México: leyes para acabar con la agricultura independiente

Entre los sectores más afectados están las comunidades rurales, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas. Es en los pueblos rurales del mundo entero que se centra una parte muy fuerte de esta ofensiva.

Es una ofensiva coordinada de manera bastante eficiente, principalmente por grandes empresas transnacionales y grandes corporaciones, con la complicidad de los gobiernos del mundo, más el apoyo activo, fuerte y agresivo de una gran cantidad de organismos internacionales como los que ya conocemos todos: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO) y buena parte del aparato de Naciones Unidas, así como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para poder entender estas leyes hay que mirarlas en conjunto, porque se refuerzan unas a otras. La ley de Bioseguridad no va actuar por sí sola, va actuar en conjunción con muchas otras, como las leyes de certificación de semillas, las leyes de recursos genéticos, las leyes de propiedad intelectual, las leyes de certificación orgánica, las leyes forestales, las de desarrollo sustentable, las leyes de agua, las leyes mineras y podríamos hacer una lista muy larga.

También son importantes los reglamentos de estas leyes. Hay dos que están comenzando a ser empujados muy fuerte. En México todavía no existen estos dos: son reglas sobre “buenas prácticas agrícolas” y las reglas sobre “trazabilidad”.

¿Por qué tantas leyes?, ¿por qué esta fiebre legislativa que hoy en día nos ataca a nivel mundial y en forma simultánea? Es una verdadera epidemia y si uno mira cómo actúan y las normas y restricciones que están imponiendo, surge un objetivo central sumamente claro: acabar con la producción independiente de alimentos.

Eso tiene una razón muy obvia: hoy en día, a pesar de la globalización, a pesar de esa agresión tan fuerte a los pueblos del campo, la producción de alimentos sigue estando mayoritariamente en manos de campesinos y pueblos indígenas. Y resulta que si nosotros comenzáramos a calcular el posible valor de mercado de todos los alimentos que consume la humanidad, ese mercado que se podría crear, es más grande que cualquiera que conozcamos en la actualidad, es muchísimo mayor que el petróleo, es mayor que la industria automotora, incluso si estos dos aspectos se juntaran. Ese mercado potencial no está en manos del capital y hoy el objetivo del capital es primero, forzarnos a comprar los alimentos y luego, por supuesto, controlar ese mercado de alimentos cuando todos estemos forzados a comprarlos.

El mercado de alimentos es que es también el mercado cautivo perfecto. Podremos dejar de comprar autos, pero no alimentos. Si no los producimos tendremos que comprarlos por fuerza. Podremos ser extremadamente pobres, pero la comida si no la producimos tenemos que comprarla. Además, es un mercado que crece mientras crezca la población mundial.

En la medida en que los pueblos campesinos e indígenas del mundo sigan siendo los principales productores de alimentos, entonces se entiende por qué esta ofensiva legislativa tiene como uno de sus objetivos principales terminar con esa capacidad de los campesinos y los indígenas de ser independientes y, en ese proceso, terminar con la producción independiente de alimentos es un paso fundamental. Es necesario también terminar con las semillas independientes, con las semillas no controladas por las grandes corporaciones.

México tiene una nueva ley de Semillas aprobada en 2007. Anteriormente tenía una del año 1991. Esta nueva ley de Semillas hay que entenderla dentro del contexto: no llega por casualidad, llega con toda la agresión hacia quienes todavía tienen la capacidad y la intención de seguir produciendo alimentos de manera independiente. Las leyes de semillas —que parecen calcadas de un país a otro, les cambian un poco el orden de los artículos pero los contenidos son prácticamente los mismos— son leyes redactadas por las grandes federaciones de empresas semilleras que hoy día se aglutinan en lo que se llama la International Seed Federation (ISF). En México la ISF está representada por la AMSAC que es la Asociación Mexicana de Semilleros AC, asociación que en realidad de mexicana tiene poco. Se define a sí misma como: “la AMSAC es una asociación que integra a todo el sector semillero en México, que tiene poder e influencia en las decisiones gubernamentales, con capacidad de gestión y participación en leyes y normas y es reconocida por sus servicios e infraestructura para resolver la problemática de sus agremiados”. A confesión de partes, relevo de pruebas: ellos no sólo se definen así, es como quieren ser, ésa es su visión de sí mismos.

AMSAC se dice mexicana pero en realidad están en ella todas las grandes trasnacionales de la semilla. Son miembros de AMSAC: Monsanto, Syngenta, Dow, Dupont o Pioneer, Vilmorin Inc. y otras varias transnacionales más. Por si hubiera alguna duda de cual es la importancia de las transnacionales en AMSAC, Dow y Syngenta son parte de su consejo directivo y, aún peor, Monsanto y Vilmorin Inc. son parte de su comité de honor y justicia.

AMSAC en México es claramente un “lobby” muy eficiente y la ley mexicana de semillas que se llama Ley Mexicana de Producción, Certificación y Comercio de Semillas cumple fielmente con los objetivos fijados por la federación transnacional. La ley todavía no tiene reglamento. Cuando investigamos específicamente sobre esta ley intentamos conseguir su reglamento y a pesar de la tan nombrada ley de transparencia del Estado mexicano, ha sido imposible conseguir información alguna. Los reglamentos siempre empeoran las leyes y las empeoran significativamente.

La Ley de Semillas obliga a través del articulo 34 y otros más, a que toda semilla tiene que ser de producción propia o comprada, no existe otra alternativa. Eso significa que intercambiar o regalar semillas pasa a ser ilegal y no hay excepción. El regalo y el intercambio de semillas es ilegal porque en ese caso la semilla que se tiene no es ni propia, ni ha sido comprada.

Alguien podría decir que la gente que tiene semilla propia, puede decir que la comercializa, pero en realidad la ley tiene una serie de artículos que hacen exigencias imposibles de cumplir, o que matan lo mejor de las semillas campesinas e indígenas. Por ejemplo si alguien decide vender semilla tiene la obligación de guardar un registro estricto de cómo produjo esa semilla y además guardar una muestra de esa semilla para pasar cualquier inspección que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa) determine a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, SNICS. Eso a veces ni las empresas logran hacerlo, menos aún lo va a hacer la gente en el campo. En otras palabras no solamente se prohibe el intercambio y regalo, sino que también se prohibe la comercialización campesina.

La ley también impone el concepto de que la semilla de buena calidad debe ser uniforme, es decir igual e invariable y además estable, es decir que no cambia en el tiempo. La calificación de semilla de buena calidad incluso para ser certificada, no incluye para nada el comportamiento agronómico. Es decir, con tal de que salga parejita, toda igual, si funciona mejor o peor que otra no tiene ninguna importancia. Sabemos que solamente la semilla producida por las grandes empresas semilleras es toda igual, y que sea toda igualita no significa que sea mejor.

La ley dice también que las semillas además tienen que ser estables y para mantener un nombre no deben cambiar. Eso significa, en un país como México, que de alguna forma se le impone a las semillas nativas la obligación de no seguir evolucionando.

Las semillas campesinas y de los pueblos indígenas de México se han mantenido justamente porque han ido evolucionando en el tiempo.

La ley exige que se congelen (podríamos decir), y si no es así podrían tener problemas legales para circular de un campo a otro. Alguien podría decir, esto es lo que la ley dice pero la semilla nativa, la semilla propia, ha circulado siempre, no le hemos perdido permiso a nadie, la vamos a hacer circular igual. Eso es una estrategia fundamental, pero los ataques van a seguir —y uno de los ataques que ya se está produciendo es un programa como el Promaf (el Proyecto Estratégico para la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol)— ya que todos los proyectos de asistencia técnica y crediticia van a estar condicionados al uso de semilla certificada. Si tenemos alguna duda acerca de qué semilla certificada estamos hablando, es interesante ir a la pagina del snics y ver cuáles son sus objetivos estratégicos, dichos por ellos, según su plan estratégico.

El SNICS es el área de la Sagarpa, encargada de las semillas. Define como primer objetivo estratégico “coordinar la ampliación y el fortalecimiento de la capacidad nacional del activo tecnológico de semillas”, cosa que nadie entiende pero suena bonito. Dice que para 2025 el indicador de haber cumplido con ese objetivo significa que el 60 por ciento de las semillas usadas en México tiene que ser semilla certificada y estamos hablando de todas las semillas utilizadas en México, no solamente las de maíz. Y por si tenemos alguna otra duda, el segundo objetivo estratégico es: “gestionar y administrar el sistema nacional para la protección de los derechos de obtentores de variedades vegetales”, que se traduce en que el 60 por ciento de las semillas en México para 2025 tienen que ser semillas que ellos les llaman semillas protegidas, es decir semillas con propiedad intelectual. Para 2025, si las trasnacionales se salen con la suya, la propiedad intelectual van a ser patentes. Resumiendo el Sistema Nacional de Semillas de México tiene como objetivo estratégico que para el año 2025 el 60 por ciento de las semillas sean certificadas y todas esas semillas certificadas tengan una protección mediante patentes.

Es con esta mirada, con esta orientación, que la ley de semillas va a ser aplicada. No va a ser aplicada de manera neutra, va a ser aplicada de manera explícita y estratégica para defender los intereses de las grandes transnacionales que en el caso de México están representadas por la AMSAC.

Las leyes también tienen una forma de ser aplicadas, y la primera parte de la aplicación de las leyes es siempre la parte amable, es la aplicación por las buenas, que básicamente consiste en enganchar al máximo de gente posible, entre otras cosas para poder dividir organizaciones y dividir comunidades. Por supuesto, siempre hablando del posible lado bueno de eso que se está imponiendo. Luego, en la medida que las organizaciones o que las comunidades estén divididas, o que a la gente se le haya logrado endeudar de manera significativa, comienza el garrote.

La página web de la AMSAC hace una definición de lo que son las “semillas pirata”, diciendo que es la semilla que no se compra y después dice lo siguiente: “estarás de acuerdo en que no podemos permitir que las semillas pirata dañen nuestras tierras, nuestro patrimonio y nuestro prestigio como agricultores. Juntos podemos y debemos hacer frente a este riesgo, asegurándose siempre de comprar sólo semillas originales, distribuidas por casas comerciales que gozan de una buena reputación. Esto nos ayudará a comprar y utilizar únicamente semillas de calidad”. Ésa es la parte blanda, la primera parte del libreto en la aplicación de estas leyes.

Después dice: “es muy importante que al comprar semillas originales, de calidad reconocida, pidas siempre a la casa semillera o distribuidor que te extienda una factura que ampare tu compra”. ¿Por qué decimos comienza aquí el garrote? Porque implícitamente se le dice a los que usan semilla —a campesinos y agricultores— que si no tienen factura les va a caer la mano dura. A continuación dicen: “recomendamos notificar a tu casa semillera y distribuidor si sabes o escuchas sobre este tipo de comercio ilegal con semillas pirata”. ¡Es decir, la recomendación es que nos convirtamos todos en delatores!

No sería sorpresa si el reglamento de esta ley dice que todos estamos obligados a denunciar a alguien si sabemos o escuchamos que no le compró semilla a las empresas, y no es exageración porque hoy día las leyes de propiedad intelectual obligan a la delación.

Más adelante vienen las sanciones. Las sanciones por ahora expresas en la ley, son 500 mil pesos mexicanos (unos 50 mil dólares) y el decomiso de la semilla e incluso de la cosecha, en caso de infracción. Eso está en el artículo 39. El artículo 41 dice que eso no elimina las sanciones penales, es decir, existe la posibilidad que también haya cárcel si no se cumple con esta ley y es posible que el reglamento incluya este tipo de sanciones penales.

Si uno suma esta ley a otras leyes, por ejemplo la certificación de carne y leche, la certificación orgánica, la ley de Bioseguridad, la ley de Propiedad Intelectual, etcétera, el objetivo es acabar con la agricultura independiente, acabar sobre todo con la producción de alimentos independiente y llegar a que sólo haya agricultura de contrato, que cualquiera que haya vivido en el campo sabe que la agricultura de contrato es una esclavitud disfrazada. Por lo mismo, no es sorpresa que el plan maestro del maíz, publicitado en México, incluya como uno de sus objetivos generalizar la agricultura de contrato.

No es fácil para los Estados implementar estas leyes porque es mucha la gente a la que tienen que controlar: gente que lleva siglos resistiendo, batallando y produciendo comida. Por lo tanto estas leyes, a pesar de lo terribles que son, son aún sólo papel y letra y seguirán siéndolo en la medida que sigamos produciendo comida de manera independiente. En la medida que soltemos la producción de alimentos y dejemos que esa producción sea controlada por las trasnacionales, estas leyes van a ser sumamente reales. La pelea va a ser dura, pero por otro lado no hay que olvidar que el ataque es así de feroz e implacable, porque la capacidad que hoy día tienen los pueblos campesinos e indígenas del mundo de seguir produciendo comida es sumamente importante. Si la comida que producen los pueblos campesinos e indígenas fuese marginal, no se necesitarían estas leyes, dejarían que las comunidades campesinas e indígenas murieran por sí solas. La intensidad del ataque tiene que ver con la importancia de lo que todavía mantienen en sus manos las comunidades indígenas y campesinas. Por eso hoy en día es más importante que nunca mantener las semillas propias y todos los sistemas colectivos que permiten que esa semilla se mantenga viva y se mantenga caminando. l

Ponencia presentada en el Foro Por la Vida de los Pueblos del Maíz, organizado por la Red en Defensa del Maíz.

Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas