México: El fracking y el riesgo de cooptación de la etno-educación

Dedicado a Berta Cáceres para quien exigimos justica y para el compañero Gustavo Castro, para quien exigimos seguridad.

El aterrizaje de las inversiones en materia de hidrocarburos en los territorios de la sierra de Totonacapan tiene una historia de devastación que se vislumbra en la omnipresencia de PEMEX. La experiencia de defensores comunitarios es una ventana de aprendizaje para las muchas comunidades de Tamaulipas y Veracruz que tendrán que lidiar con afectaciones socio-ambientales si se instalan las explotaciones de fracking concesionadas en sus territorios. El caso del Totonacapan muestra como las empresas trasnacionales con el apoyo del Estado desarrollan estrategias de inversión que se materializan en infraestructura para servicios (clínicas, escuelas, carreteras, saneamiento, etc), cuyo sentido es la cooptación de la comunidad ante cualquier posicionamiento de resistencia o negación al fracking. Hoy en día, lo que el gobierno busca es resolver el conflicto social, comprando la voluntad de las comunidades a cualquier costo, y creando mecanismos engañosos para una supuesta consulta que viene disimulada en una encuesta de satisfacción.

PEMEX, junto con otras 37 empresas concesionarias, entre ellas Halliburton, Oleo-Rey, PJP4, ICCA, Huasteca Oil Energy, han impulsado en la región del Totonacapan el Programa de Apoyo a las Comunidades para el Medio Ambiente (PACMA). Este programa implementa la inversión directa no para hacer una paliación por daños socio-ambientales, sino para bloquear cualquier resistencia comunitaria que puedan surgir. A pesar de que existe una defensa legal en contra de la Reforma Energética, en la Huasteca se ha defendido el territorio mediante amparos, recursos que los jueces han denegado a revisar por considerar que las comunidades aún no están siendo afectadas por la ‘Ronda Uno’, por lo que no procede ningún principio de prevención.

Por el contrario, la nueva ley de hidrocarburos, la reforma energética y los otros ordenamientos legales son una la reforma agraria oculta que no solamente cambia el título y sentido de la utilidad pública, sino que crea nuevas formas de concesionamiento. Otro cambio importante es que ahora se solicitan estudios de ‘Impacto Social’”.

En este sentido, las universidades en general, pero principalmente aquellas interculturales o conocidas como etno-educativas que forman profesionistas en gestión comunitaria se vuelven nodos estratégicos y potenciales para ser instrumentados por las empresas en su proceso de gestión con los “beneficiados” previa la instalación. Un ejemplo de ello, es el papel que ha jugado la Universidad Veracruzana (UV) en su sede de Poza-Rica y en la sede de Coatzacoalcos quienes han sido las instituciones que han dotado a los gestores para la instalación de explotaciones. En el caso de la UV, desde 2003se tiene un convenio marco con PEMEX para que sean sus alumnos quienes realicen este tipo de estudios de impacto. Antiguamente era PEMEX la que realizaba la gestión con sus propios gestores comunitarios pero el proceso fue sustituido para remplazarlos por gestores privados quienes aseguran la consumación de la extracción en un plazo de dos años.

La explotación de hidrocarburos en el Totonacapan, se basa en un el asedio continuo de las empresas a las comunidades. Es tan fuerte la presión que raramente las comunidades pueden contener la fragmentación social. Adicionalmente, ahora todo el proceso se lleva de forma segmentada y en varias etapas, lo cual impide visibilizar a los responsables para una eventual defensa legal: Una primera etapa comprende un mapeo social para la ubicación de los posibles puntos de extracción. En esta etapa se busca conocer cuál es la capacidad de respuesta y de movilización de la asamblea pero también sirve para dividir a la gente, controlar la asamblea, cooptar la resistencia y establecer un esquema de clientelismo mediante “regalos” del día del niño, Reyes, o del día de las madres, etc. La segunda etapa comprende la construcción de brechas y la instalación del terraplén; la tercera las concesiones de los ductos, y las últimas etapas son la de exploración y extracción. Al ser tantas etapas y ser diferentes las concesionarias, la defensa legal se complica, por lo que si de por sí, ya era difícil acceder a un perito, teniendo muy pocos abogados, la elaboración de una demanda por afectación contra un grupo variado de concesionarias se vuelve imposible: ¿a cuál de las cinco empresas van a demandar? Los pueblos quedan completamente expuestos ante las fallas del sistema legal a la voracidad mega-extractiva de los capitales.

El aspecto más preocupante es la gestión privada para la instalación, ya que ahora se recurre a utilizar a los gestores de las universidades interculturales. El riesgo es el mismo: la integración económica de los egresados indígenas. Las empresas no tienen problema en contratar en ‘outsourcing’, la mano de obra calificada y bilingüe, tal y como sucedió con la Cruzada contra el Hambre. La diferencia es que ahora en lugar de promover las políticas diseñadas por las trasnacionales para fomentar la alimentación chatarra, ahora se trata de gestionar el fracking en los territorios.

Las resistencias deben incluir un proceso de blindaje en las universidades interculturales para que los egresados de los pueblos originarios no sean instrumentalizados en contra de sus propias comunidades. Para lograrlo, debe hacerse una defensa de las matrículas escolares, la creación de una conciencia en los egresados, una agenda que impacte a los gestores comunitarios para una mejor organización de la resistencia, la defensa legal y la prevención, entre otras. A nivel territorial se comienzan a desarrollar actas comunitarias donde la asamblea acuerda oponerse a los megaproyectos, el nombramiento de comités comunitarios, la identificación de agentes extraños en la comunidad y el análisis crítico de los programas del gobierno.

Las comunidades junto con los estudiantes y académicos comprometidos ya comienzan a crear vínculos regionales para generar acciones de resistencia, como sucede con las propuestas de colaboración entre la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio de la Huasteca y del Totonacapan y con la Red de Promotores de Agroecología de Chiapas.

Renzo D’Alessandro

Coordinador en Chiapas de la Unión de Conocimientos Comprometidos con la Sociedad (UCCS)

Oscar Espino

Miembro de la Red Unidos por los Derechos Humanos.

Fuente: ALAI, 7/3/2016