Panamá: Extractivismo minero y corrupción

Luego de la asunción por parte del presidente Juan Carlos Varela, se emprendió los esfuerzos para determinar los procedimientos para una reforma al Código Minero que data de 1968, sin embargo, el conflicto de intereses, manifestado por la clase empresarial - minera y la supuesta voluntad oficialista, empantanó los esfuerzo de las organizaciones ecológicas y comunitaria rural por actualizar las leyes que otorgan operaciones para los proyectos mineros, como una estrategia para una moratoria que fulminará el fin de este modelo de desarrollo.

A la deriva queda el país, sin una regulación, a merced de las empresas concesionaria, para que haga y deshaga todo lo que no este estipulado legalmente, vulnerando el estado de derecho y posterior las normas en materia de derechos humanos y ambiente. Máxime, la funcionalidad de las instituciones con competencia en materia de comercio e industria, como de ambiente, que su misión y visión sobre la cuestión ambiental global, ha quedado rezagada o carente de programas de formación científica y socioambiental.

Panamá, como expresamos en distintos espacios de comunicación, se ha vendido como un paraíso de prosperidad y auge financiero, pero esta falacia a quedado al descubierto por los grandes intereses de políticos y empresarios que se turnan el poder para garantizar las acciones y comercio, como es el caso de las actividades extractivas. En donde los Panamá Papers, muestra las figuras involucradas en la corrupción proveniente de las operaciones ilícitas para favorecer consorcios y accionistas. La minería no escapa de este eslabón, y para garantizar esa ursupación de los bienes comunes, elevaron la actividad minera como inyector determinante para el Producto Interno Bruto del país.

Uno de los casos muy visualizado, es el fracaso del proyecto Petaquilla Gold, ubicado en el Distrito de Donoso, provincia de Colón, cuyo mayor accionista es el empresario Richard Fifer, que violó los derechos laborales de miles de trabajadores, y extrajo para sus cuentas bancarias las ganancias que genero las exportaciones de oro. Igualmente en un observatorio que se realiza en esta zona, comprobamos también el modus operandi como el proyecto extractivo de cobre Minera Panamá, vulnera a los trabajadores panameños, desmontando sus derechos, para luego ceder esas plazas de trabajo a extranjeros sin la calidad de prestaciones laborales.

A lo expuesto, le incorporamos una serie de violaciones de derechos humanos y ambientales, en donde la calidad de vida a quedado en segundo plano para las comunidades campesinas e indígenas, ya que sus ríos, sus tierras y aire, han sido contaminados y aniquilados por la fuerza industrial canadiense y criolla. Una caso preciso es la violación a los convenios para el manejo del Corredor Biológico Mesoamericano, que ha sufrido una tortura legal por parte de las altas jerarquía de la justicia panameña, para que las empresas minera en dicha zona de Coclesito, operen sin medir los grandes efectos negativos a futuro.

A ese ritmo justifican sus ganancias, pero que ha su vez limpian su rostro mercantil, promoviendo actividades sociales y programas de compensación por pérdida de biodiversidad, ante la devastación que han generaron. Y en el marco de la ciudadania y su bienestar, los campesinos se han visto engañados por las promesas y proyectos sociales fracasados, que al descalificar la cultura y progreso de vida tradicional, tuvieron que optar como esperanza, continuar su arado con las pocas tierras que poseen. Ya que las empresas mineras, a través de un programa de compra venta, se beneficio de las tierras que eran trabajadas por las comunidades.

A esa contaminación, violación fragante y muerte, el estado incumple con el ejercicio de los derechos humanos, en la protección y propio avance autónomo que las comunidades desean. Aun desconocemos las sanciones y reparo por los daños vertido por la empresa Petaquilla Gold.

En el 2016, otro de los casos que pone en alerta a las comunidades del interior del país, es la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Quema. De la Empresa Minera Cerro Quema, subsidiaria de la minera canadiense Pershimco Resources, ubicada en el Distrito de Tonosí, provincia de Los Santos. Que se encuentra en su etapa final el Estudio de Impacto Ambiental EIA categoría III.

Pero una singular situación esta en boga de la opinión pública como de científicos y ambientalistas, es que la provincia de Los Santos, perteneciente a la Península de Azuero, sufre fuertemente los impactos del cambio climático, vulnerando sus afluentes y ríos para la vida productiva agrícola y consumo de agua potable para los ciudadanos. Que por décadas ha sucumbido por deforestación y mal manejo territorial, y que actualmente, el inicio de las operaciones de este proyecto extractivo producirá una grave crisis ambiental. Ya que la actividad extractiva consume cantidades de agua y territorio, lo que sus áreas adyacentes, sufrirán y posterior una sequía y contaminación se sistematizará.

Dos muestras de la situación minera en Panamá son evidentes, y que si tomamos los actuales proyectos aprobados por el Ministerio de Comercio e Industrias MICI que son 16 contratos, el estado estará obligado a buscar pronto solución ante la crisis ambiental que produce estos proyectos extractivos mineros.

También es importante exponer, el aumento de la criminalización de la protesta social o defensores de los derechos humanos. Casos como: persecución a los moradores de isla Pedro González por oponerse a una megaobra de turismo inmobiliario del millonario grupo Eleta, la demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO, la amenaza a la periodista y defensora de la Laguna de Matusaragati de Darién Ligia Arreaga, los Vecinos de Coco del Mar que se oponen a construcciones que incumplen los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Panamá, la detención absurda al catedrático de la Universidad de Panamá, Evidelio Adames, y otros, son algunos, en que los inversores de la crisis ambiental apuntan.

A lo anterior, se le suma la querella penal a los defensores de los Derechos Humanos y Ambientales del río Tabasará: Clementina Pérez, Toribio García, Carmecita Tedman, Oscar Sogandares y Manolo Miranda. Demandados por supuesta inviolabilidad de propiedad de la empresa Generadora del Istmo GENISA que construye la hidroeléctrica Barro Blanco.

Por ende, esta criminalización a campesinos y activistas, es un indicador que las futuras víctimas pueden se las comunidades rurales, que se opongan al modelo extractivo minero. La cual, el movimiento socioambiental en reiterada veces ha dicho que un mejor modelo de vida es la agroecología nacional, la cual promueve un equilibrio con la biodiversidad y la cultura responsable de consumo.

Y que el extractivismo, tentáculo del capitalismo, solo genera ganancias para quienes optan el poder financiero, y no así para el poder colectivo que es decir el bienestar para la salud, cultura, ambiente y felicidad de la gente.

Texto escrito por Olmedo Carrasquilla, Colectivo Voces Ecológicas (COVEC) y Radio Temblor

Fuente: Desinformémonos