Organizaciones denuncian demanda de compañía minera estadounidense contra Guatemala y expresan su solidaridad con las comunidades que defienden la tierra y la vida en “La Puya”

Las organizaciones abajo firmantes se solidarizan con las comunidades guatemaltecas que se resisten pacíficamente al proyecto de la mina de oro, Progreso VII Derivada de Kappes, Cassiday & Associates (KCA), al tiempo que la empresa presenta una demanda arbitral por $300 millones de dólares contra Guatemala ante el  Centro Internacional para el Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

Desde 2011, las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc han denunciado los posibles impactos ambientales y de salud de la mina, así como  la imposición violenta del proyecto contra su voluntad. Durante años, han mantenido el campamento pacífico, conocido como “La Puya” y han resistido los repetidos intentos de desalojo, sufriendo la represión de las fuerzas de seguridad estatales y privadas. A pesar de una campaña en curso de criminalización y difamación, y una renovada presencia militar en la región, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del día.

En 2016, la Corte Suprema de Guatemala suspendió las operaciones de KCA por no haber consultado con los pueblos indígenas en el área y esta decisión fue apelada ante la Corte Constitucional por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa. En lugar de respetar los procesos democráticos y judiciales de Guatemala,  KCA ha presentado esta demanda ante el CIADI, que en efecto presiona al gobierno para que reinicie la mina o pague a la compañía cientos de millones de dólares en “ganancias potenciales perdidas”.

El CAFTA-DR, al igual que los miles de otros acuerdos internacionales de inversión, otorga a las empresas transnacionales un recurso vinculante a un  sistema de arbitraje internacional perverso conocido como Solución de Controversias Inversionista – Estado Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés). Los reclamos de ISDS se escuchan en tribunales como el CIADI y han sido ampliamente condenados por privilegiar los intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales y el medio ambiente. Este mecanismo permite a las corporaciones transnacionales pasar por encima de los tribunales nacionales y socavar a la soberanía de las naciones. Tribunales como el CIADI no son cortes de justicia, sino paneles secretos de abogados corporativos altamente pagados cuyas decisiones no tienen la obligación de respetar ningún precedente.

KCA es una de una cantidad creciente de empresas mineras transnacionales que han lanzado malignas demandas contra países, especialmente en el Sur Global, con el fin de obtener grandes rendimientos de sus inversiones cuando no han obtenido el consentimiento de la comunidad o los permisos necesarios para operar. En el caso de KCA, el propietario Daniel Kappes y el representante legal de la compañía en Guatemala se encuentran actualmente  bajo investigación criminal en Guatemala por haber operado la mina de forma ilegal, ignorando la orden judicial inicial que suspendió las operaciones por falta de las consultas debidas. En su comunicado de prensa del  19 de diciembre de 2018, la Resistencia Pacífica de La Puya también aclara que la empresa nunca obtuvo una licencia de construcción válida.

Nos unimos en solidaridad con los residentes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, quienes están profundamente preocupados por la grave amenaza que la mina representa para los suministros de agua, los ecosistemas y la calidad de vida en el área. En particular, nos hacemos eco de su condena por el hecho de que KCA y el Estado no hayan  evaluado de manera creíble el impacto que el proyecto de oro tendría sobre los suministros de agua en una región con altos niveles de arsénico natural.

Expresamos nuestra consternación por la forma en que ésta demanda representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala. La Corte Constitucional ya está bajo presión como resultado de la decisión del  Presidente Morales de desafiar la decisión de la Corte y expulsar al organismo de anticorrupción/anti-impunidad respaldado por la ONU; la CICIG (por sus siglas en inglés). En comentarios relacionados, el presidente Morales también reprendió al Tribunal Constitucional por suspender los proyectos mineros e hidroeléctricos, como lo ha hecho en el caso de KCA y otros por violaciones de los derechos de los indígenas, calificándolo de “abuso de su función”.

Las organizaciones firmantes llamamos al Gobierno guatemalteco a que se abstenga de intimidar a los jueces de la Corte Constitucional y que se permita que los casos que tienen ante sí se presenten y que las decisiones se tomen de acuerdo con la ley.

Sin lugar a dudas, este asalto corporativo se produce en un momento delicado en Guatemala y tiene el potencial de erosionar aún más las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. El 28 de enero, la Resistencia Pacífica en la Puya celebró una conferencia de prensa para denunciar la presencia de personal militar en San José del Golfo y pidió a las autoridades nacionales que confirmen que su presencia no pretende intimidar o provocar a las comunidades en resistencia considerando el contexto de la demanda de arbitraje internacional. El comunicado de prensa indica que ni las autoridades locales ni la policía local tienen información que explique por qué los militares se han desplegado en la región desde el 11 de enero, un mes después de que KCA presentara su demanda.

Hacemos eco de los pedidos de la Resistencia Pacífica en La Puya, exigimos una explicación inmediata de la presencia militar en la región y nos unimos a ella para instar al Estado de Guatemala a respetar las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

También apoyamos al  llamamiento de la Resistencia Pacífica de La Puya para que el CAFTA-DR sea declarado perjudicial para el bienestar de los guatemaltecos y en contra de la Constitución Política de Guatemala, considerando además que Guatemala ya ha tenido que pagar $ 32.4 millones de dólares a dos empresas estadounidenses (RDV y TECO) y actualmente está sujeta a otras reclamaciones de arbitraje por cientos de millones de dólares.

Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN)
Center for International Environmental Law (CIEL)
Earthworks Guatemala Human Rights Commission (GHRC-USA)
Institute for Policy Studies – Global Economy Project
International Allies against Mining in El Salvador
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network
Mining Injustice Solidarity Network (MISN)
MiningWatch Canada
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN)

Fuente: M4