Minería ilegal en la Amazonía: “la gobernanza criminal se está expandiendo y está siendo cada vez más violenta”

Holandés de nacimiento pero radicado en Latinoamérica desde hace dos décadas, Raphael Hoetmer ha recorrido los ríos amazónicos junto a defensores indígenas y campesinos para colaborar en sus luchas por el territorio y la conservación, pero cada vez que regresa a la Amazonía en Perú, Colombia o Ecuador las dragas copan sus pensamientos. ¿Cómo puede estar sucediendo? A Hoetmer le parece una locura. Siente impotencia, reconoce, pero es la realidad.

Cada vez que regresa a los mismos sitios, a los mismos ríos, las dragas se han multiplicado. Viaje tras viaje, como cuando ingresa a la Reserva Natural Tambopata, en Perú, y ve las dragas extrayendo oro del río en plena Amazonía, a la vista de todos, en el límite de la reserva o incluso dentro de ella. Es ilegal, está a la vista de las autoridades y fuerzas de seguridad pero se expande como una mancha venenosa. Detrás, hay mucho más que grupos armados ilegales, afirma. Hay un mercado global de oro, hay Estados, hay una clase política y hay mineras constituidas como empresas legales.

Hoetmer es el director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch, una organización internacional que busca proteger la selva y sus habitantes. Es investigador y educador, especializado en ecología política, derechos indígenas y metodologías participativas e interculturales. Vive en Perú pero su trabajo también abarca las problemáticas de la Amazonía de Ecuador y Colombia.

-¿Cuál es el cuadro de situación de la minería ilegal en la Amazonía occidental?

-Tanto las visitas a los territorios como los estudios indican un momento extremadamente crítico. Hay una suerte de explosión de la minería ilegal, debido, por un lado, a los altos precios del oro. En los últimos años, el nivel de empobrecimiento y de devastación de los territorios, el hecho de que los grupos criminales tienen estrategias mucho más estructuradas que hace diez años y la llegada de la pandemia, todos esos factores combinados han llevado en los últimos cinco años a una expansión dramática en muchas zonas donde antes no había minería ilegal. Entonces, obviamente tenemos zonas históricas de explotación de la minería, de la explotación del oro, como en Madre de Dios, Perú. En el caso de Perú, esto está ya apareciendo a lo largo de toda la Amazonía y creo que cosas similares están pasando en otros países. Uno ve, no solamente una expansión de la actividad, sino también una profundización del control político y territorial. Y uno ve también, diría yo, una penetración cada vez más fuerte del tejido social local, inclusive de las comunidades indígenas. Es un escenario devastador. Las economías criminales, y particularmente la minería ilegal, están penetrando territorios que hasta la fecha habían mantenido cierta capacidad de conservarse frente al extractivismo de la gran minería y el petróleo. Amplifica el extractivismo hasta las partes más biodiversas y de mayor organización y autodeterminación indígena de la Amazonía, como sucede en los territorios Wampis y Awajún, en Perú, o de los Shuar y en el Napo, en Ecuador.

-Recién mencionaba el aumento estrepitoso del precio del oro en el mercado internacional, ¿el impacto de este fenómeno ha sido grave en la Amazonía y sus habitantes?

-Sin lugar a dudas. Eso, por un lado, ha generado que la actividad del oro se haya vuelto mucho más interesante de lo que ya era para los grupos del crimen organizado, como actividad de lavado, por ejemplo, pero también como oportunidad de inversión en Perú. Los informes estiman que la minería ilegal es una actividad más rentable que el narcotráfico actualmente. Entonces uno ve una convergencia de distintos tipos de actividades económicas, los excedentes que genera el oro y a la vez el oro como medida o medio de lavado. Eso hace que el oro se haya vuelto una actividad muy central en las redes y en los procesos del crimen organizado.

-¿Cómo se conecta el lavado de dinero con la minería ilegal y los grupos criminales?

-El asunto es que muchos de los ingresos del narcotráfico actualmente pueden ser lavados a través de la inversión de estos grupos en minería o en la comercialización del oro.

-¿La minería ilegal en la Amazonía es únicamente realizada por grupos del crimen organizado? ¿Quiénes son los diferentes grupos que practican esta actividad ilegal?

-Hay un riesgo de hablar de esto como un fenómeno aislado, cuando en realidad hay una heterogeneidad entre países y dentro de cada país. La minería del oro se sostiene en redes complejas y hay mineros que pueden ser comuneros que han bajado desde los Andes por temporadas para hacer la actividad, como lo han hecho desde hace mucho tiempo. Hay operadores mineros más asentados en el territorio, que es un siguiente nivel. Luego hay un nivel que tiene que ver obviamente con los insumos, con la comercialización. Pero lo que sí creo que vemos es que de alguna manera es el control o la conexión de las actividades de minería en el territorio con los grupos de violencia organizados, el crimen organizado es cada vez más fuerte con respecto a diez años atrás, cuando había mucha más actividad de estos grupos de mineros.

-¿Cómo fue ese proceso?

-Son procesos violentos. En el Parque Natural de Podocarpus, en Ecuador, hubo enfrentamientos entre grupos de mineros que se resisten a estar bajo control de Los Lobos. No son procesos automáticos. En el sur de Perú es muy distinto la realidad con respecto a la frontera norte, con los Awajún o los Wampis, pero en general vemos una tendencia: hay más armas, hay más violencia, hay más control y más involucramiento de los grupos del crimen organizado, como los Comandos de Frontera, el PSC, el Comité Vermelho, Los Lobos u otros grupos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el caso de de Venezuela. Esto también hace que las dinámicas más comunitarias de explotación minera estén cada vez más condicionadas, controladas y tomadas por estos actores.

-¿Cómo es su trabajo en estos territorios?

-Nuestra forma de trabajo combina procesos de incidencia internacional y de campaña internacional y de investigación con apoyo solidario a los grupos en el terreno, eso hace que nosotros no tengamos un trabajo territorial todo el tiempo, como lo pueden tener algunas ONG nacionales o locales. Por eso, nosotros no corremos riesgos demasiado grandes, pero la gente con quienes trabajamos nos piden cada vez más apoyos por temas de seguridad y protección. Vemos que hay cada vez más dirigentes que no pueden quedarse en el territorio y que, por lo tanto, necesitan apoyos en este sentido. La preocupación principal está en el nivel de violencia, de amenaza, de condicionamiento. Vemos que las organizaciones indígenas son absolutamente fundamentales para contener la expansión de la minería ilegal. Pero a la vez esta labor es cada vez más peligrosa. Sigue siendo una labor insuficientemente apoyada desde las instituciones estatales. Y tenemos dirigentes asesinados en distintas partes de la Amazonía. Tenemos un fenómeno creciente de desplazamiento forzado de dirigentes específicos que son críticos de la minería ilegal o del narcotráfico

-¿Considera que actualmente la minería ilegal es una de las principales amenazas de la Amazonía actualmente?

-Sí, pero tengo dos matices. Nosotros ya no analizamos tanto la minería ilegal y el narcotráfico y otras actividades ilícitas como cosas separadas. No analizamos por sector cuál es más peligroso. Pensamos que lo que se está constituyendo es una gobernanza criminal que tiene distintos tipos de actividades económicas, economías cada vez más diversificadas y mucha influencia política, muchos brazos legales formales también. Entonces, lo que nos parece peligroso es que la gobernanza criminal se está expandiendo y que está siendo cada vez más violenta. Entonces, yo no diría tanto que la minería ilegal es la amenaza principal. La amenaza principal me parece que es que las economías criminales están constituyendo un tipo de gobernanza con mucha complicidad del Estado, en unos países más que en otros. Y esto es la amenaza principal sobre la Amazonía, sobre los territorios indígenas y, a fin de cuentas, también sobre el clima. El segundo matiz es que hay un riesgo en plantear que la minería ilegal es la amenaza principal para promover la minería formal como respuesta. Vemos también un discurso que plantea que necesitamos combatir la minería ilegal pero a la vez promoviendo la minería legal, particularmente en el contexto de la transición energética y los minerales de transición, los minerales críticos, y pensamos que es una falacia porque en realidad en ejemplos de minería formal en la Amazonía son muy dañinos también, quizás no tan brutalmente como la minería ilegal, pero igualmente con contaminación y violencia. Pensamos que no debería haber minería en la Amazonía, que la Amazonía debería ser una zona de exclusión para la minería.

-¿Cómo opera la minería legal en la Amazonía?

-Vemos que en distintas partes de los Andes y de la Amazonía la minería formal y la minería ilegal conviven o confluyen. De hecho, el oro sale del país en general a través de los mismos canales, sea oro legal o ilegal. En general, mi opinión es que hacer minería de oro es medio innecesario en el mundo actual y en la Amazonía, totalmente injustificado por su grave impacto.

-Hablaba de un brazo político y de un brazo legal bien establecido de los grupos criminales, habló de complicidad estatal. Hasta donde pueda decirnos por razones de seguridad, ¿cómo funcionan estos tres brazos?

-Lo que se llama minería ilegal en realidad cuenta con complicidad, colaboración y apoyo desde la institucionalidad estatal y desde los mercados globales.
Es verdad que las realidades son distintas en los distintos países. En Brasil y Colombia, los gobiernos actuales tienen posiciones más críticas frente a la minería ilegal, que se traducen en iniciativas más coherentes. Particularmente en Brasil se puede ver resultados, en comparación con el gobierno de Jair Bolsonaro, aunque siguen siendo insuficientes. En el caso de Venezuela, mi impresión es que la minería ilegal de oro se ha vuelto un ingreso principal para las élites políticas del país, más aún en medio de la crisis del sector de petróleo, que hace que la minería ilegal sea promovida desde redes muy complejas de actores estatales, militares, grupos armados y otros.

En el caso de Bolivia, el cooperativismo minero que estructura la expansión minera en el país también tiene relaciones cercanas con el Gobierno. Y en el caso de Perú lo que vemos más bien es que los mineros tienen representación en distintas fuerzas políticas, desde el nivel local hasta el nacional. Es muy probable que en la siguiente elección regional el poder político de las economías criminales se vaya a amplificar significativamente.

Vemos que mediante gobiernos locales, regionales se practican esquemas de corrupción que llevan a la entrega de títulos de propiedad sobre tierras que en realidad son territorios indígenas, o a la falta de acción frente a determinados delitos ambientales. También vemos la falta de equipamiento con presupuestos, recursos, capacidades y apoyo político a las agencias encargadas de la conservación, protección de defensores o regulación ambiental. En el fondo reflejan la decisión de no combatir estas actividades de forma seria.

Podemos decir, que la minería ilegal en realidad es apoyada por acciones y omisiones desde la institucionalidad política, y a la vez, promovida y respaldada desde los mecanismos del mercado global. Es por esto que cuando los pueblos actúan frente a este tipo de actividad es muy difícil que encuentren respaldo y colaboración de parte de las fuerzas estatales. En Perú podemos ver cómo el mecanismo de protección de defensores está casi paralizado desde fines del año pasado. En Ecuador, ni siquiera existe.

Con las últimas decisiones sobre la cooperación desde los Estados Unidos, y otros recortes probables en la Unión Europea y el Reino Unido, los apoyos a las organizaciones indígenas, ambientalistas y otros van a ser aún más reducidos en este momento tan crítico. Están dejando solos a los pueblos y comunidades que están dando esta batalla.

-Algunos de los países que menciona han optado por una solución policial o militarista para intervenir en los territorios amazónicos donde operan los grupos criminales que practican la minería. ¿Cree que esa es la solución?

-No, no es el camino. Cuando se analiza históricamente las veces que esto ha sucedido, como en Madre de Dios, uno se da cuenta que llevó al desplazamiento hacía otros territorios. Creo que sí hay un elemento que tiene que ver con protección y seguridad. Sin embargo, si eso no está enraizado en una propuesta de gobernanza y también de economía territorial indígena y campesina, que permita alternativas reales, que permita la protección a quienes, a fin de cuentas, son los únicos que realmente pueden cuidar y proteger el territorio, ninguna fuerza policial va a funcionar. Además, hay también problemas de corrupción. Un caso famoso fue cuando la Guardia Indígena Wampis detuvo a una serie de personas dedicadas a la minería ilegal en su territorio y cuatro de ellos resultaron ser policías. Creo que las soluciones que piensan que la fuerza y el orden son el único camino para responder son una ilusión. La respuesta tiene que ser integral, tiene que ser territorial, tiene que poner en el centro la gobernanza y la economía. Lo que sí es verdad es que necesitamos mejor cooperación entre las policías de los distintos países para coordinar sus esfuerzos con los pueblos en los territorios, que los pueblos sean consultados sobre lo que sucede y también que los defensores sean protegidos cuando están bajo amenaza.

-¿Cree que la única forma de superar este fenómeno es con un esfuerzo conjunto a nivel político entre las máximas autoridades estatales de todos los países de la Amazonía?

– Eso debería existir. Ahora es muy difícil que vaya a funcionar de forma efectiva porque los países tienen distintas orientaciones políticas. Hay gobiernos con posiciones muy favorables a estos tipos de actividades. El hecho de que el OTCA [Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que nuclea a ocho países amazónicos] tenga una nueva autoridad, quien comprende la problemática, es positivo porque obviamente podría generar más espacios de coordinación, de análisis compartido. Sin embargo, su mandato no es suficientemente fuerte para impulsar esas cosas de forma robusta si los gobiernos se niegan a ello. La base debería ser la coordinación con quienes saben lo que está pasando y están teniendo esfuerzos globales de conservación y de protección de su territorio, sean pueblos indígenas o comunidades campesinas. Creo que la sociedad civil local, los periodistas son otro elemento clave. Y las autoridades locales que sí están tomando actitudes críticas. Pero sin mayor cooperación transfronteriza, vamos a seguir viendo que hay una operación del lado colombiano en la frontera y las dragas desaparecen y pasan al lado peruano para luego regresar el mes siguiente del lado colombiano. Obviamente esto es producto de la gobernanza criminal que existe en la Amazonía. Es totalmente transfronterizo. Las organizaciones son súper hábiles de moverse a distintos lados de la frontera.

-Además de las amenazas, los desplazamientos, ¿hay otras formas en la que este fenómeno está alterando la vida de las poblaciones locales?

-Hay muchas formas. Por un lado hay impactos en el ambiente y en la salud. El mercurio tiene consecuencias tremendas sobre la salud de los ríos. El mercurio entra en los peces, los peces son comidos por la gente. Hay muchos estudios en los distintos países sobre esto. Cada vez más territorios amazónicos están siendo devastados, ya no dan una vida digna, sostenible a sus habitantes, como lo hicieron antes, porque las presiones de las actividades, también de la petrolera, por ejemplo, de las ciudades y particularmente de la minería ilegal, están llevando a esto. Entonces los territorios están empobreciéndose, con lo cual la gente está empobreciéndose, con lo cual la minería ilegal y el narcotráfico también se vuelven más atractivos. Entonces vemos empobrecimiento, vemos daños a la salud, vemos afectaciones sobre la biodiversidad. Hay fenómenos de reclutamiento de menores, hay indicios de trata de personas, violencia sexual contra las mujeres. En realidad, uno podría ver una alteración de la vida completa en estos espacios. Y creo que tenemos que ser honestos sobre esto también: ante la falta de otras oportunidades económicas, en muchos casos vemos participación de las propias comunidades en estas actividades, porque no queda otra. Eso genera muchas divisiones, conflictos, tensiones dentro de los propios pueblos.

-¿Los niños y las mujeres están siendo especialmente afectados por el fenómeno?

-Sí, yo creo que hay impactos diferenciados. Los asesinatos suelen ser más de hombres que de mujeres. Hay casos de defensoras asesinadas, pero son minoritarias. Pero las mujeres viven otros tipos de impactos. Por ejemplo, puede suceder que los hombres salgan del territorio por seguridad y quedan las mujeres para tener que enfrentarse a esto. La trata de personas afecta más a las mujeres. La violencia sexual, también. Pero también la contaminación, por ejemplo. Son ellas las que responden a los impactos en la salud, son ellas las que tienen que encontrar nuevas fuentes de agua para traer a la comunidad. Entonces, yo diría que las mujeres muchas veces son quienes tienen una voz muy fuerte frente a estos fenómenos porque son ellas quienes ven con más claridad los impactos integrales en la vida. También es verdad que los beneficios económicos que estas actividades generan a menudo quedan mucho más en manos de hombres, y también hay fenómenos como por ejemplo, la expansión o el crecimiento del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en el pueblo Awajún. Todas estas cosas vienen con esta actividad, la minería. Hombres que van a trabajar, ganan dinero que gastan, por lo menos parcialmente en el alcohol, en servicios sexuales. Y lo que regresa a las mujeres y a la comunidad son solo los impactos.

Fuente: Mongabay