México: Pueblos originarios, entre la transición y la indiferencia del Estado

1. La disputa por el poder. Hace 15 años los indígenas de Chiapas sorprendieron al mundo con la declaración de guerra a un gobierno que calificaron de usurpador; exigían la renuncia de Carlos Salinas, el cumplimiento de 11 demandas. La entrada en vigor del polémico Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá fue cuestionada por la rebelión indígena más importante de tres siglos. Detrás del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se condensaban procesos diversos: históricos, culturales, políticos y económicos; en el pasado remoto, el argumento partía de los 500 años, de la crítica a la explotación estructural y la ancestral opresión de los pueblos originarios. El modo, la forma y la pretensión, así como el alcance del levantamiento parecía inspirarse en la insurrección de 1712 que protagonizaron los pueblos tseltales, tsotsiles y choles asentados en el mismo territorio que la rebelión de 1994.

En el pasado reciente, el referente es el Congreso Indígena de 1974, que impulsado desde círculos oficiales se convirtió, andando el tiempo, en el principal detonador de la lucha y la organización indígenas del último cuarto del siglo XX en torno a demandas de tierra, comercio, salud y educación. Infinidad de organizaciones indígenas y campesinas se crearon en torno a estas necesidades en toda la geografía chiapaneca, particularmente en las regiones indígenas habitadas por tseltales, tsotsiles, choles y tojolabales. Chiapas se convirtió en el imán que atraía a partidos y organizaciones de izquierda de todo tipo, y a la par del crecimiento de las organizaciones indígenas independientes también se amplió y consolidó el proyecto de la teología de la liberación cuyos agentes en más de un caso actuaban más como activistas políticos que como predicadores del evangelio. De esta manera, de 1974 a 1994 la lucha de los pueblos y las comunidades indígenas de Chiapas transitó de las demandas meramente económicas y asistenciales a exigencias políticas que proponían la organización de la sociedad en torno a tres ejes fundamentales: democracia, libertad y justicia, en torno de las cuales giró la movilización de amplios sectores de la sociedad.

Así, de la lucha por la tierra, el comercio, la salud y la educación, esto es de las reivindicaciones meramente económicas y asistenciales, de las organizaciones propiamente sectoriales, pasaron a la creación de una fuerza militar indígena, a la disputa del poder y a demandar mayor participación en la toma de decisiones. En 20 años, un katún, pasaron de exigir buenos gobiernos a demandar su derecho a gobernarse y a ser dueños de su presente y su futuro. “Ahora estamos convencidos –decían organizaciones indígenas del país– de que, en realidad, la situación que vivimos deriva de que los pueblos indios hemos estado excluidos del poder, de la posibilidad de ser parte de las decisiones nacionales que atañen al conjunto del país y a nuestras regiones, municipios y comunidades.” Ponían el acento en su exclusión del poder como la causa de su condición social. Pero además, articularon un discurso que legitimó su creciente protagonismo a partir de la cultura; reivindicaron su pertenencia a una cultura específica, de origen maya, como el eje articulador de su discurso. Sustituyeron de esa manera el referente ideológico clasista dominante en los setenta y el primer lustro de los ochenta. Lo cultural le dio una legitimidad incuestionable en la sociedad mexicana, acompañada de una creatividad discursiva y práctica nunca antes vista.

Entre estos años, 1974 a 1994, acaecieron eventos de gran significado: caída del muro de Berlín; desaparición de la Unión Soviética ; en fin la caída del socialismo real, que en términos político-ideológicos significó la derrota histórica del referente ideológico que legitimó la lucha y la organización de estos pueblos durante varias décadas. Los indígenas de Chiapas, lejanos, marginados, fueron de esta manera afectados por esta derrota histórica. No obstante, la tradición de resistencia, la presencia de agentes de la teología de la liberación, así como los avances organizativos y las relativas victorias que obtuvieron, transformaron esa derrota y el fin de los paradigmas de la izquierda socialista en una nueva etapa de lucha. Así, poco a poco, fueron surgiendo demandas de nuevo tipo –y organizaciones ad hoc– que reivindicaban la diferencia, la inclusión, el respeto a la dignidad, a los derechos humanos y a la diversidad cultural. De este modo, desde finales de los 80s entre los indígenas chiapanecos lo cultural ha sido uno de los campos más dinámicos.

Enero de 1994 fue así la expresión de un quiebre, una inflexión, de tránsito de una época a otra. Fue la manifestación del fin de una época: la crisis del indigenismo integracionista instaurado desde los años 50s, la quiebra de un sistema político fundado en torno de una creencia, la del partido único y de una religión única, sustentado en un modelo de comunidad que construyó la práctica de un comunitarismo autoritario alimentado por tradiciones, así como de usos y costumbres caciquiles refuncionalizados por el indigenismo gubernamental. Aun cuando el discurso del gobierno, de intelectuales, partidos políticos y otros actores sociales, intentó justificar la rebelión por la condición de abandono y de miseria de la población indígena, realidad indiscutiblemente cierta, en realidad la rebelión expresó el fin del sistema político fincado en el partido único, en la falta de democracia, el autoritarismo y la corrupción. Así, los zapatistas del EZLN determinaron la forma y el contenido político de la lucha y la organización indígenas de 1994 en adelante. Hicieron del “problema” indígena tema de debate nacional y eje de la agenda política de los indígenas de México que mantuvieron la iniciativa en el campo político.

De 1994 a 2000 los indígenas viven entre la esperanza y la violencia. La esperanza de transitar a una sociedad democrática, incluyente y tolerante. Por ello crearon el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), que aglutinó a organizaciones tanto de corte oficial como independiente con el propósito de alcanzar la paz y resolver la miseria ancestral de los pueblos indígenas y realizaron la Convención Nacional Democrática (CND). Las divisiones y rupturas posteriores no hicieron sino ubicar a cada quien en su lugar, de acuerdo con su visión, posición e intereses. En agosto del mismo año se realizaron en Chiapas las elecciones más competidas de la historia contemporánea, en donde lo importante fue la participación de todas las fuerzas políticas y sociales independientes y de izquierda, incluyendo por supuesto al EZLN. Se creó para tal fin la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH) que aglutinó a cuatro frentes sectoriales: la Convención Estatal de Mujeres, al CEOIC, el Movimiento de la Sociedad Civil y el PRD. Amado Avendaño Figueroa, abogado y editor del periódico Tiempo, modesto pero influyente en la opinión pública local, fue el candidato de la izquierda chiapaneca, avalado por el EZLN y la Diócesis de San Cristóbal que movilizó en su favor al Pueblo Creyente, una organización de inspiración religiosa y con un poderoso componente indígena.

El 20 de agosto, el triunfo se lo adjudicó el candidato del PRI, sumamente cuestionado por las irregularidades. En un verdadero ejercicio democrático, la oposición creó la Procuraduría Electoral del Pueblo Chiapaneco y el Tribunal para calificar el proceso electoral y denunciar, con una amplia documentación, el fraude cometido por el partido oficial. No consiguieron nada, pero en diciembre del mismo año, en la capital Tuxtla Gutiérrez, como había ocurrido a principio del siglo XX, dos gobernadores juraban el cargo cada quien frente a sus seguidores. Amado Avendaño Figueroa en la plaza central, rodeado de los suyos, mayoritariamente indígenas, mientras que el candidato oficial protestó en el teatro Emilio Rabasa con el apoyo del ejército y la policía. Chiapas terminaba el siglo como lo había comenzado, con dos gobernadores, con la diferencia que ahora los indígenas, que habían sido simplemente espectadores al comenzar el siglo, eran protagonistas, el sostén principal de lo que llamaron “gobierno de transición en rebeldía”.

El 12 de octubre de 1994, las organizaciones indígenas de la AEDPCH anunciaron la creación de las Regiones Autónomas Plurétnicas (RAP), convertida al paso del tiempo en una organización más. El 19 de diciembre el EZLN realizó tomas de carreteras y 38 cabeceras municipales en los Altos, la Selva y el Norte y anunció la creación de 38 municipios rebeldes. Con ello la lucha de los indígenas pasaba de la resistencia a la ofensiva política, pues la guerra en sentido estricto había durado apenas 12 días. El EZLN marcaba el ritmo de la lucha y orientaba alianzas y acciones del movimiento en su conjunto, en torno a sus demandas de democracia, libertad y justicia, cohesionada por la reivindicación del componente cultural de sus integrantes; la nueva identidad política se articulaba en su etnicidad, particularmente de origen maya.

A un mes de tomar posesión del cargo el gobernador del PRI se vio forzado a renunciar, en tanto que el proyecto encabezado por Amado Avendaño también entró en una crisis que lo llevó a desaparecer. En las elecciones locales de 1995 la consigna de los zapatistas fue no participar en el proceso y el partido oficial ganó como en los viejos tiempos, especialmente en el “área de conflicto”. Con esto se inició la etapa más difícil para las organizaciones indígenas y el propio EZLN; el Estado promovió la disolución del movimiento por medio de la división, la confrontación y la inversión discrecional de los recursos, avalando, alentando y financiando el surgimiento de grupos paramilitares como estrategia militar para contener el movimiento social y la insurgencia encabezada por el EZLN. La violencia se hizo cotidiana, endémica, explicada como conflictos “intercomunitarios” y se tendió un cerco de violencia “sin control” en torno al conflicto central.

Al mismo tiempo, y a partir de 1995 dio inicio el diálogo, inédito, entre el gobierno federal y el EZLN en torno a una agenda cuya primera mesa fue la de derechos y cultura indígena. Los diálogos de San Andrés alcanzaron los primeros acuerdos el 16 de febrero de 1996, suscritos por las partes pero incumplidas por el gobierno de Ernesto Zedillo con la complicidad de la clase política aglutinada en torno del PRI, PAN y PRD. Desde entonces, el diálogo quedó suspendido, su continuidad fue condicionada al cumplimiento de los acuerdos de 1996. Entretanto, la lucha “intercomunitaria” fue incrementándose cada día, particularmente entre los choles y en los Altos, regiones en donde los zapatistas y sus aliados se enfrascaron con las organizaciones de corte oficial, ligadas y apoyadas por el PRI, en una lucha por el control político territorial, intensificándose a tal grado que el 22 de diciembre de 1997 fueron masacrados 45 indígenas tsotsiles, hombres, mujeres y niños, lo que constituye el crimen de Estado más artero de la historia de la provincia. Esa fue la respuesta del Estado mexicano a las pretensiones de autonomía, de libre autodeterminación –contenida en leyes internacionales refrendadas por el gobierno mexicano–, al tiempo que se esforzaba en profundizar las diferencias surgidas entre el EZLN y sus aliados con el propósito perverso de modificar la correlación de fuerzas en su favor y debilitar a los indígenas zapatistas. El recuento de la violencia y sus consecuencias todavía no se ha realizado concienzudamente para conocer su influjo en el desaliento y distorsión de la lucha indígena en Chiapas así como la participación del Estado mexicano en la promoción, financiamiento y protección de los grupos paramilitares.

2. Acuerdos incumplidos y recreación del corporativismo . El 2000 marcó una nueva etapa para el movimiento zapatista. Ese año hubo dos acontecimientos que influirían decisivamente en el curso del conflicto; el dos de julio fue derrotado el partido de Estado por el PAN y en Chiapas el 20 de agosto una coalición de partidos encabezada por el PRD y abanderada por Pablo Salazar, derrotó al candidato oficial. Salazar había destacado en la Cocopa , la instancia creada por el Congreso para mediar el diálogo y garantizar el cumplimiento de la ley hecha para tal fin; en ese proceso se acercó a las posiciones partidarias de una salida política al conflicto. Así, atrajo la simpatía de amplios sectores de la izquierda, incluso la del propio EZLN, que seis años atrás había participado en el proceso electoral con Amado Avendaño.

Al gobierno de Salazar se incorporaron líderes sociales, académicos e intelectuales progresistas con la esperanza de crear condiciones políticas para una transición a la democracia por vía pacífica. Durante este gobierno la violencia cesó, el financiamiento y la protección judicial y política a los grupos paramilitares también llegó a su fin. Incluso ejercitaron acción penal contra responsables intelectuales y materiales de la violencia de los años anteriores y se facilitó el retorno o la reubicación de los desplazados a causa de la violencia política. Pero al mismo tiempo la lucha y la organización indígena cayeron en un impasse, en una falta de claridad sobre el momento político y la agenda del mismo. Tampoco desde el Estado se impulsó una política que evitara nuevos procesos corporativos y al fin de cuentas lo que ocurrió fue la sustitución de las antiguas organizaciones oficiales por otras.

Del año 2001 en adelante las organizaciones indígenas y campesinas antes proscritas, excluidas y perseguidas por las autoridades gubernamentales se convirtieron en las predilectas del régimen de la alternancia, encabezado por Pablo Salazar. El sector “legal” de las organizaciones independientes se convirtió, por obra y gracia de la democracia electoral, en el nuevo bloque de organizaciones oficiales, las que captaron, como en el pasado la Confederación Nacional Campesina (CNC), los recursos de los programas gubernamentales.

El EZLN, que para el Estado representaba el conflicto central, enfrentó entre 2001 y 2006 una política de indiferencia desde el gobierno federal –cuyo Ejecutivo prometió resolverlo en 15 minutos, que ha resultado el chiste presidencial más simplón–, el cual no logró que los Acuerdos de San Andrés se aprobaran en el Congreso como fue pactado en 1996 y que se ocupó en promover políticas asistenciales para abatir los índices de marginación de la población indígena de Chiapas, dando a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la vieja y decadente tarea que antes tenía el Instituto Nacional Indigenista (INI) de llevar el “desarrollo” a los indígenas, sin que se atendieran los temas planteados por el EZLN.

La omisión del gobierno federal y el ambiente de distensión creado por el gobierno local, facilitaron al EZLN continuar el fortalecimiento de la organización civil de los pueblos indígenas. Frente al fracaso de las iniciativas anteriores: CND, MLN, FZLN, entre otras, anunció la creación de las Juntas de Buen Gobierno con sede en las regiones Altos y Selva que articularon políticamente a los municipios autónomos rebeldes, tendieron puentes de diálogo con sus vecinos, también indígenas, para dirimir las diferencias y administrar las regiones bajo control de los municipios autónomos. Se convirtieron de esa manera en referente de un sector de la izquierda en torno a la cual se agrupan personas y grupos desencantados con la vieja izquierda que se articula en torno a la democracia electoral.

Al mismo tiempo, y paralelamente a estos procesos, en los pueblos, comunidades y grupos sociales identificados como indígenas y sus aliados, formidables expresiones culturales plurales florecieron y se fueron consolidando tanto a nivel de organismos gubernamentales como independientes y autónomos. En 1994 se creó el Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígena (CELALI), que durante 15 años se ha dedicado a la promoción de expresiones artísticas como la pintura, el teatro, la música, los carnavales, etcétera, tanto de los pueblos de origen maya como zoque. La novela, el cuento, la memoria histórica, la literatura también han tenido un crecimiento exponencial y diversas instituciones académicas se ocupan del rescate y difusión de estos géneros, incluso en lenguas indígenas. Las aulas universitarias dan cabida a cientos de jóvenes indígenas que a lo largo de los 15 años recientes han forjado una elite entre la que se encuentran profesionistas de todas las especialidades y ramas del conocimiento. Han proliferado las radios comunitarias que trasmiten en lengua materna, la mayoría sin autorización oficial, mensajes que impactan sobre todo a la población indígena de las ciudades.

3. Fortalecer la posición política, reto del EZLN. En lo económico controlan áreas importantes de la economía formal, informal y la piratería: en el comercio, el transporte, la agricultura, la ganadería y extracción de productos maderables. En la otrora ciudad mestiza por excelencia San Cristóbal de Las Casas, controlan la comercialización de los productos artesanales del estado, así como de Guatemala, Ecuador, Perú y otros países, sustituyendo así el monopolio que hace dos décadas mantenían los comerciantes de la calle Real de Guadalupe. Evidentemente, esto ha dado lugar al surgimiento de grupos de poder económico y nuevos cacicazgos entre los indígenas, tanto en las ciudades receptoras de población migrante como en sus pueblos y comunidades de origen.

Los indígenas de Chiapas atraviesan hoy una coyuntura particular, sin que ello signifique que los índices de marginación modifiquen su tendencia a una mayor depauperación. En pueblos y comunidades hay una evidente crisis de los usos y costumbres, razón por la que se violan sistemáticamente los derechos humanos y civiles de sus habitantes; en lo general, sus organizaciones están desgastadas y caducas para el momento político. El EZLN, aunque sigue manteniendo una presencia importante en varias regiones de Chiapas, frente a la aparente indiferencia gubernamental, no parece que logrará a corto plazo mayor fuerza política a partir de los Municipios Autónomos Rebeldes y las Juntas de Buen Gobierno. La crisis económica provoca desplazamientos de la población indígena hacia ciudades del interior y a Estados Unidos que impactan en la dinámica cultural de estos pueblos.

La coyuntura actual requiere entonces de iniciativas que ponderen la unidad comunitaria, que doten de un nuevo contenido a lo indígena e inventen nuevas formas de organización política que permitan cambiar la correlación de fuerzas hoy adversa al movimiento y la organización de los pueblos indígenas. El reto radica en construir la nueva fuerza indígena pero a partir de los valores de la convivencia democrática, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento cultural para trascender de una buena vez la crisis del indigenismo oficial. No se trata de sustituir a los viejos cacicazgos con nuevos esquemas autoritarios y caciquiles.

EZLN: Mujeres y La otra campaña o acerca de redes continentales contra la impunidad

Xóchitl Leyva Solano

Cuando el presente sea publicado, los medios de comunicación, los partidos y los votantes estarán concentrados en dirimir los resultados de las elecciones intermedias, mismas que nos introducen en el campo de la democracia representativa. Ello no debiera oscurecer los procesos que de manera paralela se dan como expresiones democráticas participativas que construye la gente de a pie en respuesta a la violencia histórica, sistémica, estructural y coyuntural de la que se siente, es y ha sido objeto. Pienso en concreto en el Primer Encuentro Continental Americano contra la Impunidad y en el Encuentro Mexicano contra la Impunidad y por la Justicia Autónoma , celebrados el 20 y 21 de junio en el Caracol IV zapatista llamado “Torbellino de nuestras palabras”, en el ejido Morelia, selva Lacandona, Chiapas.

Ambos encuentros van a contrapelo de los ritmos, las formas y los modos seguidos por las campañas políticas electorales. Van a contrapelo por ser parte medular de la construcción de La otra política que se viene trabajando desde los colectivos articulados en La otra campaña. Ésta, como ustedes saben, se formó a partir del llamado hecho por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de junio de 2005, para encontrarnos, escucharnos y enlazarnos mejor y así organizar un programa nacional de lucha anticapitalista y de izquierda. En otras palabras organizarnos desde abajo para luchar por la democracia, la libertad y (¡ojo!) la justicia.

En ese aliento muy otro que no es electoral, se tendrían que leer los encuentros mencionados y también el celebrado el 27 y 28 de junio en el Tajín, Papantla, Veracruz (foro nacional de La otra campaña “Váyanse o los sacamos”).

Me detengo sólo en los encuentros celebrados simultáneamente en la selva. No es casual que su apertura haya sido realizada por mujeres jóvenes zapatistas de las Juntas de Buen Gobierno; luego hablaron las dos coordinadoras del encuentro, la nacional y la continental. Esto es sintomático del papel central que las mujeres de grupos organizados en lucha tienen y han tenido en la preparación no sólo de estos encuentros sino de las redes locales, nacionales, continentales y globales contra la impunidad que hoy contribuyen a articular la globalización contrahegemónica, como bien le llama Boaventura de Souza Santos.

En el corazón de dichas redes están, sin duda, las mujeres zapatistas de las Juntas de Buen Gobierno, quienes nos recordaron que estábamos allí, en el Caracol, para “conocernos más, compartir nuestras experiencias de lucha y para buscar junt@s el camino hacia la justicia verdadera ”. Muchas de las intervenciones de las mujeres apuntaron en esa dirección. Desde nuestro ser mujer y no sólo como ciudadanas sino también como miembros de organizaciones en pie de lucha, nos preguntamos cómo articular desde lo local hasta lo continental un frente contra la impunidad que –como dijera una de las organizadoras– “ha inundado al país y al continente”.

Algunas de las entrevistadas por l@s reporter@s de nuestros medios alternativos definieron la impunidad a partir de sus propias experiencias como hijas de desaparecidos, madres/esposas/hijas de presos políticos, viudas de los mineros de Pasta de Conchos, trabajadoras sexuales violentadas así como sobrevivientes a la violencia ejercida por las políticas contrainsurgentes, el genocidio en Guatemala, las masacres en México y los regímenes dictatoriales sudamericanos. Todas estas mujeres coincidieron en un punto, en afirmar que la impunidad es “la falta de justicia popular”, es “el privilegio de los de arriba para desaparecer, torturar, reprimir a los de abajo quedando los primeros sin castigo por lo hecho”. Desde ese lugar de enunciación , la impunidad no es sólo la “falta de castigo” como varios diccionarios anotan, sino un elemento esencial para la reproducción del sistema capitalista y de las políticas de los Estados-nación que promueven ante ella el silencio, el olvido y la indiferencia. Frente a eso l@s asistentes al encuentro han opuesto, oponen: la denuncia, la memoria colectiva y la participación organizada desde bien abajo y lo más a la izquierda posible. Varios asistentes propusieron ir más allá de lo que ya cada organización social y política, grupo de abogad@s comprometidos, centro de derechos humanos, viene haciendo a nivel de defensoría legal. Propusieron la creación desde los movimientos y las redes de un tribunal autónomo continental que vendría a contribuir a transitar de la “justicia ilegítima y corrupta” que hoy tenemos a la justicia verdadera y autónoma.

Dicho tribunal acompañado de otras medidas permitiría ir más allá de la denuncia y pasar a tomar en nuestras manos la justicia, en otras palabras, “a hacer justicia desde el pueblo”. Ello se sustentó en la constatación de que las instituciones y personas que hoy tienen esta tarea encomendada, no la están cumpliendo a cabalidad; por el contrario –como afirmó una participante–, están “haciendo crecer el manto de la impunidad que cubre las atrocidades y deja en el olvido los casos que debieran ser castigados”.

Fueron las abogadas comprometidas con la defensoría de l@s luchador@s sociales las que pusieron sobre la mesa los argumentos legales para dar este salto continental. Así se afirmó que los artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 18 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y ocho de la Convención Americana de los Derechos Humanos, nos otorgan el derecho a recibir una justicia pronta, imparcial y gratuita. ¿Pero qué hacer si los Estados no cumplen? Vari@s participantes afirmaron que ello conduce a dejar sin efecto la prohibición que nos hace, por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución Mexicana , quedando legítimamente facultados para que nosotros mismos implementemos mecanismos que identifiquen, exhiban, juzguen y sancionen a los culpables de las injusticias, abusos y crímenes cometidos contra el propio pueblo.

Asuntos medulares se señalaron en torno a cómo empezar a caminar en la dirección referida. Desde la voz de las mujeres se hizo hincapié en explorar las experiencias que se han tendido en América Latina con tribunales populares y en el mundo con las cortes de las mujeres. Se señaló la importancia de no quedarnos atrapadas en la idea tradicional de “cortes” que sólo buscan “castigar”, se sugirió mirar a profundidad las formas de impartición de justicia de los pueblos originarios para ir más allá de la concepción del derecho occidental moderno. Ante el horror de la violencia –ejercida por el capitalismo, por el Estado, por los (para)militares, etcétera–, tod@s coincidimos en la urgencia de construir Otra justicia que –como dijo Bárbara Zamora– nos permita reconstruir nuestros vínculos societales y cuidar la vida. Otra justicia que contribuya, como dicen los pueblos originarios, a vivir en plenitud.

Fuente: La Jornada