México: la urgente autonomía y la defensa de nuestros maíces
El Estado mexicano se empeña en provocar a las comunidades indígenas para luego reprimirlas, en profundizar el actual despliegue militar y su “ordenamiento” cotidiano, para acostumbrarnos a que la guerra, como en otras partes del mundo, se instale como modo de hacer negocios. Con este contexto en consideración se reunió el Congreso Nacional Indígena (CNI) de la región Centro Pacífico en la comunidad nahua de Ayotitlán, Jalisco, el 7 y 8 de noviembre.
Los agravios proliferan. En Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Estado de México, Jalisco, y en todo el país. Como señala la Declaración de Ayotitlán del CNI, los responsables son “los malos gobiernos, las empresas transnacionales y el crimen organizado” que “han orquestado una embestida integral contra las tribus, pueblos y naciones indígenas”. Ante esto, el CNI ejercerá decididamente “todos los mecanismos de defensa respaldados en nuestra autonomía y libre determinación”. La crisis estructural capitalista “debe ser desmoronada desde abajo, para reconstruir así los tejidos fundamentales de nuestros pueblos”.
Combinada con la crisis, la nueva fiebre del oro mete velocidad a las mineras que desmantelan yacimientos, yéndose con los lingotes a quién sabe dónde, como en la clandestinidad ocurre en la sierra Tarahumara y San Luis Potosí. También hierro, magnesio, cobre y otros minerales, todos en territorios indígenas.
Es la pretensión de invadir y acaparar las tierras y territorios de los pueblos, naciones y tribus a manos de los caciques locales, el narco o consorcios financieros transnacionales que buscan apoderarse de miles de hectáreas para sembrar alimentos que exportarán, en un esquema de dislocación que usa y agota la tierras nacionales y se lleva las ganancias. Son también los despojos de fuentes de agua, tierras y mano de obra de miles de comunidades mediante el disfraz de desarrollos turísticos, carreteras, “restauraciones” arqueológicas, certificaciones ejidales o empresas conjuntas consorcio-comunidad.
El agua es un asunto cada vez más sensible, porque su acaparamiento, vía concesiones “legales”, certificaciones o simplemente su contaminación, desprotege a las comunidades en un momento en que en muchas regiones se perdieron las cosechas y es inminente una hambruna. Ya muchas comunidades se aprestan a sembrar la tornamilpa (tonamil) este fin de año a ver si algo pueden salvar para el año entrante.
En el fondo, el programa de Felipe Calderón para los pueblos indios (que comenzó con Luisa María, su hermana, cuando se traicionaron los Acuerdos de San Andrés en las Cámaras), es corromper con carretadas de dinero a los más posibles, tender un tramado legaloide que permita que las empresas depreden a sus anchas y criminalizarle a las comunidades cualquier herramienta que propicie el ejercicio de su autonomía (como las semillas ancestrales, los medios de comunicación, los sistemas de justicia y educación propios, la elección autónoma de representantes, el ejercicio de su territorio) mientras se mata, encarcela o desaparece a los que protesten o emprendan un camino digno.
La violencia, la polarización y la inmovilidad social impulsadas por Calderón pretenden orillar a que la única salida sea la delincuencia y no ya la resistencia y el autogobierno. Hoy como nunca, la autonomía no es una utopía. Es una herramienta. Su urgencia viene de la dignidad y la memoria, y sus exigencias son la justicia y un futuro abierto.
Maíz transgénico legal: lo que está en juego
Hace años que las Cámaras de diputados y senadores decidieron abrir un paraguas protector para las grandes empresas y sus cómplices en los centros de investigación mediante legislaciones que extreman las posibilidades de vida y futuro de las comunidades indígenas. La población en general tal vez aún no entiende lo que se juega con la aprobación de la Ley Monsanto o Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Son conocidos los incidentes de este desmantelamiento de nuestras herramientas comunes de futuro. Pero hay que entender que este ataque frontal a los pueblos campesinos indígenas es justamente contra quienes tienen estrategias que nos sacarían del abismo.
No es sólo la ley. También sus reglamentos y el paquete normativo que incluye una ley de semillas, tan aberrante, que pretende barrer con las semillas nativas, por no ser “homogéneas”, y reducir las restantes a unas cuantas variedades que, certificadas, sean el único equipaje (con costo monetario) para una deslavada biodiversidad del maíz nativo.
Mientras, se busca plantar variedades transgénicas en las más zonas posibles, con la intención de que todas las semillas que se siembren en México sean propiedad de un puñado de compañías, cuenten con catálogos de rasgos fijos (algo imposible) asociadas a paquetes tecnológicos de agrotóxicos, y respondan con “ventajas” que las hagan rentables o utilizables para fines ajenos a la alimentación. Se sembrarán en tierras acaparadas en renta o venta para realizar una eufémica “etapa experimental” que tramaron gobierno, empresas e inversionistas, mientras los intermediarios cobran por convencer a los agricultores de que no les tendieron una trampa.
La Red en Defensa del Maíz lleva casi diez años trabajando por abajo con comunidades, organizaciones, proyectos e individuos que, desde muchos ámbitos, entienden con claridad que sólo podrá defenderse el maíz si se defiende como cultivo en su conjunto, si se defiende el larguísimo plazo de una visión integral que revindica las semillas ancestrales propias que se guardan y se intercambian por canales de confianza. Y que esto pasa por defender el territorio, el agua, el bosque, los sistemas propios de gobierno y los saberes locales para sembrar alimentos propios con justicia, respeto y autonomía.
Los intentos gubernamentales por sembrar maíz transgénico se sitúan en el norte del país porque ahí, desde la Conquista, el sistema impuesto se apoderó de cuanta tierra pudo y diezmó los núcleos de población. Ahora intentan convencer a ejidatarios y agricultores comerciales sin pasado ancestral de siembras propias que los transgénicos son progreso.
En cambio, en estos años el sur y el centro se han vuelto un bastión de defensa del maíz y de la autonomía indígena que lo hace posible. Aunque se intenten estas siembras industriales, habrá un núcleo de resistencia frontal. Reunida en Guadalajara a principios de noviembre, la Red acordó campañas de información en el norte, reivindicar sus argumentos y su legitimidad acumulada y construir un largo plazo por abajo insistiendo, como siempre, en no hacer componendas legislativas.
Ramón Vera Herrera
Fuente: La Jornada