México: Los “Proyectos de Muerte” en Puebla

Por Andrea Bizberg*

25 de agosto, 2017.- “Los indígenas son los mejores guardianes de la biodiversidad mundial”, declaró el pasado 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU. Si bien esta afirmación es controversial por el impacto en ocasiones negativo que pueden llegar a tener sobre los ecosistemas, lo cierto es que juegan un papel importante por su compleja relación con la naturaleza.

En México contamos con una gran presencia de comunidades indígenas, son cerca de 70 pueblos los que contribuyen al mosaico cultural de nuestro país. Tan sólo en la Sierra Norte de Puebla conviven comunidades nahuas, totonacos y otomíes que se reparten la tierra fértil, el enjambre de ríos, las espesas cascadas y los imponentes bosques brumosos. Inmersos en esta naturaleza salvaje, conservan muchos de los usos y costumbres de sus antepasados; aplican las técnicas medicinales ancestrales y han sabido aprovechar la naturaleza para convertirla en su principal fuente de sustento. Pero este apego a los ecosistemas va más allá de la mera necesidad económica; espiritualmente, la naturaleza también es fuente de identidad: es la cuna que vio nacer una diversidad de culturas y religiones. Para estas comunidades no se trata sólo de conservar el capital natural para sobrevivir sino de mantener su identidad y autonomía para poder transmitirlas a las siguientes generaciones.

Sin embargo, en medio de estos oasis de verdor, entre las parcelas de pimienta, lichi, café, maracuyá, plátano y maíz también se perfila una peligrosa riqueza mineral. Verdaderas minas de abundancia para quién sepa aprovecharlas y explotarlas. Así, la Sierra Norte de Puebla se ha convertido paulatinamente en un verdadero laboratorio de extracción y expropiación.

Y es que los principales beneficiarios de las actividades mineras siguen siendo las empresas multinacionales que explotan la región; para las comunidades, todas las externalidades negativas terminan por recaer sobre ellas: paisajes devastados, montañas fracturadas, suelos removidos hasta el núcleo, aguas contaminadas. Un paraíso perdido en el que ya nada crece y que deja desamparados a los pobladores una vez que las prometedoras multinacionales se han evaporado furtivamente. Pero para la Secretaría de Economía esta visión a largo plazo no tiene cabida. En su sección digital “Minería” se acumulan las cifras exitosas y positivas: “1er lugar en producción de plata a nivel mundial”; “7o lugar en producción de oro”; “1er destino en inversión en exploración minera en América Latina”; “5to país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros…”. Así, la actividad minera “contribuye con el 4 % del PIB nacional” y “al mes de julio de 2015 generó 352 mil 666 empleos directos”.

Pero, ¿qué pasará cuando esta mina de abundancia se agote?, ¿qué harán esos “empleos directos” sobre una tierra devastada? Quizás si se calculara el valor de estos recursos naturales a largo plazo y tomando en cuenta a los pobladores, las prioridades serían diferentes. Quizás con otra visión económica, la estrategia estaría en conservar estos valiosos ecosistemas.

En la página de la Secretaría de Economía hay una cifra vital que sin embargo brilla por su ausencia: México también es el segundo país con más conflictos mineros después de Perú.

En la Sierra Norte de Puebla, las comunidades indígenas llevan años organizándose en asociaciones como la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske (Unidos Venceremos); la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona) o el Consejo Maseul Altepetajpianij para crear frentes de oposición a los proyectos de las multinacionales y del gobierno.

Los “Proyectos de muerte”, como son llamados por las comunidades de la región, contemplan la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas para alimentar las minas en energía, la extracción de gas y el fracking

El camino se antoja tortuoso y lleno de trabas: más de 140 mil hectáreas de la Sierra Norte de Puebla ya han sido concesionadas para megaproyectos y tienen el respaldo de instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los “Proyectos de muerte”, como son llamados por las comunidades de la región, contemplan la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas para alimentar las minas en energía, la extracción de gas y el fracking. Las concesiones son repartidas mayoritariamente entre empresas extranjeras siendo la canadiense Almaden Minerals la de mayor presencia y algunas mexicanas como Grupo México, de German Larrea, y Grupo Frisco, de Carlos Slim. Para otorgar las concesiones frecuentemente se violan los derechos más elementales de los indígenas: el de autonomía, el de consulta previo a cualquier acuerdo, y el de acceso a información clara y confiable. Así, las comunidades han decidido retornar a las aulas a aprender; informarse por sus propios medios para entender qué conllevan las palabras “termoeléctricas”, “fracking”, “minería”, “ciudades rurales para desplazamiento”. Porque la información es poder.

Por increíble que parezca, la profunda movilización de estas comunidades sí ha dado resultados. En 2012 lograron sacar del territorio a la minera china JDC Minerals; en 2013, detuvieron los proyectos de Grupo México de construir una presa hidroeléctrica y posteriormente minas; de igual manera se vieron frustrados los planes de multinacionales como Wall Mart, Grupo México, Almaden Minerals, Suburbia de entubar ríos y privatizar el agua, lo que tendría graves consecuencias para los campesinos que irrigan las parcelas pero también para los ecosistemas acuáticos.

La lucha es ardua y las corporativas y el gobierno están dispuestos a dividir a las comunidades, ofrecer dinero y hasta encarcelar a los líderes con tal de lograr la materialización de los proyectos. De igual manera, el número de ambientalistas y defensores de la naturaleza asesinados está en su punto más alto.

A escala nacional, la misma dinámica de intimidación y violación de los derechos de las comunidades impera y opera. La Secretaría de Economía ha dado concesiones para la exploración de recursos minerales por 32 millones de hectáreas, es decir cerca de la tercera parte de las tierras ejidales y comunidades agrarias. Hace unos meses, esta misma Secretaría realizó un “Mexico Mining Day”, una feria para atraer inversionistas a los que se les presentaban mapas geológicos de los lugares que representaban una “oportunidad” para las corporativas extranjeras. Se promovía que “sólo el 27 % del territorio mexicano ha sido explorado para la minería”. Bienvenidos, México está en oferta.

Los proyectos de las multinacionales se acumulan, pero la resistencia no ha aminorado y cada vez se organiza más. A 10 años de que se adoptó la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas queda todavía mucho camino por recorrer.

*Andrea Bizberg, Consultora y analista ambiental. Actualmente trabaja con la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX y el departamento de Salud y el de Economía de la Universidad de Harvard, para implementar políticas públicas que contribuyan a reducir la contaminación atmosférica.

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Fuente: Animal Político

Publicado por Servindi