México: NO a transgénicos

Mirada antropológica

Por Rodrigo Llanes Salazar (*)

Los lectores de Diario de Yucatán recordarán algunos de los problemas de la siembra de la soya transgénica que han sido advertidos por científicos, organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, entre muchos otros ciudadanos. Los recordaré brevemente.

En primer lugar, la semilla de la soya transgénica está patentada por Monsanto, por lo que los productores están obligados legalmente a comprarla una y otra vez en cada temporada, en detrimento del cultivo de semillas criollas y nativas. Esto profundiza el grave problema de dependencia alimentaria que ya sufrimos en México, el cual se ha agravado tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual nuestro país apostó por importar granos y alimentos baratos de Estados Unidos y exportar mano de obra también barata, ya sea directamente, a través de la migración, o indirectamente, a través de maquiladoras de origen extranjero. Asimismo, el cultivo de soya transgénica y el modelo agroindustrial del cual forma parte ha provocado un severo problema de deforestación en la Península de Yucatán. No es necesario abundar sobre la gravedad del problema de la deforestación, con su consecuente pérdida de biodiversidad, aumento de calor, entre otros agravios.

Junto con la deforestación, otro asunto crucial es la afectación a la apicultura. El cultivo de la soya transgénica, el uso excesivo de herbicidas y plaguicidas, y la deforestación están matando a las abejas y también contaminando el agua. Esto resulta particularmente preocupante si recordamos que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado al glifosato como “probablemente cancerígeno”. Del mismo modo, el cultivo de la soya transgénica está contaminando la miel orgánica que se exporta principalmente al mercado europeo. Todos estos problemas han sido documentados por estudios científicos y han sido denunciados por organizaciones, así como por apicultores y agricultores que viven día a día estos agravios. En palabras de muchos apicultores y maiceros, las “abejitas” y otros animales se están muriendo, el monte se está perdiendo y las aguas se están contaminando.

Ante este escenario, como decía al inicio de este artículo, el último mes ha sido muy importante en la lucha en contra de la soya transgénica en la Península de Yucatán. En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el permiso que autoridades federales otorgaron a la empresa Monsanto para sembrar comercialmente soya transgénica en siete estados de México, incluyendo los tres de la Península de Yucatán. De acuerdo con la sentencia de la SCJN, la siembra de soya transgénica está prohibida hasta que se haga una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas afectadas por dicho cultivo.

Asimismo, en octubre del año pasado, en un acto excepcional, el Gobierno de Yucatán emitió el Decreto 418/2016 “Por el que se declara al estado de Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados”. Se trata de una medida excepcional porque, de acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, las zonas libres de OGM son determinadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por lo que la propia Presidencia de la República promovió una controversia constitucional alegando que al Gobierno de Yucatán no le competía declarar al estado como zona libre de OGM, aunque a éste gobierno sí le compete la protección de los derechos humanos de los yucatecos, entre ellos, el derecho a un medio ambiente sano.

No obstante, el Decreto de Yucatán ha contado con un amplio respaldo social, como se demostró la semana pasada en la realización del “I Foro Yucatán Orgánico, Agroecológico, Libre de OGM”, llevado a cabo por las organizaciones Educe, Unorca, Greenpeace, Guardianes de las semillas, Amema, Ma OGM y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, los días 24 y 25 de mayo en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

Lo significativo de este foro es que va más allá del mero rechazo a los cultivos transgénicos, como la soya, y destaca los beneficios de una alternativa agroecológica y orgánica. Por lo tanto, el Foro tuvo como uno de sus objetivos establecer las bases para la creación de un comité permanente en el Estado que permita la transición hacia la producción agropecuaria sostenible. Creo que éste es un muy buen ejemplo de cómo la organización y movilización social puede incidir en normas —como el Decreto, aún en disputa— y en la formulación de políticas públicas, que aún están por formularse, pero se ha dado un primer paso.

Por otra parte, en Campeche, las comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo están en proceso de consulta sobre la siembra de soya transgénica desde hace ya más de un año. Recordemos que esta consulta fue ordenada por la Suprema Corte, y que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, debe ser “previa” a la medida que pueda afectar a las comunidades —en este caso la siembra de soya—; debe ser “informada” —esto es, con información clara y completa para las comunidades—; de “buena fe” y “libre” —lo que quiere decir que debe ser en un ambiente de confianza, libre de coerciones e intimidaciones—; y “culturalmente adecuada”, de acuerdo con los usos y costumbres y formas de tomar decisiones de las comunidades mayas.

A lo largo de un año, la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya (http://consultaindigenamaya.org) ha documentado en seis reportes el incumplimiento de los estándares internacionales del derecho a la consulta. Así, por ejemplo, a pesar de que está prohibido por la Suprema Corte, se sigue sembrando en Hopelchén soya transgénica. Las propias autoridades federales han reconocido que, de 55 muestras de soya colectadas en el año 2016, en 16 se confirmó la presencia de modificaciones genéticas. 10 de estas muestras corresponden a predios ubicados en 305 hectáreas del municipio de Hopelchén. Es decir, ésta no es una consulta “previa” a la siembra de soya.

El anterior es un hecho muy grave, pues revela que las autoridades federales no son competentes para hacer cumplir una sentencia emitida por nuestro máximo tribunal. Pero no es el único problema. Las autoridades federales no han proporcionado información clara y completa sobre la siembra ilegal de soya transgénica, pues esta información ha variado en cada sesión de consulta, y no han informado absolutamente nada sobre el castigo a quienes han incumplido la sentencia de la Suprema Corte. Con esto se incumple el principio de consulta “informada”.

No extraña en lo absoluto que todo lo anterior haya generado a las comunidades una desconfianza hacia las autoridades, lo cual vulnera el principio de “buena fe”. Asimismo, la presencia de personas a favor de la siembra de soya que han agredido en reiteradas ocasiones a los miembros de las comunidades consultadas constituyen una violación al principio de consulta “libre”, sin intimidaciones ni coerciones.

A pesar de todo lo anterior, las 34 comunidades de Hopelchén consultadas han insistido en hacer valer su derecho a ser consultados de manera previa, libre, informada y culturalmente adecuada, y han dado todo un ejemplo de organización y participación. Por ejemplo, han propuesto ir “todas juntas” en el proceso de consulta y que no se les consulte por separado.

También, ante la desconfianza hacia las autoridades, han propuesto participar en la inspección y vigilancia de soya transgénica que le corresponde hacer al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Ante los avances en este proceso, el Senasica, que ha asistido a todas las reuniones de la consulta desde sus inicios en abril del año pasado, dejó de presentarse en las últimas reuniones de trabajo y de consulta. Por ello, el Consejo Maya de los Chenes y otras organizaciones emitieron un comunicado en el que denuncian que “la negligencia de Senasica incentiva que la siembra ilegal de soya transgénica continúe en Campeche”, que “Senasica incumple acuerdos y deja plantados a comunidades mayas de Hopelchén en la mesa de diálogo” y exigen “la renuncia de Enrique Sánchez Cruz y Hugo Fragoso Sánchez, director en jefe y director general de Senasica”.

En Yucatán es muy importante que estemos pendientes del proceso de consulta sobre la soya transgénica. No sólo porque son nuestros vecinos y porque las afectaciones en su estado repercuten en toda la Península, sino porque también nosotros debemos estar atentos de los impactos de la soya transgénica y porque en nuestro Estado ya comenzaron a realizarse procesos de consulta a comunidades indígenas sobre los proyectos de energías renovables que están por desarrollarse.

Podemos aprender lecciones para proteger y promover los derechos humanos en nuestro Estado.— Mérida, Yucatán.

moc.liamg@s.senall.ogirdor

@RodLlanes

Investigador del Cephcis-UNAM

Fuente: Diario de Yucatán