México: una presa amenaza la vida de los guarijíos en Sonora

Por Adazahira Chávez

México. El pueblo guarijío está en riesgo de sufrir un desplazamiento por la violencia interna, desatada a raíz de la intervención del gobierno sonorense, que busca arrancar el consentimiento necesario para edificar la presa Bicentenario Los Pilares. El caso se repite “en todas las esquinas de este país”, afirma Ramón Martínez Haro, asesor de los indígenas.

La presa, denuncia el académico –uno de los que se vio obligados, en agosto del años 2013, a abandonar la zona por amenazas- alimentará a las mineras, que ya tienen concesiones en la zona. Autoridades tradicionales y asesores interpusieron recursos judiciales para detener la obra, que no fue consultada con los afectados.

Los gobernadores tradicionales del ejido Burapaco, Fidencio Leyva, y de la colonia Makurawe, José Romero, están “haciendo su trabajo, tejiendo alianzas” e interponiendo los recursos jurídicos, informa el asesor. El gobierno de Sonora pretende construir la obra sobre el río Mayo, para lo cual ya realizaron las obras auxiliares y, en julio del año 2013, arrancaron las firmas de autorización a las autoridades tradicionales.

La situación jurídica y administrativa de la presa “está podrida”, define Martínez Haro, también académico. Entre 2012 y 2013, el Congreso de la Unión le asignó a la obra cerca de 300 millones de pesos, señala. “Este monto no permite que se haga el proyecto integral ni los proyectos de gestión colaterales, que deberían garantizar los derechos de la gente”.

“Ni las comunidades, ni el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información), ni la opinión pública, ni nosotros conocemos el proyecto formal de la presa, y mucho menos la utilidad pública esgrimida”, resalta Martínez. Al principio, las autoridades manifestaron que se trataría de una hidroeléctrica; luego, que fortalecería al Distrito de Riego 38; cuando los asesores y los guarijíos expusieron las contradicciones que encontraron, se justificó su utilidad diciendo que será para protección civil, pues contendrá las avenidas de agua.

En entrevista anterior, el asesor afirmó que “Hay presupuesto y licitación, pero no hay presentación del planteamiento a los pueblos poseedores de la tierra ni se ha hecho caber la consulta”. Martínez Haro señala que, públicamente, nadie sabe para qué es la presa, por lo que tampoco pueden confiar en que el gobierno estatal respetará las primeras ofertas que hizo para bajar el tamaño de las cortinas, en un fracasado diálogo que mantuvieron a lo largo de 2012 y parte de 2013, cuando el gobierno estatal optó por la violencia.

“Además de que no sabemos por qué ya liberaron los recursos, no están siguiendo las reglas”, aclara el etnólogo. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) condicionó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) –que fue impugnado por los guarijíos por sus inconsistencias y por estar copiada de una de Veracruz- a que se realizara una consulta a los pueblos, pero luego “simplemente se lavó las manos”, denuncia el etnólogo. La consulta nunca ocurrió, pero sí se obligó a los gobernadores tradicionales a firmar una autorización a espaldas de sus asambleas, y los asesores fueron amenazados para que salieran del territorio.

Ya hay un recurso judicial en los tribunales para detener la presa Pilares. Los yaquis –quienes también batallan contra una mega obra hídrica, el Acueducto Independencia- ganaron todos los recursos legales que interpusieron para detener la obra, pero el gobierno sonorense siguió con su construcción e inició el trasvase ilegal de agua del río Yaqui.

El gobernador Guillermo Padrés Elías colocó la primera piedra de la presa el 30 de septiembre de 2013. Las obras “todavía no se desencadenan como tales, pero la infraestructura colateral a la cortina de la presa ya está, como las carreteras de servidumbre”, señala Martínez. En el acto público, relata el asesor, no estuvo presente ninguna institución federal, “ni siquiera su comparsa en el estado, la CDI (Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas)”, que ya recibió un apercibimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su omisión para proteger a los indígenas.

El caso, informa el asesor, ya es materia de trabajo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Los intereses, cada vez más claros

Martínez alerta de que Hilario Valenzuela –diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México y presidente de la fundación “México Sustentable”, la misma que realizó el MIA impugnado por los guarijíos- “regresó al caso, haciendo proselitismo y presumiendo que el proyecto ya no está en manos del gobierno estatal”.

Los asesores están desconfiados, pues no saben para quién trabaja el legislador federal quien, acusan, “dio una vuelta de tuerca antes que el gobierno estatal, quiso manosear el derecho de la tierra de la gente, les quiso cambiar la tierra por espejitos, y ya volvió a la escena”. Infieren que es Manlio Fabio Bletrones quien está detrás de esta intervención.

Pero más allá de los grupos políticos, hay un interés mayor detrás de la presa Pilares. “Tenemos fuentes directas de empresarios que fueron invitados a invertir en la obra, y lo que descubrimos es que los guarijíos viven en montañas que tienen mucha plata, y la presa será servidumbre para las mineras”. De hecho, afirma Martínez, hay multitud de concesiones en la zona que no han sido publicadas aún. “La trama final es que la presa no tendrá ninguna utilidad pública, sino que servirá a las mineras”.

La diferencia de que sea una presa para las mineras es que traerá una contaminación “exponencial” del río y de los mantos freáticos, de la cuenca y de los pueblos que viven en ella, precisa el académico. “La extracción del mineral precioso a través de la minería a cielo abierto atenta no sólo contra los guarijíos, sino contra toda la cuenca del río Mayo y todos los pueblos, incluso los del Distrito de Riego”. Esto acabaría con todos los sistemas productivos río abajo, informa.

Los impactos ambientales de la construcción de la presa afectarán a la cultura de los guarijíos porque perderán buena parte de los recursos naturales en los que sustentan su vida y su cultura, además de sus lugares sagrados y panteones, dos sitios arqueológicos y dos de los asentamientos principales de la tribu “que simbolizan el éxito de su lucha por la tierra”, exponen los asesores de la tribu en su página web.

El embalse obstaculizará también el traslado de los guarijíos por caminos de terracería y brechas al interior de su región, por lo que perderán opciones para el pastoreo, la siembra, la caza y la recolección

La división en los pueblos

Los cinco pueblos con gobierno tradicional guarijío (aunque no todos tienen derechos agrarios) son el ejido Burapaco, la colonia Makurawe –en San Bernardo-, el ejido Guajaraí, Los Conejos y Los Jacales –en San Bernardo también. Los dos primeros serán los desplazados por la inundación de la presa, y el ejido Burapaco es el corazón de los guarijíos, afirma Ramón Martínez.

“El año pasado logramos instalar un diálogo político con estándares internacionales y creímos que era un avance, pues conseguimos sentar juntos a los tres niveles de gobierno, a la sociedad civil y a la tribu guarijía” en un proceso rumbo a la consulta previa, libre e informada, relata Martínez. Aunque hubo acuerdos, el gobierno del estado no los cumplió y las instituciones federales abandonaron el diálogo en el cambio de administración.

“Actualmente los gobiernos estatal y municipal actúan de manera ilegal y violentan a las comunidades para arrancar una falsa legalidad” que permite que se haga la obra.

Los gobernadores fueron sacados de sus pueblos en julio de 2013 para obligarlos a firmar su acuerdo con la presa. La asamblea de Burapaco desconoció al gobernador que firmó a sus espaldas y nombró a Fidencio Leyva.

La situación más delicada se presenta en la colonia Makurawe, parte del ejido mestizo de San Bernardo, en la que el gobernador José Romero se negó a la firma y fue denostado en una asamblea llena de externos al pueblo. El resultado es que “la intervención estatal los fraccionó y no sabemos si la situación es reversible”, señala el asesor, pues los integrantes del grupo oficialista “actúan como paramilitares” y es inminente el riesgo de un desplazamiento ya no por la presa, sino por el conflicto interno. El asesor señala que Pedro Meza –encargado de Asuntos Indígenas del municipio de Álamos, y quien goza de influencia en una fracción de habitantes de Makurawe- intervino para dividir la asamblea y amenazar al grupo en resistencia, “que está prácticamente secuestrado dentro de su propia colonia”.

A las autoridades tradicionales de Los Conejos y Guajaraí, lugares que no se verán directamente afectados, el gobierno les da dinero y camionetas para convencerlos, acusa el asesor. Y la autoridad de Los Jacales, afirma, “está vendida desde el principio”.

Ante el complejo escenario, lo que los guarijíos en resistencia y sus asesores decidieron hacer es escalar las acciones jurídicas. “Los diálogos políticos locales no sirven. Se necesita que sea a alto nivel, sobre los megaproyectos, y eso tardará más. Por lo pronto, vamos por lo judicial hasta que tope”, señala Martínez.

Martínez reconoce que en el caso de Sonora, el gobierno estatal no ha acatado las resoluciones judiciales, ni siquiera las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Estamos a punto de dejar de tener Estado”, señala. “Eso nos rebasa a los guarijíos y a sus asesores. Es un asunto de interés nacional y debemos tejer acciones conjuntas”.

Fuente: Desinformemonos.org