Mujeres defensoras contra el extractivismo

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, señaló que México registra más de 500 conflictos ambientales. Buena parte de ellos se debe a la proliferación de megaproyectos ligados a los sectores de minería, hidrocarburos, termoeléctricas, y otros que han generado desequilibrios locales y regionales (La Jornada, 17 de julio del 2019).

A pesar del discurso en pro del medio ambiente de los gobiernos, de acuerdo con el Anuario de Actividades Extractivas 2018 de Fundar, Centro de Análisis y Distribución A.C.: “los impactos sobre el ambiente y los derechos humanos de las comunidades y pueblos originarios situados alrededor de estos proyectos extractivos siempre han quedado al margen de las prioridades de los gobiernos”.

Quienes han sacado más la casta en esta lucha por su territorio en contra del llamado extractivismo son las mujeres de cada uno de los pueblos afectados; son ellas quienes participan en la toma de decisiones y en la defensa de sus tierras en condiciones de igualdad.

“Las mujeres jugamos un papel fundamental en la defensa de la tierra y el territorio, además nuestro trabajo en los hogares y en los movimientos es un sostén fundamental en las luchas”, dice parte del pronunciamiento que tuvo como resultado del Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo.

Este Encuentro Nacional se llevó a cabo del 31 de agosto al 3 de septiembre en Guadalajara, Jalisco. En éste, 69 mujeres de 16 estados del país, se reunieron para intercambiar experiencias y compartir la diversidad de estrategias que han construido contra proyectos extractivos de minería, gasoductos, oleoductos y fracking; presas, acueductos y termoeléctricas; carreteras y vías ferroviarias; pero también de proyectos vinculados a la agroindustria.

Desde Quintana Roo hasta Baja California Norte, las mujeres concuerdan que la participación igualitaria que buscan, comienza desde la repartición justa de responsabilidades. Hay quienes realizan trabajo doméstico, tienen un empleo para percibir ingresos y se encargan del cuidado de sus hijos; por ello, el defender su territorio, no debe ser una jornada extra, sino que se debe construir: “un piso parejo entre mujeres y hombres”.

Además, saben que sólo en condiciones de igualdad, las mujeres podrán llegar a ocupar parte de los cargos de toma de decisiones en sus comunidades. Tal como lo dice el artículo 37 de la Ley Agraria:

“Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará la integración de las mujeres”.

Lo que las mujeres defensoras del territorio tienen muy claro, es que su unión es lo que las hace más fuertes.
Después del Encuentro Nacional de Mujeres, las asistentes recalcaron su apoyo y solidaridad ante las diversas luchas que se llevan a cabo en todo el país, ya que saben que si hacen alianza, difícilmente, podrán quebrarlas.

“Ya no sólo nos sobamos el hombro, eso es para políticos. Aquí nos “hermandamos”, tu lucha es mi lucha. Te joden a ti, me joden a mí. El pueblo salva al pueblo”, dijo Margarita Juárez, defensora de Temacapulín, Jalisco contra la presa El Zapotillo y participante del Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo.

A continuación, presentamos tres de las diversas luchas que se están desarrollando en México por la defensa del territorio, y el papel fundamental que las mujeres llevan a cabo en ellas.

Los más de 20 años de lucha de Choréachi, son un ejemplo de la discriminación y el constante desconocimiento que sufren los pueblos indígenas en México. Esta comunidad rarámuri, está ubicada en la sierra Tarahumara, específicamente en el municipio de Guadalupe y Calvo al sur de Chihuahua. Durante mucho tiempo se ha enfrentado a la violencia mortal contra quienes defienden su existencia y reconocimiento legal.

La distancia de 15 horas entre Choréachi y la capital de Chihuahua siempre ha dejado al pueblo en aislamiento y constante contacto con el narcotráfico, pero el despojo de sus bienes naturales y territoriales comenzó en el año 2000, cuando el ejido Pino Gordo, reclamó como suyas las tierras en las que se encuentra hoy la comunidad rarámuri.

De acuerdo con el Informe: Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara 2016, fue en aquel entonces cuando 162 indígenas demandaron al ejido Pino Gordo ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 (TUA 5) de Chihuahua, alegando posesión ancestral. La sentencia fue favorable, sin embargo, fue impugnada por el ejido y quedó sin efecto.

Sin haberse solucionado el conflicto con Pino Gordo, en 2007, se ejecutaron resoluciones de ampliación del territorio a favor de la comunidad agraria Coloradas de los Chávez, sobreponiéndose esta última ante la superficie de Choréachi.

El conflicto se acentuó con la autorización de permisos de explotación forestal otorgados por la Semarnat a favor de Coloradas de los Chávez, sin una consulta previa e informada a la comunidad indígena.

Aunque el artículo 61 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dice: “Cuando una autorización pueda afectar el hábitat de alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad”, la Semarnat autorizó los permisos de explotación forestal en la Sierra Tarahumara, bajo el argumento de que la comunidad indígena es inexistente.

Pasaron 11 años, y hasta el 23 de octubre el 2018, el Tribunal Superior Agrario reconoció el derecho de territorio de Choréachi, al demostrar su preexistencia al ejido Pino Gordo y la comunidad agraria Coloradas de los Chávez. En total se reconocieron 32 mil 832 hectáreas.

La celebración duró poco, pues horas después fue asesinado el líder y defensor del municipio, Julián Carrillo, quien vivía en Coloradas de la Virgen, una comunidad aledaña a Choréachi.

Este acto de violencia contra defensores indígenas, no ha sido el único en Choréachi, pues en 2016 y 2017, también fueron asesinados Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros.

Ante este panorama, la participación de la mujeres en la defensa de Choréachi también es riesgosa. Catalina García Ruíz es una de las defensoras de la comunidad rarámuri, y en el Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo, compartío la situación de no reconocimiento que sufren las mujeres sobre sus tierras. Señaló que a pesar del reconocimiento del Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se amparó para seguir sin reconocer la existencia de comunidades indígenas como propietarias de sus tierras.

“En Chihuahua, una mujer no es dueña de su tierra, si se muere su esposo, ella tiene que regresar de donde viene, porque no puede ser dueña de su territorio”, explicó Catalina.

Así lo confirma el Anuario 2017, Las actividades extractivas en México, de Fundar: “En buena medida, las mujeres no son dueñas de la tierra que suelen defender cuando ésta se encuentra amenazada por proyectos extractivos”.

Hopelchén, Campeche

A lo largo de 30 años, los sectores de inmobiliaria, turístico, agroindustrial y energético, se han expandido más allá de las necesidades de la población de la península de Yucatán, afectando los ecosistemas, territorios e incluso la salud.

En el 2013 con la Reforma Energética, y en el 2016 con la subasta eléctrica, fue impulsada la producción de energía renovable en manos de la inversión extranjera, ocupando hectáreas de territorio maya.

Por otro lado, en el 2011 se creó el Proyecto Transversal Trópico Húmedo por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), con el objetivo de incrementar la superficie cultivable. Y a su vez se fomentaron los cultivos agroindustriales como la soya transgénica.

Para Angélica María defensora de la comunidad Hopelchén, el reto principal que enfrentan en la península es el extractivismo, en el que las siembras de soya transgénica o el Tren Maya en Calakmul, están acabando con todo lo que tienen.

“Duele que los proyectos están acabando con todo lo que tenemos. En el caso de la soya transgénica: la deforestación y el uso excesivo de agroquímicos, que con avionetas están fumigando nuestros niños”, reiteró Angélica María.

En la comunidad de Hopelchén su fuente de ingreso principal es la apicultura; sin embargo, el uso de agroquímicos ha llegado a afectar en su producción, desde el envenenamiento de abejas hasta el riesgo de contaminar con polen transgénico su miel.

“Los pueblos no queremos soya transgénica en nuestro municipio y las autoridades no nos están tomando en cuenta”, agregó.
Además, expuso las altas consecuencias de contaminación que dichos megaproyectos podrían tener en nuestra agua, provocando a su vez enfermedades; e insistió en la importancia de unirse a la lucha porque todos consumimos de la misma agua.

“Nosotras defendemos la tierra porque la tierra es nuestra madre, nos da de comer. […] Y es algo que nos llena de valor, de seguir luchando y decirle a más mujeres que debemos unirnos, alzar la voz y decir que aquí estamos, porque nosotras defendemos lo que es la vida y damos vida”, enfatizó.

Huexca, Morelos

Desde el 2011 con el ex presidente Felipe Calderón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsó la Central de Ciclo Combinado (CCC Centro), uno de los proyectos con más ambición en Morelos.

Parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) incluía la construcción de dos termoeléctricas en Huexca, la cual busca llevar energía al oriente de Morelos donde se encuentran diversas empresas trasnacionales.

En el 2012, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, prometió respeto a la voluntad del pueblo ante la pugna entre defensores del territorio que buscaban detener el territorio, sin embargo, tiempo después la Policía, bajo órdenes del dirigente, disolvieron un plantón.

Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca reactivar las obras por medio de una revisión a pesar de que en el 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya dado por concluido el PIM por ser violatorio de los derechos humanos de la gente.

Para Teresa Castellanos Ruiz, defensora de Huexca, ahora es el momento de que el presidente cumpla, “él dice que cumple con su palabra, que él no nos falla a los pueblos. Es momento de que cumpla cuando dice que está en contra de la minería, los gasoductos y todos aquellos”.

Fuente: Chicas Paralelo