalojo cuando se da el mayor grado de violencia. En esta operación participaron 80 policías cascos azules y 40 policías de orden y seguridad, contando con la presencia de 2 fiscales. Durante el desalojo, Ademir Opperman, el soyero que disputaba las tierras campesinas, junto con varios hombres fuertemente armados, entraron en la comunidad con coches todo terreno, camiones y tractores, robando, quemando y destruyendo las casas ante la mirada complaciente de policías y fiscales.

El conflicto acabó con alrededor de 150 personas arrestadas, incluyendo 60 niños. Opperman y sus hombres dispararon a un grupo de campesinos, hiriendo a 5 de ellos y matando a Ángel Cristaldo, de 20 años y a Leoncio Torres, de 49 años. La Corte Suprema falló a favor de la disputa de tierras de los campesinos, sentenció que no se podían vender tierras del programa de Reforma Agraria a empresarios extranjeros, sujetos que no son beneficiarios del Estatuto Agrario y los lotes han sido adjudicados a los sintierra. Así también gracias a la acción de la Pastoral Social de Caaguazú, se están reconstruyendo 57 casas a las familias como parte de una compensación por el atropello sufrido.

En la actualidad aún se mantiene el juicio por el doble asesinato. Sin embargo, Ademir Opperman está prófugo de la justicia después de que se le otorgó arresto domiciliario, encontrándose en prisión únicamente uno de los guardias. El juicio ha sido suspendido en varias ocasiones y ha sido severamente obstaculizado.

Violencia por defenderse de la fumigación

El modelo de agricultura intensiva también utiliza otra herramienta para desalojar y vaciar el territorio rural de su población: los pesticidas son el arma oculta que va degradando las condiciones de vida de las comunidades rurales, enfermando los cultivos, al ganado y a las personas, hasta que el asentamiento se hace inaguantable y las personas huyen para salvar su vida.

El caso más conocido de intoxicación provocada por fumigaciones en plantaciones de soya es el de la familia Talavera Villasboa, del Departamento de Itapúa. El 2 de enero de 2003, Silvino Talavera, de 11 años camino a casa, fue rociado con pesticidas por el productor de soya Herman Schlender que se encontraba fumigando sus tierras. Cuando el niño llegó a su casa, la familia, desconociendo lo ocurrido, cocinó los alimentos que trajo Silvino, que también habían sido fumigados. Unas horas después, la familia entera enfermó y sufrió nauseas, vómitos y dolores de cabeza. Silvino, que había absorbido directamente los pesticidas, tuvo que ser hospitalizado. Cuatro días más tarde regresó del hospital, pero ese mismo día otro productor de soya, Alfredo Laustenlager, fumigó su campo a tan sólo 15 metros del hogar de los Talavera Villasboa, haciendo caso omiso del viento que transportaba los agrotóxicos. Tras esta nueva fumigación, 3 hermanos de Silvino tuvieron que ser hospitalizados, así como otros 20 vecinos. Silvino no soportó esta segunda fumigación y falleció el 7 de enero de 2003.

El caso de Silvino es el más renombrado pero no es el único. La prensa paraguaya publicó una serie de notas en abril de 2006 sobre una comunidad campesina en Itapúa, donde nacieron 6 bebés con malformaciones congénitas (anencefalia). Una investigación periodística comprobó que "de las 57 familias que están dentro del perímetro de afectación, 17 casas se encuentran en medio de cultivos de soya y las 3 últimas mujeres que tuvieron sus bebés con anencefalia se embarazaron en el lugar". Sin embargo, la investigación del Ministerio de Salud publicó finalmente un informe que concluyó que las malformaciones no tenían relación con los agrotóxicos. Lo peculiar fue que el médico responsable de la investigación se negó a firmar este documento.

Conclusiones

En este trabajo se ha intentado enmarcar la situación de los derechos humanos en relación al modelo agroexportador de la soya. Se han presentado algunos casos que están documentados y son representativos de la situación nacional, pero se han obviado muchos otros donde la fuerza de las organizaciones no ha dado abasto para documentar con suficiente rigurosidad.

La imposición del agronegocio y su inclusión a los mercados globales ha profundizado las grietas en la sociedad paraguaya. La entrada de este capital se ha convertido en una fuerza ingobernable que ha acrecentado los niveles de corrupción y violencia contra la población rural. El gobierno paraguayo, cómplice y participe de estas operaciones, contribuye además criminalizando la pobreza y la exclusión de la población desplazada a las ciudades.

Estos breves resúmenes deben dar pie para considerar que la problemática social y ambiental consecuente de la producción de cultivos comerciales como la soya, no se puede remediar con soluciones técnicas, pues el conflicto excede la situación medioambiental. Más bien aborda los marcos del conflicto armado, una especie de guerra contra los campesinos. Se puede dilucidar que, detrás de esta violencia, la estrategia implícita es vaciar el territorio y luego volver a repoblarlo con población sumisa a este nuevo poder. La sumisión de la nueva población tomaría forma a través de créditos y la dependencia del mercado.

Se puede hablar de una guerra aunque sea una de tipo silencioso y encubierto y que no sólo termina en muertos. Más de 20 millones de litros de agroquímicos son esparcidos anualmente sobre el territorio paraguayo y así, solo en 2004, 400 personas fueron registradas en el Centro de Vigilancia de Intoxicación Aguda por Plaguicidas, del Ministerio de Salud. Esta realidad es la que los países importadores de soya y algunas grandes ONGs conservacionistas pretenden invisibilizar o directamente ya han dejado de lado el anhelo por el cambio, y sumisamente están conformando Mesas Redondas de Soya Responsable con criterios banales sobre tecnicismos que no tienen fundamento alguno. Por esta razón, en los dos encuentros de Mesas Redondas que se han realizado, se han producido manifestaciones de los sectores campesinos y ambientalistas para demostrar el rechazo a estas tentativas de maquillaje corporativo.

En ambas ocasiones los movimientos sociales hicieron extensas Declaraciones ( 7) que fueron desoídas por las ONGs involucradas, aunque estas declaraciones no dejaban duda sobre la situación de violencia que se vive y la imposibilidad de que el modelo de la soya sea sustentable. Tal como un campesino de Santiago del Estero lo mencionó en el 2005, "no se puede dialogar con el que está apuntándote con un arma". De la misma forma, a los sectores campesinos paraguayos se les hace imposible encontrar una vía de diálogo con el sector económico que mueve los hilos de violencia contra la población.

Notas

1- FIAN, FoodFirst Information and Action Network, es la organización internacional de derechos humanos que promueve y defiende el derecho a la alimentación. Fundada en 1986, tiene estatus consultivo ante la ONU.

2- En Paraguay no se ha desarrollado ningún juicio por los crímenes de la dictadura. Tampoco se ha indemnizado a víctimas, ni se han investigado los enriquecimientos ilícitos durante el proceso militar. En el Poder Legislativo se ha denunciado reiteradamente la estimación de 12 millones de has de tierras mal adjudicadas a "fieles" del ex dictador Stroessner.

3- En noviembre de 2004 el gobierno decide sacar a los militares a las zonas rurales para contener la ola de ocupaciones de campesinos sin tierra. En febrero de 2005 se crearon 18 nuevos destacamentos militares en el interior del país, especialmente en los Departamentos de San Pedro, Concepción, Caazapá y Guairá, precisamente zonas con mayor presencia de organizaciones campesinas.

4- En Paraguay, la soya ha mantenido un promedio de 125 mil has/año y representa un crecimiento del 191% durante el período 1995/96005/06.

5- El asentamiento lleva el nombre de un dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), asesinado en el Departamento de Caaguazú en el 2001. Se sospecha que el asesinato está ligado a la recuperación de tierras en un latifundio de la familia Oviedo.

6- Según datos del Censo 2002, realizado por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas, y Censo.

7- Documento final del Contraencuentro de Iguazú sobre los impactos de la soya y los monocultivos, marzo de 2005, El Modelo de Desarrollo Irresponsable, Insustentable y Antidemocrático en el Paraguay actual, junio de 2006.

Referencias bibliográficas

1- Maeyens, A. (2006). Soy expansion continues to trigger violent evictions and repression amongst Paraguayan peasants, en: http://www.aseed.net

2- Pilz, D., Quintín, R., Rodríguez, R., Villalba, R. (2004) La lucha campesina (1990004), Área Sociogremial CDE, Asunción-Paraguay.

3- FIAN (2006). La Reforma Agraria en Paraguay, Informe de la Misión Investigadora sobre el Estado de la realización de la Reforma Agraria en tanto obligación de Derechos Humanos, en: http://www.viacampesina.org

4- Rulli, J. (2006) Peasant family in Paraguay condemned by agrotoxins, en: Blog de la campaña Justicia para Silvino Talavera. http://www.silvinotalavera.pyh.ca

5- CODEHUPY (2007) Informe Chokokue, Coordinadora de los Derechos Humanos Paraguay.

6- Rulli, J. (2006) Historia del Movimiento Agrario y Popular. Diversos artículos sobre le Movimiento Agrario y Popular, en: http://www.lasoyamata.org

7- Amarilla, O., Gómez, I., Palau, M., (2006) Informe de la Sociedad Civil sobre el cumplimiento del PIDESC en el contexto rural (2000 - 2005) BASE IS, CIPAE y Tierraviva.

Fuente: CIEPAC