Mujeres sin tierra en Colombia: Contra el Gobierno, las guerrillas y las multinacionales

El desplazamiento forzoso de las tierras es el objeto de la protesta de Belinda Márquez y de la asociación de la que forma parte, Asomuproca, compuesta por 75 mujeres. Una lucha en la que no sólo se enfrentan a las FARC y al entramado de la guerrilla sino a la impunidad por parte del Gobierno.

"La impunidad es lo más preocupante. El Gobierno colombiano añade más obstáculos al procesamiento de los autores de las violaciones de derechos humanos", lamentaba el pasado martes Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante una rueda de prensa en Madrid. Para Beltrán, la restitución de las tierras debe ser uno de los principales puntos del proceso de paz. El 80% de la tierra está en manos del 14% de los propietarios.

El problema se endureció a mediados de los años 90. Belinda Márquez, al igual que muchas otras mujeres, recibió una tierra del Estado, al norte de Colombia, que pronto comenzó a recibir "visitas" por parte de las guerrillas y de los grupos paramilitares. Según recuerda durante su intervención en el acto organizado por AI y la Fundación Abogacía Española, en aquel momento se impuso la ley del silencio: "Teníamos que hacer lo que ellos nos decían. Compañeras fueron violentadas sexualmente. Salíamos y entrábamos… cuando denunciamos los engaños y las estafas, mataron a nuestra lideresa, Luisa", relata la reclamante. Al cabo de tres años, entre amenazas y homicidios, tuvieron que abandonar sus casas y sus tierras. El Estado todavía no ha reconocido el despojo.

Muchas mujeres se fueron a sus municipios, pero otras persistieron en la lucha por recuperar las tierras. Han pasado varios años desde que la Asociación de Mujeres Productoras del Campo empezara a reclamar los territorios y desde entonces han visto casa quemadas, asesinatos colectivos… Sobre todo, contra activistas.

Persecución contra activistas

"Estamos hablando del país que más sindicalistas mata", destaca Beltrán, que contabiliza hasta 25 defensores de derechos humanos asesinados en 2014. Esos son al menos los datos que muestra el último informe de la organización Global Witness, que sitúa además a Colombia como el segundo país en el que más líderes medioambientales son asesinados, solo después de Brasil.

Brigadas Internacionales por la Paz recoge algunos nombres: Orlando Valencia, asesinado en 2005 con un tiro en la nuca por uno de los grupos paramilitares de la zona; los hermanos Miguel y Ualberto Hoyos, que jugaron un papel esencial para regresar a 80 familias desplazadas, fueron brutalmente asesinados por otros grupos paramilitares. En marzo de 2012, fueron Manuel Ruiz y su hijo de 15 quienes fueron silenciados con la muerte por formar parte del proceso de restitución en las cuencas de los ríos Cubaradó.

La situación no se ha suavizado durante el proceso de paz: las amenazas de muerte contra los reclamantes han aumentado. Belinda Márquez indica que el último caso de coacciones se produjo hace poco más de un mes. El pasado miércoles –cuenta– asesinaron a otro reclamante. "La inseguridad está latente".

El panorama pudo haber cambiado a partir de 2010, gracias a una ley del Gobierno colombiano, sostiene el director de AI en España. Ese año el Ejecutivo predijo que antes de 2014 habría devuelto dos millones de hectáreas a sus legítimos propietarios, de los 8 millones sustraídos. No obstante, hasta ahora sólo han adjudicado unas 186.000. "Con ese ritmo –denuncia Beltrán– el compromiso tardará en cumplirse unos 30 años".

Claudia Erazo, abogada de la Corporación Jurídica Yira Castro y experta en Derechos Humanos, explica de forma pormenorizada el entramado burocrático necesario para que las mujeres puedan reclamar las tierras. El plan inicial era restituir al menos a 400 familias en función del nivel de afectación de cada zona de Colombia, explica. Es decir, se detectaron las zonas del país en las que este problema es más latente (hay más demandantes de tierras).

Los números que salen de la boca de Erazo bailan en el cerebro de quienes escuchan: "Se presentaron 72.000 solicitudes, de ellas sólo se están tramitando 26.000, faltan otras 48.000 que quedan en espera. Las solicitudes tiene que pasar por un trámite del que se encarga el Ministerio de Defensa, que hasta el momento sólo ha aprobado un total de 2.000". El resultado de la burocracia es una ley con un éxito que apenas roza el 1%.

La paz contra los derechos humanos

Erazo y Beltrán coinciden al explicar los escasos frutos de la aplicación de la ley: "No hay voluntad política para restituir las tierras". La razón tiene mucho que ver con el proceso de paz entre el Gobierno y las guerrillas. Según el director de AI España, se quiere alcanzar la paz sin tener en cuenta los derechos humanos. Es decir, la restitución de las tierras a sus legítimos propietarios es uno de los puntos en los que el Gobierno podría ceder. De acuerdo con esta interpretación, la devolución de los terrenos dejaría de ser una prioridad para el Ejecutivo de Santos en las negociaciones de paz.

"Los derechos humanos forman parte del discurso pero no del contenido", prosigue Beltrán. Este hecho se suma a los intentos del Gobierno por añadir más obstáculos al procesamiento penal de los autores de las violaciones de derechos humanos en el país. "Se pone la paz como un contrapeso a los derechos humanos", sentencia.

"¿Quiénes fueron los que se apropiaron de las tierras? –se pregunta Claudia Erazo– Quienes han obtenido favores políticos durante tantos años: opositores, grandes ganaderos, latifundistas…". Todo un entramado de personas que han obtenido beneficios de las tensiones entre las guerrillas y el Gobierno.

En paralelo, se encuentran las grandes multinacionales de la minería o de la producción agrícola con destino a Europa, que en numerosas ocasiones han comprado a las guerrillas los terrenos que éstas habían ocupado previamente. "El acuerdo de libre comercio que suscribió Colombia con Europa tiene mucho que ver con la restitución de las tierras", comenta la experta en Derechos Humanos. Según expone, el acuerdo funciona como una suerte de carta blanca: nadie se cuestiona de dónde ni cómo se obtiene la producción.

"Habría que exigir a los gobiernos europeos que conozcan si sus empresas explotan tierras de despojo y que se pregunten cuál va a ser la actitud de las empresas si se llegan a ver afectadas por las concesiones, las plantaciones, etc.", afirma.

Otra de las demandas de la asociación de Belinda es que el Gobierno garantice la seguridad de quienes documentan los casos de robo en la instituciones. "Llegamos 66 mujeres ese día para hacer la inscripción, pero allí nos encontramos con uno de los guardaespaldas del ocupador de nuestras tierras, nos tomaron fotografías", relata al tiempo que resalta el componente machista de este problema. "No nos devuelven las tierras porque somos mujeres y pobres".

La mayoría de las mujeres que forman la asociación son de edad avanzada y sufren enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, muchos de estos síntomas acelerados a raíz de la lucha por la recuperación de los territorios. "Tuvieron que volver a la clínica y cancelamos el proceso de inscripción". Al día siguiente le tocó el turno a las hijas de Luisa, la activista asesinada años atrás. "Si reclamáis puede que acabéis como vuestra mamá", les dijo alguien. Viven con miedo y sin garantías de que puedan, algún día, recuperar las tierras.

Fuente: El Diario. es