México: Contra el gasoducto Tuxpan-Tula. Un logro de la organización comunitaria

Por Jaime Quintana y Ramón Vera-Herrera

San Pablito Pahuatlán, noviembre 2017

Un núcleo de consejos comunitarios y municipales en la región Puebla-Hidalgo encarna hoy la resistencia contra el llamado Gasoducto Tuxpan-Tula, tras dos años de movilización activa, hostigamiento, divisionismo e intimidación al que siguió un proceso de acuerpamiento intercomunitario y cinco demandas legales de amparo buscando la cancelación del megaproyecto.

Tras la reforma energética que intenta subordinar cualquier vocación de los territorios campesinos rurales al servicio de la extracción energética (controlada por capitales privados nacionales y extranjeros), la empresa TransCanada obtuvo la licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir y operar el gasoducto que cruzará, según documentos de la propia empresa, 260 kilómetros, conectando (una vez concedidas las licitaciones de otros tramos como el Texas-Tuxpan y el Tula-Villa de Flores) el sur de Texas con el centro del país para ramificarse, con un tramado de ductos, en un megaproyecto de extracción y transportación de petróleo, gasolina y gas por territorio nacional y Estados Unidos.

Los municipios afectados directamente serían, entre otros, Tuxpan y Tihuatlán en Veracruz; Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Xalpan, Pahuatlán, Tlacuilotepec y Honey en Puebla; Tenango de Doria, Tulancingo, Epazoyucan, Zempoala y Atitalaquia en Hidalgo; más Hueypoxtla y Tula en el Edomex y San Antonio en Huehuetla, Hidalgo, que aunque está fuera del paso del gasoducto se ve afectada en sus manantiales.

Se calcula que el gasoducto tendría una capacidad de 900 millones de pies cúbicos de gas diarios.

Al momento de su licitación, se calculaba que el gasoducto entraría en operación comercial este diciembre de 2017, pero el devenir de la resistencia regional dio al traste con las pretensiones de la empresa que acaba de recibir la noticia de que tiene suspendida definitivamente la operación (por lo menos en San Pablito Pahuatlán), cerca del núcleo central de su trazado, por orden del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del estado de Puebla, que concedió la suspensión definitiva tras una primera suspensión provisional concedida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

La lucha ha sido larga y en segmentos se ha frenado físicamente la construcción —como en el municipio de Francisco Z. Mena, donde los pobladores cerraron el acceso a su comunidad. El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México tuvo noticia de las denuncias de las comunidades, que insisten en que la operación amenaza lugares sagrados otomíes, los mantos freáticos de una vasta región y por consiguiente la recuperación del agua subterránea vía manantiales y fuentes de agua, además de poner en riesgo la biodiversidad y sustentabilidad de la Región Terrestre Prioritaria del Bosque Mesófilo de Montaña, y por ende la de las comunidades de una vasta región.

Afines de noviembre, el llamado Consejo Regional de Pueblos Originarios en defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo (que acuerpa al Consejo Supremo Hñahñú de San Nicolás, al Consejo Autónomo Anciano Indígena del Municipio de Honey, al Consejo Indígena Otomí-Tepehua y de la Sierra Norte de Puebla, al Consejo Intercomunitario Indígena Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, al Consejo de Ancianos de la Comunidad Indígena Otomí Ñahñú de San Pablito y al Consejo de Ancianos del Pueblo Totonaco y sus Comunidades) celebró una asamblea regional al obtener la suspensión provisional que días más tarde se afianzó como suspensión definitiva para la demanda de amparo de San Pablito Pahuatlán, Puebla.

Ni TransCanada, ni la constructora Bonatti, pueden realizar trabajos relacionados con la instalación de la tubería o las instalaciones de bombeo en el ducto que moverá gas natural del sur de Texas a la planta termoeléctrica de la CFE ubicada en Tula. Ni la Secretaría de Energía (Sener) ni cualquier otra instancia gubernamental podrán realizar o continuar con la consulta de ese megaproyecto a los habitantes de San Pablito, hasta que se dicte sentencia en el juicio.

Según las consideraciones del juez que concedió la suspensión definitiva, la consulta “constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de las comunidades, así como sus derechos culturales y patrimoniales —ancestrales— que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen”.

Claro, como otros muchos jueces, el juez en cuestión defiende la discrecionalidad de la autoridad alegando que no siempre se requiere que el Estado consulte a las comunidades, pero señala que sí es necesaria en “aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos en su vida o entorno. Así se ha identificado —de forma enunciativa más no limitativa— una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas, como 1) pérdidas de territorio o tierra tradicional, 2) el desalojo de sus tierras, 3) el posible reasentamiento, 4) el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, 5) la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, 6) la desorganización social y comunitaria, y 7) los impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros. Por tanto, las autoridades deben atender el caso concreto y analizar si el acto impugnado puede impactar significativamente en la vida y entorno de los pueblos indígenas”.

Es muy significativo que el juez anote con tanta prolijidad esos efectos, porque todo eso junto ocurrirá con la entrada del gasoducto en esta zona. Es también significativo, y servirá mucho, que el juez reconozca, en conformidad con la Constitución, que uno de los aspectos de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas es la “conservación y el mejoramiento de su hábitat, la preservación de la integridad de sus tierras y el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que ocupan”, aunque luego aclare que salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas.

Por todo lo anterior, el juez Alfonso Ortiz concedió la suspensión definitiva, lo que significa la interrupción de toda actividad (tanto la construcción o la consulta) hasta que se resuelva el juicio. La sentencia del juicio podría ser concordante o negativa.

Esto es sin duda un logro del acuerpamiento de Consejos y de la organización autogestionaria que tejió la construcción de órganos de consejo comunitario o municipal, de orden tradicional pero que agrupan también a sus autoridades comunitarias y agrarias (aunque lo frecuente en la zona es que no haya conformaciones colectivas como ejidos y comunidades; son pequeños propietarios en núcleos claramente indígenas). Por eso es muy esperanzadora la reconstitución del sujeto colectivo “pueblo originario” (sean ñañhúes, nahuas, totonacos o tepehuas), incluso más cuando las instancias de Gobernación con sus “intermediaciones”, como la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México con Martínez Veloz a la cabeza, han intentado conformar Consejos Supremos como los de los años sesenta para “acercar” a los representantes de las poblaciones, de diversos modos.

Por el contrario, estos consejos autogestionarios tienen una diáfana claridad de todo lo que ocurre y entienden muy bien que el gasoducto no es sólo un tubo que cruza el territorio. Son afectaciones y riesgos que van de la injerencia de la Secretaría de Gobernación pasando por las instalaciones de bombeo (como en Chila de Juárez), con el peligro de explosiones, para redirigir hacia arriba el flujo de gas de las cañadas de la Sierra al altiplano hidalguense. Saben también que la pretensión es acaparar toda el agua posible y explotar en grande las minas a cielo abierto (como en Tlacuilotepec y Honey), y aunque ahora sacan sólo berilio, se rumora que sacarán grandes cantidades de oro de una mina por abrir que afectará a Tanchila, la Colmena e Izatlán.

Lo que siente uno, lo sienten todos. Poco a poco se juntan en regiones y zonas. Saben las comunidades que solas y separadas será más difícil el camino y por eso se organizan en el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo. Se miran en distintas lenguas y en cada una de las luchas y necesidades de las comunidades. En el defender el agua, aire, tierra, tradiciones y ceremonias enfocan su mirada.

Por ello, el 25 de noviembre se reunieron cientos de integrantes del Consejo en la asamblea regional de pueblos y comunidades de la Sierra Norte de Puebla y de la Sierra Otomi-Tepehua de Hidalgo, amenazados por la construcción del gasoducto.

Hacen ceremonia compartiendo palabras sencillas y la denuncias contra la empresa que pretende arrebatarles el territorio, contra autoridades locales, municipales y federales que han se han prestado a las acciones de TransCanada, que para los pueblos es una traición y un atentado contra la vida.

Un violín y una guitarra acompañan la ceremonia, mientras en la banca de la escuela de la comunidad, mujeres y hombres muestran carteles escritos a mano en protesta contra lo que llaman “proyectos de muerte”.

Suena la música, pasan al frente a gente a la que invitan a participar en un ritual de agradecimiento a quienes consideran sus aliados: les colocan un collar amarillo, un regalo a periodistas, académicos y a su abogado. Un lento y ritmado paso ordenado por la música acompaña al caracol que da forma al baile. Un sahumador y palabras en lengua envuelven a los invitados, frente a una ofrenda a la madre tierra.

Toma la palabra Santos Vargas de la comunidad de Montellano y del Consejo Indígena de la Sierra Otomí-Tepehua. De realizarse el gasoducto en su comunidad afectaría los manantiales que surten de agua a las comunidades de Zoyatla, Xochimilco y Tlalcruz, entre otras.

El consejo indígena de su comunidad se organizó, relata, “porque ni las autoridades ni los Jueces de Paz nos apoyan”. Que el presidente municipal y sus autoridades mayores trabajan del lado de la empresa y por tal motivo “el consejo está trabajando junto con las demás comunidades en la defensa de todo lo que tenemos”. Los miembros de Consejo Autónomo de Ancianos de la comunidad de Honey insisten: “nosotros no contamos con las autoridades, contamos con nuestro consejo indígena que estamos fortaleciendo”.

El Consejo Indígena Intercomunitario de la Sierra Norte de Puebla, representado por María de Lourdes y Hortensia, precisa que están reunidos por el aire y el agua que son la vida. “Por la tierra que nos da de comer; por eso estamos todos luchando para que nuestros alimentos no se contaminen”.

Que en Pahuatlán el presidente municipal está del lado de las empresas y que ellos están retomando sus autoridades tradicionales. “Nos quieren arrebatar lo que es de las comunidades. Nadie va a venir a defender la tierra y el agua. Nosotros somos lo que tenemos que defenderla”.

De la comunidad de San Nicolás un representante señala con la convicción y la seguridad de sus palabras: “Necesitamos tomar nuestro destino del cómo queremos vivir y del cómo queremos que vivan nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros tenemos libre determinación, somos los pueblos autónomos que debemos decidir la manera de cómo queremos vivir, de cómo queremos que produzca el campo. Somos los que tenemos las maneras de cómo proteger el agua que nos da vida”.

Las comunidades denuncian la presencia de diferentes instancias de gobierno para engañar y manipular a la población de San Nicolás que cuenta con once manantiales. Y mencionan que los de la empresa “ahora ya que la ven difícil quieren convencernos, pero para eso ya se hizo tarde, no vamos a permitir que contaminen a la madre tierra, porque ese día nos vamos a enfermar”.

Los manuales del despojo, explican los representantes indígenas, comienzan con la compra de voluntades de las autoridades municipales y sus auxiliares, de vecinos que en la necesidad aceptan prebendas a cambio de sus terrenos o de aceptar colaborar con las empresas. En otros casos es la amenaza de no darles proyectos o simplemente sacarlos de los programas de gobierno.

Las camionetas de TransCanada y de la constructora Bonatti comenzaron a transitar en la comunidad de Montellano en 2016, expone Santos Vargas Rosales, integrante de esta comunidad del municipio de Pahuatlán.

Llegaron a la comunidad con el consentimiento del Juez de Paz, y comenzaron a medir y marcar trazos, hicieron un acuerdo para que les mostraran los predios que son pequeñas propiedades, denuncia Santos, y que “les enseñaran los puntos donde pasaría el gasoducto y les mostraran el territorio con sus manantiales”.

En Montellano, se realizaron trazos por parte de la empresa en la entrada de la comunidad, en el centro donde se encuentra el panteón y la escuela, y otros más en la salida de la población. “Somos una comunidad pacífica y los dejamos andar libres porque no sabíamos”.

Después comenzaron a informar y a organizarse, formaron un comité para defender la comunidad y junto con Zoyatla y Acahuitla, comenzaron a informar a la gente y visitar comunidades.

Ciertas autoridades de Pahuatlán condicionaron el otorgamiento de proyectos a las personas que estuvieran en el movimiento. “Nos decían que nos darían unas casitas de tres por cuatro, casitas con loza de material muy malo, que se goteaba. Con ese apoyo condicionaban a las personas y les decían, ‘te va a llegar esa casita pero no anden defendiendo la comunidad’. El Juez de Paz una vez les dijo: ‘Pónganle un hule encima si tiene goteras’, como de burla. Nosotros no queremos ese apoyo”.

Se le pidió al Juez de Paz que los apoyara. “Nosotros lo pusimos para que nos apoyara y se negó, se levantó una acta donde decíamos que no queríamos el proyecto Tuxpan-Tula, y no la quiso firmar. Fue aquí que hubo la necesidad de volver a la organización de nuestros antepasados, de formar de nuevo nuestro Consejo de Ancianos para tener una autoridad que nos ayude, que nos apoye”, dijo otra integrante del Consejo.

Lorenzo Vargas, de la comunidad de Cuatepec, explica que representantes de la empresa eran vistos entrar a la presidencia municipal de Tlacuiltotepec en muchos momentos, sin embargo “a nosotros no nos respetaba nuestra autodeterminación como pueblo”.

Se juntaron el día 4 de septiembre 2016, les mostraron videos y rutas del gasoducto, descubrieron que para construir el gasoducto Tuxpan-Tula tenían que cruzar terrenos, tumbar cerros y secar manantiales.

Se realizaron cinco reuniones y protestaron públicamente manifestando su desacuerdo. Para octubre les hablaron de la consulta de las autoridades municipales, y comenzó la etapa de ofrecer obras públicas necesarias para las comunidades.

“Anteriormente no venían con este tipo de apoyos”, relata Hernán Castilla García de la comunidad de Cuaulutla; llegaban los de la empresa y les decían que la tubería era de buena calidad, que no existiría fuga de gas y prometían pavimentar las calles, arreglar las escuelas o bien lo que la gente les pidiera.

Hernán abunda diciendo que los apoyos siempre se los dan a los que están de acuerdo con la empresa del gasoducto. “El gobierno entregó 30 o 40 viviendas para cada comunidad, pero eran para los que están de la mano con el presidente municipal y del auxiliar”.

Por último, el profesor Diódoro, integrante del Consejo, declara: “Nos hemos organizado para decirles a todos que ya no estamos dispuestos a ser los olvidados, a ser los perdedores de siempre. Estamos decididos a defender nuestros territorios”.

La suspensión definitiva del gasoducto en Pahuatlán anuncia otros horizontes.

Fuente: Suplemento Ojarasca 249