Municipios vs. empresas, siete claves para el debate

El marco es conocido. Competencias reducidas, normativas desfavorables, presión mediática, gobiernos en minoría, burocracia infinita. Y como telón de fondo, un modelo económico global con unos impactos que en muchas ocasiones trascienden las posibilidades de la política municipal. Desde su irrupción hace tres años, hemos venido hablando en repetidas ocasiones de cómo los “ayuntamientos del cambio” tratan de jugar en un terreno que presenta numerosas dificultades. “Somos como un transatlántico al que le cuesta mucho cambiar de rumbo y que se mueve muy lentamente”, dice el director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona, David Llistar.

En este contexto, el debate no está tanto en los límites del asalto institucional, que parecen claros, como en las potencialidades del mismo. Digamos decir que, partiendo del acuerdo en que existe una arquitectura político-jurídico-económica que blinda los intereses de los grandes propietarios en detrimento de los derechos de las mayorías sociales, la discusión se centra sobre todo en ver qué posibilidades hay de aprovechar las grietas de esa armadura para impulsar políticas transformadoras. Y, cómo no, en las estrategias que han de emplearse para lograrlo.

Uno de los puntos centrales del debate es el de las relaciones, muchas veces contradictorias, de los “ayuntamientos del cambio” con las grandes empresas. Cuando quedan once meses para las próximas elecciones municipales, podemos echar la vista atrás y evaluar qué se ha conseguido a la hora de enfrentar el poder corporativo desde los municipios. Básicamente, para mirar hacia delante y analizar qué se va a poder conseguir en los próximos tiempos. Con ese objetivo, la semana pasada tuvo lugar en Madrid un encuentro de organizaciones sociales con representantes de los ayuntamientos de la capital y de ciudades como Barcelona, Zaragoza, Córdoba y Cádiz. De ahí se derivan, a modo de balance provisional, al menos siete ejes para la discusión sobre cómo construir modelos de ciudad alternativos al que promueven los grandes poderes económicos (ver aquí).

Urbanismo:

La planificación y organización urbana, en líneas generales, ha seguido el modelo de ciudad neoliberal. Con un diseño que responde a los intereses de las grandes compañías inmobiliarias y de las finanzas, así como a las del turismo y la construcción. Sin dejar de lado ciertos avances en políticas de movilidad y medio ambiente, el caso es que en buena medida puede decirse que ha continuado la dinámica de grandes operaciones urbanísticas al estilo pre-2008. En Madrid, después de la aprobación de la Operación Mahou-Calderón, la Quinta Torre de Villar Mir y sobre todo el proyecto Madrid Nuevo Norte (Operación Chamartín), este ha sido el campo de batalla fundamental para (no) cuestionar el modelo económico dominante. Y hasta ahora, sin obviar las tensiones internas que se han producido, podemos afirmar que han prevalecido los intereses de los grandes poderes inmobiliario-financieros (ver aquí).

Vivienda:

En 2017, en España se produjeron cada día casi cien desahucios por impago del alquiler y más de sesenta por impago del crédito hipotecario. “El principal problema que tenemos ahora es la vivienda”, reconoce el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño. Y es que a la emergencia social que supone el desalojo de sus casas de miles de familias afectadas por la subida de las hipotecas, se suma en los últimos años el crecimiento imparable de las viviendas de uso turístico (ver aquí). Así, los intentos de regulación se han centrado en promover moratorias para licencias hoteleras y residencias de uso turístico en las zonas céntricas de las ciudades. Barcelona y Madrid ya han ensayado medidas de este tipo, que tienen el reto de impedir el crecimiento de lo que ya es toda una burbuja especulativa. A la vez, se trata de impulsar un modelo de vivienda que enfrente las dinámicas especulativas de los grandes propietarios de inmuebles. En esta línea, municipios como Barcelona y Zaragoza están apoyando proyectos de vivienda cooperativa en derecho de uso.

Inversión extranjera:

El relato dominante en las cuatro últimas décadas parece claro: la mejora del “clima inversor” y de la “confianza empresarial” son esenciales para la atracción de inversiones extranjeras y la consiguiente creación de riqueza y empleo. Sin salirse de este marco, la única salida posible a la crisis es seguir cediendo más y más espacios en nuestras ciudades al capital transnacional. La puesta en marcha de Madrid Investment Attraction es el penúltimo ejemplo de cómo está lógica sigue operando, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid (ver aquí). A pesar de que la inversión extranjera directa se dirige principalmente al sector inmobiliario-financiero y que tenemos muy reciente el recuerdo de lo que ocurre cuando revientan las burbujas especulativas, se continúa promoviendo el discurso sobre las bondades de atraer este tipo de inversiones. Que además, en la inmensa mayoría de los casos, están vinculadas a fusiones empresariales y cambios de propiedad, no a la creación de nuevo tejido productivo.

Ciudad-marca:

La ciudad-marca se articula en torno a la idea de aprovechar sus ventajas competitivas en el mercado global. La política institucional adopta las estrategias de comunicación de las grandes corporaciones y prioriza las técnicas de marketing como vía de presentación. La estrategia de Marca Madrid, que está elaborando el ayuntamiento de la capital, inserta al municipio en esta lógica (ver aquí). Su objetivo se centra en reforzar la imagen internacional de la ciudad, básicamente en torno a los siguientes ejes: otorgar facilidades para los negocios, ser el epicentro de eventos y congresos, puntera en la industria cultural y convertirse en un hub financiero de referencia. Dicho de otro modo, una apuesta que pretende consolidar a Madrid como el gran centro económico-financiero del país y uno de los mayores de Europa, a la vez que se aprovecha su posición geográfica y las redes de infraestructuras para potenciar aún más el turismo internacional. El problema es que todo ello va de la mano del aumento de la desigualdad social y territorial, el incremento de la precariedad en estos sectores y el aumento de los flujos especulativos.

Contratación pública:

La incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública ha servido para demostrar que se pueden hacer avances en el control de las empresas transnacionales, incluso en el marco de la legislación vigente. Así se ha puesto de manifiesto con la victoria del Ayuntamiento de Madrid frente a las eléctricas, tras serles denegado a estas compañías el recurso que presentaron ante el requisito municipal de que tenían que comercializar energía 100% renovable en origen si querían optar al suministro de las instalaciones públicas. Otras ciudades como Zaragoza, Córdoba o Barcelona también han incorporado como criterios a tener en cuenta, además de la oferta económica, los de no discriminación, igualdad de género, estabilidad y seguridad laboral, accesibilidad y reducción de los impactos ambientales generados a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto o servicio. Y para extender estas cláusulas al ámbito de los derechos humanos fuera de las fronteras del Estado español, sería bueno también avanzar en criterios de extraterritorialidad. Es lo que ahora están debatiendo en Barcelona, con el fin último de descartar la contratación de empresas cuyas operaciones en otros países generen impactos negativos sobre los derechos humanos.

Remunicipalización:

Desmercantilizar los servicios públicos para que cumplan su función de redistribución de riqueza y prioricen la reducción de desigualdades. Esta ha sido una de las cuestiones principales que las organizaciones sociales han venido reclamando a los “ayuntamientos del cambio”. Aunque en muchos casos los municipios carecen de competencias, hay ciudades que sí han podido avanzar en esta línea. Ejemplo de ello son la remunicipalización de la funeraria en Madrid, del 30% del servicio de mantenimiento de parques y jardines en Córdoba, o de las empresas de agua en Valladolid y Terrassa. Pero, al mismo tiempo, se ha frenado esta tendencia en servicios importantes por barreras jurídicas como las impuestas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La subrogación de la plantilla y “la dificultad e incertidumbre de crear una empresa de estas dimensiones” han sido los argumentos empleados por el Ayuntamiento de Madrid para no remunicipalizar los contratos millonarios de la gestión de residuos, que siguen en manos de las grandes constructoras (ver aquí). En el caso de Barcelona, el ayuntamiento y las organizaciones sociales que defienden la remunicipalización afrontan una campaña de desprestigio por parte de Agbar; la multinacional perdería el servicio si finalmente tiene éxito la movilización que en los últimos años viene reclamando la gestión pública del agua en la ciudad.

Economía solidaria:

La economía social y solidaria ha demostrado ser una propuesta viable para situar las necesidades de las personas en el centro de las economías locales. Por sus principios y modos de funcionamiento, porque genera un empleo más estable y de calidad, así como por su mayor impacto socioeconómico en la comunidad y por ser más respetuosa con el medio ambiente. En este sentido, las administraciones municipales pueden tener un papel clave en el impulso de la economía social y solidaria. Entre las medidas que pueden ponerse en marcha para apoyar este sector están la compra pública, las políticas de formación, la cesión de locales o los incentivos a ciertas actividades. Algunos “ayuntamientos del cambio” han potenciado y abierto espacios a este modelo de economía, especialmente a través de la contratación pública. Para dar un salto de escala, eso sí, se necesitaría una apuesta más clara por parte de las administraciones municipales. Un compromiso que situara este modelo alternativo no solo como un elemento complementario de las demás políticas económicas, sino como uno de los ejes centrales de la economía de la ciudad.

Fuente: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OCMAL)