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México: Voces vs agravios. Una sistematización colectiva contra el despojo y el olvido

Por GRAIN
Idioma Español
País México

"Presentamos un mosaico con fragmentos recogidos durante las preaudiencias realizadas entre enero de 2012 y noviembre de 2013 como parte del Tribunal Permanente de los Pueblos en el eje temático, Violencia contra el maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía, uno de los siete procesos abiertos en el capítulo México de ese tribunal internacional autogestionario y de conciencia."

Mosaico con fragmentos de historias contra el despojo y el olvido que forman parte del libro ¡No toquen nuestro maíz!, publicado por la organización internacional GRAIN junto con editorial Ítaca.

Presentamos un mosaico con fragmentos recogidos durante las preaudiencias realizadas entre enero de 2012 y noviembre de 2013 como parte del Tribunal Permanente de los Pueblos en el eje temático, Violencia contra el maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía, uno de los siete procesos abiertos en el capítulo México de ese tribunal internacional autogestionario y de conciencia.

 

Tal expediente constituye una primera y robusta sistematización que muestra el metabolismo perverso que va del acaparamiento de tierras, la devastación, la imposición de sistemas industriales de cultivo, la criminalización de semillas nativas y la invasión transgénica, a la expulsión de las comunidades o su fragmentación, lo que a su vez promueve urbanización salvaje, vaciamiento y atomización de territorios, privatización, mal uso y contaminación de aguas, basureros, minería, envenenamiento, especulación inmobiliaria, servicios ambientales y vialidades de alta velocidad que trastocan el sentido ancestral de dichos territorios.

 

Este expediente es parte del libro ¡No toquen nuestro maíz! El sistema agroalimentario industrial devasta y los pueblos en México resisten, publicado por la organización internacional GRAIN junto con editorial Ítaca, México, mayo 2014.

 

La agresión que sufren hoy los pueblos, comunidades rurales y habitantes de los barrios de México, no es casualidad, ni azar: es parte de un ataque sistemático, pensado, diseñado y desplegado de manera planificada y coordinada. Son elementos tan diversos como las concesiones y las invasiones para megaproyectos, infraestructura o desarrollo inmobiliario, las expulsiones y desplazamientos forzados, la creación de villorios rurales o urbanos donde a la gente se le encierra y hacina, el desvío de las aguas para uso industrial, minero o suntuario, el tolerar la contaminación extrema para no disminuir las mega-ganancias de grandes empresas, el ingreso forzado de los cultivos transgénicos, la destrucción de los servicios de salud pública y la criminalización de los sistemas de salud propios, y muchos otros que son el catastrófico resultado de la colisión campo-ciudad en el último siglo.

 

El objetivo de los ataques es el despojo total. Quitar a los pueblos nuestros saberes, nuestras formas de construir una mirada, un sentido y un saber propio, nuestras formas de convivencia y, por supuesto, nuestros medios de subsistencia. Ello con el objetivo de convertirnos en individuos aislados, sin lazos sociales, sin arraigo a un territorio, a la tierra o a un barrio, dependientes al momento de alimentarnos y trabajar, para así dejarnos sin más alternativa que convertirnos en mano de obra sumisa, barata y desechable.

 

El Estado mexicano ha renunciado a lo que supuestamente es su papel: regular la convivencia social en función de un interés y equilibrio general, para entregar esa potestad a manos privadas cada vez más reducidas, exclusivas y excluyentes. Es por ello que ante ustedes acusamos al Estado mexicano del delito de desviación de poder, ejercido a través del abuso de mandato por parte de los que supuestamente fungen como nuestros representantes populares, en conjunción con una instrumentalización del sistema jurídico nacional (leyes, reglamentos, normas) y las instituciones (dependencias, organismos públicos, planes y programas), que benefician intereses particulares contrarios y perjudiciales al interés general.

 

Este delito se ha cometido y consumado por el Estado mexicano a través de actos ilegales, corrupción, distorsión y destrucción de derechos (regularización normativa de la privatización de bienes públicos como el agua, el aire, la tierra y otros recursos naturales, criminalización de pueblos por el uso de sus territorios, etcétera), reconocimiento e impulso de privilegios hacia sectores privados (otorgamiento desmedido, irregular y cínico de autorizaciones, concesiones y permisos para el cambio de uso de suelo, para el aprovechamiento de agua, para la utilización de espacios públicos por corporaciones y empresas privadas, entre otros), adecuación a modo de leyes, normas e instituciones (reforma a los artículos 27 y 123 constitucionales con las correspondientes adecuaciones de las leyes en la materia, contravención deliberada entre planes de desarrollo urbano y programas de ordenamiento ecológico, creación de espacios privilegiados dentro de las ciudades que excluyen a las poblaciones originarias o desposeídas), y un bloqueo sistemático, permanente y continuado de acceso a la justicia para el pueblo mexicano.

 

La colisión actual entre el campo y la ciudad, contrario a los discursos hegemónicos del poder neoliberal, no es natural sino producto del capitalismo y sus necesidades. Se ha destruido y despojado a nuestros pueblos y comunidades de sus territorios, sus formas legítimas de convivencia y vivencia, así como de su más mínima dignidad.

 

En las zonas de producción campesina tradicional ha cambiado el carácter del empleo predominando el empleo no agrícola (más del 50%) e instalándose lo que algunos autores y movimientos sociales califican como pluriactividad o multifuncionalidad del campesinado.

 

La pérdida de empleo rural o la disminución del ingreso provoca oleadas de migración sea hacia las ciudades o, más allá, hacia la frontera norte. El costo de la vida más alto en las ciudades contribuye a que muchos campesinos desarrollen estrategias mixtas: trabajo de algún miembro de la familia en la ciudad y actividades agropecuarias que proporcionan el maíz sustento de la subsistencia y algunos productos para la venta como leche, verduras, tortillas en el mercado informal.

 

Algunos habitantes de la ciudad empiezan a ver en las zonas rurales sitio de descanso u oportunidades de negocio inmobiliario para fraccionamientos campestres. Esto significa cambios en el uso del suelo y por consecuencia pérdida de zonas de producción agropecuaria e incluso, a veces, de bosques. El consumo alimentario queda desconectado y descontextuado del entorno rural inmediato y la población urbana se alimenta cada vez más de productos provenientes de regiones distantes con un costo ambiental y energético adicional por el transporte implícito en su transportación a los puntos de consumo.

 

La falta de inversiones en el campo para valorizar la producción agropecuaria y crear fuentes de empleo ha llevado a las familias campesinas de estas zonas conurbadas a incorporarse a la economía urbana, sea porque obtienen su ingreso de actividades como la construcción, el transporte y otros servicios (albañiles, chóferes de taxi, o servicio doméstico), o bien porque venden sus parcelas atraídas por el proceso de conurbación.

 

Dentro del marco de política neoliberal actual, la falta de una política de fomento a la agricultura campesina y el énfasis en la producción para la exportación ha conducido a fenómenos migratorios de larga distancia y a la pérdida de soberanía alimentaria. No estamos hablando sólo de agricultura con la correspondiente política de fomento (créditos, subsidios, aranceles, precios competitivos) sino de la gestión del territorio rural. Si contextualizamos la situación en el marco del cambio climático, la producción campesina es la que tiene mejores visos de ser sustentable, por su bajo uso de energía fósil.

 

La alimentación de las ciudades del mundo a partir de una producción agrícola producida a grandes distancias no es sustentable desde el punto de vista energético, del transporte y la emisión de gases de efecto invernadero, argumento fuerte en estos tiempos para defender y aumentar las funciones productivas del entorno rural de las ciudades.

 

Esta forma de globalización que despoja, es organizada directamente por el capitalismo mundial, en su búsqueda de un nuevo régimen de acumulación. Acusación general de la preaudiencia Colisión Campo-Ciudad, Tepoztlán, Morelos, noviembre, 2012.

 

 

El pueblo de San Antonio Ebulá, Campeche, fue arrasado por cerca de cien “civiles”al servicio del empresario Eduardo Escalante, que actuaron como grupo parapoliciaco y entraron violentamente a la comunidad alrededor de las seis de la mañana del 13 de agosto de 2009, resguardados por cerca de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche y apoyados por tres tractores y camionetas de la empresa.

 

Varias personas de Ebulá recibieron golpes, seis resultaron lesionadas, dos fueron detenidas (y liberadas esa misma tarde, sin cargos). Todas las viviendas de la población fueron destruidas y algunas, además, fueron quemadas; todos los árboles frutales fueron tumbados y los pobladores perdieron también a sus animales, sea por el paso de los tractores o porque los civiles que ingresaron violentamente se los robaron, además de robarse otras pertenencias recogidas entre las viviendas destruidas.

 

Todos esos ilícitos se cometieron ante la presencia de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, encabezados por el Comandante Samuel Salgado, que omitieron cumplir su obligación de proteger la integridad física y patrimonial de los pobladores de Ebulá y protegieron a los agresores.

 

A su entrada a la población los parapolicías atacaron el campamento que los ebuleños manteníamos en prevención de cualquier intento de desalojo ya que en 2007 también ingresaron al pueblo, sin orden ni aviso previo, tractores acompañados de policías estatales que destruyeron una parte de la iglesia, de la escuela y más de 20 casas. El 26 de mayo de 2009 sufrimos otro intento de desalojo con violencia, también sin orden legal ni aviso previo. Tractores acompañados de policía estatal destruyeron 6 casas y hubo golpeados. Durante esa nueva agresión fueron arrestados y trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 7 pobladores, 4 de los cuales fueron liberados al día siguiente. A tres de ellos, Francisco Villalobos Balam, David Díaz Lázaro y Manuel López Rodríguez, que fueron acusados de privación ilegal de la libertad, se les dictó auto de formal prisión y lograron su libertad bajo fianza algunas semanas después. Ambos hechos permanecen impunes.

 

Los agresores golpearon a quienes se encontraban en el campamento e ingresaron a la población destruyendo todo a su paso y agrediendo a la población. Los elementos parapoliciacos llegaron como empleados de Gilberto Farfán Talango (alias “el Potoco”), quien fue director de seguridad pública y actualmente tiene una empresa de seguridad privada, contratada por el señor Eduardo Escalante para la ejecución de este operativo.

 

La mayor parte de la población, ante las agresiones recibidas, se alejó del lugar. Los parapolicías cerraron el acceso al poblado. La Policía Estatal Preventiva detuvo, al llegar a San Antonio Ebulá, a don Arnulfo Ramírez y a su hijo Marcos Ramírez. A ambos los mantuvieron retenidos en la población y, cerca del mediodía, los trasladaron a bordo de la camioneta 113 al edificio de la Policía Estatal Preventiva (PEP) donde los liberaron cerca de las cinco de la tarde, sin cargos y, por lo tanto, sin fianza. San Antonio Ebulá, Campeche VS México, preaudiencia Políticas de Exterminio contra el Pueblo Maya, Maní, Yucatán, noviembre, 2013.

 

 

Queremos decir que en México no existe la justicia. Nosotros somos de la comunidad del ejido de San Isidro, ubicada a 160 kilómetros al sur de Guadalajara, parte del Llano Grande: al pie del cerro de El Petacal, entre los municipios de San Gabriel y Tolimán.

 

El ejido ha sido escenario de las corruptelas y la colusión entre funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria y del gobierno de Jalisco con empresarios que se benefician con la apropiación ilegal de tierras. Éste es justamente el caso de la empresa transnacional Nutrilite, que ha extendido su explotación hortícola hasta una superficie de 280 hectáreas que pertenecen al ejido de San Isidro.

 

Antes de la llegada de la empresa Nutrilite había diversidad de árboles: órganos, guamúchiles, mezquite, nopal. No había fronteras, toda la gente gozaba de los frutos. Llegaron ellos y arrasaron con todo, acabaron con los animales de la región: malcoa, víbora, camaleón, iguana, ardilla, codorniz, conejo, liebre, coyote y tejón. También perdimos el agua porque la empresa se apropió del agua de las presas que abastecían a la región.

 

A la población de El Petacal le destruyeron su red de agua potable, engañándolos que se abastecería de pozos, pero estos pozos sólo dan agua de mala calidad.

 

Otro problema es la migración que afecta a 80% de nuestra población. La gente huye del hambre, se va a buscar trabajo. Por falta de tierras nuestros hijos han migrado a la ciudad, primero a Guadalajara y después a Estados Unidos.

 

Los que se quedan se van a trabajar a las empresas transnacionales de los alrededores, y entonces vemos cómo se va perdiendo nuestra cultura. A nuestros hijos se les ha inculcado que trabajen en la empresa porque les meten la idea que ahí van a tener ganancias y van a vivir cómodos. Tristemente vemos que se desapareció el amor a la tierra. Si les proponemos sembrar en lugar de trabajarle a la empresa nos responden que no. Les han vendido la idea de ser esclavos en nuestra propia tierra. Al ir a trabajar a esas empresas nuestros hijos, se desintegra la familia por los vicios que ahí mismo les ofrecen: droga, alcohol y mujeres.

 

También tenemos problemas de salud: empezaron a envenenar a nuestros hijos tanto por los agrotóxicos como por el narcotráfico. Estamos notando que muchachas que trabajan ahí ya no pueden tener hijos, se les cae el pelo, la gente adelgaza, se han visto casos de cáncer y de otras enfermedades desconocidas a partir de que trabajaban ahí. Esto ha de ser porque acabando de rociar los agrotóxicos meten a las muchachas a trabajar a los invernaderos.

 

Es curioso pensar que estas tierras que nadie quería y nos las dieron como consolación han resultado ser un tesoro. Nutrilite llegó primero y luego invitó a sus empresas amigas: Bioparques de Occidente, DesertGlory, Natural Sweet, Monsanto. Empresas que aplican tecnología de punta pero a base de despojo, de explotación, que emplean a esclavos modernos, basta con ver alrededor el caso de Bioparques o Natural Sweet.

 

Notamos que hay una contradicción en estas empresas porque hablan de lo orgánico, de lo natural, de que son socialmente responsables, pero lo que menos respetan es el pueblo, la vida de los trabajadores, destruyendo la vida digna. Caso del ejido San Isidro en la preaudiencia Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna, San Isidro, Jalisco, junio de 2013.

 

El ejido de X-kix sufrió su primer arrebato el 30 de diciembre de 1929, cuando el gobierno mexicano expropió los terrenos con los que contaba el pueblo de X-kix. Desde entonces los pobladores (veinticinco familias de las cuales actualmente quedan diecisiete) venimos luchando por mantener nuestras tierras.

 

El 12 de febrero de 1930 a través de la reforma agraria impulsada por Lázaro Cárdenas se dotó de 2 mil 400 hectáreas al ejido de X-kix, mismo que desde entonces hemos venido trabajando para el sustento de nuestras familias y con el debido respeto a la naturaleza. Desde entonces, año con año se han hecho las mensuras correspondientes.

 

El ejido X-kix colinda al norte con terrenos nacionales, al sur con terrenos nacionales y el ejido Chunchintok, al este con el ejido Chunchintok y al oeste con terrenos nacionales.

 

“Durante todo el tiempo que llevamos habitando estas tierras las hemos utilizado para nuestro beneficio de tal forma que se tienen pastizales, apiarios, milpas, paste de ganado: a todas las personas que integramos el ejido X-kix estas tierras nos proveen de un ingreso económico.”

 

En 2006 se envío una carta al presidente de la República, Vicente Fox Quezada, pidiendo que se agilizaran los trámites que desde 1997 se habían empezado para que las 2 mil 400 hectáreas estuvieran inscritas a favor de los ejidatarios habitantes de X-kix.

 

En la carta enviada al presidente se mencionaba: “dichas tierras no se encuentran inscritas a nuestro favor, situación que nos pone en peligro de perder o sufrir arrebato de las tierras que nuestros padres y ahora nosotros hemos estado trabajando por años”. [...]

 

“En 1997 cuando llegó Procede nosotros tomamos la decisión de no parcelar la tierra porque es una herencia que nuestros papás nos dejaron y no quisimos parcelar porque eso significaba que también nos estábamos dividiendo como ejido. Sin embargo después de algunos años empezamos el trámite de regulación de las tierras que son 2 mil 400 hectáreas para que quede asentado legalmente a nuestro favor. No obstante en el transcurso de este tiempo nos enteramos que con las mediciones con GPS a nuestro ejido le habían quitado mil 300 hectáreas mismas que se han declarado ‘terrenos nacionales’. Por eso ahora estamos con la inquietud de saber que va a pasar con la herencia que nos dejaron nuestros padres. Esto es una injusticia contra nosotros como campesinos ya que día con día vemos como los extranjeros denominados “menonitas” obtienen tierras para devastarlas y para esto la Secretaria de la Reforma Agraria se los facilita”. Caso de despojo de tierra y falta de respuesta en el ejido de X-Kix Hopelchén Campeche, preaudiencia Políticas de Exterminio contra el Pueblo Maya, Maní, Yucatán, noviembre, 2013

 

 

La comunidad ha perdido casi la totalidad de sus bosques a manos de los talamontes que coludidos con el crimen organizado los saquean intensamente desde hace 7 años, y de manera más voraz desde hace 4 años.

 

A la comunidad sólo le quedan 20 hectáreas de vegetación, de una superficie arbolada que eran más de 2 mil hectáreas.

 

El problema de la tala de bosque en Cheranatzicurin nace del conflicto agrario mal atendido, incluso fomentado por el gobierno. Históricamente se sabe, porque cuentan nuestros abuelos, que si se presentaban algunas diferencias sobre las áreas de ocupación o posesión de las tierras estas diferencias se resolvían pacíficamente mediante pláticas que se hacían con respeto incluso anteponiendo al Creador, de esa manera se tenían las condiciones para una vida distinta a las condiciones que prevalecen en la actualidad.

 

[...] Uno de los mecanismos para que el pueblo no se organizara para la defensa del bosque fue la corrupción, la siembra de pánico, tirando cadáveres, secuestros, asaltos y asesinatos de campesinos.

 

Ahora tenemos grandes extensiones de tierras sin poderlas trabajar por falta de seguridad. Estas circunstancias fueron las que prohibieron la libertad de realizar labores agrícolas, usar nuestros recursos naturales. Tenemos la tierra pero sin certeza de usufructuarla con libertad o con la garantía de seguridad a la que constitucionalmente tenemos derecho. Cien resineros quedaron sin trabajo. Hoy sólo queda uno y se agravó la penosa migración hacia la ciudad y Estados Unidos.

 

Al no poder realizar las labores agrícolas como antes, de los bosques ya no baja la materia orgánica que nutría los suelos; lógicamente desciende la producción de maíz, además del descontrol del medio ambiente. Nuestros bosques ya se encuentran sin pinos, sin los encinos, sin fauna, lo cual causa graves daños para nuestras comunidades, por ejemplo:

 

Si antes teníamos necesidad de aluzarnos íbamos al bosque por ocote, ahora tenemos que pagar.

 

Si ocupábamos madera para la construcción de nuestras casas sólo íbamos por ella, ahora tenemos que comprar o construir con materiales que no existen en nuestro medio; si antes teníamos la necesidad de alimento y frutas, agua, medicina, teníamos los recursos naturales. Ahora todo lo tenemos que pagar y al precio de grandes industriales o empresas.

 

En materia forestal hemos hecho denuncias y acudido a diversas instituciones pero hemos encontrado una falta de capacidad para frenar la tala. Y los gobernantes, o nos dan falsas expectativas o se niegan a darnos audiencia que pedimos para proponer los mecanismos y conjuntar esfuerzos de vigilancia. El despojo de tierras y devastación del bosque en la comunidad indígena p’urhepecha Cheranatzicurin, Paracho, Michoacán, México, preaudiencia Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna, San Isidro, Jalisco, junio, 2013.

 

Lo que ha sido el sustento de cientos de familias campesinas por generaciones, a partir de 2008 y hasta la fecha se volvió frustración e impotencia al ver cómo el agua de riego agrícola está matando nuestros cultivos y toda posibilidad de poseer un digno medio de vida y de subsistencia para nuestra comunidad. Más de 500 hogares campesinos de San Juan Zitlaltepec, en el municipio de Zumpango, Estado de México, agremiados en la Unidad de Riego Para el Desarrollo Rural “Plan Xalpilla”, han visto en su mesa y en su calidad de vida las consecuencias de tanta indiferencia gubernamental.

 

Más de 400 hectáreas de cultivos de alfalfa, avena y maíz asesinados por las aguas de riego agrícola a cargo de la Comisión Nacional del Agua; decenas de árboles muertos al costado de nuestros canales de riego; pérdidas en los campesinos por más de 50 millones de pesos; terrenos cada vez menos fértiles; mantos acuíferos contaminados, decesos de ganado ovino y bovino asociados con el agua contaminada; la cancelación de toda expectativa de un porvenir digno y autosustentable para nuestras familias y un largo peregrinar ante instancias locales, estatales y federales sin resultado alguno: es lo que ha dejado a su paso la contaminación del agua con que regamos nuestros cultivos cuyos análisis han arrojado entre otras cosas, concentraciones de atrazina en niveles inauditos. Si bien es cierto que una de las causas proviene de las condiciones residuales de la zona conurbada a la Ciudad de México, cierto es también que tres son las empresas que trabajan con residuos químicos y vierten sus desechos directamente a nuestro canal de riego denominado “Canal El Sancho”, ubicado en el municipio vecino de Teoloyucan, ellas son: Química Delta (dedicada al encasamiento de productos químicos), Rancho los Curiel (dedicada al transporte de productos químicos y al lavado de contenedores) y una última que no tiene nombre ni razón social y sobre quien recae la mayor responsabilidad de la tragedia ambiental, social y económica que estamos atravesando (se dedica al manejo de residuos químicos). Contaminación del agua de uso agrícola en la comunidad de San Juan Zitlaltepec, municipio de Zumpango, estado de México, preaudiencia Colisión Campo-Ciudad, Tepoztlán, Morelos, noviembre, 2013.

 

La comunidad de Mezcala está ubicada en el municipio de Poncitlán en la ribera del lago de Chapala. Los ataques a nuestra comunidad son integrales y se dan de diversas formas. Primero están los ataques a los modos tradicionales de subsistencia: las familias de nuestra comunidad producen muchos chayotes, y últimamente se han presentado robos de chayotes que se toleran por parte de autoridades municipales. Ahora existe la idea de que el consumo de pescado se da supuestamente porque es un alimento barato porque está contaminado, pero realmente es el alimento que tradicionalmente nos ha alimentado, sin ningún costo; sólo sabiendo respetar el cuidado del lago. La milpa también ha sido atacada, promoviendo el uso de agrotóxicos y cambiando las semillas tradicionales.

 

Al irse erosionando los modos de subsistencia se han creado las condiciones para que la gente de nuestra comunidad comience a buscar trabajo fuera de la comunidad (diariamente van muchos camiones a transportar trabajadores a empresas en El Salto, en Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan) hasta más de una hora de traslado y en condiciones laborales adversas, que además hacen que se rompa la relación con el territorio.

 

Está también el ataque a la propiedad de las tierras: desde antes que se reconociera plenamente la propiedad comunal se dieron algunas ventas con prestanombres a gente externa a la comunidad; luego de que se reconocieran los estatutos comunales y con la reforma al articulo 27 constitucional, comenzó la presión para la introducción de Procede para certificar la propiedad comunal y volverla privada; y aunque fue rechazado recientemente intentaron imponer el programa FANAR, que es lo mismo, pero con otro nombre. Derivado de esta situación se ha presentado más recientemente una invasión en el Cerro “El Pandillo”.

 

Están también ataques a la asamblea, a los defensores de nuestra comunidad y a la dinámica comunitaria: esto es provocado por la dificultad de sostener los estatutos comunales. Hay ahora en la comunidad una división entre censados [ los derechohabientes originales] y no censados [los nuevos, producto del crecimiento de la comunidad a lo largo de años]. Pareciera que el objetivo es ir debilitando la asamblea, pues entre menos personas participen, menos se aprende ese modo de organización y más fácil se le puede coptar. Además el actual Comisario de Bienes Comunales está impugnado por una gran parte de los comuneros pues lo consideramos ajeno a los intereses de la comunidad, sin embargo se ha retrasado este proceso, y la asamblea no sesiona en la casa comunal. Comunidad Indígena de Mezcala: Ejes del Caso para la preaudiencia Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna, San Isidro, Jalisco, junio, 2013

 

 

Los ejidatarios de Hopelchén, Campeche tenían una superficie 85 mil hectáreas de bosques que les fue otorgada después del decreto presidencial de Lázaro Cárdenas en 1940. Sin embargo, después de unas mediciones precisas realizadas por el INEGI se determinó que al ejido le corresponden 99 mil 660 hectáreas pertenecientes a 247 ejidatarios que conforman la asamblea. Este territorio que por muchos años perteneció a sus antepasados se vio vulnerado hace unos años cuando el empresario yucateco Alfonzo Pereira Palomo orquestó una estrategia fraudulenta para quedarse con el usufructo de esas tierras por 30 años.

 

Una mañana los ejidatarios fueron citados para una asamblea en la que se discutiría si daban el visto bueno para que Alfonzo Pereira hiciera el avalúo de los bosques. Sin que los ejidatarios estuvieran informados vieron llegar a Alfonzo Pereira con un grupo de personas que llevaban equipo y computadoras en las que anotaron los puntos a tratar en la reunión y convencieron a los ejidatarios de que el equipo de Pereira llevaría el registro del acta de asamblea. Una vez iniciada la reunión Alfonzo Pereira les propuso que el avalúo lo hiciera una empresa llamada Indaabin que, según el empresario yucateco, hacía el avalúo a bajo costo; sin embargo los ejidatarios se negaron porque ya conocían que esa empresa favorecía a los compradores y nunca a los ejidatarios que recibían muy poco dinero por sus tierras. Ellos comentaron que preferían que el avalúo lo hiciera un banco. Ante la negativa Alfonzo Pereira hizo sacar un maletín lleno de dinero para confundir a los ejidatarios; les ofreció 10 mil pesos en préstamo a cada uno en lo que se concretaba el avalúo. Todos los ejidatarios quedaron asombrados y aceptaron pues aparentemente no les pedían nada a cambio, sólo firmar un recibo de préstamo.

 

Después de esa reunión los ejidatarios salieron con su dinero y nadie se acordó del acta de asamblea que el empresario y su equipo se había encargado de redactar.

 

A finales de 2010 los ejidatarios de Hopelchén recibieron una notificación de la Procuraduría Agraria que les informaba que la ampliación forestal de Hopelchén se había registrado a nombre del empresario yucateco. Se inició entonces un proceso legal contra el atropello. En el proceso se enteraron que Alfonzo Pereira afirmaba que les había otorgado 10 mil dólares a cada ejidatario por haberle otorgado el usufructo de las tierras. Una vez que se comprobó que el préstamo había sido en pesos el Tribunal Agrario falló a favor de los ejidatarios; sin embargo el empresario recibió un amparo y exigió las tierras, no su dinero. Los ejidatarios apelaron y el juicio pasó al Tribunal Colegiado el cual dio su fallo a favor de Alfonzo Pereira; una vez más se apeló y el juicio se fue al Tribunal Superior Agrario, del cual depende la situación de las tierras.

 

Los ejidatarios podrían quedar despojados de una tierra que les han heredado sus padres, con precios paupérrimos que el defraudador dio por esas tierras por las que ganará millones, si esta situación no recibe justicia.

 

Ante esta situación se puede observar la facilidad con la que los empresarios, o cualquier persona con capacidad económica, pueden poseer cualquier tierra que le plazca sin importar a quién pertenezcan. Los ejidatarios de Hopelchén se han visto vulnerados en su derecho de posesión, se hizo uso de sus necesidades para despojarlos de lo que representa su única pertenencia —que les dejaron sus padres y que seguramente pretendían dejarle a alguno de sus hijos. No hubo una ley que les asegurara su derecho ni tampoco organismos gubernamentales que analizaran el caso para mirar la mala fe con la que el empresario actuaba en contra de los ejidatarios. Por el contrario se le permitió un amparo que le facultó reclamar las tierras para su uso e incluso el Tribunal Colegiado falló en contra del ejido. Ahora su posesión depende de lo que esta instancia última en materia agraria resuelva del caso. Despojo de tierras impulsadas por las políticas ambientales del Estado mexicano en Hopelchén, Campeche, preaudiencia Políticas de Exterminio contra el Pueblo Maya, Maní, Yucatán, noviembre, 2013.

 

Cuando llegaron los españoles, a la comunidad de San Sebastián, el virreinato le reconoció su territorio de cerca de 600 mil hectáreas, en 1714. Al paso del tiempo mucha gente empezó a llegar de otros lugares, empezó la invasión del territorio cuando México ya era independiente. San Sebastian solicitó reconocimiento, le pidieron el titulo virreinal, que entregó el titular de bienes comunales en el año de 1953, pero les concedieron sólo 240 mil hectáreas. Desde ese entonces se agudizó la invasión por ganaderos de Nayarit y empezaron los enfrentamientos con nosotros los wixaritari, se agudizó la discriminación del propio gobierno. Entonces nos conformamos como Unión de Comunidades Indígenas de Jalisco (UCIJ) y demandamos al gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se hizo un mandamiento al Estado mexicano para que resolviera el caso de San Sebastián. Entonces comenzaron las negociaciones entre el gobierno, la comunidad y los posesionarios, pero siempre a favor del invasor.

 

Sesenta por ciento del territorio invadido para el posesionario y el 40% para la comunidad, decía el gobierno, y la asamblea respondía: no vendemos ni regalamos ni un solo centímetro. Por el año 2000, de tantas audiencias que se llevaron en los tribunales, y cuando la comunidad había ganado infinidad de juicios y se habían dictado sentencias a favor de la comunidad, el gobierno salió con una idea extraña: ahí les va el programa “focos rojos”, mediante el cual, para tranquilizar los conflictos de la región, el gobierno decidió indemnizar a los invasores para que se fueran. En ese programa el invasor que recibió menos cantidad fue 350 mil pesos, por 6 hectáreas; y hubo quienes se llevaron 36 millones de pesos por mil hectáreas. Bien premiados por invadir.

 

Con la recuperación de mas de 60 mil hectáreas se formaron regiones de protección y administración dentro y fuera de la comunidad. Como la comunidad no permitió la certificación comunal ni la individualización de títulos mediante el Procede, empezaron con programas como servicios ambientales, como el Promaf (programa de maíz y frijol), las concesiones mineras, las concesiones de agua y otros.

 

Con la introducción de los programas entraron los fertilizantes regalados por Banrural, después Procampo, que obligó a los comuneros a adquirir paquetes tecnológicos (tractores, herbicidas, pesticidas, etcétera) para hacernos dependientes.

 

Tanto el Programa de Maíz y Frijol, como la Cruzada Contra el Hambre están rechazados, y los ayuntamientos ya hicieron la encuesta sin consentimiento de la asamblea y de todos modos se rechazaron, y de todos modos se están llevando a cabo. Además todos estos programas los han desviado en algunos momentos para el beneficio de los comisariados y otras autoridades. Ahora nos cayó el desánimo y muchos no quieren sembrar, se van de jornaleros a otros estados. Caso integral de la comunidad de San Sebastián y Tuxpan de los municipios de Mexquitic y Bolaños, Jalisco, preaudiencia Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna, San Isidro, Jalisco, junio, 2013 .

 

San Nicolás Totolapan es un pueblo originario de ascendencia tepaneca, una de las siete tribus nahuatlatas que se asentaron en el valle de México. El 14 de julio de 1535 nuestros ancestros levantaron los códices que delimitan el territorio y muestran las actividades y trabajos que se realizaban en el pueblo.

 

[...] La destrucción del territorio viene desde hace varios años. Diversas zonas del ejido y la comunidad sufren invasiones y se cometen ahí delitos ambientales como (tira ilegal de tierra, cascajo y basura, tala clandestina, despojo y privatización del agua, contaminación de los manantiales, etcétera), pero una región del territorio es de particular importancia pues sobre esa zona se proyecta el trazo de una pretendida carretera de cuota llamada Arco Sur. Esta región comprende los parajes de Los Resumideros, La Calavera y La Campana que están dentro del territorio ejidal y son parte desde 2006 de un Área Natural Protegida con categoría de Reserva Ecológica Comunitaria de San Nicolás Totolapan, y colindan con el Parque Ecológico de la Ciudad de México que se encuentra en el paraje conocido como Los Trementineros, en el territorio de las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco y la comunidad de San Andrés Totoltepec.

 

[...] Podemos distinguir tres etapas en la estrategia para el despojo. La primera consiste en realizar la mayor afectación ambiental; la segunda consuma el despojo físico del territorio mediante la invasión de grupos controlados por las mismas autoridades y la tercera radica en la expropiación del territorio para la construcción del Arco Sur, ya sin posibilidad de argumentar un daño ecológico porque ya está hecho y más aún porque la posesión de las tierras ya no son del ejido sino de los grupos invasores ligados a las autoridades. Se deja así, además, una amplia zona lista para la especulación de inmobiliarias, que ofertarán terrenos en el bosque del Ajusco.

 

En otros parajes del territorio ejidal donde, desde hace unos veinte años se han ido instalando por invasión, engaño y corrupción asentamientos humanos irregulares, con complicidad de las administraciones delegacionales de Magdalena Contreras y Tlalpan, y los partidos políticos del PRD y del PRI, se lleva acabo el despojo del agua, pues ante la necesidad, los habitantes de estos asentamientos, llegan a los manantiales y ojos de agua y han conectado decenas de mangueras para allegarse del líquido. Y aquí aparte del despojo se dan dos problemas más, pues algunos acaparan el agua, la almacenan y se ponen a venderla, o sea la privatizan, y el otro problema es que contaminan los manantiales y ojos de agua, con sus mangueras, con basura y con su intervención directa en el lugar.

 

También el agua es un botín político en tiempos electorales y deja grandes ganancias a las autoridades delegacionales corruptas y a algunos malos ejidatarios que han hecho convenios con TV Azteca y Televisa para abastecer sus instalaciones en el Ajusco. Lo más grave es que se han hecho convenios fraudulentos y con engaños entre las autoridades ejidales, el sistema de agua de la ciudad de México y otras delegaciones, para que se lleven el agua a Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en un tubo de 20 centímetros de diámetro, cuando hacia al pueblo hay un tubo de sólo 6 centímetros de diámetro para abastecer a los habitantes del pueblo y colonias aledañas.

 

La destrucción de la vida campesina comenzó cuando se reformó el artículo 27 constitucional en 1992, que dio por terminado el reparto agrario y abrió la puerta a la venta de la propiedad social de la tierra, que está en ejidos y comunidades; esta venta de la tierra se operó a partir de los programas Procede y Procecom, que son programas para dar certificados a nivel individual y poder vender, motivando el acaparamiento de la tierra principalmente por empresas transnacionales, además de ser requisito para poder acceder a proyectos productivos para el campo.

 

En el Distrito Federal, desde que entraron los supuestos gobiernos de izquierda, las políticas públicas buscaron estar acordes con el Tratado de Libre Comercio y motivaron la modernización y la trasformación de la agricultura, promoviendo la instalación de invernaderos y la producción de hortalizas, principalmente de jitomate, y la individualización para implementar proyectos. Las autoridades despilfarraron mucho dinero apoyando éstos, que muchas veces no se realizaron y sólo fortalecieron los cacicazgos locales y el clientelismo de los partidos políticos.

 

La corrupción y el clientelismo en por lo menos las últimas cinco administraciones de las delegaciones políticas de Magdalena Contreras y Tlalpan, provocó un proceso intenso en el cambio de uso de suelo en varios parajes, donde se producía maíz, frijol, calabaza, haba, nopal y árboles frutales principalmente, formándose nuevas colonias populares con acceso a algunos servicios sociales, a partir de su lealtad a determinada corriente o partido político, desconociendo también el territorio ejidal, que está dividido entre las dos delegaciones.

 

Un ejemplo concreto ocurre en el paraje Teclamila del ejido de San Nicolás Totolapan, que a finales de la década de los noventa tenía alrededor de 40 parcelas y ahora sólo quedamos tres, sembrando principalmente maíz, aunque también frijol, calabaza y haba; el cambio de uso del suelo avalado por las administraciones delegacionales convirtió todo en casas, calles y un conjunto de grandes departamentos, edificados por la ex delegada en Tlalpan, Susana Zavaleta. Estas parcelas siempre han sido tierras de temporal que están casi en la ribera del río (ahora de aguas negras), llamado Eslava, que es la división política entre las delegaciones —todos estamos del lado de Tlalpan.

 

Sólo podría ser posible acceder a un proyecto productivo con el estatus de agricultura urbana, pues no nos reconocen como parte del territorio ejidal, ni por la delegación Tlalpan, ni por las instituciones del gobierno del Distrito Federal y menos las instituciones federales, y el aceptar este estatus de agricultura urbana nos pone en riesgo de expropiación, para dotar de servicios urbanos a la zona. No tenemos acceso a los servicios que tienen los demás habitantes, pues ahora nosotros somos irregulares por seguir trabajando la tierra y no hacer los trámites para el cambio de uso del suelo.

 

El desconocimiento del territorio ejidal y su desintegración se intensificó a finales de 2011 con la ley de Participación Ciudadana en el DF que desconoció unos diez pueblos originarios y sus derechos (uno de ellos nuestro pueblo al que se le dio el estatus de colonia).

 

La destrucción de nuestra vida campesina se viene dando por las reformas constitucionales, las políticas públicas federales y locales, la invasión, destrucción y desconocimiento del territorio. Por omisión de las autoridades no podemos acceder al tipo de apoyos que requerimos para nuestra labor con la tierra. Principalmente por cambio de uso del suelo, avalado por la corrupción y el clientelismo que ejercen las administraciones delegacionales. Así en esta situación podemos contar unos 10 parajes o más, del territorio ejidal. Destrucción del territorio, de la vida campesina y el tejido comunitario de un pueblo originario en el Distrito Federal, el caso de San Nicolás Totolapan, Preaudiencias Colisión Campo-Ciudad, Tepoztlán, Morelos, noviembre de 2012, y Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna, San Isidro, Jalisco, junio, 2013.

 

El crecimiento de la ciudad de Morelia ha sido decidido por las autoridades locales y los grandes terratenientes urbanos.Como los terrenos que rodean a los centros de población son en su mayoría propiedad de ejidos y comunidades, con el pretendido propósito de asegurar reservas territoriales y ambientales para las ciudades, las autoridades de los tres ordenes de gobierno les limitan la ocupación, el uso del suelo y el aprovechamiento de sus recursos, orillándoles así a vender su patrimonio, mediante los ordenamientos territoriales correspondientes (ordenamientos ecológicos fuera de los centros de población y programas de desarrollo urbano dentro de los centros de población). Esto se hace una vez que dichos territorios son adquiridos a precios muy bajos —por las restricciones a que están sujetos— por especuladores inmobiliarios y políticos (al amparo de las reformas constitucionales y legales de 1992), se les libera de las restricciones que se les habían impuesto y se les dota de equipamiento y servicios urbanos, multiplicando su valor.

 

En el caso de la Loma de Santa María, de la ciudad de Morelia, Michoacán, ése es el origen. Primero se decretaron una serie de instrumentos jurídico/administrativos de planeación territorial y de protección de la zona, y después se fueron desactivando hasta hacer posible la devastación del ecosistema a favor de los fraccionadores que ya los habían adquirido y que estaban construyendo centros comerciales, escuelas privadas y fraccionamientos en la zona que antes estaba protegida por la importancia de los servicios ambientales que proveen a la ciudad de Morelia.

 

La biodiversidad de la Loma de Santa María y la cuenca del Río Chiquito resalta en el contexto regional y es muy importante a todas las escalas en las que se expresa. Hogar de una enorme biodiversidad: ocho tipos de vegetación (bosque de encino, de pino-encino, de pino, mesófilo de montaña, de galería, matorral subtropical, vegetación acuática y sub-acuática, plantaciones de eucalipto y pastizales, así como agroecosistemas) y 1056 especies distintas, en el 0.004% del territorio nacional está el 3.5% de la diversidad de plantas vasculares de todo el país y tiene tres especies endémicas y 22 protegidas. También se encuentra aún venado cola blanca, mapache, cacomixtle, comadreja y coyote, explicada en parte por la intrincada geomorfología de las cañadas presentes en la Loma de Santa María, que al presentar una gran variabilidad microclimática favorecen que en un área tan pequeña coexistan tantas especies, caso único para la cuenca del lago de Cuitzeo.

 

La cuenca del río Chiquito donde se pretende pasar la vialidad, abastece de agua a la ciudad desde su fundación en el siglo XVI. Allí se ubica el acueducto colonial y las obras de potabilización del porfiriato como son los llamados Filtros Viejos. Cabe señalar que el acuífero del valle de Morelia está sobreexplotado y eso exacerba el desarrollo de fallas geológicas, de allí la importancia de conservar este espacio estratégico para el abasto de agua superficial y subterránea de la ciudad. Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María (MCDL) Caso de Santa María, Morelia Michoacán, México, presentado en la preaudiencia Colisión Campo-Ciudad y en Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna.

 

El menosprecio por el campo, y quienes vivimos en él, se ha dado desde hace muchos años; pero se fue reforzando por las estrategias de desarrollo implementadas por el gobierno, en las que se exaltó lo industrial, y se industrializó la agricultura. Podemos delinear la vida de 3 generaciones campesinas marcadas por las decisiones del Estado mexicano, y sólo ampliando la mirada a esta escala podemos comenzar a entender la dimensión de los daños y los efectos que vienen para las nuevas generaciones.

 

Desde hace al menos 4 décadas la llamada “revolución verde” comenzó la destrucción y el desprestigio de los modos de producción agrícola tradicionales, que si bien necesitaban mejorar y revitalizarse, eso no significa que tuvieran que ser aniquilados. Durante esta etapa nacieron nuestros padres y madres, y nuestros abuelos y abuelas estaban en edad productiva.

 

Dos décadas después el campo no estaba mejorando, ni siquiera en equilibrio. Una señal de esto fue la creciente migración, que se intensificó entre los jóvenes de nuestra comunidad que durante los años 80 dejaron el campo y que año tras año fueron despojando a la comunidad de su fuerza de trabajo.

 

[...] Después de 1994 la migración que hasta entonces había sido de jóvenes que trabajaban y retornaban, comenzó a cambiar; ahora se iban familias completas, y esto continuó hasta llegado el 2000. Durante esos años nacimos la mayoría de jóvenes que suscribimos esta denuncia.

 

[...] La producción en monocultivo de maíz fue asumida como algo inevitable por nuestros abuelos, padres y madres, y se constituyó como algo “natural” en nuestro territorio para todos los que apenas crecíamos.

 

Se fue promoviendo la idea de que los estudios universitarios eran una muy buena opción de desarrollo (aunque altamente inaccesible para la gente de rancho como nosotros); hemos escuchado de nuestros padres, madres y abuelos: “estudia para que no seas como yo”, como si de lo que se tratara es de dejar de ser campesino para poder tener una vida digna; por otro lado esta frase también supone que los estudios universitarios están divorciados del trabajo del campo. También se fue reforzando el estereotipo de que quien estudia no puede ser campesino y un verdadero campesino tiende a ser ignorante o no tiene tiempo para estudiar. Poco a poco fueron estudiando más jóvenes de nuestra comunidad, pero la mayoría de ellos, para poder trabajar en su profesión han tenido que irse de la comunidad; por otro lado, las universidades no enseñan a estar en el campo, ya que forman espacios de éxito y estilos de vida que sólo pueden ser cubiertos desde la vida urbana.

 

La educación formal a la que tenemos acceso es de baja calidad, a pesar de ser nuestro derecho; más que contenidos, a los y las jóvenes se nos ha enseñado a soñar la vida digna fuera del campo; las dinámicas escolares nos orillan a ser pasivos, para no meternos en problemas; se valora en nosotros el no ser desobedientes, se nos regaña para no cuestionar las cosas que no nos parecen; y al mismo tiempo se pretende hacernos los culpables de no interesarnos en la vida y ante las dificultades se espera de nosotros que seamos críticos e inteligentes.

 

Hicimos un diagnóstico [Diagnóstico de percepción y apropiación ambiental de la niñez y juventud de Palos Altos, elaborado en 2011 por Caracol Psicosocial AC] que sondea la educación ambiental en Palos Altos y nos damos cuenta que la educación de nuestras escuelas no nos prepara para entender lo que le está pasando a nuestra sociedad, ni a nuestra vida, ni a nuestra comunidad; eso nos orilla a dos opciones: a continuar en ella y contribuir a su destrucción o a abandonarla creyendo que encontraremos “mejores” opciones de vida, para las cuales tampoco estamos preparados, o que están basadas en ilusiones fomentadas por los medios de comunicación.

 

[...] Culturalmente, se nos incita a ser exitosos, ocultándonos que el “éxito” es un concepto que define la sociedad en la que vivimos. Vemos que nuestra sociedad nos ha repetido de muchas formas, sutiles, directas, o disfrazadas que tener dinero es tener éxito. Exitoso es quien tiene las mejores camionetas, quien puede despilfarrar más dinero, quien puede hacer lo que quiere a pesar de la comunidad o de la naturaleza. Las opciones que se visualizan en el campo para tener dinero se reducen a las siguientes: migrar a EUA, estudiar una carrera que permita salir del campo o trabajar al menos en algún puesto de gobierno local y hacer carrera política desde lo partidista o dedicarse al narcotráfico. Y quizá como campesino sólo serías exitoso si puedes comprar todo lo que las agroempresas te venden. Introducción al caso presentado por los jóvenes de Palos Altos, Ixtlahuacán del Río, Jalisco, en la preaudiencia Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna, San Isidro, Jalisco, junio, 2013.

 

El ejido de Ich Ek fue dotado de tierras que se encuentran en el municipio de Hopelchén,y fue dotado de una ampliación forestal en lo que ahora es el municipio de Calakmul, una zona de selva media alta, que era utilizada por los ejidatarios para aprovechamiento forestal, de manera particular o concesionándolo a particulares que entregaban al ejido un porcentaje previamente pactado de las ganancias obtenidas. Este recurso era utilizado para realizar obras de bien común para la comunidad.

 

A partir del decreto que mandaba la creación de la Reserva Forestal de Calakmul, las tierras de la comunidad de Ich Ek quedaron dentro de la zona de amortiguamiento, por lo que los ejidatarios, sin ser notificados, ni mucho menos consultados, fueron despojados de su derecho de uso y disfrute de sus tierras.

 

A partir de ese momento, en 1989, se iniciaron las movilizaciones para exigir el respeto de los derechos que tenía la comunidad sobre las tierras señaladas. Ante la negativa de diálogo de los gobiernos municipal y estatal de aquel año, se realizó la toma del palacio municipal de Hopelchén. Ante la reiteradas negativas del gobierno se optó por realizar un plantón alrededor del palacio del gobierno del estado, de donde fueron reprimidos por la policía estatal.

 

El gobierno federal, a través de la Semarnat y la Procuraduría Agraria comenzó a mostrar su interés en al compra de la ampliación forestal ya no sólo de un ejido sino de cuatro: Ich Ek, Santa Rita Becanchén, Xcupil Cacab y Komchem. La respuesta de las comunidades fue negativa por lo que la presión gubernamental se recrudeció, prohibiendo la entrada de los pobladores a sus respectivas ampliaciones forestales. En el año de 1996, cuando una comisión de ejidatarios de la región quiso llegar a sus tierras, se encontró con que los caminos estaban bloqueados por el ejército federal, por lo que el descontento de las comunidades también fue en aumento y se generó la unión de los ejidos que estaban en contra de que les quitaran sus tierras, que como ya comenzaba a rumorar, el gobierno tenía planes de expropiar.

 

Diez años duró la lucha de resistencia de las comunidades, encabezadas por los ejidatarios de Ich Ek, en contra de la expropiación de sus tierras. Ante tanta perseverancia el gobierno comenzó a generar otras dinámicas en las comunidades, una de ellas fue una serie de “talleres de diagnóstico” enfocados en ubicar las “fortalezas” y “capacidades” de los ejidatarios en las tierras del ejido y demostrar la inviabilidad del desarrollar proyectos en su ampliación forestal, buscando con esto que los ejidatarios desistieran de su resistencia. La Semarnat contrató a tres ONG de la región para mantener distraídas a las comunidades durante todo 1998 realizando el diagnóstico. A dichos talleres las comunidades se negaron a participar en un principio, pero el gobierno ofreció 40 mil pesos a cada ejido, con la condición de participar en ese proceso. A pesar de la escasa participación, como producto de ese año de diagnóstico se realizó un paquete de proyectos que el gobierno se comprometía a realizar en los ejidos, con la condición de que aceptasen ceder sus tierras. En ese año nos pusieron a dormir y nos hicieron soñar, dicen los compañeros.

 

Al año siguiente, en 1999, se reanudaron las marchas, las tomas de carreteras y los plantones cuando el gobierno —confiado de que el proceso del año anterior daría resultado— regresó con el mismo ofrecimiento. Para entonces se había iniciado la compra de autoridades de algunas comunidades, de algunas personas del interior del ejido para llevar información de lo que sucedía, lo que comenzó a provocar divisiones dentro de la comunidad.

 

Se usó la estrategia del “sólo tú faltas”. Se amenazaba y chantajeaba a las comunidades diciendo que si una no aceptaba, sería la culpable de que tampoco las otras lo pudieran hacer. Se realizaban pláticas tratando de convencer a los mayores de que sólo así podrían disfrutar un poco de lo que tenían, porque los jóvenes no lo cuidarían. Crearon una ruptura generacional, poniendo a jóvenes contra mayores y viceversa.

 

Después de más de 12 años de lucha y de golpeteo de parte del gobierno federal y estatal, en el 2001 la Procuraduría Agraria convocó a una asamblea para decidir la venta de la ampliación forestal al gobierno federal. En una primera convocatoria no hubo quórum y en la segunda fue aprobado por menos del 40% de los ejidatarios, el 60% restante está en desacuerdo hasta el día de hoy con el despojo disfrazado de expropiación de interés publico. Despojo a través de expropiación de la ampliación forestal al ejido Ich Ek, municipio de Hopelchén en la reserva de Calakmul, preaudiencia Políticas de Exterminio del Pueblo Maya, Maní, Yucatán, noviembre, 2013.

 

No obstante los hallazgos de la presencia de transgenes en maíces nativos, el gobierno mexicano ha incurrido en una serie de actos y omisiones, desincentivando sistemas indígenas y campesinos de producción agrícola; suscribiendo tratados y acuerdos internacionales; decretando leyes y reglamentos para el otorgamiento de permisos de siembra piloto, experimental y finalmente comercial de organismos genéticamente modificados y el diseño e implementación de programas federales que ponen en peligro a las semillas de maíz nativo, la soberanía alimentaria, la agricultura tradicional, la integridad de los pueblos y la vida de los seres vivos que dependemos del maíz. El Estado mexicano sigue manteniendo las condiciones sociales, económicas, comerciales, de abasto y jurídicas que permiten la presencia de transgenes en maíces nativos. Se asume como simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas.

 

La Cruzada Nacional contra el Hambre de Enrique Peña Nieto, refuerza la política de apertura a las empresas trasnacionales como Nestlé, Pepsico y Walmart, señaladas desde hace tiempo por propiciar la pobreza en el campo mexicano. Además, ha modificado la política pública agraria, transformando a la Secretaría de Reforma Agraria en una Secretaría de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial Nacional pretendiendo la privatización de los territorios indígenas y la reubicación forzada de comunidades rurales en nuevos centros de población, como las Ciudades Rurales.

 

Los pueblos indígenas y campesinos somos los herederos y depositarios de una cosmovisión distinta al desarrollo económico transnacional que galopa en todo nuestro territorio nacional; somos poseedores de milenaria sabiduría que acompaña nuestro “maíz sagrado”, en que se sustenta nuestra coexistencia junto con nuestra madre tierra. Los territorios donde habitamos los pueblos indígenas de México son centros de origen y diversidad de maíz y un reservorio del maíz nativo que se ha mantenido por el trabajo y cuidado ancestral de nuestros abuelos y abuelas, siempre con el mandato de sembrar para ser pueblos.

 

Vestigios de mazorcas de maíz fueron encontrados en algunas cuevas de Guilá Naquitz, cerca de Mitla, Oaxaca se sabe que esta semilla data de cerca de los 6 mil años de antigüedad; estos hallazgos indican que el teocintle (antecesor del maíz) formó parte de la dieta de los habitantes de nuestras abuelas, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de nuestras tierras Oaxaqueñas, entre 1700 y 6000 a.C.

 

En el estado de Oaxaca, se tiene identificadas 35 razas de maíz, por ello es otra de las razones que, hoy en día sigue siendo la base cultural, económica y social de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas, fundamental en la alimentación, en la vida social comunitaria, en sistemas de cargo y el propio sistema normativo de cada pueblo. Acusación particular de la preaudiencia Contaminación Transgénica del Maíz Nativo, San Luis Beltrán, Oaxaca, abril, 2013.

 

 

La política económica neoliberal ha erosionado y destruido las conquistas históricas del llamado Estado social de Derecho, pero principalmente ha sido un embate en contra de la vida comunitaria y campesina. Por su parte, la actividad gubernamental ha avanzado en contra del interés público y golpeando por todos los frentes los derechos colectivos y el derecho social.

 

La conversión de la gestión pública de los bienes comunes en gerencia privada de múltiples propiedades explotables bajo principios ciegos de eficacia y eficiencia, así como la imposición de una racionalidad práctica de carácter instrumental como rectora de la vida pública y del actuar del Estado, se traducen en una definición y ejercicio del presupuesto público que expresa el sistema de privilegios jerarquizados que ha construido la política económica neoliberal.

 

Muy a pesar de que la Constitución mexicana establece un sistema nacional de planeación democrática, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas periódicos de desarrollo social y apoyo, sectoriales y de trabajo, se diseñan e implementan sin la participación real de los afectados, de la ciudadanía y de la población en general. Más bien, los planes y programas de los gobiernos neoliberales se han construido sobre los lineamientos impuestos por los organismos financieros internacionales en relación con las necesidades de acumulación y obtención de ganancias extraordinarias de ciertos capitales.

 

En este marco, el TLCAN puede y debe concebirse como una guía programática del gobierno, que sirve de base y fundamento para múltiples actividades estratégicas y fundamentales para la vida económica del pueblo de México, tratándose sobre todo de un programa transexenal impuesto y concebido como un orden jurídico irrenunciable.

 

El Estado mexicano ha impulsado una serie de acciones de gobierno encaminadas a la privatización del territorio nacional y sus recursos, y lo ha hecho mediante la destrucción del régimen de propiedad comunal y ejidal, cuyos titulares poco a poco han sido obligados a convertirse en propietarios privados y luego en desplazados de sus territorios ancestrales. En contubernio con los gobiernos, las empresas han logrado beneficiarse de instrumentos para despojar a los pueblos y comunidades del país de sus medios de subsistencia y de sus territorios. Esto ocurre por la vía institucional perversa del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) o a través de decretos de expropiación sustentados en otra figura igual de perversa como lo es el de la “utilidad pública”, mediante contratos de compraventa forzada u otorgando concesiones para la realización de distintas actividades y megaproyectos de obra pública con fines privados. También se logra ahora mediante la llamada asociatividad, que someterá a las comunidades a los contratos de producción, que tarde o temprano terminarán despojándolos de sus territorios.

 

Es a partir de la ejecución de estos planes y programas de gobierno que han sido posibles afectaciones estructurales en todos los ámbitos de la vida comunitaria; en los ambientales y a la salud, por ejemplo: a través del Programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos o el Programa de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación, que por un lado no han resuelto, ni lo harán, las condiciones de pobreza estructural de México, y sí pretenden mercantilizar y especular con los recursos naturales tangibles (árboles, agua, aire, etcétera) como intangibles (servicios ecosistémicos y carbono); mediante el Procede, que avaló la figura de dominio pleno, lo que permitió la privatización “legalizada” de grandes extensiones de hectáreas ejidales en todo el país; el Programa de Villas Rurales Sustentables (en Chiapas) cuyo único resultado ha sido la migración forzada, la erosión cultural y el ataque frontal a las formas de vida campesina; entre muchas otras.

 

Lo que se señala es que los planes y programas de gobierno han sido el brazo de acción que actúa bajo el amparo de la legislación de manera marginal, pues en su ejecución convierten derechos en herramientas de política o de mercado, y en simples momentos en el proceso complejo de despojo institucional que ha venido desplegando el Estado mexicano en contra de sus habitantes.

 

La Cruzada contra el Hambre es una estrategia gubernamental paradigmática de lo que aquí se denuncia. La misma, como muchas de las acciones gubernamentales, se encuentran “inspiradas” en los lineamientos o programas de organismos internacionales, en este caso Naciones Unidas y su Programa Hambre Cero. Para su implementación se instruyeron entre otras, las estrategias de creación de bancos de alimentos y aumentar la producción alimentaria nacional, ambos bajo los parámetros de eficiencia productiva que ha avalado la Sagarpa para acabar con el hambre y la pobreza, mismos que han permitido la autorización de permisos de semillas transgénicas en el centro y sur del País. Documento de contexto, presentado por el grupo de abogados Causa, en el Eje Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía de los Pueblos, México DF, noviembre de 2013.

 

La respuesta que podemos dar los hombres y las mujeres oaxaqueños, la estamos dando en el campo sembrando nuestros maíces. Luchamos contra un sistema que quiere acabar con el campo oaxaqueño y mexicano, utilizando programas y políticas gubernamentales como el nuevo programa dirigido a pequeños productores dentro del marco de la Cruzada en contra el Hambre, que esta obligándonos a usar semillas híbridas y agroquímicos.

 

Estamos resistiendo un modelo de desarrollo que nos han impuesto y que no es acorde a nuestros pueblos, enfrentamos la migración forzada de hombres y mujeres que esta dejando a nuestras familias fracturadas, a nuestras comunidades vacías y por consecuencia un campo abandonado.

 

Defendemos nuestros territorios a través de mecanismos propios como las asambleas, los estatutos comunales, donde algunas comunidades han decidido y escrito que no se permitirá la siembra de maíces transgénicos ni de ningún otro tipo en sus territorios, porque están conscientes de que perder el maíz nativo, alimento de nuestros pueblos, es perder la autonomía.

 

Estamos usando técnicas tradicionales y agroecológicas de siembra que no dañan al suelo, al agua, al ambiente en el que vivimos, trabajamos en la recuperación de cultivos y formas de trabajo tradicional de nuestras regiones. Estamos rescatando nuestras lenguas, vestimentas, implementando estrategias para la educación desde y para los pueblos.

 

Buscamos fortalecer nuestras culturas y tradiciones, mismas que están estrechamente vinculadas con la tierra. Fomentamos la elaboración de comidas locales a través de ferias y en los foros estamos reflexionando sobre todos los problemas que el neoliberalismo ha impuesto al campo y a los campesinos. En otras palabras, seguimos fortaleciendo la comunalidad, es decir, los tequios, las asambleas, los cargos, las fiestas, la justicia comunitaria, las formas de organización locales, el trueque y las formas de ayuda mutua como la gozona, la mano vuelta, la gueza entre otras. Ésta es la forma de vida de nuestros pueblos. Gabriela Linares Sosa, Sierra Norte, Contaminación de las variedades campesinas con maíz transgénico. Historia y agravios, preaudiencia Contaminación Transgénica del Maíz Nativo, San Luis Beltrán, Oaxaca, abril, 2013.

 

 

Las empresas que producen los maíces transgénicos tienen ya muchos años metidas en nuestra comunidad, desde que nacimos conocemos sus marcas, vemos sus logotipos insistentes al andar por nuestras caminos. Prometen beneficios que no llegan y al contrario, conforme analizamos más nuestra situación, nos damos cuenta de que nos afectan de diversos modos.

 

Sólo quienes venden fertilizantes y agroquímicos se benefician por su uso; una ola pasajera de mucha producción más mucha presión engañosa de los gobiernos fueron convenciendo a nuestros abuelos, padres y madres de que ése era el único modo posible de sembrar para poder dar vida. Ahora sabemos que eso es una gran mentira que nosotros como jóvenes estamos pagando muy caro; pues es casi impensable tener una vida digna en nuestro campo.

 

Nuestro pensamiento es así: si en estos últimos 20 años esas empresas con sus maíces mal llamados “mejorados”, nos han destruido el sueño de una vida digna, ¿qué nos espera con el maíz transgénico que ellos mismos producen con su ambición desmedida?

 

Oficialmente todavía no se siembra maíz transgénico en nuestra tierra. Sin embargo desconfiamos de esta versión, y como todavía no tenemos pruebas contundentes de la contaminación, queremos denunciar lo que ya de por sí vivimos:

 

Control del mercado para favorecer a pocas personas. Todavía no entendemos bien las formas de comercio del maíz, de lo que sí podemos dar testimonio es que a nuestros padres les condicionan la compra del maíz para que usen los productos de ciertas empresas. No comprendemos por qué teniendo tanto maíz a nuestro alrededor están trayendo maíz transgénico de otros países (Sudáfrica y Estados Unidos); lo cual hace que baje el costo del grano que se produce en Palos Altos.

 

Publicidad ofensiva, engañosa y contaminación visual. Al ir por los caminos y carreteras de nuestra región podemos ver un sinnúmero de nombres de maíces híbridos y de agrotóxicos. Usan imágenes falsas y sin contexto para vender productos que sólo funcionan en condiciones ideales que en nuestra comunidad no existen. Cansa nuestros ojos tanta publicidad, nos molesta que eso sea lo normal [...]

 

La firma del TLC ha afectado a la agricultura, al socavar la soberanía alimentaria, al mercantilizar los alimentos y las semillas. Escuchamos constantemente a nuestros padres y otros adultos decir que “la siembra ya no es negocio”. Nuestros sistema social y económico, está basado históricamente en la agricultura, más recientemente en el comercio. Las instancias gubernamentales han intervenido en los sistemas productivos de nuestros abuelos y abuelas, y nuestros padres y madres, leyes, reglamentos internos, disposiciones municipales y otras estrategias se han usado para orillar a nuestras familias a sembrar con los “paquetes tecnológicos” que el mismo gobierno promueve. Por cómo están acomodadas las cosas resulta cierta la sentencia de las y los mayores: sembrar no es negocio para ellos, a pesar de que actualmente produzcan mucho más de lo que producían hace tres o cuatro décadas. En cambio hay personas (dedicadas a la venta de fertilizantes, agrotóxicos y semillas) que bajo la vista del gobierno municipal, son más ricas ahora que hace una o dos décadas, mientras que quienes siembran y producen mucho están cada vez más endeudados. El funcionamiento de la cadena productiva esta tan viciado, que nosotros, los más jóvenes, a pesar de estar rodeados de maizales comemos tortillas de muy mala calidad. La responsabilidad de esto es compartida, entre gobiernos y nuestros padres; la diferencia es que nuestros padres no tienen facultades para organizar la cadena productiva de otro modo, y quienes lo hacen por parte del gobierno, la acomodan a sus intereses. Ataques a la subsistencia de nuestro pueblo: caso presentado por los jóvenes de Palos Altos, en Ixtlahuacán del Río, Jalisco, en la preaudiencia Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna, San Isidro, Jalisco, junio de 2013.

 

 

La Red en Defensa del Maíz,después de haber realizado estudios sobre más de 2000 plantas de maíz, provenientes de 138 comunidades campesinas e indígenas en 11 estados encontró que en 33 comunidades (24 % del total muestreado) de Chihuahua, Morelos, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz había alguna presencia de genes transgénicos en el maíz nativo, con resultados en diferentes parcelas que van desde 1.5 por ciento hasta 33.3 por ciento, en una segunda ronda de análisis concluyendo que existe un grado significativo de contaminación transgénica y está mucho más extendida geográficamente.

 

La presencia de dos, tres o más diferentes tipos de transgénicos presentes en la misma planta analizada indica que la contaminación ha ocurrido por varias generaciones y que es proveniente de varias de las empresas multinacionales que los producen. Las deformaciones fenotípicas encontradas (plantas deformes) podrían ser consecuencia de la contaminación. Según los campesinos de edad avanzada no habían observado previamente este tipo de malformaciones.

 

Detectamos en varias comunidades la presencia de maíz Bt coincidente con la variedad Starlink que fue prohibida para consumo humano en Estados Unidos, por considerarla con potencial alergénico.

 

Todas las proteínas detectadas en el maíz campesino mexicano están patentadas, al igual que todos los transgénicos en el mundo.

 

Todas las comunidades que han participado en la muestra usan semillas propias, con sistemas de intercambio entre los mismos campesinos de la comunidad, en varias de ellas no han permitido ni siquiera la entrada de las llamadas “variedades modernas” o híbridos.

 

Aunque el gobierno mexicano sabe de la contaminación desde hace más de diez años, no ha tomado ninguna medida para parar la fuente de contaminación e incluso ha negado al público el conocimiento de otros estudios. Acusación particular de la preaudiencia Contaminación Transgénica de Maíz Nativo, San Luis Beltrán, Oaxaca, abril, 2013.

 

Están amenazados por los transgénicos la gran diversidad de maíces mexicanos, la soberanía y seguridad alimentarias, y la agricultura campesina, la bioseguridad, están amenazados por los transgénicos. ¿Por qué? No es posible que los maíces transgénicos y los criollos (nativos) coexistan en México sin contaminación transgénica. El maíz es nuestra herencia y sustento base de la alimentación, la economía y cultura indígena y campesina de México. Preservarlo libre de transgénicos y como bien común es nuestro derecho y obligación. Según dice Claire Hope Cummings “cuando ya no tengamos opciones, ya de nada nos servirá la ciencia, la evidencia, y ni siquiera la persuasión moral” .

 

Hasta ahora la liberación de OGM ha implicado riesgos sociales, económicos, de salud, ambientales y legales públicos con beneficios privados ¿Porqué se ha expandido? Hay una clara evidencia de entorpecimiento de la bioseguridad nacional por parte del gobierno y sus técnicos. Una colusión con intereses de los monopolios biotecnológicos y de EUA. La investigación técnica por parte del gobierno en materia de bioseguridad es poco rigurosa, oscura, “mentirosa” (¿estará inmersa en el fraude?). También hay un sesgo en las tendencias tecno-científicas y en las decisiones a favor de los grandes intereses monopólicos y en contra del bien social, público y del ambiente. ¿Será esto conflicto de intereses (monetarios, políticos, etcétera) y/o corrupción?

 

Es urgente impulsar la prohibición a la liberación de maíz transgénico en su centro de origen/diversidad (TODO México) y prohibir también el saqueo de la riqueza local. No es posible ninguna coexistencia. Es urgente también un respeto a la cultura indígena/campesina y al derecho a la alimentación; la prohibición al uso de cultivos alimenticios como biorreactores. Debemos impulsar el maíz mexicano como patrimonio de la humanidad e impulsar de igual forma una investigación independiente de conflictos de intereses para desarrollar agroecología pública y anclada en conocimiento tradicional. Es imperiosa la necesidad de redes como la UCCS: ciencia comprometida con el entendimiento profundo, la sociedad y el ambiente; sin conflicto de intereses (UCCS; INES-Europa, UCS-USA, etcétera) Elena Álvarez-Buylla, Entorpecimiento de la bioseguridad por parte del gobierno de México, presentación en la preaudiencia Cultivos transgénicos: el caso de México con Énfasis en el Maíz, 11 de noviembre, 2013 y en la audiencia temática final Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía de los Pueblos, 20 de noviembre, 2013

 

Mis abuelos y los abuelos de mi comunidad, sembraban, cuidaban y cosechaban su maízpara alimentarse, porque en ese tiempo no existía Conasupo porque no hacía falta, porque lo que sembraban era suficiente para alimentarse con toda su familia, alimentar a sus pollos, a sus marranos durante todo el año. Además ellos cosechaban de la parcela el frijol, la papa, haba, chícharo y una variedad de quelites.

 

Yo aprendí alimentarme como se alimentaban mis antepasados y sigo aprovechando con mi familia los productos de la región.

 

Cuando un maíz estaba tirado en el suelo mi papá me decía que si lo pisamos, la semilla se siente triste, llora; cuando le daba maíz a mis gallinas y le daba mucho y sobraba, tenía que recoger el maíz porque no se debería quedar tirado, porque el maíz —me decía mi papá— tiene vida.

 

Actualmente, sigo sembrando mi maíz azul, amarillo, coloradito, blanco, pinto, y eninicua yuku que es muy resistente al frío. Me siento contento al tener esta variedad de maíces en mi casa.

 

Yo cultivo estas semillas con mi esposa y mis hijos. Acostumbramos hacer guetza con los de la comunidad, es decir, nos ayudamos de 5 a 8 personas en el trabajo, 8 personas vamos al trabajo de un compañero, otro día vamos las ocho personas a otro terreno, otro día las ocho personas van a mi terreno hasta terminar el trabajo de las ocho personas, así nos ayudamos más en el trabajo y no pagamos mozos.

 

Llevo once años en que mis cultivos son 100% orgánicos, esto me alegra el corazón, sé que me da salud y tengo seguridad que cuando los como, me están alimentando.

 

Vengo ante ustedes a denunciar sobre la contaminación del maíz transgénico que no estoy de acuerdo porque está afectando al campo mexicano, incluso a mi parcela, está afectando a mi maíz nativo, no sólo en mi parcela sino también a otras comunidades, no estoy de acuerdo con ese grano que el gobierno da esa entrada a nuestro país, porque es una enfermedad para el pueblo mexicano. Testimonio de Celestino Rodríguez en la preaudiencia Contaminación del Maíz Nativo, San Luis Beltrán, Oaxaca, abril, 2013.

 

El cuerpo que es el primer territorio de vida, es quizá el más silenciosamente violentado. Esto, muy a pesar de ser reconocido en muchos espacios como uno de los territorios más sagrados. Para nosotras, la mujer es sinónimo de soberanía. Al violentar su primer territorio que es el cuerpo se atenta contra la misma soberanía y autonomía.

 

Estamos seguras de que se ha perdido la autonomía porque se perdieron las decisiones sobre nuestro cuerpo y es por ello que consideramos necesario rescatar las autonomía de decidir como parir.

 

Se necesita urgentemente rescatar esa memoria genética de saber parir y hacerlo con amor como lo hicieron nuestras antepasadas. Consideramos que al empoderarnos de nuestros cuerpos y partos rescataremos la autonomía.

 

Venimos a denunciar ante el Tribunal Permanente de los Pueblos la violencia obstétrica que se define como: un trato humillante y denigrante, abuso de medicación y patologización innecesaria (considerar al parto como una enfermedad). Creemos que la falta de sensibilidad y sentido del respeto a la vida de las mujeres y los bebés es un tipo de violencia.

 

El nacimiento de los seres humanos está programado por la naturaleza. Ésta lo tiene todo previsto para que la venida a este mundo sea tranquila, pausada. Acompañada y saludable. Cuando se acelera este proceso se alteran los tiempos biológicos y psicológicos. Lo cual no beneficia ni ayuda a la labor del parto.

 

Consideramos que los avances tecnológicos, científicos y servicios médicos actuales se han apoderado del cuerpo de la mujer haciéndonos creer que no podemos parir solas (sin medicación o intervención externa). Nos quitan la seguridad en nosotras mismas, nos han infundido el miedo.

 

Resulta irónico que la mujer es quien pare y el patriarcado histórico no nos permite elegir cómo hacerlo.

 

En contraparte las mujeres que decidimos hacerlos de una manera natural, es decir, sin introducir sustancias químicas a nuestro cuerpo ni al de nuestros bebés, las que decidimos tener a nuestros bebés en casa, somos vistas como madres irresponsables y así pues se criminaliza el parir en casa o fuera de una institución médica.

 

Esta denuncia por un parto humanizado y respetado pretende evitar que nos mediquen innecesariamente tanto a nosotras como a nuestras hijas e hijos. Sobre todo a ellos que generalmente es antes de nacer, queremos que los y las bebés sean concientes de este acontecimiento tan importante como es el nacer ya que es el primer logro que tenemos como seres humanos.

 

Solicitamos evitar la práctica de la episiotomía innecesaria y por rutina, solicitamos eliminar los comentarios ofensivos por parte del personal médico tales como: “ahh pero bien que te gustaba a la hora de hacerlo”, “si más gritas más rato te dejamos afuera”.

 

Solicitamos que se reduzca el número de cesáreas innecesarias que en la actualidad se quiere imponer como único modo de nacimiento (por seguro). Está comprobado científicamente que el modo en que venimos a este mundo y la primer hora de vida son fundamentalmente importantes par nuestro futuro. Exigimos respeto por ese momento tan sagrado como es el nacer y el parir con amor. Caso por un parto humanizado presentado por la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y el Nacimiento en Jalisco, Preaudiencia Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna, San Isidro, Jalisco, junio, 2013.

 

Las semillas son sagradas —es lo que me enseñaron mis abuelos—porque la semilla la debemos de cuidar pues también tienen vida. Por eso cuando se desgrana la mazorca, las semillas no se pueden quedar tiradas; porque el maíz llora, también las semillas son parte de la regeneración de la vida porque si no hay semilla ¿cómo puede seguir avanzando la vida?

 

Las semillas nos reúnen como familia, cuando la sembramos, la cosechamos, la desgranamos. Nos reúnen como comunidad cuando hacemos fiesta, están presentes en nuestra cultura, en las formas de gobernarnos, porque gracias a que nuestros antepasados descubrieron que el maíz se podía cultivar, dejaron de ser nómadas y se aceptaron como pueblos, pues el hecho de tener maíz, frijol, calabaza, verduras silvestres, frutas, nos hace vivir en el lugar donde se desarrolla nuestra vida.

 

La obligación del gobierno es cuidar y protegernos junto con nuestra semilla, como pueblos indígenas y campesinos que somos. Pero al contrario, junto con las empresas como Monsanto y otras, quiere permitir la siembra comercial de maíz transgénico para hacer biocombustibles. Están más preocupados en que los carros sigan moviéndose, en vez de cuidar nuestra alimentación y nuestra vida.

 

Los gobiernos no intervienen en la protección de las semillas nativas. En el año 2004 fuimos a la Cámara de Diputados a llevar las plantas de maíz deformes que estaban contaminadas con transgénicos para pedirle su apoyo para contrarrestar la contaminación. Recibieron nuestra petición, pero no hicieron ninguna acción para contrarrestar la deformación.

 

Al contrario, en 2010 la diputada Carolina Aparicio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), promovió una Ley de Semillas. En esa ley dice que una forma de conservar las semillas sería a través de un banco de germoplasma. Pero para mí la semilla se conserva en la mano de cada campesino, que lo sembramos cada año, seleccionándola y sembrándola para conservarla.

 

A nivel nacional hay una ley que habla de certificación de semillas. Como es posible que las semillas que nos han acompañado toda nuestra vida, desde hace más de diez mil años, ahora tenemos que certificarlas para que acepten que son nuestras.

 

Las leyes de semillas están hechas a conveniencia de las empresas semilleras transnacionales como Monsanto, Syngenta, Novartis y otras, para favorecer la siembra de transgénicos. No les importa los daños que están causando en nuestras semillas porque no toman en cuenta nuestra palabra y observaciones. Si entran las siembras comerciales de transgénicos, cómo nos vamos a sentir libres para sembrar nuestra semilla nativa.

 

La ley nos exige que demostremos con estudios que las semillas son nativas y que somos sus dueños. Estos estudios son caros y además debemos pagar nosotros los campesinos, Eso no está a nuestro alcance. Teófanes Josefina Santiago Santiago, Destrucción del maíz nativo por la contaminación transgénica. Evidencias de la destrucción de una propuesta civilizatoria, Preaudiencia, Contaminación del Maíz Nativo, San Luis Beltrán, Oaxaca, abril, 2013.

 

Consideramos que hay una grave distorsión en México del sistema de semillas, pues existe una excesiva concentración en pocas empresas privadas, que ejercen un control del comercio de semillas mejoradas, un control de la circulación y abastecimiento de todas las semillas (criollas y mejoradas), con el apoyo oficial a las empresas privadas.

 

En cambio se promovió el desmantelamiento de organizaciones e instituciones que apoyaban a la agricultura campesina como la Productora Nacional de Semillas (Pronase), con lo cual se favoreció la producción privada de semillas híbridas, y el establecimiento de programas como “kilo x kilo” que sustituyeron las semillas nativas por toda clase de semillas híbridas. A lo largo de varias reestructuraciones entre 1996 y 2000, se impusieron limitaciones a Pronase para que no pudiese competir y se logró que dejara de operar en 2001. Ya en el año 2000 se utilizaba en 33% de superficie semilla “mejorada”.

 

La ley de Semillas de 2007 y su reglamento son terribles porque contemplan sanciones punitivas por intercambio libre de semillas (50-75 mil dólares), se privilegia a las grandes empresas y al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas como aliado. Las sanciones son a petición de las corporaciones mientras que no se promueve la prevención de los daños de estas corporaciones para el campo mexicano. En síntesis, la ley de Semillas fortalece a las corporaciones.

 

Por ejemplo, en su articulo 33, se afirma que “para que cualquier semilla de origen nacional o extranjero pueda ser comercializada o puesta en circulación, deberá llevar en el envase una etiqueta a la vista que incluya los siguientes datos informativos: nombre del cultivo, género y especie vegetal, identificación de la categoría de semilla, de conformidad con lo dispuesto en esta ley; cuando aplique, el porcentaje de germinación, el contenido de semillas de otras variedades y especies así como el de impurezas o materia inerte (inciso V); en su caso, la mención y descripción del tratamiento químico que se le haya aplicado a la semilla, debiendo en este supuesto, estar teñida para advertir sobre su improcedencia para efectos de alimentación humana y animal (inciso VI); nombre o razón social del productor o responsable de la semilla y su domicilio (inciso VII); y número de lote que permita dar seguimiento o rastreo al origen y calidad de la misma (inciso VIII)”.

 

En el horizonte está el intento de aprobación de la nueva Ley Federal de Variedades Vegetales. La UCCS, organizaciones campesinas, de derechos humanos y ambientales, la sociedad civil, ciudadanos libres de conflicto de intereses, explicaron que la nueva LFVV, es traición al campo mexicano y el efecto fue que el 26 de abril de 2012, la Comisión de Agricultura (Comité Especial) decidió bajar del pleno y orden del día la propuesta, suspender la LFVV y promover un debate amplio en el sector de semillas, investigación y productores afectados en México ( lo cual está pendiente aún).

 

Sus implicaciones son muchas: contraviene derechos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales en derechos humanos. En el Senado y la Cámara de Diputados no se realizó consulta obligada previa e informada a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, afectados directos de LFVV. Implica graves afectaciones a las prácticas milenarias de los indígenas y campesinos de usar sus propias semillas nativas e intercambiarlas libremente. Favorece patentar genes y semillas afectando los derechos del agricultor; protege en exceso al obtentor (Monsanto y Pioneer). Establece el marco jurídico para la protección de los transgénicos y apoderarse de maíces nativos.

 

Con todo lo anterior hay el riesgo de que en el plazo largo el reservorio genético de maíz nativo mexicano sea afectado de dos maneras por lo menos: la acumulación progresiva e irreversible de ADN transgénico en las razas nativas; la contaminación reducirá la biodiversidad genética del maíz nativo y de sus parientes silvestres; cualquier semilla contaminada, nativa o no, se considerará semilla pirata. Esto equivaldría a despojar, mediante la ley, a los 62 pueblos indígenas de México de su mayordomía del principal reservorio genético de maíz del mundo. Mientras más rápido avance la contaminación de las razas nativas de maíz, más rápido ocurrirá el despojo. La contaminación de los maíces nativos de México conviene a la industria de los transgénicos porque favorecería su capitalización y la consolidación irreversible de su monopolio. Alejandro Espinoza, Argumentos científicos sobre cultivos transgénicos en México, alternativas en maíz ante los transgénicos, preaudiencia Cultivos Transgénicos: el caso de México con Énfasis en el Maíz, 11 de noviembre, 2013 y en la audiencia temática final Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía de los Pueblos, 20 de noviembre, 2013

 

Aparentemente en la península de Yucatán existe un clima de aceptación e inclusión del pueblo maya por los diferentes niveles de gobierno, pero esta pantalla sólo esconde la realidad que viven las comunidades e individuos que pertenecemos al pueblo maya, pues desde distintos ámbitos de la vida nos encontramos la exclusión de los que nos asumimos como mayas o la presión para negar nuestra identidad como moneda de cambio para acceder a los derechos que nos pertenecen como indígenas que somos y como seres humanos. Nos niega el Estado mexicano el derecho a la autodeterminación, la autonomía, la salud, la educación, la tierra, la vivienda, la comunicación, el arte, el trabajo: en conclusión una vida digna.

 

Los casos y testimonios que se presentan contienen evidencia de las afectaciones que han provocado en las estructuras comunitarias, así como en la identidad y supervivencia del pueblo maya, a través de sus políticas ambientales, económicas, organizativas, educativas, agrícolas y de salud, en muchos casos no sólo diferentes a la cosmovisión maya sino completamente contradictorias, lo que configura un sistema colonizador, invasor y etnocida.

 

En cuanto a las políticas ambientales del Estado mexicano, se ha fomentado la conservación y preservación de los territorios que contienen selva alta, sin embargo pasan por alto que estos espacios se encuentran en territorios de pueblos indígenas, que están conservados porque los que somos indios reconocemos el valor integral de la vida que contienen esas selvas, reconocemos que dependemos de ellas para mantenernos como pueblos. Ahora las políticas ambientales del gobierno le ponen un valor económico. Esta política despierta el apetito voraz de los empresarios que mueven sus recursos económicos y políticos para despojar a las comunidades de sus territorios, para entrar en el negocio de la venta de bonos de carbono, como sucede en el ejido de Hopelchén, donde el prestanombre de políticos y empresarios Alfonso Pereira transgrede las leyes y las estructuras internas de las comunidades para manipular asambleas y apoderarse de casi 100 mil hectáreas de territorio. En este mismo sentido para poder acceder a préstamos del Banco Mundial, el Estado mexicano desprecia la decisión de varias comunidades y expropia una gran parte del territorio y lo convierte en un Área Natural Protegida. Con este territorio en su poder accede a préstamos millonarios del Banco Mundial. Las políticas ambientales del Estado mexicano agreden las estructuras internas de las comunidades mayas, desmantelan las estructuras organizativas, por lo tanto atentan contra esta parte de la cultura.

 

Las políticas económicas que impulsa el Estado mexicano y que se encargan de llevar a cabo los gobiernos estatales y municipales para beneficiar a empresarios locales y empresas extranjeras impactan a las comunidades, pues están enmarcadas en el sistema capitalista imperante que expulsa a los que somos indígenas eliminando todas las posibilidades de sobrevivir de los pueblos. Se presentan los casos de despojo del ejido de Chablekal que se benefició a empresarios yucatecos para crear un Country Club exclusivo de personas adineradas pero en perjuicio de toda una comunidad. Se presenta el caso del Dragón Mart en Cancún que profundiza la situación de pobreza en la zona maya de Quintana Roo y la situación del desmantelamiento de las comunidades introduciendo expectativas falsas de un desarrollo económico, ya que la mayoría de los jóvenes son animados a convertirse en empleados esclavizados de esta zona comercial. Para facilitar este proceso se eliminan todas las posibilidades de que los jóvenes puedan acceder a una educación justa y adecuada, así como insertan el desprecio de los jóvenes hacia su propia cultura y a los medios de vida que los pueblos mantienen.

 

En cuanto a las políticas agrícolas del gobierno federal, ejecutados por los gobiernos de los estados de la península de Yucatán, se ha evidenciado en los últimos 20 años que los programas están enfocados en impulsar la agricultura de monocultivos extensivos destinada a servir para las grandes empresas de industrialización. Para ello le han abierto las puertas a grandes transnacionales como Monsanto que venden paquetes tecnológicos que incluyen semillas mejoradas con sus respectivos fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. Con esta política se ha desplazado de manera agresiva la agricultura tradicional maya, eliminando a propósito la diversidad de semillas locales. En las zonas donde se puede realizar la mecanización de las tierras, se provocó la eliminación de las formaciones naturales de la tierra y los cauces y filtraciones naturales del agua, provocando la inundación de las comunidades mayas de varias partes de la península. Bajo el pretexto de cubrir necesidades alimentarias, el Estado mexicano ha otorgado a la empresa Monsanto gran parte del territorio peninsular en permisos para la siembra de soya transgénica.

 

Más 260 mil hectáreas comprende el polígono entregado a Monsanto, sin previa consulta, sin análisis de impacto. Sin nada de por medio, el Estado mexicano entregó a esta empresa el territorio de cientos de comunidades para desarrollar una agricultura ajena a la local y completamente contraria a la vida misma de las personas que se asientan en este territorio. La soya transgénica afecta directamente a los campesinos mayas que tienen entre sus actividades principales a la apicultura, pues la miel que producen se contaminó de polen transgénico y corre el riesgo de ser vetado por sus principales compradores. La soya transgénica afecta el ambiente, la salud, el agua, la tierra, la organización interna de las comunidades, la manera de trabajar. La soya transgénica trastoca la vida comunitaria de la península. Esta agricultura es fruto de las políticas del Estado mexicano.

 

En las políticas de salud, las secretarías estatales encargadas de este tema, muestran su desprecio por la medicina que el pueblo maya hemos practicado por siglos con excelentes resultados y al alcance de toda la comunidad, en el entendido de que la salud es un derecho humano. Sin embargo, el Estado mexicano ha convertido la salud en un lujo que corresponde únicamente a los que pueden acceder a ello. Ahora con el pretexto de reconocer la medicina maya, los estados exigen a los médicos tradicionales así como a las parteras registrarse ante la Secretaría de Salud, para “enseñarles” cómo es que deben de realizar su trabajo; de otro modo, si alguna partera o algún médico tradicional no registrado se atreve atender a algún enfermo de su comunidad, después el Centro de Salud ya no quiere atender a estas personas. Las parteras son obligadas a tomar cursos constantemente para ir limitando sus capacidades y su confianza, esto ha provocado que nadie en las comunidades, reconozca, respete ni mucho menos quiera aprender y heredar los conocimientos sagrados de la medicina maya, desmantelando así, esta parte de nuestra cultura. Acusación General de la preaudiencia Políticas de Exterminio Contra el Pueblo Maya, Maní, Yucatán, noviembre, 2013.

 

Somos una comunidad indígena perteneciente al Ejido de Santa María Magdalena Cahuacán, Nicolás Romero, Estado de México. Nuestro único interés es proteger y preservar nuestros recursos naturales; nos hemos organizado para luchar junto a otros movimientos en el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra y en primera instancia con el Comité Particular Ejecutivo Agrario del Ejido de Santa María Magdalena, Cahuacán.

 

Denunciamos y rechazamos cualquier proyecto que pretenda despojarnos de los recursos que históricamente hemos poseído, manejado, administrado y protegido de manera colectiva.

 

Cahuacán posee manantiales y recursos forestales que son los más importantes del municipio. Estos bosques son gran parte de los pulmones del Valle de México y el Distrito Federal. Gran parte de estos manantiales se encuentran en la ampliación ejidal. Si se llega a concluir el despojo de las tierras, el ejido carecerá también de estos recursos naturales. La búsqueda de minerales con el fin de explotación, así como el propósito gubernamental de generar energía eléctrica utilizando ríos, cuencas y arroyos ocasionan la contaminación de los cuerpos de agua y el impacto irreversible de muchos ecosistemas, originando la muerte de animales y la desaparición de flora y fauna de todo tipo.

 

Al contar estos territorios con manantiales es muy probable la explotación y contaminación del agua. La explotación hídrica subterránea genera un desabastecimiento en diferentes puntos de las localidades; recordemos que el agua de los manantiales ubicados en la ampliación ejidal da abasto a toda la población de Cahuacán que cuenta con 14 mil 195 habitantes según un censo realizado en 2010. Tampoco olvidemos que el agua procede de fuentes no renovables que en pocos años se pueden secar y que en la actualidad uno de los negocios más retribuidos es la explotación indiscriminada del agua. Se pretenden hacer unidades habitacionales y brindar el servicio hídrico podría generar sustanciosas ganancias.

 

El impacto ambiental por las construcciones en los ecosistemas es irreversible, las descargas de contaminantes en el medio ambiente afecta al aire, al agua y al suelo.

 

Es sorprendente que aun conociendo los daños que provoca una construcción de tal magnitud, las autoridades apoyen este tipo de proyectos pasando por alto las leyes de protección al ambiente y ya ni hablar del despojo de tierras.

 

Jurídicamente somos los únicos propietarios, ya que contamos con la sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario; moralmente lo somos también porque desde años inmemoriales hemos reclamado tenazmente el título de las tierras de nuestros abuelos, que por siglos hemos cuidado y cultivado para beneficio de nuestras familias y comunidad.

 

La nueva forma de invasión es ahora la de un modelo que se justifica bajo la idea de “desarrollo” que amenaza con la desaparición de los ejidos con el despojo de las tierras y el deterioro ambiental. Sabemos que las autoridades no están de nuestra parte y vemos con preocupación el futuro inmediato de nuestra comunidad. Aun así hemos dado la batalla y en nuestros pueblos lo que hemos hecho son las consultas comunitarias para declarar territorios libres de megaproyectos. Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. Caso del Ejido de Santa María Magdalena, Cahuacán. Preaudiencia Colisión Campo-Ciudad, Tepoztlán, Morelos, noviembre de 2012 y preaudiencia Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna, San Isidro, Jalisco, junio, 2013.

 

 

En Santa Cruz, los despojos físico-territoriales, los despojos de las parcelas, han venido operando a través de una supuesta compra. Les ofrecen un millón cien mil pesos, con 5 por ciento de ganancia para el “corredor” —son los intermediarios entre ejidatarios y compradores, quienes “enganchan” al ejidatario y concretan la “compra-venta” directa e inmediata.

 

La transacción consiste en el pago al ejidatario de 100 mil pesos como anticipo y “amarre” de la compraventa. Les prometen cubrir el monto total después de haber realizado los trámites de regularización y cuando haya sido vendida la parcela. A cambio, el ejidatario hace entrega de sus títulos de propiedad. Los ejidatarios consideran que de los 105 integrantes del ejido de Santa Cruz de las Flores, de 30 a 33 personas han cedido a las presiones de venta de sus parcelas. Cada uno tiene entre tres y cuatro hectáreas.

 

El ejido Santa Cruz de las Flores tiene una extensión de 800 hectáreas. Rememoran los ejidatarios que desde hace tres a cinco años, han sido recurrentes las visitas de los “corredores”. Incluso, viven el hostigamiento a través de la búsqueda en sus domicilios, utilizan el engaño y la coacción, diciéndoles que “son muchas las personas que han vendido”. Esta coacción, proviene desde el interior de las comunidades, porque muchas de las ejidatarias han sido cooptadas por estos “vendedores”. Como es el caso de la señora Cuca González, de quién se afirma recibe pago por ventas realizadas, como gratificación de su labor de “convencimiento”.

 

Las presiones territoriales provienen también de las industrias de alto riesgo y de capital trasnacional —como es el caso de la Ducor-Du Pont (herbicidas, insecticidas, fertilizantes, fungicidas y foliares). La empresa de PISA, SA de CV ocupa grandes extensiones de tierras, con sus naves industriales —desde hace dos años aproximadamente— para la producción farmacológica, de alimentos y productos agropecuarios.

 

Otra amenaza de despojo e invasión territorial se relaciona con la obra del macrolibramiento en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El trazo actual, cercenaría el ecosistema del Cerro Viejo, importante por su biodiversidad y como regulador del clima de la zona metropolitana de Guadalajara.

 

En el caso de Santa Cruz de las Flores, fragmentaría y despojaría de parcelas a la comunidad ejidal de San Cayetano, asentada en la sabana (conocida por los pobladores como “El Malvaste”) que también tiene grandes hondonadas, donde aún se conservan los últimos ojos de agua. Este lugar, se localiza en territorios colindantes de las comunidades ejidales de San Cayetano y de Santa Cruz de las Flores. En esta última, se localiza el humedal de la Playa. Rememoran nuestros campesinos que en estas tierras se daba frijol, sorgo, garbanzo y maíz, melón, sandia, jitomate, chilares, se da de todo en esta tierra. Aseguran, que su fertilidad, proviene de su origen volcánico. Caso de la resistencia social del pueblo de Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco de Zúñiga, preaudiencia Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna, San Isidro, Jalisco, junio, 2013

 

Nuestras exigencias son el respeto y la restitución de las condiciones materiales de vida y de subsistencia humanas, de producción, reproducción y desarrollo de la vida en general. La reparación integral de las afectaciones causadas a los ecosistemas, los ciclos naturales de vida, el medio ambiente, a la salud y a la calidad de vida. La restitución de la libertad de lograr un desarrollo integral de los seres humanos en lo individual y lo colectivo; así como del tejido social y de los lazos comunitarios ancestrales. La anulación de políticas públicas de desarrollo ajenas y contrarias a las necesidades e intereses de los pueblos.

 

Exigimos que se detengan los procesos de destrucción impune de la biodiversidad silvestre y cultivada, incluso en su centro de origen. Exigimos la cancelación de proyectos que permiten la deforestación masiva, la contaminación y erosión del suelo, la contaminación del agua y acuíferos, la pérdida de biodiversidad, y el traslado de los costos ambientales a los pueblos y comunidades. Exigimos la restitución de territorios y bienes comunales y ejidales; el acceso efectivo a la justicia; buscamos ponerle alto a la criminalización de la protesta, incluidas la judicial y la mediática, así como a la intimidación, acoso, asesinato, desaparición y persecución de líderes y luchadores sociales.

 

Exigimos también acceso libre y efectivo a la información pública o privada que se relacione con las afectaciones potenciales o padecidas debido a los proyectos de desarrollo, así como a procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado; detener los procesos de privatización de los bienes públicos, y su traslado a intereses privados; detener la persecución y destrucción de la agricultura campesina, sus sistemas organizativos y de vida, así como la destrucción de las semillas nativas y criollas a través de la imposición de la agricultura industrial y la criminalización de la custodia e intercambio de las mismas, y restituir y respetar todos los sistemas de agricultura urbana y de los cultivos de subsistencia. Acusación particular en la preaudiencia Colisión Campo-Ciudad, Tepoztlán, Morelos, noviembre, 2012.

 

 

Un número considerable de campesinos del núcleo ejidal denominado Chablekal, así como varios ejidos del estado de Yucatán, fueron privados de manera irregular de sus parcelas y derechos ejidales. Todo esto bajo un supuesto sistema de privación de derechos contenidos en la antigua Ley Federal de la Reforma Agraria, y cuyo procedimiento orillaba a los núcleos ejidales a realizar supuestas asambleas con el fin de despojar a los campesinos de sus derechos agrarios (por supuesto desavenidamente del núcleo ejidal respectivo), siendo un caso grave ya que en la misma asamblea de privación eran reconocidos nuevos ejidatarios en sustitución de los ahí despojados, haciendo que los caciques o personas influyentes de los poblados —que casi siempre se encontraban como comisarios de los ejidos señalados—, retiraran el derecho a personas que en realidad sí trabajaban la tierra. Lo anterior era la táctica para agregar a familiares y amigos, ante la aprobación de la Comisión Agraria Mixta (que era la autoridad responsable de realizar los censos y verificación de las parcelas de los ejidos de los estados), y demás autoridades agrarias. En dichas actas de asamblea se puede observar que los empleados de la Comisión Agraria Mixta señalaban haber constatado que las parcelas de los ejidatarios sujetos al procedimiento de privación, se encontraban desavecindados de los respectivos ejidos, lo cual era completamente falso. En el caso de la localidad de Chablekal, éstos “desavecindados” resultaban ser más de 40 ejidatarios, pero nunca eran realizadas tales actas de notificación que respaldaran tal hecho, lo que en resulta ser una clara violación a las garantías individuales de los sujetos agrarios. Lo más curioso es que dichas visitas las realizaban de tres a cuatro horas, llevando a cabo también una asamblea para la recepción de los documentos de los ejidatarios para corroborar los datos de las personas que supuestamente eran ejidatarios, lo cual humanamente es imposible.

 

La citada Ley Federal de la Reforma Agraria señalaba que los sujetos de la privación de derechos deberían ser notificados personalmente, y en caso de desavecindad debería levantarse acta circunstanciada manifestando tal hecho, ante cuatro ejidatarios, lo cual nunca pasó. En muchas ocasiones, ejidatarios que fueron privados de sus derechos agrarios, por desavecindad, posteriormente en asambleas serían reconocidos nuevamente, repitiendo dicho circulo vicioso, ya que si anteriormente se encontraban desavecindados es extraño que posteriormente fueran reconocidos nuevamente, por los antecedentes ya mencionados. Ejido Chablekal, Yucatán VS México, Preaudiencia, Políticas de Exterminio contra el Pueblo Maya, Maní, Yucatán, noviembre, 2013.

 

Con la aplicación de políticas públicas de libre comercio y leyes privatizadoras; con la autorización de siembras piloto, experimentales y comerciales de maíz transgénico; con la contaminación del maíz nativo y favorecimiento de los intereses a empresas trasnacionales, el Estado Mexicano viola de manera flagrantes derechos individuales y colectivos, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos Tratados Internacionales firmados y ratificados por sí mismo.

 

[...] Para autorizar los permisos de siembras de maíz transgénico, en cualquiera de sus fases experimental, piloto o comercial, el Estado mexicano hace un uso direccionado del derecho (desviación de poder), creando una regulación nacional violatoria de principios internacionales que promueve el uso de los transgénicos, usando un discurso de precaución y de protección especial que conduce a una simulación jurídica; violando sistemáticamente derechos individuales y colectivos, tales como el derecho de los pueblos indígenas a preservar su semilla, a su libre determinación para conservar su hábitat, a la consulta libre, previa e informada, a decidir sobre su desarrollo, entre otros (Convenio 169 OIT).

 

Esta desviación de poder ocurre desde la instauración de instrumentos legales anteriores a la Ley de Bioseguridad, desde el sexenio 1988-94, imponiendo políticas económicas y jurídicas concretas que redefinieron la vida nacional e implementando reformas legales que permitieron a México participar dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

 

El Estado mexicano fundamentalmente viola las disposiciones legales nacionales e internacionales en materia de protección de biodiversidad, al permitir la introducción del maíz transgénico y las siembras experimentales y comerciales a campo abierto, con lo cual se amplía la situación de riesgo al poner en peligro inminente la integridad de varios ecosistemas y agroecosistemas, así como la biodiversidad asociada al maíz nativo, sustento de la alimentación de los mexicanos y base de la vida de los pueblos indígenas, campesinos y de los agricultores; violentando, en consecuencia, el Principio Precautorio contenido en el Convenio sobre Diversidad Biológica, por el cual el Estado mexicano queda obligado a prever, prevenir y atacar, en su fuente, las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica, sin poder alegar la falta de pruebas científicas inequívocas, como razón para aplazar medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo la amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica.

 

[...] Existen evidencias y datos científicos que comprueban diversos efectos negativos en maíces nativos y sus parientes silvestres, así como en la agrobiodiversidad asociada al maíz, que sugieren incertidumbres y consecuencias ecológicas y agrícolas progresivas e inesperadas, derivadas de la persistencia y acumulación de los transgenes en las milpas y campos mexicanos [...]; las evidencias científicas demuestran que no existen barreras capaces de contener el flujo genético ni el intercambio tradicional de semillas —derecho histórico de los pueblos—, sin que exista contaminación transgénica progresiva a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, una vez liberados los maíces transgénicos al ambiente. Las “zonas restringidas” dispuestas en la ley para los maíces transgénicos, suponen que es posible su coexistencia con zonas donde sí se permitan, lo cual resulta una simulación de protección para los maíces nativos que, además, cancela cualquier posibilidad de aplicación del Principio de Precaución.

 

[...] El Estado mexicano, con la imposición de los cultivos transgénicos y sus patentes, implanta un control biológico violento, despojando a los pueblos de sus semillas y obligándolos a introducir paquetes tecnológicos nocivos que hacen drogadicta a la tierra y la erosionan.

 

[...] Es posible y preocupante que los agricultores que cultiven variedades nativas de maíz descubran que sus cultivos contienen genes de las plantas transgénicas, razón por la que podrían ser incriminados al vulnerar “derechos de propiedad intelectual” adquiridos por las empresas titulares de las patentes, las cuales están ampliamente protegidas en los sistemas de propiedad intelectual globales.

 

[...] La introducción del maíz transgénico en México a través de las legislaciones mexicanas hechas por el Estado mexicano en favor de empresas transnacionales para darles certeza jurídica, arrebata las posibilidades de soberanía alimentaria, y debilita a los pueblos destruyendo con ello la integridad de las comunidades y sus territorios.

 

[...] En suma, el Estado mexicano —al autorizar la siembra de maíz transgénico en el territorio nacional— viola de manera sistemática el derecho sagrado a vivir como pueblos indígenas nuestra cultura con relación a la madre tierra y a las semillas; el derecho ancestral a mantener bajo nuestro cuidado y control las semillas de maíz que consumimos; el derecho vital a mantener nuestros pueblos con instituciones comunitarias fuertes; el derecho colectivo a mantener formas de vida comunitaria con identidad indígena; el derecho generacional a intercambiar maíces como lo hemos venido haciendo desde tiempos inmemoriales; el derecho a la elaboración y consumo saludable de los diversos productos derivados de nuestro maíz; el derecho al trabajo colectivo y organizado para cultivar parcelas comunitarias en nuestras comunidades; el derecho a la integridad de nuestros territorios y el derecho a la vida como pueblos del maíz. Acusación particular de la preaudiencia Contaminación Transgénica del Maíz Nativo, San Luis Beltrán, Oaxaca, abril, 2013.

 

Los campesinos indígenas pertenecientes al pueblo maya y habitantes de los ejidos ubicados al poniente del municipio de Bacalar, denunciamos que la venta de tierras es promovida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión nacional Forestal (Conafor), la Procuraduría Agraria, y es consecuencia del rezago económico y la exclusión política orquestada desde el aparato de Estado mexicano e instrumentada desde sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

 

Para los campesinos, el dinero obtenido de la venta, ayuda a subsanar de manera inmediata necesidades económicas básicas, como salud, alimentación, educación y vivienda. Sin embargo la venta no es legítima, es resultado de la necesidad económica orientada por el hambre, el frío, la enfermedad, el cansancio y la injusticia social que desde hace mucho sufrimos.

 

Los campesinos mayas nos dedicamos a la agricultura, principalmente. Sin embargo no existen mercados para nuestros productos y ningún programa de gobierno atiende dicha necesidad. En cambio sí existen programas gubernamentales que promueven la tecnificación agrícola provocando con esto el encarecimiento de insumos para la siembra, la degradación de la tierra, la pérdida de biodiversidad y el desequilibrio ecológico. Sabemos queesto es producto deluso de maquinaria, agroquímicos, semillas comerciales y el monocultivo, mejor conocido como Revolución Verde promovida por empresas de la iniciativa privada, entre las que se encuentran las grandes compañías mundiales conocidas (Monsanto, Syngenta, Pioneer, etcétera),así como lo más novedoso y atractivo para el capitalismo,la revolución biotecnológica, es decir la promoción al uso de semillas genéticamente modificadas.

 

El encarecimiento de los insumos agrícolas, el aumento de las plagas, las condiciones de erosión en el suelo, la falta de mercados para los productos campesinos, los precios bajos, las mafias institucionales, son lo que impulsa el éxodo campesino a migrar, dejando sus tierras, en busca de oportunidades laborales en los mercados urbanos. Esta situación,resultado del contexto económico, favorece a los empresarios agroindustriales, ya que las tierras deshabitadas quedan disponibles para su compra.

 

Debido al contexto económico campesino, que provoca la venta de tierra, denunciamos el despojo de nuestro territorio, disfrazado de venta, impulsado por el aparato de Estado, para el beneficio de la iniciativa privada. Políticas públicas que impulsan el despojo del territorio en comunidades del poniente de Bacalar. Preaudiencia, Políticas de Exterminio contra el Pueblo Maya, Maní, Yucatán, noviembre 2013.

 

Los agravios que resentimos son los siguientes: Un proceso creciente de urbanización salvaje, que se caracteriza entre otras cosas, pero particularmente, por una relación campo-ciudad extremadamente desequilibrada y perversa, que tomó como base la subvención de los procesos de urbanización e industrialización a través del pago de energía barata, de la transferencia de servicios ambientales rurales al gran metabolismo urbano y del pago de salarios muy bajos en la ciudad a costa del pago de alimentos del campo por debajo de su valor.

 

En sintonía con el abandono del campo, al que ya no se le reconoce gran valor productivo, salvo si se trata de grandes empresas e inversionistas, las ciudades crecen comiéndose literalmente su territorio rural. A la vez que la ciudad se presenta como una oportunidad y un mercado, representa también la negación de la posibilidad de mantener una vida rural, sobre todo cuando no existen políticas de fomento a la producción agropecuaria y que los alimentos son traídos de otras regiones o países.

 

Este proceso se puede ver claramente ejemplificado por los diversos casos presentado, entre ellos el de los 13 pueblos de Morelos, por Tetelpa y su defensa del Cerro de la Tortuga, y que implica la destrucción del entorno natural y la biodiversidad, agota el agua y se lleva adelante sin ofrecer los servicios necesarios para una vida digna. Son los casos del Parque Reforma Social con años luchando porque no se privatice este espacio público; el caso de San Pablo Tecalco, donde se pretenden construir 150 mil viviendas en una zona de reserva ecológica; o la Loma de Santa María, en Morelia, Michoacán. En todos estos casos la gente lucha contra proyectos inmobiliarios en zonas de alta biodiversidad y contra los caminos que se quieren construir para acceder a los mismos.

 

Los procesos de industrialización definidos por el gran capital interno y externo según sus necesidades de acumulación, descuidan el ambiente; las obras de infraestructura se hacen fundamentalmente para su servicio, y han traído consigo una gran afectación de territorios y ecosistemas que sufren el embate de procesos de urbanización desmedidos. Todo en detrimento de los recursos naturales, de los ecosistemas y de la cultura y vida campesina. Los megaproyectos como los de Miacatlán, donde la comunidad resiste la entrega de tierras comunales a empresas canadienses para proyectos turísticos; Huexca y Xantetelco donde existe el proyecto de dos centrales termoeléctricas, torres de alta tensión y un gasoducto que es resistido por la comunidad por los riesgos que implica, en su impacto ambiental y por el agua, así como los proyectos mineros como en el caso de Tetlama en el que se entregaron miles de hectáreas a una minera canadiense, son claros ejemplos de este embate.

 

El proceso de interconexión territorial para el traslado de mercancías, donde las fronteras entre lo rural y urbano se convierten en membranas muy permeables y fluctuantes ha provocado, además de una aglomeración física de personas de manera continua en un territorio, la interconexión entre diferentes agentes del capital en un mundo cada vez más globalizado donde se abre la posibilidad de libre circulación de mercancías, y se criminaliza y grava la circulación de personas.

 

Los proyectos de construcción de carreteras privadas en México buscan consolidar un modelo de reorganización territorial y de circulación de la producción de mercancías que beneficia sólo a los intereses de los capitales industriales que obtienen grandes ganancias a partir de la concepción, proyección, construcción y operación de este tipo de infraestructuras, como son la industria del petróleo, de la construcción y automotriz, las cuales, al tiempo que obtienen rentas fabulosas por la operación de las carreteras, por la fabricación de los vehículos o de los insumos para construirlas, trasladan los costos ambientales y sociales generados por estos proyectos a las comunidades, generan el crecimiento exponencial del parque vehicular, incrementan el riesgo de transitar por ellas o de vivir junto a ellas, estimulan el proceso de la crisis climática por la generación de gases con efecto de invernadero derivado de las emisiones de los vehículos automotores y por la destrucción de zonas de conservación de bosques, agua y biodiversidad que resultan claves para la captura de dióxido de carbono; atropellan los derechos colectivos de los pueblos, incentivan los flujos de la economía criminal, favorecen procesos de división y desplazamiento o migración de las comunidades rurales y, cuando fracasan como negocios, son rescatados mediante recursos públicos.

 

Los agravios cometidos contra los pueblos por proyectos carreteros ha sido un elemento alarmante dentro de los casos documentados, y han dado cabal cuenta de lo antes expuesto. Es el caso de Tetlama donde hay un proyecto por ponerse en marcha; la situación en Tepoztlán y la resistencia a la ampliación de la autopista; la resistencia en el Distrito Federal a la construcción de la Supervía Poniente; el caso de Libramiento Norte en Puebla y Tlaxcala donde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en la Región de la Malinche ha logrado frenar el proyecto pero no su cancelación definitiva, y también el caso de las comunidades otomíes del valle de Lerma, en el estado de México, que luchan contra la autopista Toluca-Naucalpan.

 

La crisis ambiental por basura en México ha alcanzado niveles alarmantes, que rebasan por mucho la capacidad del territorio para regenerarse por los daños generados por la misma, tanto a los suelos, como al agua y el aire. El traslado de residuos de las grandes urbes al campo es una constante y resultado de leyes y políticas permisivas, además de un alto grado de corrupción de autoridades federales y locales que reciben por ello cuantiosas ganancias.

 

Las políticas urbanas que buscan ciudades libres de basura “resuelven” su problemática trasladando los residuos a lugares alejados de la misma, generalmente localidades rurales o agrarias que reciben toneladas de basura diariamente. La basura que se traslada y deposita en espacios rurales y agrarios son indiscriminadamente mezclados, generando así una letal composición de residuos sólidos, urbanos y peligrosos, que generan graves problemas de contaminación y salud en las poblaciones.

 

Lo anterior se ha visto claramente expuesto por los basureros a cielo abierto en Tetlama y Alpuyeca donde la comunidad logró el cierre del basurero, pero el mismo sigue contaminando; el de San Nicolás Totolapan, Delegación Magdalena Contreras, donde se están arrojando miles de toneladas de cascajos ilegalmente; los casos de Texcoco y Tequexquinahuac, donde la Unión de Pueblos en Defensa del Agua se está resistiendo al vaciado de lodos tóxicos en los socavones que están contaminando el agua subterránea; el caso de la Presa Endhó donde se logró resistir la instalación de un basurero de residuos industriales; el caso de Valle del Mezquital donde se resiste la contaminación provocada por el vertido de aguas negras y residuos industriales; el caso de El Salto en Jalisco, en el Río Santiago, donde Un Salto de Vida lucha contra la extrema y letal contaminación provocada por los vertidos industriales.

 

El manejo del agua, bien público por excelencia, adquiere cada vez más un papel central en esta relación asimétrica entre lo rural y lo urbano y en los conflictos sociales. Generalmente los conflictos campo-ciudad en torno a este líquido, son resultado de su extracción de zonas rurales privando muchas veces a sus habitantes de los volúmenes necesarios para sus actividades productivas o domésticas, contribuyendo a engrosar las filas de la población desplazada por los impactos de este fenómeno.

 

El agua entonces, reconocida como un bien público propiedad de la nación y un derecho humano, se enfrenta muchas veces al derecho agrario donde los pueblos han sido dotados de tierras y aguas y a los usos y costumbres de gestión del agua de parte de las comunidades, donde generalmente los que pierden son éstas últimas.

 

Las transferencias de agua siempre son a favor de asentamientos humanos urbanizados o para el beneficio de grandes empresas industriales, agrícolas o mineras; además para producir la energía para los procesos industriales se han construido grandes presas sobre los ríos, desestructurando las economías regionales de las que depende la vida rural.

 

Las ciudades gozan de los servicios ambientales que les proporcionan las cuencas a las que pertenecen o las adyacentes a ellas (provisión de agua, paisaje, regulación climática, conservación de biodiversidad, control de inundaciones), sin asumir los costos económicos, sociales y ambientales de la destrucción de los mismos, que son trasladados a las poblaciones del campo. La manera de disponer de las aguas residuales de las ciudades, que sin tratamiento alguno son trasladadas a espacios rurales, tiene un impacto negativo en los ecosistemas y en la salud, sin que las ciudades respondan por ello.

 

Los casos particulares vinculados al agua son el de Cuautla donde se lucha contra una gasolinera que amenaza contaminar los manantiales de la zona; el de Atlapulco donde la comunidad lucha por el reconocimiento de su aporte al cuidado del agua que abastece a una parte de la ciudad de México; el caso de la Presa Endhó, en Hidalgo donde se resiste a la gravísima contaminación de la presa por el vertido de residuos industriales y domiciliarios provenientes del DF y toda la zona metropolitana, que ha destruido toda la vida del espejo de agua; las luchas de Río Atoyac en Puebla-Tlaxcala donde las industrias se han ido apropiando del agua al mismo tiempo que contaminan el río con sus vertidos.

 

La invasión de tierras, la destrucción de economías locales y el despojo sistemático, permanente y continuo del territorio son también parte de este cúmulo de agravios perpetrados por el Estado mexicano en contubernio con los capitales privados, favoreciendo el desarrollo urbano en detrimento del campo.

 

La destrucción de la vida campesina por la posible aprobación de la siembra de maíz transgénico en dos millones y medio de hectáreas en Sinaloa y Tamaulipas que amenaza contaminar a todo el centro del origen del maíz y poner a todo el pueblo mexicano bajo los riesgos de alimentarse con este maíz en un experimento irresponsable y criminal, pero también pone en grave riesgo la agricultura independiente del pueblo mexicano y el futuro de biodiversidad de semillas nativas en el centro de origen de uno de los cultivos más importantes de la humanidad, atentando contra la subsistencia y los saberes ancestrales de los pueblos.

 

La criminalización de la protesta social y la represión permanente y continua hacia los pueblos y comunidades que defienden sus territorios y sus formas de vida y subsistencia se ha constituido en un agravio transversal de este proceso de colisión entre el campo y la ciudad.

 

Frente a la resistencia de nuestras comunidades y barrios, sufrimos un proceso de criminalización y represión apoyado por la calumnia, el montaje, la desinformación y la corrupción. La criminalización de las luchas sociales se repitió en casi todos los casos expuestos y marca uno de los ejes de la respuesta del Estado frente a las demandas de los pueblos y la insistencia en mantener nuestra dignidad y formas de vida. Hay innumerables víctimas asesinadas sin que haya habido justicia, tanto recientes como un poco más antiguas, como los casos de Miguel Ángel Pérez Cazales, Inocencio Pérez, Marcos Olmedo, entre muchos otros lesionados y asesinados por defender sus pueblos, ambiente y dignidad, la mayoría de ellos que han sido olvidados en expedientes penales o bien, nunca tomados por ninguna estancia judicial. O bien, la falsa imputación de cargos como ataques a las vías de comunicación, atentado contra la paz, motín, conspiración, extorsión e incluso asesinato, en los casos de Roberto Ramírez, Elvia Carina Pérez, Priscilo Morales, Santos Salas, Tereso Morales, Gerardo Demesa, y otras y otros tantos acusados injustamente. Acusación general de la preaudiencia Colisión Campo-Ciudad, Tepoztlán, Morelos, noviembre, 2012.

 

Fuente: Desinformemonos

Temas: Acaparamiento de tierras, Tierra, territorio y bienes comunes

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