México: Despojo del patrimonio cultural con complicidad institucional

Gracias a la intervención del INAH, las pirámides tepoztecas serán borradas del paisaje carretero. Sólo los testimonios orales y registros gráficos, así como las múltiples piezas en fragmentos que aún se encuentran en el lugar, darán fe de lo que alguna vez existió y de la forma en que la geografía cósmica y la cultura ancestral viva del pueblo de Tepoztlán fueron sometidas en aras del beneficio particular de unos cuantos. De esta manera, expertos y autoridades del Instituto se suman a la lista de funcionarios públicos que promueven el actuar ilegal y arbitrario de Tradeco.

La arqueología, transformada por el neoliberalismo

México es un país lleno de riquezas naturales y culturales bajo amenaza. En su territorio y en su historia se forjaron arqueólogos, antropólogos, etnólogos e historiadores críticos y que defienden su patrimonio cultural, así como la memoria y autonomía de sus pueblos originarios. Sin embargo, poco más de tres décadas de libre comercio bastaron para que el respeto por la historia y la ética profesional de quienes deben ser los abogados más acuciosos del patrimonio histórico nacional se conviertan en objetos de negociación política y oportunismo partidista.

La legalidad neoliberal encubre el escenario de cinismo burocrático, que avala la política de despojos y saqueos impulsada por el Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades que aún resisten los ataques a su identidad, sus prácticas, sus creencias y su porvenir.

Los megaproyectos, el turismo avasallante y el urbanismo caótico son los motivos de la depredación cultural del país. Actualmente, las leyes que tutelan los bienes culturales de la nación y las instituciones garantes del resguardo y protección de su patrimonio no orientan sus acciones hacia el fortalecimiento de la identidad y la memoria, lo que hacen es administrar los insumos que sirven al mercado negro de zonas y monumentos. Las instancias oficiales asumieron la tarea de remover los obstáculos que la historia, los derechos y el sentido común le ponen a los servicios turísticos coloniales y a las insustentables obras de infraestructura pesada y urbanización salvaje.

Los mejores tiempos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fueron borrados por las administraciones de la “nueva visión”. En Morelos, por ejemplo, los proyectos de muerte y los negocios privados con cobertura pública tienen preferencia por encima de la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural. La desviación neoliberal de poder del Estado mexicano tiene en Morelos un escenario paradigmático.

Los responsables, con nombres

En Tepoztlán, específicamente, el joven emporio trasnacional Grupo Tradeco, en complicidad con empresarios locales ansiosos de dar el salto a los grandes negocios, como Gabino Ríos, Nancy Ortega, Elías Navarrete y Miguel García, y con el respaldo institucional del actual presidente municipal, Francisco Navarrete, y su esposa Denia Flores, del gobernador Graco Ramírez y Elena Cepeda, así como con el apoyo absurdo de Juan Cruz Tijera, Guillermo Martínez Demesa e Ignacio Cortés Salazar (en su momento autoridades de los núcleos agrarios), lograron convertir la gestión de los asuntos públicos del municipio en la administración de sus negocios privados, supeditando el interés general del pueblo tepozteco al interés particular inmediato de sus carreras políticas y sus bolsillos.

Los directivos y especialistas del INAH no quedan fuera del desvío de poder. Destaca especialmente la labor de Giselle Canto Aguilar, investigadora del área de Arqueología de la Delegación en Morelos, responsable del Proyecto: Registro, conservación y rescate del patrimonio arqueológico del estado de Morelos y directora del Programa de Salvamento Arqueológico SCT: Carretera La Pera–Cuautla, en sus dos etapas.

La experta en programas de salvamento es famosa en Tepoztlán por sus dictámenes favorables al otorgamiento de permisos de construcción de todo tipo o al emprendimiento de obras en zonas de alto riesgo arqueológico o de plano sobre monumentos invaluables. Los cuestionamientos sobre la imparcialidad y objetividad de sus análisis nutren de contenido los boletines informativos de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, así como diversos artículos científicos que ponen en cuestión su competencia, metodología y conclusiones.

En sus reportes sobre la zona de Tlaxomolco, la pasante de arqueología (así firma en diversos documentos oficiales) considera que no existe inconveniente en que se lleve a cabo el proyecto de ampliación pues, ante el mal estado de conservación, su equipo privilegia la investigación, criterio que no se desprende del texto de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de su reglamento o de las Disposiciones Reglamentarias para la Investigación Arqueológica en México. Cabe mencionar que entre los objetivos del programa de salvamento no se incluyó el pronunciarse sobre la viabilidad de la obra; no obstante, es éste el motivo y la conclusión en la que desembocan los reportes de trabajo.

Desde sus primeros informes, Giselle Canto aseguró que, al no existir arquitectura monumental que pueda ser destruida por el proyecto de modernización y ampliación de la carretera en el área del supuesto derecho de vía, el trazo no requiere de modificaciones. En los documentos más recientes que salieron a la luz pública, la pasante de arqueología insiste en que no hay inconvenientes para que los trabajos constructivos se lleven adelante ante la escasez de material arqueológico y la inexistencia de zonas arqueológicas en la mayoría de los tramos implicados.

Según consta en el programa elaborado por Canto y dictaminado positivamente por el Consejo de Arqueología del INAH, es justo la empresa Tradeco quien amortizó los costos, realizó los pagos al personal solicitado y proveyó los requerimientos, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no pudo firmar el convenio de colaboración con el Instituto al carecer de la documentación necesaria para acreditar la propiedad y/o posesión de los terrenos.

Por ley, las investigaciones y actividades que respalda el Consejo de Arqueología deben orientarse hacia el logro de un mejor conocimiento, salvaguarda, conservación y difusión del patrimonio arqueológico nacional. No obstante, con la venia de los especialistas la zona arqueológica es saqueada y los descubrimientos, desvalorados. Las máquinas de Tradeco fueron autorizadas para desaparecer, enterrar y triturar terrazas, escalinatas, hornos y piezas prehispánicas.

En términos prácticos, el Programa de Salvamento encabezado por Giselle Canto se orienta a la destrucción, desfiguración y privatización del patrimonio cultural del estado. Con sus servicios, la investigadora del INAH Morelos hizo efectiva la merma en el conocimiento de la arqueología de Tepoztlán, del norte y centro de Morelos y de Mesoamérica en general, pues las zonas arqueológicas reconocidas fueron desvaloradas y no se ubican ni comprenden de manera integral como parte de un todo cultural más amplio. Asimismo, actúa con negligencia en relación con el material arqueológico, cuando no con una actitud francamente dolosa orientada al vaciamiento, daño y ocultamiento de los descubrimientos.

Gracias a la intervención del INAH, las pirámides tepoztecas serán borradas del paisaje carretero. Vale la pena mencionar que el complejo de Tlaxomolco posee dimensiones físicas comparables o incluso mayores que la pirámide del Tepozteco, además de que el significado cosmogónico de ambas construcciones, de los cerros y espacios circundantes, su sentido práctico y su valor histórico se implican y constituyen una misma riqueza cultural y fuente de sabiduría. Sólo los testimonios orales y los registros gráficos, así como las múltiples piezas en fragmentos que aún se encuentran en el lugar, darán fe de lo que alguna vez existió y de la forma en que la geografía cósmica y la cultura ancestral viva del pueblo de Tepoztlán fueron sometidas en aras del beneficio particular de unos cuantos.

De esta manera, expertos y autoridades del Instituto se suman a la lista de funcionarios públicos que promueven el actuar ilegal y arbitrario de Tradeco. Y es que las obras de ampliación en el tramo correspondiente al municipio de Tepoztlán avanzan sin que la SCT cuente con la aprobación de los comuneros, convenio de ocupación previa o decreto expropiatorio que avale los títulos relativos. La Secretaría ha sido incapaz de exhibir documento jurídico alguno que dé fundamento al mentado derecho de vía histórico.

El desamparo institucional, la actitud negligente del Ministerio Público (MP), procuradurías y tribunales de amparo, el uso de la fuerza pública, la desinformación y el despliegue mediático dirigido contra quienes -mediante del ejercicio de sus derechos constitucionales- se oponen al proyecto carretero y denuncian sus implicaciones nocivas, así como los intereses detrás de la modernización y el progreso anunciados, dan cuenta de las formas impositivas con que políticos y empresarios promueven sus intereses privados, avasallando la desmemoria histórica y destruyendo la cultura y el medio ambiente del estado y el país. Únicamente la organización social, la denuncia pública y la reapropiación comunitaria del Derecho y las riquezas nacionales podrán contener y revertir esta barbarie.

El autor es jurista y politólogo, miembro del Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, asesor de la ANAA y colaborador del Capítulo México del TPP.

13 de abril 2014

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Referencias

Boletines de prensa, cartas y comunicados de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán.

Neff Nuxia, Françoise. “Los cerros tepoztecos” en El círculo del tiempo, México, 2013, pp. 10-11.

Quiroz González, Osbelia, Gustavo Flores Zúñiga y Françoise Neff Nuixa. “Tlaxomolco, Yohualinchan: sitios en peligro de destrucción por ampliación de la autopista La Pera-Vuautla” en En el Volcán, número 22, México, junio de 2013, pp. 34-43. Visible en: http://www.enelvolcan.com/jun2013/263-tlaxomolco-yohualinchan-sitios-en-peligro-de-destruccion-por-ampliacion-de-la-autopista-la-pera-oacalco

Oficios y documentos varios obtenidos a través de solicitudes de información.

Fuente: Desinformémonos