Pacto contra la biodiversidad y los territorios de los pueblos
"En una entrevista, el Ministro presentó las líneas generales del actuar de su gestión: Brasil no se comprometerá con las nuevas metas de reducción de emisiones apegadas al Acuerdo de París; reclasificará las unidades de conservación para permitir actividades económicas, incluida la posibilidad del paso de vías férreas y líneas de transmisión; revisar la política del Ibama de aplicación de multas ambientales; la apuesta por instrumentos económicos y financieros para mantener la conservación ambiental".
- Traducción por Cesar Ortega.
Frente a las crisis de las economías centrales y la desaceleración del ciclo virtuoso de las mercancías de exportación, se renueva el histórico pacto de poder conservador entre los dueños de la tierra, el Estado y los dueños del dinero (en palabras de Maria da Conceição Tavares) (1), a fin de mantener la brutal apropiación del ingreso nacional por el capital financiero y bancario, principalmente internacional.
Una versión contemporánea del paquete económico del Consenso de Washington se impone a los países de América Latina: son medidas de “austeridad fiscal” para gastos sociales, a fin de generar saldo para el pago de los servicios de deuda pública y la transferencia de tales gastos sociales hacia el sector penal y penitenciario; la supresión de derechos laborales y de previsión social; la privatización de empresas, bienes estatales y recursos naturales, y la flexibilización de la legislación ambiental.
Jair Bolsonaro es tan sólo el ventrílocuo de las fuerzas que profundizan el secuestro del espacio público y los bienes comunes de la sociedad por parte de intereses corporativos. Con una mezcla de política ultraliberal subordinada a la política externa de Estados Unidos y un conservadurismo moral y de costumbres, Bolsonaro representa una más de las típicas intervenciones salvacionistas —autoritaria y militarizada— en la continuidad de este violento pacto de poder conservador.
Horas después de la toma de posesión, apenas llegado el nuevo año, se promulgó la medida provisional MP 870 del primero de enero de 2019 (2) para la reforma administrativa. Entre las modificaciones, destacan:
1. Transferencia al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de las políticas de regularización agraria —como la demarcación de tierras indígenas (antes una atribución de la FUNAI*) y de los territorios quilombolas**, así como la política de reforma agraria y agricultura familiar (antes atribución del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria-INCRA), más la regularización de las áreas rurales de la Amazonia Legal. Estas atribuciones quedan en el ámbito de la Secretaría Especial de Asuntos Agrarios del MAPA, dirigida por el ruralista Antonio Nabhan Garcia, presidente de la União Democrática Ruralista (UDR). La intención del Estado es facilitar la masiva transferencia de tierras públicas, asentamientos y territorios quilombolas, y de los pueblos tradicionales, hacia la propiedad privada y corporativa.
2. Transferencia al Ministerio de Agricultura del Servicio Forestal Brasileiro (antes del Ministerio del Medio Ambiente) y, por tanto, del Catastro Ambiental Rural (CAR), registro público electrónico que mapea el tejido agrario brasileño (las tierras privadas, públicas y devueltas), y los recursos naturales como bosques, agua, minas a cielo abierto, etcétera.
3. Transferencia desde la FUNAI, del Ministerio de Justicia para el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, presidido por la pastora evangélica Damares Alves. Todas las “minorías” y sectores vulnerables fueron aglomerados en esta cartera conformando secretarías, aunque sin instrumentos de implementación. No hay secretaría o consejo indígena. Por lo tanto, con el vaciamiento de la principal atribución de la FUNAI y sin estructura de secretaría, hay el riesgo enorme de desestructuración del órgano indigenista.
4. Transferencia de la Fundación Cultural Palmares, responsable de la certificación de territorios quilombolas para el Ministerio de la Ciudadanía (fusión de los Ministerios de Desarrollo Social, Deportes y Cultura), ahora reducidos a secretarías.
5. Extinción del Consea (Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional) como consejo de asesores de la Presidencia y transferencia al Ministerio de la Ciudadanía de la atribución de proponer al gobierno directrices y prioridades de la política nacional de seguridad alimentaria. La medida revocó los dispositivos del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sisan) relacionados con su competencia —como convocar a la Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria, y la composición del Consejo, cuya representación tiene 2/3 de sociedad civil.
Entre 1995 y 2015 hubo cinco conferencias nacionales (cuyas etapas nacionales llegaron a reunir más de 2 mil participantes), de las que surgieron propuestas como incluir en la Constitución Federal el derecho humano a la alimentación, el plan Safra para la agricultura familiar, la política nacional de agroecología y producción orgánica, y los planes de adquisición de alimentos de la agricultura familiar por parte las escuelas (PAA y PNAE).
Además del flagrante déficit democrático en la participación y control social de las políticas, la medida puede generar un trágico retroceso social, aún más en un año en que Brasil puede volver al Mapa del Hambre, del que salió apenas en 2014.
6. Coordinación, monitoreo y supervisión de actividades de ONGs nacionales e internacionales por parte de la Secretaría de Gobierno, encabezada por el general de reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz. El ministro quiere hacer una investigación de las ONGs y sus actividades, así como de sus formas de financiamiento. La inspección abierta podría implicar intervención de las actividades de estas organizaciones, lo que puede significar la tutela de la sociedad civil y resultar en la persecución de las organizaciones que disientan del gobierno. Esto significaría violar derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión y manifestación, con consecuencias directas en la propia democracia.
7. El Ministerio del Medio Ambiente (3) perdió diversas atribuciones, como el combate a la deforestación, actividad central de la política ambiental, lo que puede significar la paralización de las actividades de fiscalización de los crímenes ambientales. El combate a procesos de desertificación, toda la política de recursos hídricos y la propia Agencia Nacional de Aguas (ANA) fueron transferidas al Ministerio de Desarrollo Regional, fusión de los Ministerios de la Ciudad e Integración Nacional. No hay mención de la política de cambio climático en el texto de la medida, aunque el Ministro Ricardo Salles haya anunciado una Secretaría Especial de Cambio Climático, con menor estructura.
En entrevista (4), el Ministro presentó las líneas generales del actuar de su gestión: i) Brasil no se comprometerá con las nuevas metas de reducción de emisiones apegadas al Acuerdo de París; ii) reclasificará las unidades de conservación para permitir actividades económicas, incluida la posibilidad del paso de vías férreas y líneas de transmisión; iii) revisar la política del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) de aplicación de multas ambientales; iv) la apuesta por instrumentos económicos y financieros para mantener la conservación ambiental como los pagos por servicios ambientales, afirmando que si hay límites al uso de la propiedad privada debe haber compensación financiera al productor por esa causa.
Cabe mencionar la reducción por decreto del salario mínimo, cayendo de la previsión de 1 006 reis a 998 reis, a partir de 1º de enero. El menor aumento en 24 años. (5)
Tales medidas confirman el pacto conservador entre los dueños de la tierra, el dinero y el Estado, y muestran los ejes centrales del nuevo gobierno: a) un capital bancario-financiero con fuerte agenda neoliberal des-estatizante, la supresión de derechos sociales mediante una política de austeridad fiscal asociada a la transferencia del presupuesto público por medio del pago de servicio de la deuda; b) la protección de la propiedad privada, sin su función social, con la tendencia a militarizar la cuestión agraria (6). La tendencia se nota en que se desregula la posesión y portación de armas; y por la ampliación de las hipótesis de legítima defensa de la propiedad, criminalizando los movimientos sociales del campo (y a sus líderes) calificándoles de terroristas, como lo facilita el Decreto 9527/2018 (7) que crea la Fuerza-Tarea de Inteligencia para enfrentar el crimen organizado. El decreto 9695/19 emitido por Bolsonaro, que autoriza a los residentes de áreas rurales poseer hasta cuatro armas de fuego, puede desatar una verdadera guerra civil en el campo en defensa del pacto colonial y esclavizante que mantiene la concentración de la tierra del país (8). Taurus Armas valoró sus acciones en 181% en 2018 y 105% en 2019 con la expectativa de la aprobación (9).
Dialécticamente, la historia, sabia y precisa, construye un sujeto colectivo en oposición a tales fuerzas reales. Más que nunca, la lucha de los pueblos indígenas y el campesinado, de los pueblos y comunidades tradicionales, es la lucha más universal de la era contemporánea pues es la lucha por la factibilidad de la vida en el planeta en defensa de los bienes ambientales comunes. Es la vida lo que puede oponerse al capital. Para no quedar condenados por los límites del planeta deben impulsar esta lucha sobre todo las juventudes del campo y la ciudad.
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* FUNAI, Fundación Nacional del Indio, órgano gubernamental que establece y desarrolla las políticas relacionadas con los pueblos indígenas (nota del traductor).
**Quilombolas son los esclavos africanos o sus descendientes, que en Brasil se fugaron y se organizaron en comunidades “libres” (algunas de ellas formadas desde la resistencia a la esclavitud y el colonialismo lusobrasileiro) y a las cuales la Constitución brasileña concedió derecho de propiedad en sus territorios (nota del traductor y del editor).
Notas:
(1) Maria da Conceição Tavares, “Subdesenvolvimento, Dominação e Luta de Classes”. En Celso Furtado e o Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000.
(2) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm
(3) El nuevo Ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, es fundador del Movimento Endireita Brasil (MEB), ex-secretario estatal del gobierno Alckmin en São Paulo, responde a diversas averiguaciones por deshonestidad administrativa, siendo condenado en uno de ellos a la inhabilitación de sus derechos políticos por tres años. La condena por deshonestidad se deriva de su interferencia como secretario en el plan de manejo del Área de Protección Ambiental con 7 400 ha, abarcando 12 municipios de São Paulo, en la que autorizó actividades industriales y mineras de interés de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo.
(5) Según cálculos del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), el salario mínimo “necesario” para gastos de una familia de 4 personas con alimentación, vivienda, salud, educación, vestido, higiene, transporte, ocio y previsión social, sería de 3 959.98 al mes de noviembre de 2018.
(6) Bruno Cezar Malheiro Fernando Michelotti; Carlos Walt Porto Gonçalves. Mais além da conjuntura, por outros horizontes de sentido. p. 15. Las empresas Taurus y la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) han sido las principales financiadoras de las campañas de la “bancada da bala” en el Congreso Nacional, que triplicó de tamaño, aumentando de 36 a 103 parlamentarios (93 diputados y 10 senadores). El PSL, partido de Bolsonaro, está apoyando a Rodrigo Maia para conducir la Presidencia de la Cámara a cambio de llevar al plenario el proyecto de revocación del Estatuto de Desarme. El nombramiento de militares en ministerios estratégicos, como los de Defensa, Minas y Energía, Ciencia y Tecnología, Infraestructura, Gabinete de Seguridad Institucional y Secretaría de Gobierno, también apunta hacia la militarización de las políticas de seguridad en general, confirmando la tendencia ya presente en el gobierno de Temer.
(7) https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/637601367/decreto-9527-18
(8) André Reboucas, Agricultura nacional: estudos econômicos, propaganda abolicionista e democrática. A.L. Lamoureaux.