México: Ostula volvió a vivir. Gracias al retorno de los comunitarios

Por Alejandra Guillén

En un principio, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán inició por oficio la averiguación previa por el asesinato del menor de 12 años, pero se declaró incompetente al encontrar que las pruebas de balística de los elementos de la Fuerza Ciudadana resultaron negativas, que los elementos estatales declararon que ellos no dispararon y que todos los testigos de la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa michoacana, señalaron a los militares como los responsables del homicidio y de las lesiones de otros cinco comuneros.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), integró la averiguación previa 129/2015 y ha solicitado en dos ocasiones a la Sedena que informe el nombre de los elementos que participaron en el operativo del 19 de julio, los vehículos que utilizaron, las órdenes que recibieron, los mandos castrenses involucrados, además de que envíe los fusiles que utilizaron ese día para realizarles pruebas de balística. Los delitos que se investigan son homicidio calificado, lesiones, disparo de arma de fuego, robo, abuso de autoridad y uso indebido de la fuerza.

Raymundo Ortiz Martín del Campo, abogado de la comunidad de Santa María Ostula, señala que el asesinato del niño Hidelberto Reyes García “fue un acto de toda maldad, se trata un homicidio doloso cometido por soldados y el Ejército Mexicano está protegiendo a sus elementos, pues si mandaran las armas, daríamos rápidamente con los responsables, ya que la prueba de balística que se alojó en la cabeza de Hidelberto está casi completa y pronto sabremos el resultado”.

Al no enviar las armas para realizarles las pruebas químicas, que indicarían cuándo fueron disparadas, “están tratando de esconder las pruebas que responsabilizan a la institución, pues esos rifles pudieron haber sido disparados en otras prácticas”.

En las paredes y cristales del restaurante Costa de Michoacán, donde recibió el impacto de arma de fuego Hidelberto Reyes, aún están marcadas las evidencias de los disparos. La más visible es la marca “E” de la perforación de una bala que atravesó el ventanal y luego se impactó en el muro interno, dejando ocho huecos por esquirlas ahora cubiertos por una lona que incluye un menú de mariscos y antojitos mexicanos. El resto de impactos están en el mismo portón de entrada del restaurante, en el muro izquierdo y en el segundo piso, donde tienen cuartos de hospedaje.

Según las periciales de campo, la trayectoria de los disparos es descendente: las balas provienen de la altura de las camionetas del Ejército que estaban en la carretera federal 200, por donde circularon los militares, hacia las fincas del poblado La Ixtapilla y hacia las personas que estaban en el lugar.

“El asesinato del niño fue un acto de puntería; en un campo tan abierto, ¿cómo puedes darle a un niño en el ojo? El militar que disparó lo hizo para pegarle. La agresión en Ostula fue una agresión directa hacia civiles, en una expresión racista, como parte de la guerra de exterminio en contra de los pueblos indígenas. No hay nada que exima de la responsabilidad al Ejército, porque además dispararon a 300 metros de donde estaba el último bloqueo, el cual ya habían pasado”.

El abogado afirma que además no hay ninguna prueba de armas percutidas por gente de Ostula.

Los heridos ese 19 de julio recibieron además los impactos por detrás, mientras corrían cuando el Ejército disparaba. Delfino Antonio Alejo Ramos, de 17 años, tiene un impacto de bala en el glúteo; Edith Balbino Vera recibió un rozón de bala en la espalda; al pescador Horacio Valladares Manuel lo hirieron en la cadera, por detrás, y aún tiene cuatro esquirlas; y Melesio Cirstino Dirzio, de 60 años, recibió una bala en la pierna y los testículos.

Guerra de despojo. La detención del comandante Cemeí Verdía el domingo 19 de julio movilizó en cuestión de minutos a unos mil 500 elementos del Ejército, de la Secretaría de Marina, de la Fuerza Ciudadana y de la Policía Federal. En Santa María Ostula afirman que por la dimensión del operativo, es claro que éste ya estaba planeado.

Santa María Ostula tiene apenas unos cinco mil habitantes distribuidos en 23 encargaturas. Desde 2009 que la comunidad recuperó el paraje La Canahuancera, ahora llamado Xayakalan, no se había visto una movilización como la que ocurre actualmente.

Para exigir la liberación del comandante Cemeí Verdía, quien sigue en prisión por el supuesto delito de robo de alambre al municipio de Aquila, alrededor de dos mil comuneros colocaron un plantón en la carretera 200, a la altura de Xayakalan. En sólo un día armaron decenas de ramadas, colgaron hamacas, una tras otra, y prendieron fogatas por doquier. La comida se comparte en colectivo, pues las y los nahuas han dejado de trabajar (en el campo, principalmente) desde el pasado 19 de julio e incluso suspendieron las clases por el riesgo de sufrir otro ataque.

Lo que les preocupa es que el ataque puede ser de cualquier frente. Los Templarios han soltando rumores de que regresarán, pues según los testimonios de la policía comunitaria, el capo de la región, Federico González “Lico”, se encuentra refugiado en el monte y está esperando el momento de regresar a controlar la Costa michoacana. Los nahuas también temen agresiones de la Marina, del Ejército, de policías estatales, municipales o de cualquier elemento de seguridad que dependa del gobierno, pues el asesinato del niño Hidelberto les confirmó la idea de que el gobierno es el mismo enemigo que el crimen organizado.

Por esa razón, los 200 policías comunitarios de Santa María Ostula, quienes asumen el cargo durante un año sin pago alguno, más decenas de voluntarios y elementos de las autodefensas de Chinicuila, Aquila y Coalcomán, se mantienen en alerta.

Sólo quienes presenciaron lo que vivió Ostula antes de 2014 saben por qué la comunidad defiende a Cemeí Verdía de esa manera. Entre 2009 y 2014 fueron asesinados 32 comuneros y desaparecidos otros seis. Los Caballeros Templarios acabaron con la madera sangüalica entre 2012 y 2014, la cual está en peligro de extinción y se exportaba a China a un precio de tres mil 200 dólares por metro cúbico.

Cuando Cemeí Verdía y otros comuneros que estaban exiliados de su comunidad regresaron en febrero de 2014, respaldados por autodefensas de la región, los criminales huyeron y Santa María Ostula pudo reorganizarse, incluida la policía comunitaria. Entonces la gente volvió a salir por la noche, a ir a fiestas y a seguir con su vida cotidiana sin riesgo de que los mataran. Lo más importante es que se crearon las condiciones para que entre todos volvieran a cuidarse entre sí mismos.

Como se ha publicado en reiteradas ocasiones, detrás de los ataques contra Santa María Ostula se explican por los intereses económicos que hay en la región.

El pueblo se ubica entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, en una posición estratégica para el crimen organizado y el trasiego de todo tipo de mercancías, desde cocaína, mariguana, drogas sintéticas y armas, hasta minerales, madera, fauna silvestre e incluso hay quienes sospechan que también hay tráfico de órganos y de mujeres. Además, siete mil 913 hectáreas de su territorio están concesionadas para minería, en su mayoría para la trasnacional Ternium, y hay intereses turísticos en las playas vírgenes de Xayakalan, La Ticla, Ixtapilla, El Zapote, Palmasola y La Manzanillera. A Santa María Ostula se le conoce en el Congreso Nacional Indígena como la última lucha de resistencia del Pacífico mexicano. En los alrededores, principalmente en Jalisco, toda la costa ha sido privatizada o está en ese proceso.

Fuente: Suplemento Ojarasca