Minería a gran escala y agua en Argentina

La mayor parte de las movilizaciones que se han generado para resistir a la instalación de la megaminería han acontecido en las provincias del oeste argentino que dependen de los ríos que nacen en la cordillera de los Andes, y se alimentan de los glaciares que allí se encuentran, donde el agua es percibida como un recurso sumamente escaso. Además, la mayor parte de estas provincias poseen clima árido o semiárido. La preocupación por el agua constituye así el disparador de estas movilizaciones sociales de rechazo a la megaminería, que con el devenir del conflicto complejizan las argumentaciones sobre la negativa a estos proyectos, integrando aspectos como la escasez de beneficios económicos para la localidad en la que se instala el proyecto, sus ventajas impositivas, la disputa por la licencia social y los reclamos por participar en la toma de decisiones sobre el desarrollo de los lugares de vida, entre otros.

Consultas populares contra megaproyectos

El primer caso de rechazo a la minería que cobró visibilidad por la magnitud del conflicto fue Esquel, localidad en a que se generó una consulta popular donde, en el año 2003, un 81% de la población votó por el No a la Mina, siendo el segundo caso de consulta en América Latina, luego de Tambogrande en Perú. Se impidió así la instalación de un proyecto minero metalífero de oro. Es importante destacar que la mayoría de los proyectos cuestionados son de cobre y/u oro, pero también hay conflictos por proyectos de exploración y explotación de otros minerales: litio, potasio, plata, etc.

En el caso del proyecto de Esquel, uno de los mayores riesgos percibidos fue la utilización de cianuro para separar el mineral de la roca. La contaminación de los recursos hídricos con esta sustancia encendió la alarma en la comunidad. “En un primer momento, la principal preocupación se centra en los riesgos del uso del cianuro y en el impacto en las fuentes de agua (un recurso escaso en la región)” [1].

Otros procesos de resistencia comunitaria

Unos años después, aconteció el primer caso del “efecto post-Esquel”: el conflicto en torno al proyecto Calcatreu, cercano a la localidad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro, de oro y plata. Este proyecto tenía una trascendente coincidencia con el que se planeaba en Esquel: utilizaría el método de separación de metales de la roca con cianuro, uno de los aspectos que más cuestionamientos había despertado entre los esquelenses. En ambos casos (Esquel e Ingeniero Jacobacci), el impacto que ha tenido esta conflictividad en la institucionalidad ambiental ha sido la sanción de leyes que limitan la actividad minera.

Por su parte, la provincia de Catamarca es la primera provincia argentina en la que se puso en funcionamiento la minería a gran escala, en 1997, con el proyecto La Alumbrera. “La ilustración del caso Minera Alumbrera es determinante: una sola empresa consume 100 millones de litros por día en una región árida y predominantemente agrícola, con un régimen de lluvias de entre 100 y 300 mm anuales. La extracción de agua de la minera ha dejado crecientemente a los pobladores de las localidades aledañas a la explotación (Santa María, Andalgalá y Belén) excluidos de su uso y privados de sus actividades económicas” [2].

Unos años después, en Catamarca, la Asamblea del Algarrobo surgió en la localidad de Andalgalá, y se opuso fervientemente a la instalación del proyecto Agua Rica, siendo brutalmente reprimida por intentar impedir el paso de maquinaria hacia la zona del proyecto.

El conocimiento público de esta represión, y un fallo judicial, frenaron temporalmente la instalación de Agua Rica. Hechos de represión sobre asambleas catamarqueñas se volvieron a vivir en Tinogasta, en febrero de 2012. En enero de 2015, estas asambleas denunciaron la puesta en funcionamiento del proyecto Bajo El Durazno. “Significará el tiro de gracia para el acuífero de Campo del Arenal (de donde se extrae el agua) y provocará una definitiva ruptura en el balance hídrico de la región”, alertó la Asamblea El Algarrobo” [3].

La provincias de Mendoza y La Rioja también comparten una característica que ha moldeado los conflictos socioambientales que en ambas provincias se generaron cuando intentaron instalarse proyectos de minería a gran escala: su población y sus actividades se localizan principalmente en oasis, que dependen del agua de ríos y arroyos alimentados por glaciares y nieves en la cordillera de los Andes, sumado a que la mayor parte de sus territorios provinciales tienen una precipitación menor a 250 mm.

La Rioja constituye uno de los casos más trascendentes de resistencia a la instalación de proyectos mineros, protagonizados, principalmente, por pobladores de las localidades de Famatina y Chilecito. Estos vecinos y vecinas crearon una barrera en el camino de acceso al campamento minero, una de las metodologías con las que, entre otras, consiguieron expulsar a cuatro empresas hasta el momento: Barrick Gold, Shandon Gold, Osisko Mining Corp. y Midash. “Fueron varios los elementos que influyeron en la configuración del problema y en la inmediata movilización de los pobladores: el vínculo identitario que los habitantes del Valle guardan con el sistema serrano, la valoración del agua como un bien escaso, que posibilita la vida en una región caracterizada por su escasa disponibilidad y la negativa percepción sobre la actividad minera desplegada durante siglos en la zona” [4].

La movilización riojana se sumó a una ola de fuertes expresiones sociales de rechazo a la minería metalífera en diferentes provincias, acontecida en el año 2007, en el que se sancionaron leyes restrictivas a la actividad minera en La Rioja, Mendoza, Tucumán y La Pampa [5].

Leyes en defensa del agua y de la vida

En el caso de Mendoza, su sociedad ha sido configurada históricamente en base al manejo tecnológico y político del agua. Con la consolidación del “modelo centenario” de la vitivinicultura, se regularon, a través de diques, la mayoría de los ríos provinciales, extendiendo el oasis y concentrando el 97% de la población en el 3% de la superficie [6]. En este contexto, la defensa del agua ha generado fuertes rechazos a la megaminería, con diversas multisectoriales, asambleas y autoconvocados articulados provincialmente en la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP), y cuyo accionar conjunto impulsó la sanción de una ley provincial, la 7722, que limita la actividad minera en Mendoza (prohibiendo el uso de sustancias tóxicas), y hace especial hincapié en la protección de los recursos hídricos.

Esta ley fue demandada de inconstitucionalidad por el sector minero. El Gobierno provincial respondió en defensa de su ley: “los mendocinos somos por historia poseedores de una cultura que ha sabido vencer las adversidades del clima. La aridez natural del mismo exigió a sus hombres y mujeres una especial actitud para mejorar las condiciones ambientales necesarias para el desenvolvimiento de sus actividades. Así, aprendimos a organizar y administrar el escaso recurso hídrico, hasta conformar los oasis irrigados en los que vivimos” [7].

En 2008, se sancionaron leyes en otras provincias que también prohibieron el uso de ciertas sustancias (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, etc.) en minería, y en algunos casos, su modalidad a cielo abierto. Esto aconteció en Córdoba y San Luis, y posteriormente en Tierra del Fuego.

En 2012, a casi diez años del plebiscito de Esquel, otra consulta ciudadana fue llevada adelante en la localidad de Loncopué, provincia de Neuquén, con la finalidad de que la población se posicionara sobre la instalación de un proyecto minero metalífero de cobre, en territorio de la comunidad mapuche Mellao Morales. El rechazo social se materializó en la conformación de la Asamblea de Vecinos autoconvocados de Loncopué, y la Asamblea de Vecinos autoconvocados de Campana Mahuida, quienes junto a organizaciones mapuche y campesinas llevaron adelante las movilizaciones que impulsaron la realización del referéndum, en junio de 2012, que dio como resultado un 84% de rechazo a la actividad minera. Comenta un miembro de la comunidad mapuche: “La educación que me dio mi padre en relación a la naturaleza es de respeto hacia nuestra tierra. Mi madre siempre me decía que el aire, el agua, el sol, el río, son seres vivos. (…). El agua que consumimos acá es sacada de una vertiente. Si explotan la mina, nos van a exterminar, a borrar de esta tierra. Después de tantos años de vivir acá, no se nos respetan nuestros derechos. No nos hacen falta papeles; mi propia madre está viva y vive acá desde siempre” [8].

Reflexiones finales

Ante la argumentación de ciertos gobiernos provinciales de que, ante un territorio árido o semiárido, los proyectos mineros se presentan como la única alternativa posible, diferentes comunidades se han movilizado para rechazar la megaminería. La mayor parte de los conflictos generados por la posible instalación de proyectos mineros se han dado en aquellas provincias donde el agua es un recurso escaso, y en las que la megaminería fue percibida como una actividad competidora por el recurso, e incluso potencialmente contaminante, transformándose en eje central de la conflictividad socioambiental desplegada en diversos territorios de Argentina. Por su parte, las asambleas socioambientales, acompañadas de sectores científicotécnicos, y en algunos casos, de funcionarios y diversos organismos que se han sumado a generar conocimiento sobre la actividad minera y sus potenciales impactos, han tenido un rol preventivo, abogando por la defensa del agua y sus modos de vida.

Por Lucrecia Wagner - Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Su tema de investigación son los conflictos socioambientales en Argentina, especialmente los conflictos por minería a gran escala en Mendoza y Neuquén.

Artículo publicado en el nº 68 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2016.

Notas

[1] Walter, Mariana, (2008): “Nuevos conflictos ambientales mineros en Argentina. El caso Esquel (2002-2003)” enRevista Iberoamericana de Economía Ecológica.

[2] Machado, Horacio (2011): “El auge de la minería transnacional en América Latina: de la ecología política del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo”, en La naturaleza colonizada: ecología política y minería en América Latina.

[3] Aranda, Darío (2015): “Un nuevo bloqueo antiminero”. Disponible aquí.

[4] Sola Álvarez, Marian (2013): “La disputa por la licencia social de los proyectos mineros en La Rioja, Argentina” enLetras Verdes, Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, número 14.

[5] En el mismo año en que se sancionaron las leyes en La Rioja, 2007, también se sancionó la Ley N° 7.722 en Mendoza, la Nº 7.879 en Tucumán y la N° 2.349 en La Pampa.

[6] Martín, Facundo; y Wagner, Lucrecia (2013): “Agua o minería. Determinaciones y movilizaciones en la construcción pública del conflicto ambiental en Mendoza” en Cartografías del Conflicto Ambiental en Argentina. CLACSO-CICCUS.

[7] Asesoría de Gobierno (2007): Contesta acción de inconstitucionalidad en contra la ley Provincial N° 7.722, Gobierno de la Provincia de Mendoza.

[8] Pañuelos en Rebeldía (2010): “Loncopué y Campana Mahuida le dicen NO a la megaminería. Entrevistas a integrantes de AVAL, AVACAM y Comunidad Mapuche Mellao Morales”. Disponible aquí