México: En el corazón del problema

A principios de octubre, como parte del juicio de amparo interpuesto por indígenas de los ejidos La Buena Fe, Nuevo Jerusalén, Paraíso y Buena Esperanza (todos del municipio de Bacalar), con el apoyo de asociaciones y cooperativas de Quintana Roo —Kabi Habin Sociedad de Producción Rural de Riesgo Limitado (de 22 comunidades del municipio de Bacalar), el Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’ínaj (de 10 comunidades del municipio de Bacalar), y Educación, Cultura y Ecología (Educe AC)—, acuerpados en el Consejo Regional Maya del Poniente de Bacalar, se emitió un comunicado:

...contra las afectaciones por el permiso autorizado por el Estado mexicano a la empresa Monsanto para el cultivo en fase comercial de soya genéticamente modificada tolerante a glifosato por tiempo indefinido en nuestro territorio.

Desde 2012, el gobierno autorizó a Monsanto el permiso para la siembra comercial de soya transgénica en un polígono total de 253 mil 500 hectáreas, en la península de Yucatán. Este hecho supone la imposición de un sistema de agroindustria que pone en grave riesgo la integridad de las comunidades y del ambiente de manera inmediata.

Esta aprobación responde a un conjunto de intereses particulares, que buscan el control de nuestras tierras y territorios a partir del cultivo de la soya transgénica. Con esta estrategia buscan despojarnos de nuestros recursos naturales, principalmente del dominio de semillas, tierra, agua y alimentos; dañar de manera permanente e irreversible a la naturaleza y a las generaciones presentes y futuras.

[...] El Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj y el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar exigimos mediante demanda de Amparo la cancelación del permiso de siembra de soya transgénica otorgado a Monsanto. En ese sentido, tanto el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal y el Tercer Tribunal Colegiado con sede en Cancún han omitido pronunciarse de manera contundente respecto de la cancelación definitiva del permiso para el cultivo de soya transgénica, en cambio, sí nos han dicho que debemos realizar una Consulta en las comunidades indígenas involucradas, como lo señaló el Juez de Distrito, para la reposición del procedimiento administrativo y para que supuestamente podamos defender y negociar con nuestros derechos.

Ante eso se interpuso un recurso de revisión para resolver el fondo del asunto (el permiso de siembra de soya) lo que llevó el juicio a la Suprema Corte de Justicia, pues los tribunales mencionados se declararon incompetentes para determinar los vicios de la Ley de Bioseguridad. El recurso también rechaza el mecanismo de consulta como único medio para hacer valer el derecho a la libre determinación pues la insistencia es que existe la negativa al permiso, desde el momento en que hay una demanda interpuesta. No basta celebrar una consulta, pues para otorgar un permiso se requiere del consentimiento (o negativa) previo, libre e informado por parte de las comunidades afectadas. Se siguen sumando ejidos y asociaciones del territorio de Quintana Roo al rechazo a la soya, sea híbrida o transgénica, al glifosato que la acompaña, y a todo el modelo industrial mecanizado basado en combustibles fósiles. En el comunicado se insiste:

[...] Hemos encontrado vicios en el proceso que se anteponen a los argumentos reales y contundentes, contenidos en las opiniones técnicas de Conabio, Conanp e INE, quienes recomendaron no otorgar el permiso para la siembra comercial de soya transgénica y, sin embargo, tales dictámenes fueron desechados porque afectaban intereses económicos y políticos. Frente al desvío de poder, nosotros como indígenas del pueblo maya de la Península de Yucatán nos hemos manifestado en varios espacios para señalar las razones de nuestra oposición a esta clase de megaproyectos que dañan la integridad de nuestras comunidades.

Entre las razones de su rechazo resaltan “el modelo agroindustrial”, extensivo, que “implica grandes devastaciones de montes”, realizadas con máquinas que acaban de raíz con la flora y fauna”. Un modelo que supone el monocultivo de semillas patentadas, pérdida de soberanía alimentaria y “de la autonomía de nuestros pueblos”, erosión de los suelos con “daños irreparables y severos a la madre tierra”, y “la imposición de un modelo que requiere del uso de grandes cantidades de pesticidas químicos no selectivos, teniendo como consecuencia la muerte de muchas especies vegetales y animales nativos, la contaminación de los mantos freáticos y la contaminación del aire, lo que implica un riesgo elevado de contraer enfermedades: cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, microcefalia, anancefalia, entre otras. Hay evidencias científicas y clínicas de ello”.

Así las cosas, es muy importante insistir en el fondo del asunto (por qué se otorgan permisos de siembra de soya transgénica y se impone un modelo de despojo) pues durante los meses anteriores se fue alimentando una percepción “popular” que insiste en que invocar el derecho a la consulta es la receta mágica que puede defender a las comunidades.

A todas luces, el proceso de consulta se volvió omnipresente, y las consultas recetadas a Campeche y Yucatán están plagadas de incidentes. Hasta Yuri Peña, un funcionario, quiso sesgarles la respuesta a comunidades en Campeche a favor de las siembras. Y Monsanto ahora se hace el ofendido quesque por asesores que mal aconsejan a las comunidades. Y el fondo del asunto no se resuelve.

Está en el aire el Decreto que declara al estado de Yucatán Zona Libre de Cultivos con Organismos Genéticamente Modificados, emitido el 5 de octubre por el gobernador Rodrigo Zapata Bello, y que ha concitado un debate entre quienes lo impulsan como una opción viable para liberar a la península de OGM (siguen pesando los juicios donde se dirime la posibilidad de sembrar o no soya transgénica en los tres estados que conforman la Península), y quienes miran con desconfianza el decreto por carecer, afirman, de los dientes legales que lo puedan hacer prevalecer sobre legislaciones, juicios, competencias y atribuciones estatales y federales.

Y es que el proceso ha sido largo, y el ataque viene de muchos frentes. No sólo es Monsanto. Es la cauda de programas de gobierno, el racismo inherente a las relaciones en la Península y la urgencia por perturbar cualquier proceso de resistencia que implique una afectación a los negocios de las compañías de bienes raíces e inmobiliarias, constructoras, de turismo, de semillas, agroquímicos y maquinaria, y el tráfico de cualquier cantidad de mercancías innombrables que cruzan las fronteras.

Se promueven también micro-confrontaciones entre la población maya y los más o menos recién llegados menonitas cuya cultura “tradicionalista” no es obstáculo para utilizar tecnologías “de punta”, mecanización, fertilizantes y plaguicidas agrícolas venenosos, semillas híbridas o transgénicas, como en Quintana Roo donde la legislación sigue sin prohibir su siembra y comercialización.

Entre los ataques contra las comunidades, baste citar los dichos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en las sentencias jurídicas que revisan los amparos de Yucatán y Campeche donde afirma que “el derecho a la consulta a las comunidades indígenas es una prerrogativa reconocida a favor de las personas físicas que en su conjunto forman parte de una comunidad o de un grupo indígena, precisamente por la necesidad de perpetuar su identidad cultural, el cual es un elemento del que carecen las personas morales” Y más adelante insisten en que “lo anterior no significa que el Estado deba consultar a los Pueblos y Comunidades Indígenas siempre que se vean involucrados en alguna decisión estatal, pues se llegaría al absurdo de tener que consultarlos incluso para la emisión de alguna ley o decisión administrativa”.

Uy, uy. El clima es contrario a la autonomía de los pueblos, por lo que los pueblos van a insistir, empuñando su congruencia, en la autonomía que les corresponde y que les es negada en la propia Constitución.

Fuente: Ojarasca