México: Acuíferos sobreexplotados. Grieta extractivista o espiral
Mientras que muchas comunidades tradicionales han vivido de modo armonioso su relación con el ambiente, durante las décadas recientes ha predominado un modelo de extracción-desecho, que rompe los ciclos vitales y amenaza la vida y la salud de la humanidad.
El crecimiento exponencial logrado con la escisión tanto entre los sujetos sociales como entre éstos y los ciclos naturales ha provocado la sustracción y exportación de recursos vía despojo de las comunidades, así como destrucción y contaminación del medio ambiente en el proceso (minería tóxica, fracturación hidráulica, trasvases y pozos profundos).
El paradigma extractivo provoca la pérdida de autorregulación de los sistemas ambientales, la saturación de sistemas urbanos y la segregación espacial. Las exigencias de la especulación financiera y la rotación acelerada de capitales han precipitado la producción insustentable de bienes e infraestructura, mientras que el modelo consumista dispara la generación de productos desechables, que contribuyen al aumento de contaminantes.
El extractivismo incluye el despojo de los bienes comunes. En el caso hídrico conlleva apropiarse de décadas de inversiones comunitarias en infraestructura de agua y drenaje, producto de aportaciones sociales materiales y humanas, y de inversiones públicas financiadas con nuestros impuestos, así como de aportaciones para el manejo comunitario de manantiales, aljibes y jagueyes, ríos, barrancas, chinampas y canales, para ser usados como fuente de recursos. En el Distrito Federal éste es el caso de Tláhuac y Xochimilco, así como recientemente de San Bartolo Ameyalco en la delegación Alvaro Obregón, cuyo nombre en nahuatl significa precisamente “lugar de manantiales”.
A nivel individual y familiar, el abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación y reducir el riesgo de enfermedades. A nivel colectivo, el modelo actual de manejo hídrico pone en grave riesgo a las comunidades. Grietas y hundimientos, inundaciones, sequía, escasez y contaminación sumen a la población en círculos viciosos.
El derecho humano al agua es un derecho individual y colectivo, cuyo ejercicio debe ser sostenible. Sin embargo ¿quién lo puede garantizar, si los gobiernos niegan este derecho? Procesos cívicos que asumen corresponsabilidad para resolver problemas. A lo largo y ancho del continente americano ha habido una gran participación de la sociedad civil para transformar el marco jurídico relacionado con el derecho humano al agua. Costa Rica, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Argentina y Ecuador han presenciado movimientos ciudadanos, logrando los cuatro últimos países cambios constitucionales. En Estados Unidos, el manejo público y comunitario del agua sigue siendo un principio de democracia local prácticamente intocable. Con la reforma al artículo Cuarto de su Constitución Política, México reconoció el derecho humano al agua, pero hasta la fecha no se ha cumplido con el mandato de aprobar una Ley General de Agua que lo garantice.
Un cambio de paradigma para lograr el buen gobierno del agua asume la “cuenca” como unidad de análisis integradora y reconceptualiza el agua, al dejar de verla como insumo para procesos de extracción-desecho, que la élite dominante enfoca desde el imperativo de las inversiones especulativas, para reconocer su papel fundamental para los sistemas bióticos y las comunidades humanas. El buen gobierno del agua implica crear instancias e instrumentos capaces de la gestión, que den prioridad a la equidad en la distribución, y el compromiso de una agenda nacional que coadyuve a garantizar agua para todos, lograr soberanía alimentaria, mantener ecosistemas sanos, prevenir inundaciones, deslaves y agrietamientos y poner fin a la contaminación.
Pocos ejemplos más lamentables de las ansias extractivistas que la iniciativa de Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, acuñada por Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), y precedida por la ofensiva policiaca sobre los manantiales de San Bartolo Ameyalco.
Esta ley busca convertir al Sacmex en una empresa altamente subsidiada al servicio de grandes empresas y trasnacionales. A pesar de los golpes de pecho del párrafo inicial que asegura (como Peña, con la reforma energética) que “no va a privatizar”, su articulado tiene una lógica que profundiza la desigualdad, impone sanciones y cobros extraordinarios a los usuarios más vulnerables, no frena la contaminación del agua y desestima la prevención de desastres resultantes de la dinámica extractiva. Para garantizar el control sobre la operación, la Ley propuesta por el gobierno del Distrito Federal margina la participación ciudadana y da amplios poderes al director de Sacmex y representación a los sectores empresariales vinculados al modelo extractivo.
Las diversas campañas como la mencionada arriba en la Ciudad de México contra la descentralización-privatización del agua, así como los diversos esfuerzos que se dan a lo largo y ancho de México contra la minería tóxica, el fracking, los transgénicos, los plaguicidas, los diversos contaminantes y varias otras, nos señalan la necesidad de un cambio de paradigma para respetar los ciclos vitales.
Las cada vez más frecuentes tomas de posición en nuestro país y en el mundo parten de experiencias de quebrantos económicos y de la salud, despojo y autoritarismo, y se basan en estudios científicos y el saber comunitario para hacer propuestas que superen el paradigma de extracción-desecho. La articulación de esfuerzos es condición necesaria para darle la vuelta a la tortilla y lograr el buen vivir para tod@s.
( MAPA: Fredy Martínez)
Pedro Moctezuma Barragán-Coordinador del Programa de Investigación Sierra Nevada de la UAM, miembro del Grupo Promotor de la Campaña Agua para Tod@s, Agua para la Vida, y editor de la revista Xantico
Fuente: La Jornada del Campo