No siempre nos quedará París

No es la primera vez que lo decimos: luchar contra la emergencia climática es una oportunidad. Una oportunidad para garantizar una salida a la crisis sanitaria, social y económica que tenga en cuenta el clima y la pérdida de biodiversidad.

La pandemia de la covid-19 ha dejado al descubierto más aún las costuras de nuestro sistema, la fragilidad del planeta y la ecodependencia de todos los seres vivos. En 2020 el Ártico batió temperaturas récord de 38 ºC, California y Siberia sufrieron incendios forestales devastadores,  el Polo Norte alcanzó la mayor pérdida de hielo desde que hay registros satelitales y el número de especies de animales y plantas amenazadas de extinción superó el millón, la cifra más alta registrada en la historia de la humanidad.

Enfrentar la emergencia climática siguiendo las indicaciones científicas establecidas a nivel internacional es uno de los mayores retos de los Gobiernos. Pero frenar el aumento de la temperatura global en 1,5 ºC y lograr el objetivo del  Acuerdo de París sólo será posible con una respuesta coordinada, ambiciosa y urgente. La Unión Europea (UE) pretende ser la punta de lanza de esta lucha. La futura Ley del Clima debería ser uno de los sostenes de dicha aspiración al conseguir que Europa sea el primer continente en alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en 2040.

España puede ser uno de los países que lidere esta transformación. Una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética está a punto de ver la luz. Un paso histórico e indispensable que, en la medida en que cree mecanismos exigentes para cumplir con el Acuerdo de París, puede abrir una gran oportunidad para transformar y reconducir la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno.

Sin embargo, para conseguir los compromisos climáticos y la descarbonización del sistema es necesario que los objetivos de la transición se apliquen al modelo económico en su conjunto. Cualquier esfuerzo por frenar la crisis climática será en vano si no existe una coherencia entre las políticas climáticas y comerciales. Diferentes estudios apuntan que hasta el 26% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están  ligadas a la producción para mercados internacionales. Existen razones de peso para afirmar que España forma parte de acuerdos de comercio e inversión que nos alejan de la justicia climática y de políticas ambiciosas y contundentes: promueven la protección de los combustibles fósiles, la destrucción de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) podría minar cualquier intento por abandonar los combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo basado en energías renovables. Este acuerdo de protección de las inversiones energéticas se ratificó en 1994 en un contexto muy diferente al actual y actualmente está obsoleto. El TCE compromete la lucha climática al proteger las inversiones en fuentes de energía fósil que promueven el calentamiento global. Las  emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero (GEI) protegidas por el TCE podrían alcanzar más de un tercio del presupuesto global de carbono restante para el periodo 2018-2050.

Por su parte, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el bloque Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), aún en proceso de ratificación, es otro palo en la rueda para la consecución de las políticas climáticas.

Con la entrada en vigor del acuerdo los países del bloque Mercosur incrementarían sus exportaciones en el sector agrario hacia Europa, como por ejemplo la carne de vacuno, soja para alimentar ganado y caña de azúcar y etanol para la producción de agrocombustibles. Tres productos directamente vinculados a la deforestación de la Amazonia o de El Cerrado, ecosistemas claves en la regulación del ciclo del agua, el mantenimiento del clima a nivel mundial o la protección ante nuevos virus y pandemias.

De hecho, en 2020 la Amazonia brasileña batió nuevos récords de incendios. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) contabilizó 125.031 incendios forestales en el país desde enero hasta el 12 de septiembre de 2020, el registro más alto desde 2010. La comunidad científica ha alertado de que la deforestación ligada a la exportación de productos agrarios es sistémica en regiones como la Amazonia y El Cerrado de Brasil. Un reciente  artículo de la revista Science señala que el 20% de la soja y el 17% de la carne de vacuno que Europa importa de Brasil procede de la deforestación ilegal. La entrada en vigor del acuerdo comercial UE-Mercosur agravaría notablemente estas dinámicas. España es el segundo país importador de soja procedente de Brasil de la Unión Europea, que se destina principalmente a la fabricación de piensos para ganado.

De nada sirve que los Gobiernos se comprometan con la reducción de emisiones de GEI si estas se externalizan a terceros países a través de políticas comerciales. De hecho, algunos países europeos como Austria, Holanda o la región belga de Valonia han aprobado mociones parlamentarias contra la ratificación del acuerdo. Otros, como Irlanda, Alemania o Francia, que ha realizado un estudio de impacto ambiental independiente, han expresado de forma pública serias dudas con el documento.

En octubre de 2018, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió de que tan solo quedaban 11 años para evitar un aumento de la temperatura global superior a 1,5 ºC. La próxima década será decisiva. Cuanto más se retrasen las medidas para hacer frente al cambio climático, mayores serán los costes económicos, ecológicos y sociales. El Gobierno de España tiene la oportunidad y la potestad para plantear políticas ambiciosas que abandonen, rechacen y pongan en tela de juicio acuerdos como el UE-Mercosur o el Tratado de la Carta de la Energía. Es el momento. El tiempo se acaba y ahora tenemos un horizonte claro, pero no siempre nos quedará París.

Fuente: El País