Movimiento indígena en Ecuador, la resistencia al crucigrama del despojo
Amparado en un falso discurso progresista, de izquierda y de redistribución, el gobierno de Rafael Correa ha desmantelado la Constitución de la República del Ecuador –la primera en el mundo que hasta hace poco velaba por los derechos de la naturaleza– al servicio de lo privado, es decir, de unos cuantos intereses nacionales y extranjeros.
La nueva legislación, que data de 2008 y que surge en el marco de una supuesta consulta popular, permite el despojo de territorios ancestrales y campesinos, y atenta contra lo comunitario, “retardatorio del progreso”.
Un nuevo crucigrama se configura en el territorio con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo y con la mayor diversidad por kilómetro cuadrado en el planeta. Se trata, como lo han documentado Fernanda Vallejo y Ramón Vera Herrera, de un modelo “que facilitará una mayor y más violenta acumulación del capital, fundada en el despojo de territorios campesinos y pueblos originarios en aras de la extracción minera y petrolera, sin límites ni restricciones”.
El modelo es ya realidad con estragos. Tanto que Ecuador, de más de 16 millones de habitantes, estaría hipotecado al menos por los próximos 15 años. Y es que, según detallan, el gobierno de Correa ya entregó la mitad del país a empresas extranjeras mineras, petroleras, constructoras; contrajo la deuda externa más alta de la historia ecuatoriana; prevendió todas las reservas petroleras, particularmente a China; negoció en condiciones de dudosa ventaja las reservas en oro con la empresa Goldman Sachs; y firmó, a espaldas de la sociedad, un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
La reforma al Estado es amplia y lesiva. Aunque arrancó en 2008 con modificaciones a las normativas macro, a la fecha continúa. Pasa, entre otras, por nuevos códigos de ordenamiento territorial, de la producción, de las finanzas y de la minería.
El primero de éstos obliga a los gobiernos locales a establecer impuestos sobre predios campesinos y su producción y, lo peor, a fomentar la presencia de “industrias” extractivas como mecanismo de obtención de financiamiento para su gestión. Asimismo, otorga un poder discrecional a dichos gobiernos sobre la gestión comunitaria del agua de riego o de consumo humano.
El Código de la Producción vulnera, en tanto, el derecho de acceso al agua, al condicionar el uso del recurso vital a la producción de energía limpia o a la generación de divisas “redistributivas” en inversión social. Aunado a ello, establece parámetros de control y regulación de la producción y transformación que imposibilitan técnicamente la participación de la producción campesina.
Los sistemas financieros comunitarios, generalmente gestionados por mujeres, también son golpeados vía el nuevo Código Financiero que ha derogado más de la mitad de la Ley de Economía Popular y Solidaria aprobada con anterioridad, según refiere Fernanda Vallejo. El nuevo código desmonta el ejercicio de formas de economía mutua.
Para rematar, la legislación minera sustituye los estudios de impacto ambiental por documentos de compromiso de no contaminación ni afectación, y habilita a los organismos de control para encarcelar a personas o comunidades que se rehúsen a desalojar territorios declarados de concesión.
En su artículo “El desafío indígena en Ecuador. Estribaciones y escurrimientos de una movilización legítima”, publicado en Ojarasca, suplemento mensual de La Jornada, Fernanda Vallejo y Ramón Vera Herrera refieren el panorama arriba descrito.
En entrevista, Fernanda Vallejo, técnica de la Fundación Heifer, especialista en trabajo con organizaciones indígenas, comenta que lo que se vive hoy en Ecuador es algo muy nuevo pues, si bien, el neoliberalismo ya los había tocado, nunca antes habían enfrentado este nivel de bio-control, de brutalidad que se incrusta en las hendijas de lo comunitario tras la máscara del discurso progresista.
Tal como se demostró en agosto pasado, con el levantamiento indígena y el paro nacional, la resistencia al crucigrama del despojo está ahí. Con todo, la población indígena –que representan aproximadamente el 7 por ciento del total de habitantes de Ecuador– no cede al desmantelamiento de lo comunitario, a pesar de que esta política ya ha sido legalizada.
Los retos del movimiento indígena son muchos. Si bien la movilización de agosto pasado, que implicó “esfuerzos titánicos”, logró permear la propaganda oficial que oculta la realidad de los despojos y la criminalización de la disidencia, la resistencia hoy se sostiene “muy a pulso”, lo que debilita la posibilidad de una huelga nacional, tal como se había previsto, dice Fernanda Vallejo.
El principal reto, sostiene, es pasar del ámbito de la resistencia local al plano de lo nacional. Unificar las demandas dispersas y fortalecer la alianza que se ha tejido entre el movimiento obrero e indígena pero que a la fecha continúa siendo “unión de fragilidades y vulnerabilidades”.
Flor Goche / Desinformémonos
Fuente: Desinformémonos