México: Zonas Económicas Especiales, vil saqueo empresarial

Declaratoria del Foro “ZEE y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente”: Con las palabras “progreso, desarrollo y empleo” se pretende repetir el ciclo de destrucción, robo y explotación que ha caracterizado a estos proyectos.

Hacia el sol. Foto: José Rodríguez Macías

“DENUNCIAMOS LA ABSOLUTA POBREZA EN EL PENSAR Y ACTUAR DE NUESTROS GOBIERNOS, PORQUE NO ESCUCHAN A LOS PUEBLOS Y NO TIENEN UNA VISIÓN INTEGRAL DE NUESTRAS NECESIDADES”: MÁS DE 40 ORGANIZACIONES AYUUK, IKJOOT, ZOQUE, BINNI ZÁA Y CUICATECAS

Los pueblos originarios hemos construido nuestra visión-mundo en comunión con el hábitat que nos rodea. En el Istmo oaxaqueño, las montañas y llanos convivimos con ríos y lagunas, las lluvias y los vientos moldean la tierra y ordenan a la flora y fauna, cruce de climas y meteoros que nutren a la naturaleza y esparcen la diversidad. En este espacio, las mujeres y los hombres creamos y recreamos lenguas y cultura diversas que combinan saberes y prácticas ancestrales, que hoy se reconocen en esta cintura continental que es tan estrecha como diversa. El territorio es parte de nuestra memoria.

Esta región tiene enormes ventajas geográficas que, aunada a su riqueza natural y humana, despierta intereses económicos y políticos en el país y en el mundo. Así ha sido desde épocas prehispánicas y durante el dominio colonial, pero los últimos cien años han sido los más invasivos y agresivos contra el medio ambiente y sus habitantes. Con la falacia de la modernidad, las comunidades han perdido su tierra y el control sobre su entorno; se han destruido acuerdos y dinámicas comunitarias que los pueblos hemos construido por siglos.

En meses recientes se anunció la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE); dentro de las áreas asignadas, se señala al Istmo pero con impactos para todo el Estado. Con las palabras “progreso, desarrollo y empleo” se pretende repetir el ciclo de destrucción, robo y explotación que ha caracterizado a estos proyectos. Hoy, el Estado mexicano promueve las ZEE sin revisar la historia.

Con la construcción de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués y la creación del distrito de riego 19, el debilitamiento del río Tehuantepec es patente y la destrucción irreparable de la cubierta vegetal en la zona.

La Refinería Antonio Dovalí Jaime —con toda la industria petrolera— encareció la vida, destruyó la pesca ribereña y de altura en el Golfo de Tehuantepec y se convirtió en un foco de contaminación y riesgo regional. Ahora que Pemex ha sido abandonado por el gobierno mexicano, la Refinería se incendia o explotan sus terminales o ductos con peligrosa frecuencia, y el Estado Mexicano de manera perversa, ha guardado silencio ante las afectaciones socioambientales.

El falso modelo de industria verde que son los parques eólicos, no sólo ha despojado de tierras y cuerpos de agua a los campesinos istmeños sino que además ha corrompido y destruido el tejido social, ha propiciado la violación a los derechos humanos, sociales y ambientales y doblegado a autoridades judiciales coludidas con autoridades de todos los niveles, que además promueven la violencia extralegal y paramilitar y son la punta de lanza de las industrias extractivistas y depredadoras que hoy se cobijan bajo las leyes de las ZEE que los benefician.

Sus intenciones son evidentes, han anunciado y promovido mineras, nuevos parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas, presas hidroeléctricas, construcción de vías férreas y carreteras. Todas estas industrias de despojo y destrucción se agrupan, organizan y legitiman desde el andamiaje legal, fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales. Se avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el Estado. El capital internacional y la élite política mexicana se ciernen sobre el territorio oaxaqueño con avaricia, avidez y rapacidad. Son los nuevos tiempos de un capitalismo cada día más burdo, delirante y genocida.

Los pueblos originarios, organizaciones sociales y la ciudadanía, estamos convocados a defender nuestros modos de vida digna y nuestro entorno natural, a exigir la vigencia de nuestros derechos, a legitimar el derecho a la rebeldía y el respeto a nuestra palabra y a ser sujetos de nuestro destino y no objetos de las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto que cada vez renuncia más a sus responsabilidades y sólo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas.

Denunciamos la absoluta pobreza en el pensar y actuar de nuestros gobiernos, porque no escuchan a los pueblos y no tienen una visión integral de nuestras necesidades, esto se pone de manifiesto en la ausencia de un plan estatal de desarrollo realmente sustentable y de programas viables de agroecología para el campo y para la reforestación y la protección de las fuentes de agua. No fomentan los mercados locales y regionales. No hacen estudios verdaderos de impacto ambiental e impacto humano de sus megaproyectos. Desconocen y violan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas a vivir nuestras propias culturas y definir nuestro propio desarrollo en nuestro propio territorio. Utilizan al crimen organizado, a los cuerpos militares y policiacos para adueñarse de nuestras regiones. Criminalizan a todos y todas que defendemos nuestros derechos e informamos la verdad. Mal-gobiernan descaradamente para beneficiarse con los impuestos del pueblo.

1. Rechazamos la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del Estado.

2. Nos comprometemos a implementar una campaña masiva de contrainformación sobre las ZEE y los megaproyectos, y a realizar foros regionales y estatales para el fortalecimiento de la defensa de nuestros territorios.

3. Nos pronunciamos en contra de las agresiones y desalojo que sufrieron los normalistas de Titipetío, Michoacán y responsabilizamos al gobierno estatal como autor intelectual y material de estos hechos ocurridos en el día 21 de julio del 2016.

4. Nos pronunciamos en contra de las reformas estructurales y sus leyes secundarias. En tal sentido, reivindicamos el derecho a la rebeldía, la lucha y la resistencia de nuestras comunidades y personas contra las leyes, planes, programas y políticas de gobierno que afecten nuestros modos de vida digna, costumbres, cultura, espiritualidad y que perjudiquen a la naturaleza.

5. Convocamos a la articulación de todas las comunidades y organizaciones en resistencia, y que asuman como estrategia incorporar a más organizaciones, ciudadanos y autoridades a este proceso.

6. Manifestamos nuestro respaldo a todos los pueblos y las organizaciones que están en procesos de resistencia y en lucha constante por la defensa del territorio y de la vida: A los pueblos del Istmo oaxaqueño y su estrategia organizativa en la defensa del territorio; la comunidad indígena de Xochicuautla, Lerma, Estado de México, en contra del proyecto de muerte denominado autopista Toluca-Naucalpan del grupo HIGA-Enrique Peña Nieto; y en respaldo a la lucha que llevan los colonos integrados en la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales en Coyoacán en defensa del agua y el territorio, los desplazados de Copala y por el cumplimiento de las medidas cautelares. Las invasiones ilegales e ilegitimas a las tierras comunales de la selva de Los Chimalapas donde el gobierno federal ha hecho caso omiso a los conflictos de invasiones y genera la posibilidad de que la violencia se recrudezca entre las comunidades.

7. Llamamos a fortalecer nuestras asambleas y autoridades comunitarias y a construir caminos por la defensa de la tierra y el territorio, y contra cualquier proyecto invasivo y destructivo que atente contra la vida comunitaria de nuestros pueblos.

22 de junio del 2017

Fuente: Suplemento Ojarasca, La Jornada

Temas: Megaproyectos, Pueblos indígenas

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