Palma de muerte: un arrasamiento de tierras a sangre y fuego en Colombia

Todo indica que las Fuerzas Públicas y sus escuadrones de muerte, los paramilitares, son quienes “limpiaron” estas tierras de sus verdaderos propietarios y son hoy los agentes que protegen y aseguran el megaproyecto agroindustrial de la palma aceitera.

Escribía hace algunos años en la revista Gaia el investigador colombiano Alfredo Molano, que “la destrucción progresiva e irreversible del medio ambiente y la explotación bárbara de los recursos naturales es en Colombia un hecho hermano de la violencia” [ 1] Esta afirmación está más vigente que nunca. Hoy, con más de tres millones de desplazados internos, 22.000 homicidios en el año 2004 y un índice de pobreza del 64 por ciento, la destrucción ambiental está íntimamente ligada a la violación sistemática de los derechos humanos. Esta situación se puede verificar especialmente en el campo, donde menos de mil familias acaparan el 70 por ciento de las mejores tierras en forma de latifundio y 1,5 millones de familias campesinas no tienen dónde cosechar su alimentación.

Según un estudio del Banco Mundial y la Universidad de los Andes (Bogotá), el alto porcentaje (60 por ciento) de los hogares desplazados que dependían de la tierra como principal sustento en su lugar de origen, muestra que la tenencia de la tierra aumenta la probabilidad de que el hogar sea desplazado forzosamente [ 2]]. De acuerdo con Francis Deng, el desplazamiento forzado y el despojo ilegal de tierras se ha incrementado durante las últimas décadas, imponiendo un “proceso denominado ‘contrarreforma agraria’ (...) que constituye con frecuencia un medio para adquirir tierras en beneficio de los grandes terratenientes, narcotraficantes y empresas privadas que elaboran proyectos a gran escala para la explotación de los recursos naturales” [ 3].

En Colombia, entre cuatro y seis millones de hectáreas de los desplazados se encuentran actualmente en manos de los grupos paramilitares, desalojadas a sangre y fuego. Su actuación en los últimos 15 años ha posibilitado la expropiación de las tierras adjudicadas a campesinos mestizos o de territorios colectivos titulados a comunidades afrodescendientes (obtenidos con la “ley 70” de la Constitución de 1991). Durante el año 2003, de acuerdo con datos tanto oficiales como no gubernamentales, la mayoría de los desplazamientos forzados fueron causados por los grupos paramilitares que actúan con la acción, la omisión, o la aquiescencia de la Fuerza Pública [ 4], dado que el paramilitarismo es un proyecto del Estado. Según el Banco de Datos de Derechos Humanos “Noche y Niebla” del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) los grupos paramilitares colombianos llevaron a cabo entre 1988 y 2003 un total de 14.476 asesinatos, desapariciones y casos de torturas registrados por esta organización [ 5].

Distintas ONG colombianas como la Comisión Colombiana de Juristas, ASFADDES, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” o la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz han denunciado ante organismos nacionales e internacionales que “en medio del proceso de desmovilización paramilitar iniciado en 2002, el dominio del territorio busca garantizar esta apropiación para la implementación de proyectos específicos relacionados con el desarrollo biotecnológico, la agroindustria de palma, caucho y ganadería”.

En un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Comisión de Justicia y Paz concluye que “durante el tiempo que se ha desarrollado el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, se han desarrollado los mecanismos de apropiación de tierras y negación de los derechos de los pobladores afrodescendientes sobre los territorios colectivos de sus comunidades.

Simultáneamente, se realizan propuestas de ley que facilitarían que las tierras usurpadas por los paramilitares sean legalizadas. Se niega de facto la reparación integral y la devolución de tierras a las que tienen derecho los más de 3 millones de desplazados internos” [ 6]. El proceso de “negociación” con los paramilitares es en realidad una legalización de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos, y “camina hacia la impunidad”, argumenta la ONG.

La palma aceitera en el Chocó

Entre 1996 y 1997 tuvo lugar en la parte norte del Chocó uno de los más graves desplazamientos masivos, al que los medios de comunicación tuvieron acceso, con hasta 20.000 personas brutalmente despojadas de sus territorios. La llamada Operación Génesis resultó ser un operativo contra la población, una acción militar abierta y encubierta a través de “civiles” armados del Estado. Uno de los más importantes oficiales militares de la estrategia paramilitar y mandos de la operación, el hoy retirado general del ejército Rito Alejo Rojas, fue declarado Pacificador de Urabá y del Atrato por el actual presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez cuando éste era gobernador en Antioquia. “Nosotros nos dimos cuenta”, relatan las comunidades del Cacarica -región fronteriza con Panamá- que fueron bombardeadas y cazadas como animales en medio del bosque, “que nuestro desplazamiento no era por ninguna guerrilla, sino por intereses económicos”. Y cuánta razón tenían. La región vive hasta hoy una estrategia de guerra para la economía: proyectos de infraestructuras, expansión de la agroindustria, explotación de madera y otros recursos naturales, apropiación de tierras y de biodiversidad, etc.

En el pasado mes de febrero se conoció internacionalmente el caso de la masacre de ocho campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Chocó), entre ellos dos niños de dos y seis años. Los testigos del crimen acusan al ejército y concretamente a la Brigada XVII -la misma unidad que acometió la Operación Génesis-, de haber cortado en pedazos los cadáveres de aquellas familias. El Gobierno no dejó dudas, a raíz de la masacre de San José, de que las Comunidades de Paz- hay una docena en el país- serán liquidadas a la fuerza, porque no “puede haber lugares en el país donde no pueda estar el Ejército Nacional”.

Las llamadas Comunidades de Paz se declararon “neutrales” en la guerra y no colaboran con ningún actor armado. Pero detrás del desalojo de la comunidad de San José “hay un plan previsto: el cultivo a gran escala de palma africana”, escribe Molano en una columna de opinión en el periódico El Espectador. “Las comunidades que después de San José están en la mira son las de los ríos Cacarica, Salaqui, Jiguamiandó y Cubaradó. En estas regiones hay un gran proyecto para sustituir los bosques naturales por plantaciones de palma, llamadas con razón desiertos verdes” [ 7].

Desde hace ya algunos años se han intensificado las denuncias en torno a la expansión del cultivo de palma africana en la región del Pacífico colombiano. Estas denuncias involucran al ejército y a los grupos paramilitares, quienes presionan a las comunidades para su siembra y vulneran los derechos de propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrocolombianas.

Un estudio de la Diócesis de Quibdó y la ONG Human Rights Everywhere con el título “El cultivo de la palma africana en el Chocó” demuestra la inconveniencia de sembrar palma africana en esta zona por sus impactos ecológicos negativos, teniendo como referencia los estudios adelantados sobre los cultivos de palma en otros lugares muy similares. En la región se ha venido extendiendo la palma bajo el amparo de los paramilitares y sus amenazas de muerte, poniendo en peligro la integridad territorial, cultural y física de las comunidades indígenas y negras que se oponen a su siembra.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA resolvió en 2003 que “desde el año 2001 la empresa URAPALMA S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera” de forma ilegal y “con la ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados” [ 8].

¿Qué es la palma aceitera?

La palma de aceite es el cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por unidad de superficie. Originaria de los países africanos, ha sido exportada a varias partes del mundo. Desde hace mucho tiempo, los cultivos de palma han dejado de ser utilizados para cubrir las necesidades tradicionales de pequeñas comunidades y actualmente son destinados a la producción y exportación a gran escala (monocultivo industrial).

El aceite de palma se usa como aceite de cocina, en la producción de margarinas y entra en la preparación de productos industriales de panadería, pastelería, confitería, heladería, etc. Por otro lado se utiliza ampliamente en la producción de cosméticos, detergentes y jabones, así como en la fabricación de pinturas, velas, cremas para zapatos, tinta de imprenta, en la industria textil y del cuero. Entre los usos esperados debemos indicar las investigaciones sobre la producción de combustible (biodiesel). En Colombia existen proyectos avanzados sobre la utilización del combustible obtenido del aceite de palma como sustituto del diesel para motores, según el diario colombiano El Tiempo.

Inicialmente, el producto provenía exclusivamente de países africanos, especialmente de Nigeria, pero a partir de 1930 la competencia de los países asiáticos (Malasia) se hizo más fuerte y en 1966 la producción asiática superó la africana. Según cifras de la FAO para 2002, la producción mundial de fruto de aceite de palma ha sido de 131 millones de toneladas, de éstas han sido extraídas casi 30 millones de toneladas de aceite, siendo Malasia (41,5 por ciento), Indonesia (36,5 por ciento), Nigeria (3,8 por ciento) y Tailandia (2,9 por ciento) los principales productores [ 9]. La mayoría de la producción es utilizada para el consumo interno, aunque las exportaciones han aumentado paulatinamente desde la “Revolución Verde”, o sea, la conversión del campo en una “fábrica exportadora”.

Los 15 países exportadores de aceite de palma en 2001 fueron: Malasia, Indonesia, Holanda, Papua Nueva Guinea, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Costa de Marfil, Tailandia, Honduras, Colombia, Costa Rica, Reino Unido, Italia y Bélgica. Aquí hay que diferenciar entre producción, que se da únicamente en países de clima tropical, y exportación de aceite, en la que participan empresas de otros países que compran el aceite crudo y lo procesan, como Holanda y Alemania. Es importante señalar que el aceite de palma representa el 52 por ciento del mercado mundial de aceites vegetales. Las exportaciones de aceite tuvieron en 2001 un valor estimado de 7.500 millones de US$ para un total de 20,3 millones de toneladas, siendo India, China, Pakistán, Holanda y Alemania los cinco mayores importadores de este producto.

El precio medio mundial del aceite de palma oscila entre 250 US$ por tonelada métrica (enero 2001) y 540 US$ (mayo 2004). Este incremento se debe a la creciente demanda de aceites vegetales por parte de países como China e India. Algunos medios estiman que los consumidores chinos utilizan unos 14 kilos de aceites y grasas al año frente a los nueve kilos de hace cinco años [ 10]. Sin embargo los precios han sufrido una caída importante desde 1950 hasta el año 2004, de 1.800 a menos de 300 US$ por tonelada.

Consecuencias del cultivo de palma

En el sector de la palma ha prevalecido un modelo empresarial vertical, en el que todos los procesos que van desde la plantación hasta el producto refinado están integrados, lo que, por otro lado, requiere una capacidad de inversión grande [ 11]. Este modelo ha beneficiado a los inversores y a las empresas pero no a los pobladores. Aumentó la desigualdad, se quitó a los campesinos su subsistencia, se les ha precarizado y desestructurado el modelo de vida. No llegó el bienestar, ni los servicios públicos prometidos ni “el empleo para todos”. El beneficio económico y político a corto plazo ha constituido el fin principal para el impulso de estos cultivos, sabiendo perfectamente los efectos que tiene sobre la población vulnerable y el medio ambiente este monocultivo.

El mega-cultivo de palma implica la pérdida de bosques tropicales y de su riqueza en biodiversidad. Valgan como ejemplo los gigantescos incendios forestales en Indonesia en 1997, causados por las grandes empresas palmicultoras, que hallaron más barato “limpiar” el área mediante el uso del fuego [ 12] que realizar una plantación en tierras ya destinadas a la agricultura; un método similar al utilizado por las empresas de plantación de soja en la selva amazónica de Brasil. Según estudios científicos, el cultivo de palma convierte el territorio en un “desierto verde”, secando los afluentes naturales de agua y los humedales [ 13]. Muestras analizadas en zonas palmicultoras de Ecuador revelaron, además, que la utilización de fertilizantes e insecticidas aumentó la concentración de elementos químicos en el agua, que sobrepasaron los límites para consumo humano, riego, ganado y vida acuática, causando daños a la salud humana y al medio.

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt afirmó que “las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad, decrece la producción de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de flora y fauna y se pierde la base del sustento de la población nativa” [ 14].

Frente a la invasión de las empresas palmicultoras, los legítimos propietarios de las tierras han tratado de resistir de forma pacífica. Los gobiernos responden en muchos casos con la violencia, enviando al ejército o a grupos paramilitares que han dado muerte, herido, amenazado, arrestado arbitrariamente o hecho desaparecer a los representantes campesinos, indígenas o a grupos étnicos. Las empresas mismas son protegidas por guardias armados que desarrollan funciones parecidas, con la acción u omisión del Estado.

Para mantener los costes laborales bajos y aumentar las ganancias de las empresas, las condiciones de trabajo en las plantaciones son arduas, los salarios por debajo del los mínimos legales, sin contratos, de forma temporal y sin recibir asistencia médica, contribuciones a las pensiones o vacaciones; no se permite la creación de sindicatos, y además, se han verificado casos de violencia y acoso sexual.

Si se comparan los grandes países cultivadores de palma, podemos señalar características compartidas, tales como una historia con gobiernos dictatoriales, con importantes extensiones de terrenos forestales no protegidos (en algunos casos selva virgen) y a menudo pertenecientes a grupos étnicos minoritarios que no pueden defender sus derechos y que están siendo oprimidos por interés político; la mano de obra suele ser barata y no existen los derechos laborales o sindicales. Países donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han impuesto duros Planes de Ajuste Estructural, que hoy significan, por ejemplo, tener que exportar aceite de palma para ingresar divisas que luego van directamente al pago de la Deuda Externa (eterna e ilegítima).

En el sector de la palma no debe faltar tampoco el “lavado verde”. A iniciativa de WWF se organizó en Malasia en 2003 una “Ronda de Diálogos sobre la Producción Sostenible de Palma de Aceite” donde las empresas subscribieron “buenas intenciones”, con lo cual empresas como Unilever ganaron en legitimidad, haciéndose la foto con una organización como WWF, comprometiéndose -no legalmente, por supuesto- a “implementar planes de acciones para promover una producción, comercialización y consumo sostenible”. Y con este sello se vende más y mejor.

Un futuro lleno de incertidumbre y terror

El monocultivo industrial de palma es un método muy efectivo de control del territorio, especialmente en el caso de presencia de movimientos de oposición (armados o civiles). Las comunidades del Cacarica y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato desplazadas hace ocho años, retornaron a sus territorios que por ley les pertenecen. Constantemente son el objetivo militar para los dueños de empresas palmicultoras y están sufriendo continuamente las amenazas de muerte, las incursiones paramilitares, el bloqueo de alimentos por el ejército e, incluso, montajes judiciales de la Fiscalía que les acusa de ser “auxiliadores” de la guerrilla.

“El país debe tener 600 mil hectáreas de palma africana”, proclamó Uribe. “Este gobierno se ha comprometido con el incremento de la producción competitiva de aceite crudo de palma. Buscamos sustituir las importaciones de aceite y penetrar los mercados externos” [ 15]. Se estima que en 2001 había 170.000 hectáreas de palma aceitera, distribuidas en 54 municipios de 12 departamentos del país, y se pretende sembrar otras 300 ó 400 mil hectáreas más. Un portavoz paramilitar en la zona del Urabá llegó a afirmar en público: “Necesitamos una gran revolución agraria que nos involucre a todos. Queremos un desarrollo regional que desde grandes proyectos de infraestructura posibilite el establecimiento de cadenas productivas y de comercialización que aprovechen las ventajas geoestratégicas de nuestro país, generando una verdadera revolución constructiva y democratizadora del campo que integre a la industria y al gran capital con el trabajo asociado y con el pequeño propietario rural” [ 16]

Al participar en la Cumbre de Países del Plan Puebla-Panamá [ 17], que se realizó en Tegucigalpa en junio de 2005, Uribe reafirmó el compromiso de Colombia de servir como puente en la integración entre Centro y Suramérica. “Al asistir por primera vez a esta reunión quiero reiterar todo el interés de Colombia de aportar todo lo que podamos para (...) servir de gran puente con Suramérica”, dijo. Refiriéndose al “gran potencial energético” que tiene Colombia para ofrecerle a Centroamérica, Uribe recordó que el país ha entrado en la nueva era de los combustibles biológicos para ampliar las posibilidades en este sector. “Este año Colombia empezará a producir el primer millón de litros diarios de alcohol carburante, y estamos dando los primeros pasos para la producción de biodiesel, particularmente a partir de esa fuente que es la palma africana que se ha convertido en un gran cultivo de sustitución de drogas ilícitas”, explicó en la Cumbre [ 18]

La Unión Europea financia a través de los Fondos de Cooperación al Desarrollo proyectos para la siembra de palma que “finalmente benefician a los paramilitares”, como cuenta Javier Orozco, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en Colombia del gobierno de Asturias. [ 19] El Espectador dice que también la filial colombiana del BBVA, el Banco Ganadero, “tiene una importante participación en la financiación del sector” de las empresas agrícolas y agroindustriales, que serán el negocio de los paramilitares “desmovilizados” según los planes del actual Gobierno [ 20].

Mientras tanto, persiste la deforestación del bosque primario en los Territorios Colectivos del Cacarica y Bajo Atrato, sustentada en violaciones de los derechos humanos, y ello a pesar de que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural reconoció en un informe gubernamental, resultado de una comisión de verificación en octubre del año 2004, que “el 95 por ciento de la palma se encuentra sembrada de manera ilegal” y requirió “detener de inmediato el avance de las siembras” [ 21]. También la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los “grandes impactos ambientales, culturales y sociales derivados de las obras de infraestructura” que se han construido para el cultivo, así como por la intervención en “el bosque nativo de la selva húmeda tropical del Chocó, considerado como uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta”.

La Defensoría también insinuaba la relación entre violaciones de los derechos humanos y la siembra de palma. “En enero del 2003, las comunidades desplazadas e internas en la selva denunciaron la incursión de grupos de autodefensa, quienes amenazaron con su presencia constante en la zona y anunciaron que “el territorio les pertenecía y que allí establecerían cultivos de palma aceitera” [ 22]. Incluso el Procurador de la Nación ordenó una “protección efectiva de los territorios que ya han sido ubicados como de explotación ilegal de madera y siembra extensiva de palma aceitera”. Sin embargo, el Gobierno Uribe incumple todas sus obligaciones, incluso aquellas adquiridas en la última Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [ 23], para que las empresas palmicultoras cesen en sus actuaciones y para definir mecanismos que resuelvan el problema de fondo.

“Lo que existe detrás de la palma y su relación con la contrarreforma agraria, desarrollada en una nueva fase a través del proceso de desmovilización parainstitucional”, como explica la Comisión de Justicia y Paz, es la “experimentación cualificada” de un laboratorio de guerra, terror e impunidad y un modelo de represión que se puede extender por toda América Latina.

FUENTES:

CAVIDA: “Somos tierra de esta tierra. Memorias de una resistencia civil”, Colombia, 2002.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: Informes y documentos (1997 hasta 2005). www.justiciaypazcolombia.org

Gobiernu del Principáu d’Asturies: “Informe de la delegación asturiana de verificación de la situación de los DDHH en Colombia”. Oviedo, 2005.

Mingorance, Fidel /Minelli, Flaminia / Le Du Héléne: “El cultivo de la palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territorial y Derechos Humanos”, Human Rights Everywhere - Diócesis de Quibdó, Colombia, 2004.

VVAA: “Desde Colombia pedimos Justicia. Llamado al mundo contra ritos de crímenes e impunidad”. Xixón, 2004.

World Rainforest Movement: “El fruto amargo de la palma aceitera”, Uruguay, 2001.

Tom Kucharz es miembro de Ecologistas en Accción-Madrid. "Este texto no podría existir sin las denuncias, las investigaciones y el trabajo en defensa de los derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, ni tampoco sin las resistencias y la construcción de alternativas de las comunidades que sufren el acoso de la implantación del modelo de la palma aceitera en las zonas mencionadas aquí" (Nota del autor).
Notas

[ 1] Molano, Alfredo: “Colombia: lo ambiental como problema político”. Gaia, mayo-junio 1997.

[ 2] "De hecho, el desplazamiento puede estar generando una ’contrarreforma agraria’ hacia una reconcentración de la tierra en grandes proporciones. Estimaciones recientes sugieren que la tierra abandonada por desplazados asciende a cuatro millones de hectáreas, cifra que casi triplica la tierra redistribuida en más de cuatro décadas de reforma agraria". Según este estudio, la concentración de tierra es un factor estructural clave tras el fenómeno. "La posibilidad de que la tenencia de la tierra aumente la probabilidad de desplazamiento se sustenta en que aproximadamente el 60 por ciento de los hogares afectados tenía acceso a tierra” En “Colombia: una Política de Tierras en Transición”, Banco Mundial y Universidad de los Andes, 2004. [http://economia.unidandes.edu.co/economia/archivos/temporal/d2004-29.pdf->undefined

[ 3] Informe del Representante del Secretario General sobre los Desplazados Internos, documento de las Naciones Unidas E/CN.4/2000/83/ad, 11 de enero de 2000.

[ 4] Las organizaciones no gubernamentales muestran que el 86 por ciento de los más de 3 millones de casos registrados desde 1985 hasta marzo de 2003 son responsabilidad de militares y paramilitares, mientras que las guerrillas lo son del 14 por ciento.

[ 5] CINEP: “Deuda con la Humanidad. El paramilitarismo de Estado entre 1988 y 2003”. Colombia, 2004.

[ 6] “Territorio y Apropiación de Tierras”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, noviembre de 2004.

[ 7] “¿Qué hay detrás de lo de San José?”, El Espectador.

[ 8] Resolución del 6 de marzo de 2003

[ 9] Datos de FAOSTAT, 2004.

[ 10] “América Latina saca provecho del auge global en la demanda de aceite de palma”, The Wall Street Journal Americas en Reforma, 26 de mayo de 2004.

[ 11] Empresas transnacionales del sector alimentario como Unilever (Holanda) han creado sus propias empresas productoras de aceites de palma.

[ 12] De las 176 compañías identificadas como sospechosas de los incendios de 1997, 133 eran compañías de plantación de palma aceitera.

[ 13] Center for Conservation Biology Update: Oil Palm pollination in southern Costa Rica, 2002, vol.14, Nº1.

[ 14] En Biosíntesis, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Boletín No. 21, agosto 2000.

[ 15] Discurso en Cartagena de Indias, septiembre 2003.

[ 16] Contreras, Orlando: “Palma africana en el Chocó: una nueva plaga para indios y negros”. Diciembre 2004. www.etniasdecolombia.org

[ 17] Colombia, que actualmente participa como observador del Plan Puebla-Panamá, espera que se ratifique pronto su ingreso como miembro activo para desarrollar inicialmente los tres proyectos de integración de infraestructura que se han planteado: interconexión eléctrica, integración gasífera y la carretera costanera con Panamá (Panamericana).

[ 18] SNE: “Colombia, puente de integración entre Centro y Sudamérica” (29/06/2005).

[ 19] Presentación del informe de la delegación asturiana de verificación de la situación de los DDHH en Colombia, en Madrid, 11 de mayo 2005.

[ 20] “Arrancaron los proyectos económicos de los paras”. El Espectador, 15 de marzo de 2005.

[ 21] Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER: “Los cultivos de palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó”. Bogotá, 14 de marzo de 2005.

[ 22] Defensoría del Pueblo: “Violación de derechos humanos por siembra de palma africana en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó”. Bogotá, 8 de abril de 2005.

[ 23] Eso fue el 14 de marzo de 2005.

Fuente: Revista Pueblos