México: presa La Parota. Historia de un fraude

(Primera Parte)

“El resultado final de la influencia que ejercen intereses creados y el conflicto de intereses es que muchas represas no se construyeron con una valoración inicial objetiva y de una evaluación de los criterios técnicos, financieros y económicos adecuados, y mucho menos los criterios sociales y ambientales. No sorprende que muchas no cumplan los estándares aplicables en cualquier contexto”. (Comisión Mundial de Represas)

La presa La Parota en el estado de Guerrero en México tendrá un costo inicial de 800 millones de dólares que se gastaran durante 8 anos que durara la construcción. Sin embargo, el retraso en la construcción de las presas se da en todo el mundo así como un aumento en el costo que ha oscilado entre un 30 y un 300% más al cálculo inicial. [1] Por tanto, más de mil millones de dólares representaran de ganancias a los constructores lo cual implicara un endeudamiento al país para la siguiente generación. El compromiso político y económico ya esta hecho por lo que no se pretende echar atrás el proyecto a menos que la resistencia social junto con los cauces legales logren detenerla. Esto no es imposible, ya se ha detenido la construcción de presas en muchas ocasiones, pero será difícil [2]. Este es el reto del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y a final de cuentas de toda la sociedad porque a todos afectara la presa. Esta es la continuación de la historia. [3]

PRIMERA ETAPA: LAS ILEGALIDADES GUBERNAMENTALES.

Los mil millones de dólares que representara el negocio de la presa La Parota bien vale la pena para los constructores la cantidad de mentiras, engaños, fraudes, represión, corrupción, compra de autoridades ejidales, compra de intelectuales y universidades y múltiples ilegalidades por parte de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). La presa se ha convertido en una trinchera de resistencia popular con al apoyo de organizaciones y redes nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientalistas; de Organizaciones No Gubernamentales (Ongs), campesinas, indígenas, obreras y de todo tipo que se han unido a la lucha del CECOP. Incluso la fuerza guerrillera de la entidad, el Ejercito Popular Revolucionario (EPR), manifestó su apoyo a la lucha de la sociedad civil.

El 25 de Abril de 2004 el gobierno y las autoridades ejidales compradas por el simularon una Asamblea Ejidal de 12 minutos de duración para dar la autorización a la construcción de la presa y el consecuente desalojo de las tierras. Fue impugnada legalmente por 1590 comuneros quienes interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 con sede en Acapulco una demanda de nulidad por no cumplir con los términos legales, por haberse falsificado firmas, por haber incluido hasta el voto de ejidatarios ya muertos y otras irregularidades. El Tribunal acordó dar paso a la medida precautoria solicitada por los comuneros, por lo cual se ordeno al gobierno y a la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) que las cosas se mantuvieran en el estado en que actualmente se encontraban en la Comunidad Agraria de Cacahuatepec, y que quienes se oponen al proyecto “no sean desalojados de los puntos de acceso que tienen obstruidos, a fin de garantizar la tranquilidad social en el núcleo agrario en comento” [4]. Además se ordeno notificar a la CFE que “se abstenga de realizar (los estudios preliminares de factibilidad) en tanto no se resuelve el presente juicio por sentencia ejecutoriada”. El Tribunal alerto de la posibilidad de enfrentamientos físicos si se continuaba con a obra.

Pese a la prohibición legal, los supuestos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron entregados a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dos 2 meses después, en un documento de 1536 páginas que no se explican ya que desde el 28 de julio de 2003 los plantones impiden el paso de maquinaria de la CFE y cualquier personal. Además, la Semarnat esta emplazada con un Recurso de Revisión, ya que los estudios no cumplen con las normas ambientales, de salud, de sismología, de destrucción de fauna y flora endémicas protegidas, y falta de estudios sobre el flujo de las corrientes subterráneas, además de que promueven la destrucción de la cuenca del Rió Papagayo. Por su lado, el comisariado de Bienes Comunales esta demandado en una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) por falsificación de firmas, lo mismo que el notario y los funcionarios agrarios que avalaron ese delito. Esta interpuesta una segunda denuncia penal, contra la CFE, también ante la PGR, por delitos ambientales.

Luego la CFE convoco, creando las dificultades de la participación de la sociedad, a una supuesta consulta pública donde lo pobladores rechazaron la construcción y denunciaron las mentiras, engaños y simulaciones por parte del gobierno. Meses después una delegación del CECOP asistió al III Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra las Represas que se llevo a cabo en El Salvador en 2004. A su regreso, Rodolfo Chávez Galindo se encuentra con órdenes de aprehensión en su contra y uno de los líderes de la comunidad, Marco Antonio Suastegui, fue detenido, encarcelado y torturado. Tras su liberación el movimiento de resistencia cobro mas fuerza y meses después la comunidad de Aguas Calientes vio nacer el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) que realizo su primer encuentro en esa comunidad [5], movimiento que no tiene precedentes en el país. Cientos de personas y organizaciones mexicanas y algunas solidarias del extranjero se reunieron para iniciar el primer movimiento contra las represas que se haya registrado. El CECOP logro articularse con muchas organizaciones de todo el país y de diversa índole. Para principios del 2005 lograron participar con una delegación muy nutrida en el II Encuentro del Mapder en lo que pretende ser la presa de Arcediano en Guadalajara, Jalisco. Y mientras se preparan junto con la delegación mexicana a asistir al III Encuentro Latinoamericano contra las represas en octubre de 2005 en Guatemala [6], el gobierno mexicano sigue avanzando con la construcción de la presa sin la autorización legal.

Julio y agosto de 2005 fueron los meses en que le gobierno agudizo el conflicto y las ilegalidades. Aunque en otros accesos las comunidades en resistencia continúan bloqueando las entradas a la zona de la cortina, los trabajadores de la CFE continuaron con las labores preparatorias en otros 30 poblados que conforman los bienes comunales de Cacahuatepec. En el caso de los habitantes de la comunidad Los Mayos dieron el permiso a la paraestatal ya que ellos creen que su pueblo no será afectado por estar en la punta del cerro y que no será anegado. De cualquier forma, el director de la empresa, Alfredo Elías Ayub, niega que la CFE este realizando obras. Pero esto es el pan de cada día. Todo aquello que comprometa la construcción de la presa ha sido, es y será negado sistemáticamente. De igual manera en la presa de El Cajón, actualmente en construcción avanzada en el estado de Nayarit, los trabajadores muertos durante las obras no existen para la paraestatal ni para la opinión pública.

La CFE continuo realizando en la zona conocida como Las Parotas, al otro lado del río Papagayo, la perforación de los cerros y la apertura de brechas y caminos donde se pretende ubicar la cortina de la presa, lo que ya esta perjudicando las tierras de otros campesinos. Por su lado, la abogada Priscila Rodriguez Bribiesca del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), aseguro que "están talando y desmontando la selva caducifolia sin los permisos respectivos de la Semarnat”. Pero no solo eso, lo mas grave es que la CFE no ha iniciado con los trámites de expropiación de las tierras a los campesinos y tampoco cuenta con el cumplimiento de la normatividad agraria respectiva. Ante ello, una demanda ante el Tribunal Agrario o una solicitud de amparo teóricamente debería detener las obras ilegales del gobierno. Este es el principal obstáculo que intentara salvar la CFE y que generara los mayores brotes de violencia.

Para el 31 de Julio de 2005 el CECOP y mas de 70 organizaciones de todo el país y otras del extranjero convocaron a un “Encuentro Nacional contra la Presa La Parota” [7] en la Comunidad de Aguas Calientes, Anexo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco. Entre los objetivos se plantearon “Unir voces y reforzar lazos de solidaridad; saber y hacer saber que no estamos solos; fortalecer la organización de las comunidades; reafirmar el rechazo total a la Presa La Parota, como decisión mayoritaria de los Pueblos; escuchar las razones de organizaciones que se unen a la defensa de la tierra de comuneros y ejidatarios, y del agua del Río Papagayo.” El encuentro fue un éxito. Las Organizaciones presentes en el Encuentro acordaron 1. No ceder un centímetro más de tierra a los impulsores del despojo. Acapulco es de todos los acapulqueños, no solo de los empresarios; 2. Alto a los despojos anunciados en La Parota, en Acapulco Diamante y en Puerto Marques; 3. Defender el medio ambiente y la ecología contra los depredadores: la CFE, las empresas trasnacionales, los empresarios locales (lagartos al acecho de lo que les dejen), y los obsoletos lideres corruptos de la CNC (lagartijos que van sobre las migajas); 4. Alto al ecocidio que significaría inundar en La Parota 170 millones de metros cuadrados, once veces la bahía de Acapulco (no tres veces, como dicen quienes mucho ocultan); 5. Nos pronunciamos contra la privatización del agua, de la tierra, de los servicios y de los energéticos; 6. Acordamos formar un frente único en defensa de la tierra, del agua; de la cuenca del Río Papagayo, su fauna, flora y biomasa; en defensa del medio ambiente y la biodiversidad de nuestro estado y en defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos, como parte de los derechos humanos; 7. Combatir unidos la represión, el hostigamiento, las amenazas y las desapariciones forzadas; 8. Ampliar las redes de solidaridad y la unión de los pueblos en resistencia, particularmente con el EZLN.

SEGUNDA ETAPA: LA AGUDIZACION DEL CONFLICTO.

En el mes de agosto de 2005 inicia una nueva avanzada del gobierno por la ilegalidad. Le apura aprobar el proyecto e iniciar formalmente la licitación de los mil millones de dólares. Para este momento los gobiernos federal, estatal y municipal ya han comprometido todo y están obligados a ver la forma en como los campesinos den el aval al proyecto de manera legal para dar su visto bueno al proceso expropiatorio y el permiso para cambiar el uso de suelo. Para ello se necesita la aprobación de la Asamblea Ejidal. El gobierno inicia spots publicitarios comprando al futbolista Jorge Campos para convencer a la población de aprobar la obra. También se vende el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec e inicia la convocatoria a una Asamblea General de Comuneros para el día 14 de agosto y con ello se despliega todo un arsenal de corruptelas e ilegalidades en los tres niveles de gobierno.

La convocatoria es ilegal en tiempo, modo y forma según lo estipula la Ley Agraria. Se convoca pocos días antes y modificando la sede. Se orquestan también todos los mecanismos fraudulentos como el envío de personal medico para dar consultas y se les piden las firmas a los campesinos. El gobierno también comenzó a pagar por las firmas y recoger las credenciales de elector. Por su lado la Procuraduría Agraria acelera el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) para dar paso a la modificación del uso del suelo de las tierras comunales, la actualización del Padrón de comuneros y la implementación de manera gratuita del programa "hereda" (testamento agrario) con el fin de garantizar el voto, a favor de la venta de las tierras, por parte del testamentado. Los comuneros advierten sobre estas ilegalidades y responsabilizan al gobernador perredista de lo que pudiera suceder. El 8 de agosto los comuneros presentan un amparo y la nulidad de la Asamblea ante el Magistrado del Tribunal Unitario.

Ese mismo día el CECOP envía una carta al gobernador del estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde los comuneros le hacen responsable “de los problemas que pueda haber el día domingo 14 de agosto del 2005, en el poblado de El Campanario, en virtud de que tenemos conocimiento que usted se esta prestando a querer llevar a cabo la autorización de expropiación de nuestras tierras comunales, pretendiendo efectuar asamblea general de Comuneros fuera del lugar acostumbrado y con la protección de policías estatales, situación que no es de su competencia, ya que las asambleas comunales son soberanas y no se requiere de coacción y de vigilancia para que podamos los comuneros llegar a acuerdos”. Por su lado, tres días antes de la celebración de la ilegal Asamblea, el Espacio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) y de la Red Guerrerense de Derechos Humanos [8] envían una misiva al gobernador y al presidente municipal de Acapulco donde especifican que asistirán a dicha Asamblea por invitación del CECOP para “realizar la observación del desarrollo de la mencionada Asamblea, a fin de cerciorarnos de que esta se lleve cabo con apego al marco legal vigente.”

Por fin llega el día 14 de agosto y los autobuses procedentes de 23 de las 43 comunidades comienzan a llegar a la comunidad El Campanario. La CFE acarreo a los campesinos con el fin de lograr el quórum de al menos poco mas de 3 mil campesinos, de los 7 mil 200 registrados en el padrón para aprobar la "solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como convenios de ocupación temporal". También trasporto en helicóptero a diez notarios públicos de Acapulco para dar fe de la ilegalidad, entre ellos a Robespierre Robles Hurtado, hijo del ex secretario general de Gobierno del estado José Ruben Robles Catalan -asesinado recientemente-, así como Miguel Ángel Maldonado, ex titular del Consejo Estatal Electoral y representante en México de las trasnacional Domino's Pizza.

Diversas corporaciones policíacas instalaron retenes para impedir el paso de los comuneros del CECOP por lo que tuvieron que caminar nueve kilómetros por el monte para llegar a El Campanario. Al llegar los que lograron burlar los retenes se encontraron con una malla electrificadas y resguardadas por 400 efectivos de las distintas corporaciones policíacas, mientras un conjunto de música tropical contratado para el evento empezó a tocar para acallar la protesta. Después de dos horas de tensión y jaloneos entre campesinos opositores y policías, alrededor de las 12:30 horas, el representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) permitió el ingreso a la asamblea a campesinos que no pertenecen a ninguna de las comunidades afectadas. Las protestas se incrementaron y los policías lanzaron gases lacrimógenos. El enfrentamiento duro 20 minutos y dejo un saldo de diez campesinos golpeados y uno bañado en sangre. Los opositores quemaron las papeletas y destrozaron las carpas de plásticos haciendo correr al presidente de los bienes comunales con la gente que esta a favor de la presa. Ahí encontraron documentos con los acuerdos previamente elaborados y un padrón manipulado. Los comuneros del CECOP desconocieron entonces al Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y exigieron cárcel por usar la fuerza publica en su contra y responsabilizaron al gobernador de Guerrero, al presidente municipal de Acapulco, al presidente Vicente Fox y a la CFE por la agresión sufrida.[9]

Ante la estrategia fallida, el gobierno y la CFE intentaron otra Asamblea ilegal nueve días después, el 23 de agosto, en otro municipio, sin informar ni confirmar el lugar sino 24 horas antes. La CFE pago 200 pesos a cada comunero por su firma y contrato 15 autobuses (donde no caben mas de 500 personas) que recogieron a los comuneros, les colocaron un distintivo color naranja para evitar infiltraciones de opositores. La Asamblea fue adelantada dos horas y la celebraron rápidamente en media hora en que, según la CFE, solo 2 mil 385 campesinos, comprados, de los 7mil 285 en total que serán directamente afectados, dieron su beneplácito sobre la “solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como de convenios de ocupación temporal”. Sin alguna intervención, comentario ni discusión el presidente de la mesa pidió que “levanten la mano los que están de acuerdo”, y todos lo hicieron. Luego que levantaran la mano los que no están de acuerdo. Nadie levanto la mano. Por unanimidad se aprobó el punto. Luego se aprobó de la misma manera la “solicitud para obtener la anuencia de la asamblea para que la CFE realice el tramite de cambio de uso de suelo en terrenos forestales destinados a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse, todos los caminos necesarios de acceso a la obra y línea de transmisión La Parota entronque Los Amates-Playa Diamante”, y la “Solicitud de la CFE a la asamblea para que autoricen al comisariado de los Bienes Comunales la constitución de servidumbre de paso ante notario publico, para la construcción de la línea de transmisión denominada La Parota-entronque Los Amates-Playa Diamante”.

Así, la expropiación que realizara la CFE se hará sobre 14 mil hectáreas, de las cuales mil 300 se ubican en la comunidad de Cacahuatepec; esto se ubica en 19 núcleos agrarios que también van a ser afectados por las construcciones, que son propiedad de 10 poblaciones cercanas, “por lo que podemos anunciar que nos comprometemos a construir 800 viviendas para igual numero de familias afectadas directamente por la presa”, según la CFE. A la paraestatal esto le costo también darles de comer a los que acarreo: pollo en barbacoa, arroz blanco y refrescos de Coca cola o Fanta.

Algunos medios confirmaron que solo habían llegado a la Asamblea alrededor de 1,200 campesinos y que la CFE tenía en su poder cantidad de credenciales de elector que había recogido. Mañosamente la CFE dejo para después la negociación de cuanto seria la indemnización y como seria el proceso de desalojo. Al terminar la Asamblea los opositores a la presa llegaron luego de sortear 10 retenes policíacos que pretendían retrasar su llegada y que al llegar se enfrentaron con 400 policías quienes lanzaron gases lacrimógenos y golpes, dejando saldo de decenas de lesionados. Los comprados por la CFE, y todos los demás funcionarios del gobierno apresuraron la clausura y salieron corriendo a sus vehículos.

Aunque los lideres de la CNC confirman que los disidentes de esta organización han recibido 12 millones de pesos de la CFE, el secretario general disidente, Evencio Romero Sotelo, dijo ante los medios que la realización de la asamblea le costo a la Fundación Campesina de Desarrollo Rural, A.C., 2 millones 500 mil pesos, y con la anterior “hemos gastado como 7 millones de pesos por esta situación, afortunadamente hay guerrerenses, hay mexicanos que están aportando a esta asociación, que no nada mas se dedica a eso, se dedica a crear proyectos productivos”. Dijo además que el resultado de esta asamblea “no es un cheque en blanco, es el inicio, esto apenas inicia, que quiero decir con eso, que van a negociar, todavía falta otra asamblea donde habrán de sentarse a como van a pagar tanto la tierra como los bienes distintos a la tierra.” Pero, “sin esta asamblea, la presa de La Parota se hubiese venido abajo”. Y agrego: “ya es un hecho La Parota, esto es motivo de alegría para los guerrerenses bien nacidos, para los que queremos el progreso de Guerrero”.

Para el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montana Tlachinollan, Vidulfo Rosales, el estado debería saber que la asamblea carece de legalidad, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que niega a las autoridades “facultades para reunirse fuera del lugar donde ejerce su autoridad, para iniciar el tramite de privación de derechos a uno de sus miembros”. El abogado hace referencia a que en el articulo 25 de la Ley Agraria estipula que la asamblea debe de realizarse dentro de la jurisdicción de los Bienes Comunales, y que solo por causa justificada no podrá realizarse ahí, y en esto se basaron el presidente de los comuneros Crecencio y su asesor Evencio Romero, con el apoyo de la CFE y del gobierno del estado. Sin embargo aclara que esa disposición es tan confusa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia correspondiente sobre los requisitos de lugar y tramite de la asamblea que inicia procedimiento de privación de derechos, que a la letra dice que en este caso: “...Aceptar ese criterio llevaría a legalizar situaciones absurdas y violatorias de las garantías de los afectados; por lo demás, del hecho indiscutible de que la asamblea general de ejidatarios es una de las autoridades del núcleo de población, no se sigue necesariamente que tenga facultades para reunirse fuera del lugar donde ejerce su autoridad, para iniciar el tramite de privación de derechos a uno de sus miembros”. “De acuerdo con lo anterior, si en la especie se trato de privar de sus derechos individuales a miembros del ejido, la asamblea general de ejidatarios debió haberse celebrado precisamente en el lugar donde se asienta este núcleo de población”.

De cualquier manera el CECOP confirmo que “aun así no pasaran. La tierra no se vende”. Por su lado, ese mismo día el Espacio DESC declaro en un comunicado que “manifiesta su profunda preocupación por la 2ª Asamblea de Bienes Comunales de Cacahuatepec que ha sido convocada por las autoridades comunales de manera ilegal, porque esta convocada fuera de tiempo y fuera de los bienes comunales de Cacahuatepec que serán afectados si se construye la presa la Parota. Además, la convocatoria a la asamblea supone un desacato a las medidas cautelares decretadas el 15 de julio de 2005 por el Tribunal Unitario Agrario, en el sentido de que, cualquier autoridad se abstenga de realizar actos que modifiquen las condiciones jurídicas de los bienes comunales. Al Espacio DESC le preocupa el uso excesivo de la fuerza pública, la violación a los derechos humanos a la información, consulta y participación de los comuneros, así como la provocación que supone convocar a una asamblea irregular que pueda generar hechos de violencia. Exigimos al gobierno de Zeferino Torreblanca actuar con apego a derecho.”

La construcción de la presa La Parota cuenta además con el apoyo de los empresarios de Guerrero y del gobierno federal, del Partido de Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por si fuera poco, el candidato a la presidencia por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, Zeferino Torreblanca -gobernador perredista del estado-, y Félix Salgado Macedonio, candidato también del PRD a la presidencia municipal y a quien la CFE le ofreció dinero para financiar toda su campana si se comprometía a apoyar el proyecto, están de acuerdo con la construcción de la Parota.

Los comuneros han recibido el apoyo y la solidaridad de grupos de derechos humanos, ambientalistas, Ong’s, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente Sindical Campesino, Indígena y Popular, del Sindicato de Telefonistas de la Republica (STRP) Mexicana en Guerrero, de la Alianza por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y organizaciones similares de todo el Continente incluso de Europa, entre otros muchos. También por correo electrónico el Ejercito Popular Revolucionario (EPR) afirmo en un comunicado que la aprobación ilegal de la construcción de La Parota no es más que una medida autoritaria del Gobierno estatal para despojar de sus pocos bienes a los campesinos. "Esto es continuar con el plan privatizador de la oligarquía nacional, y ahora los comuneros y comuneras tendrán que defender sus tierras por medio de la resistencia", señalo el grupo guerrillero.

La CFE festeja su triunfo. El director de la paraestatal Alfredo Elías Ayub advierte que la asamblea proporciona un instrumento legal para actuar en contra de los que se opongan al proyecto y anuncio el inicio de la construcción el primer semestre de 2006. Según el boletín oficial “en la asamblea de este martes (…) con 2 mil 785 votos a favor y 50 en contra, comuneros del núcleo agrario de Cacahuatepec aprobaron el desarrollo del proyecto hidroeléctrico La Parota”. [10] Los datos no coinciden con los que se dieron a conocer durante la asamblea. Y de acuerdo con cálculos de los reporteros fueron poco mas de mil. Según los cálculos nuestros no pasaron de 500 los que cabrían en 15 autobuses urbanos.

El portavoz de los comuneros opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suastegui Muñoz, y sobre quien pesa ordenes de aprehensión en su contra, advirtió que a pesar de la “aprobación de la expropiación en la asamblea amañada”, la CFE no pasara a sus tierras. Reitero que “primero muertos” a ceder un centímetro de ellas para la presa. El CECOP declaro "la guerra" a la CFE y al gobierno de Guerrero. Declaro ilegal la Asamblea y se declararon en "resistencia total contra La Parota". El CECOP informo que cerró los accesos a los bienes comunales de Cacahuatepec para todas las corporaciones policíacas y los trabajadores de la paraestatal. “DECLARAMOS UNA VEZ MAS QUE NO CEDEREMOS. VA PRIMERO NUESTRA VIDA QUE CEDER NUESTRAS TIERRAS.”

No cabe duda que los intereses económicos sobre las presas pesan más que la responsabilidad social, política y ecológica. Con razón la Comisión Mundial de Represas, en su informe final, concluyo: “Las grandes represas se convierten a menudo en un punto focal para los intereses y aspiraciones de políticos, de agencias gubernamentales fuertes y centralizadas, de agencias internacionales de financiación y de la industria de la construcción de represas”. [11]

Otras fuentes: El Universal, Sábado 27 de agosto de 2005; La Jornada, 3 de julio de 2005, y 15, 20, 25 y 26 de agosto de 2005; periódico El SUR www.suracapulco.com.mx

Notas

[1] Para conocer algunos ejemplos véase Informe de la Comisión Mundial de Represas 2000, www.dams.org
[2] Véanse algunos casos en Castro Soto, Gustavo, “No seas Presa de las Represas”, Ciepac, México 2005, disponible en www.ciepac.org
[3] Para mayor información sobre antecedentes de La Parota véase “Chiapas al Día” No. 399 en www.ciepac.org
[4] Como lo previene el Artículo 166 de la Ley Agraria y lo dispuesto por el Artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia.
[5] www.mapder.org
[6] www.chixoy.org
[7] encuentrolaparota@pormexico.com, www.mapder.org, www.hic-al.org
[8] Casa y Ciudad, A.C. de Coalición Hábitat México; Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (Cam); Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (Cedhescu); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh); Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. (Cereal); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (C.M.D.P.D.H.); Deca Equipo Pueblo, A.C.; Defensoría del Derecho a la Salud; Fian - Sección México; Liga Mexicana De Defensa De los Derechos Humanos (Limeddh); Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (Hic-Al).
[9] Declaración del CECOP del 18 de agosto de 2005.
[10] www.cfe.gob.mx
[11] Comisión Mundial de Represas, p. xxxiv y 174.

PRESA LA PAROTA: EL GOBIERNO COBRA SU PRIMER MUERTO

(Segunda Parte)

“Declaramos una vez más que no cederemos.
Va primero nuestra vida que ceder nuestras tierras”.
(CECOP, agosto de 2005)

Entonces Cirilo Cruz se acercó a la camioneta y le disparó en la sien a Tomás. La camioneta con 40 personas a bordo se salió del camino. Horas más tarde Tomás Cruz Zamora falleció en el hospital. Todo empezó cuando el 18 de septiembre de 2005, en la comunidad de Agua Caliente donde se llevó a cabo en el 2004 el I Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), cerca de 4 mil comuneros de 32 pueblos que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, sin machetes como lo habían prometido, esperaban la llegada del gobernador perredista Zeferino Torreblanca. Los comuneros colocaron un gran templete y muchas sillas para el encuentro y con algunas mantas que rezaban "Señor gobernador ZTG. ¿Vale todo el proyecto de La Parota una sola vida de un guerrerense defendiendo su tierra? ¿Quiere competir con Figueroa desapareciendo y asesinando campesinos?". O "No al proyecto La Parota. El gobernador debe respetar el derecho de los campesinos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Salsipuedes". El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, afirmó que "lo hemos invitado (al gobernador) para informarle por qué no queremos la presa, pues es para los gringos que quieren comprar nuestras tierras con su billete verde y traerá desplazamiento para los pobres. El gobernador merece respeto y dejemos que nos diga por qué quiere la presa, no queremos ser sus enemigos, sino sus amigos y hay que convencerlo con argumentos".

Pero el gobernador no llegó, los dejó plantados. Ante esto los miembros del Cecop consideraron que mostró "falta de sensibilidad política, capacidad y valor civil" para escucharlos. En ese momento decidieron que ya no habría otra fecha para ningún diálogo con el gobierno ni con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues ya no hay nada qué platicar. Confirmaron que aceptarían la invitación a marchar el 27 de septiembre con otras organizaciones a nivel nacional y también en Acapulco y Chilpancingo, que se han visto afectadas por el gobierno de Torreblanca Galindo, quien no ha cumplido con sus promesas de campaña como la de indemnizar a los afectados de Punta Diamante y los desalojados de Granjas del Marqués. Marco Antonio Suástegui aclaró que todos los que estaban allí era por que aman la tierra y no necesitan recursos de nadie ni andan buscando puestos políticos: "Este movimiento es sano y legal. La lucha la vamos a ganar, La Parota se está cayendo". Y Advirtió: "El gobernador Zeferino va ser el culpable si hay un herido o un muerto". El Cecop entonces propuso medidas más radicales, entre ellas tomar los dos pozos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) como "castigo porque no vino el gobernador" y que están instalados en el río Papagayos que surten al puerto de Acapulco. De estos pozos se surten las empresas trasnacionales que se ha beneficiado de la privatización de la distribución del agua en la ciudad de Acapulco.

Otro portavoz, Felipe Flores Hernández, dijo que tienen que demostrar al gobierno "que no estamos jugando y vamos en serio y con todo". Pero al mismo tiempo los llamó a actuar con tranquilidad e inteligencia, sin violencia porque los ánimos estaban caldeados. "Tenemos todo el derecho y la razón en la lucha, porque nadie puede imponernos un proyecto". Marco Antonio Suástegui confirmó que "Nos pueden ganar en la lucha política, en la lucha legal, pero aún así no pasarán. Esto es una pesadilla que va pasar a la historia con la victoria de Cacahuatepec, porque nadie nos va quitar la tierra. La Parota ya se está cayendo porque los que están presentes están luchando por lo suyo y no por 200 pesos como aquellos miserables que votaron en San Marcos".

Suástegui manifestó a la prensa que “la situación se vuelve más ríspida, el riesgo a que se desborde la violencia está más latente, ya que la CFE una vez más insiste en querer pasar, lo que ha querido hacer en la comunidad de Cruces de Cacahuatepec, con el pretexto de introducir agua potable a la comunidad.” Insistió que "definitivamente el gobernador no quiere dialogar con los comuneros, él únicamente dialoga con los inversionistas, con la CFE y con los altos mandos como el presidente Fox. Nosotros dejamos nuestros machetes, venimos representantes de todas las comunidades, no todos, sólo representantes, venimos de una manera pacífica, abierta para que el gobernador sintiera, supiera cuántos somos y por qué nos oponemos al proyecto La Parota, creo que este momento pudo haber sido histórico para el gobernador, ya que hubiera conciliado las cosas con los opositores a La Parota y se hubiera reconciliado con las organizaciones sociales que le están recriminando estas acciones de gobierno".

Al terminar el evento 40 campesinos regresaban rumbo a su comunidad de Huamuchitos cuando salió del camino Cirilo Cruz Elacio y le disparó en la cien a Tomás de 40 años quien manejaba la camioneta. Ya un mes antes el campesino Julián Blanco y miembro del Cecop manifestó que "Quiero decirle al alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, y al gobernador Zeferino (Torreblanca), que vamos a defender nuestras tierras aunque vayan de por medio nuestras vidas. No vamos a dar ni un centímetro de tierra. Y que Jorge Campos -ex futbolista quien participa en los spots para la construcción de La Parota en los que invita a los comuneros a vender sus tierras- se vaya a chingar a su madre". El gobierno les tomó la palabra y cobró su primer asesinato.

Los miembros del Cecop quedaron consternados e indicaron que detrás del asesinato está el presidente del comisariado de bienes comunales, Crecencio Jerónimo. También responsabilizó al gobernador Zeferino Torreblanca, "que se ha encargado de reprimirnos, de hostigarnos", y piden su destitución. "Esta es la división que ha traído la CFE con su proyecto entre las familias comuneras", dijo la viuda Eugenia Galeana quien iba a lado de su esposo al momento del disparo. La organización también responsabilizó del crimen al presidente Vicente Fox, Alfredo Elías Ayub (Director General de la CFE), al alcalde Alberto López Rosas, a Víctor Hugo Chávez de la CFE; a los líderes de la CNC entre ellos a Nabor Ojeda, Evencio Romero y Valente Navidad. Por su lado, la viuda afirmó que "Esta es la división que ha traído la CFE con su proyecto entre las familias comuneras, a Cirilo le habían prometido ser el tesorero de Bienes Comunales". Al día siguiente, Cirilo fue internado en un hospital de Acapulco con heridas de bala en el abdomen y un machetazo en el tobillo.

Suástegui señaló que aunque su compañero haya caído en la lucha, desde "aquí decimos que hoy más que nunca nos oponemos a la presa La Parota y no vamos a dar un paso atrás, ya cayó el primero". Agregó: "Pedimos la destitución de Zeferino Torreblanca Galindo, si realmente tiene dignidad y vergüenza que deje el cargo, porque desde que entró únicamente se ha dedicado a lacerar a los que menos tienen y hoy es el culpable de que nuestro compañero haya resultado muerto. Lo responsabilizamos de esta muerte y con esto queda cancelada definitivamente la presa La Parota y no hay ni un paso atrás". Finalizó diciendo: "vamos a dar sepultura a nuestro compañero, pero que su muerte no quede impune" y luego se improvisó una consigna diciendo "Tomás vive, la lucha sigue, viva Huamuchitos".

Para colmo de males, ese mismo día el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Miguel Ángel Mesino, también fue asesinato en pleno centro del poblado Atoyac por un grupo de hombres armados con rifles Ak-47 y pistolas calibre .9 milímetros. En la agresión también resultó herido de un tiro en la rodilla derecha, Romel Jaimes Chávez, quien acompañaba a Miguel Ángel Mesino al momento de ser ejecutado. Mesino era hijo del fundador de la OCSS, Hilario Mesino. Por cierto, los miembros del Cecop ya habían advertido que días antes en diferentes pueblos donde se ubican campesinos opositores a La Parota se han presentado conatos de enfrentamiento con enviados del tesorero de los bienes comunales de Cacahuatepec, Rafael Ascensio, yerno del asesino Cirilo Cruz, y de Crecencio Jerónimo Aparicio el presidente del comisariado de los bienes comunales.

Con el apoyo de un grupo de abogados y abogadas [1] , el 7 de Septiembre de 2005 el Cecop,” por nuestro propio derecho y con el carácter de comuneros y posesionarios legalmente reconocidos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero”, solicita al Tribunal Unitario Agrario la acción legal [2] de nulidad de Acta de Asamblea del 23 de agosto convocada por la CFE donde se les autoriza la expropiación de sus tierras por haberse llevado a cabo de manera ilegal y en desacato a órdenes judiciales. Dicha asamblea fue amañada, sin el quórum legal, sin convocatoria adecuada, con retenes y cercos policíacos, y con sobornos a los comuneros por parte del la CFE. [3] El Cecop solicitó también medidas cautelares; que se detenga el proceso de expropiación y construcción de la presa, y demandan penalmente al Presidente, Secretario y Tesorero de los Bienes Comunales de Cacahuatepec [4] .

Marco Antonio Suástegui dio a conocer el comunicado de la CECOP en el que se declara "cancelado de manera definitiva el proyecto hidroeléctrico de La Parota". [5] "Nosotros decimos que el principal responsable de este asesinato es la CFE y Víctor Hugo Chávez (Residente de Asuntos Sociales del proyecto La Parota) que desde que llegó se ha encargado de interrumpir la paz social que existía en nuestros pueblos”, sentenció el Cecop. Inmediatamente después de los asesinatos llovieron los comunicados de repudio. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) integrante de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) manifestó que “Estos hechos de sangre, son parte de la campaña que ha emprendido el Gobierno de Vicente Fox, en complicidad con el Ejecutivo guerrerense, para doblegar la resistencia de los campesinos afectados por la construcción de la presa La Parota. Vicente Fox y Zeferino Torreblanca al puro estilo priísta e incluso porfirista, están buscando por todos los medios el imponer la ejecución de una obra, la cual significa el desalojo de 25,000 personas. Es claro que el anuncio acelerado por parte de Vicente Fox de grandes inversiones para la construcción de presas en Guerrero y Michoacán, del proyecto petroquímico El Fénix y el Parque Eoloeléctrico del Istmo en las cuales están involucradas grandes corporaciones trasnacionales, representan el "año de Hidalgo" para los funcionarios gubernamentales ligados a estas empresas.” [6]

La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) manifestó que “exigimos que se detenga el hostigamiento a las comunidades afectadas y que rechazan la presa La Parota, demandamos se investigue a Crecencio Jerónimo Aparicio, y a todo su gabinete de bienes comunales, ya que encabezan un grupo que representa intereses económicos particulares en contubernio. Hacemos responsables al gobierno perredista que encabeza Zeferino Torreblanca de lo sucedido, porque por un lado demanda dialogo sin condiciones, y por otro, descuida sus responsabilidades como autoridad, al permitir un ambiente de violencia creciente en la región. Demandamos la cancelación inmediata del proyecto La Parota, ya que en primer lugar, solo responde a intereses empresariales y particulares que se manejan en el marco del Plan Puebla Panamá y no representan más que miseria y ningún desarrollo para los afectados directa o indirectamente. En segundo lugar el proceso para legitimar dicho proyecto ha violado sistemáticamente las leyes mexicanas y los derechos humanos en el marco de protocolo internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales que ha suscrito nuestro país.” [7]

La secretaria general en el estado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Rosa Elena Zamacona, dijo que ya basta de tantos abusos y persecución contra los comuneros y que mejor el gobierno apoye mediante proyectos productivos a los campesinos. “El gobierno apoya a proyectos neoliberales y a los campesinos los manda de mendigos”. Por otro lado, los comuneros también encontraron apoyo y solidaridad por parte de los estudiantes de economía y derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales (UACS) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) luego de su visita a los planteles. El integrante del Frente Universitario contra La Parota, Erwin Flores, calificó al rector de la Universidad, Nelson Valle, de ser “un títere del gobierno” y le aclaró que la Universidad es del pueblo y dijo que en el momento que quieran los opositores acudir a ella, las puertas estarán abiertas. También el Cecop informó que ya están avanzadas las pláticas con el EZLN para reunirse con el subcomandante Marcos. [8] Confirmó que si bien se deslindan de cualquier movimiento armado, son bien recibidos el apoyo de todas las organizaciones, incluidas las de los grupos armados como el EPR o el ERPI: “Nosotros no tenemos armas, lo único que tenemos son machetes”. Finalizó diciendo: “La expropiación no se va a dar, la presa no se va hacer, no decaigamos en la lucha que hemos venido sosteniendo desde hace dos años, esta lucha que los gobiernos han querido minimizar, esta lucha que es por México”.

Por su lado el Espacio Desc [9] manifestó que “La CFE tiene la responsabilidad de propiciar la división entre comunidades, por no informar con veracidad e imparcialidad a los pobladores, por ofrecer obras y servicios a quienes acepten la presa y ofrecer dinero a las personas a cambio de su voto favorable a la realización del proyecto en la asamblea de comuneros del 23 de agosto pasado, así como para anteriores asambleas como la convocada el 14 de agosto del presente año y para la del 25 de abril de 2004. Además, existe responsabilidad tanto de la Procuraduría Agraria como de la Secretaría de la Reforma Agraria por no velar por los derechos agrarios de los comuneros, como lo marca ley. El Gobierno Estatal por no buscar las condiciones para atender las legítimas demandas de los comuneros y privilegiar la inversión en el Estado, usando a las corporaciones policíacas para amedrentar e intimidar a los comuneros opositores a La Parota. Estas instituciones han propiciado una escalada de tensión que irrumpe en la vida comunitaria, dañando el tejido social y provocando actos violentos, que van desde el enfrentamiento verbal, hasta el asesinato del comunero opositor Tomás Cruz Zamora.” El Espacio Desc repudió el asesinato, exigió la salida de la CFE de la zona, una investigación profunda del asesinato, que se anule la construcción de la presa y el cese al hostigamiento contra comuneros y ejidatarios opositores a la presa.

Con el fin de abonar la división y generar más intereses en apoyo a la construcción dela presa La Parota, la CFE por medio del titular de Asuntos Sociales del proyecto La Parota, Víctor Hugo Chávez Chávez, acordó de forma verbal un contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Asfalto, Aceites, Bancos de Materiales para la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), conformado 15 días antes. El delegado del sindicato dijo que “ya es un hecho” que el proyecto se concrete y que los comuneros que se oponen “no saben el beneficio que traerá” al estado. Hernández Almazán también es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Productores y Distribuidores de Materiales para la misma Industria, Excavadores, Similares y Conexos del estado de Guerrero de la CTM. Asimismo forma parte de la Alianza Camioneros del Sur, que se formó con dirigentes de la CTM, de la Federación de Sindicatos Independientes y otros sindicatos.

Otra estrategia que la CFE ha repetido en décadas pasadas pero que también forma parte de un mecanismo implementado por otros gobiernos en el mundo para ejercer presión a favor de los proyectos hidroeléctricos, es el ofrecimiento de compra de tierras altos costos para generar una avalancha de ofertas y luego ir bajando el precio de compra. [10] De ahí la propuesta del dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Evencio Romero Sotelo, para que la CFE pague medio millón de pesos por hectárea a los campesinos afectados. Este rumor generará falsas expectativas entre los comuneros y ejidatarios abonando a la división. Por si fuera poco, comuneros han comentado que la CFE ofreció dinero para dar su voto a favor de la presa y que, entre los coludidos en este fraude, están líderes de los partidos PRI, PRD y Convergencia.

Pese a todo ello el Cecop bajo la consigna de “Ni un paso atrás. No a la presa La Parota”, marcharon por la avenida Costera de Acapulco con 3 mil comuneros apoyados por organizaciones sociales, los desalojados de Granjas del Marqués, los afectados de Punta Diamante, los ejidatarios de Llano Largo y El Cayaco, los telefonistas, los del Seguro Social, al magisterio, los alumnos de la normal de Ayotzinapa y de las preparatorias, el sindicato de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) 7 y 17, la comisión de los campesinos de San Salvador Atenco, para demandar la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica en tierras de Bienes Comunales de Cacahuatepec. Con pancartas manifestaron su repudio al gobernador y al alcalde, ambos del PRD, a quienes calificaron de “traidores”, y acusaron de haberse alejado de los caminos democráticos para apoyar los intereses de los ricos y sus proyectos neoliberales. Las consignas no se quedaron atrás: “Si Zapata viviera, que chinga les pusiera”, “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste”, “En una jaula de oro pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación”, “Zapata vive, la lucha sigue”, entre otras. También hicieron un alto frente a la Catedral en un reproche silencioso por las declaraciones del arzobispo, Felipe Aguirre Franco a favor de la presa, y quien fuera obispo de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas.

En un Boletín de Prensa, el Espacio DESC hace un recuento de su testimonio -en base a extenso informe- sobre las violaciones e ilegalidades cometidas contra los comuneros y ejidatarios para pretender construir la presa La Parota. [11] El Espacio manifestó su “preocupación por el uso excesivo e injustificado de la fuerza pública” y que los “comuneros demandan el respeto de todos sus derechos humanos, como son el medio ambiente, desarrollo sustentable, salud, vivienda, trabajo, alimentación y solicitan la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional.” Por otro lado hicieron énfasis en que “el gobierno ha criminalizado a los opositores, solicitando a través del Ministerio Público se liberen órdenes de aprehensión en contra de algunos representantes de comunidades y miembros del Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a La Parota (CECOP). Se han detenido a 5 comuneros, de los cuales se sigue proceso penal a Marco Antonio Suástegui Muñoz y a Francisco Hernández Valeriano. Suástegui ha recibido amenazas de muerte y está siendo permanentemente hostigado.” El informe hace un recuento de los retenes que impidieron el paso a los comuneros opositores al lugar de la asamblea, alguno fue fuertemente golpeado, y que incluso fueron encañonados hombres, mujeres y niños; de los cuerpos policíacos fuertemente armados; de ilegalidades en torno a la forma, lugar y contenido de la asamblea; de la malla aparentemente electrificada para impedir el paso; de la manipulación del padrón y de la aprobación de la agenda de la asamblea; de las falsas promesas de servicios públicos para lograr las firmas; del impedimento del paso a reporteros pero no a la comprada Confederación Nacional Campesina que no debía estar en la asamblea.

El Espacio denunció que fueron violados los derechos humanos de los comuneros por parte de la CFE, el gobierno y la Procuraduría Agraria, entre ellos el derecho a la libertad de tránsito; a la integridad y seguridad personales; a sus derechos agrarios; y a la seguridad jurídica. Concluyen que “tanto la CFE como funcionarios del gobierno federal y estatal han estado presionando de diversas maneras a los comuneros y ejidatarios opositores a la construcción de la presa, aglutinados en el CECOP, para que acepten la realización del proyecto: a) la realización de asambleas y convocatorias a las mismas fuera del marco jurídico, son un ejemplo evidente de esta presión; b) lo es también el proceso penal que se sigue a dos de los dirigentes a quienes se les imputaron el delito de privación ilegal de la libertad de un Ing. de la CFE delito que no cometieron; c) el hecho de negarles el paso a la asamblea y provocar reacciones airadas, que de ninguna manera son aceptables, pero que generalmente pueden encender la chispa que genere violencia, para después iniciar averiguaciones previas tendientes a controlar el movimiento.”

El caso de La Parota tiene constantes que se han repetido a lo largo de la historia de los grandes embalses: se esconde la información; no se llevan a cabo consultas informadas, oportunas y extensivas a los posibles afectados; se operativizan trampas y mañas; se hace uso de la represión y de la intimidación de las fuerzas públicas; se generan presos, se dan casos de tortura y el extremo son los asesinatos; se echa mano del chantajes, los sobornos, la compra de líderes y de autoridades locales; se esconden las alternativas y se provocan más intereses políticos y económicos para sumar apoyo al proyecto; se genera un ambiente ante la opinión pública de rechazo a los que defienden sus derechos y se atizan las divisiones; se hace uso de personalidades que son montados en los grandes aparatos de publicidad; se falsifican firmas y documentos; se generan alianzas con otros sectores de supuesta calidad moral como universidades, obispos, políticos, artistas o deportistas en este caso; se giran órdenes de aprehensión, aparecen amenazas de muerte a los líderes, se fabrican delitos y se usan todos los mecanismos ilegales para lograr el objetivo haciéndolo parecer que todo es legal; se prometen obras de infraestructura, empleos y otros supuestos beneficios para lograr más adhesiones a favor del proyecto. Por si fuera poco, también es constante que los estudios de impacto social y medioambiental están mal hechos.

Con el caso de la presa La Parota el gobierno ha violado legislaciones agrarias, la Constitución estatal y federal; los convenios internacionales que tienen que ver con el medio ambiente, el agua, los bosques y los derechos humanos como el caso del Convenio 169 de la OIT. Incluso ha hecho caso omiso de las Recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (CMR). [12]

El problema central no es la presa en sí misma, sino lo que la justifica, los intereses creados y el modelo de supuesto desarrollo que está detrás. De ahí la ignorancia supina de los partidos políticos, supuestos académicos y de otros actores que sólo aplauden el proyecto sin conocer las consecuencias de los grandes embalses, pero eso será tema de otro Boletín “Chiapas al Día”. En fin, el caso de La Parota puede servir de experiencia para muchas otras luchas que se llevan a cabo contra las presas en el Continente. De ellas también han aprendido los comuneros de Guerrero. La estrategia se tiene que diversificar para lograr el respeto a los derechos humanos y la protección al medio ambiente. La lucha es de todos y todas. Los pescadores serán afectados, la población río arriba y río abajo, la población misma de Acapulco y el mundo entero gracias a que en Guerrero los que apoyan la represa también contribuirán entonces al cambio climático que, de no detenerlo, el estado de Guerrero no sólo le lloverá de más sino que los Tsunamis y los temblores podrán acabar con él.

Otras fuentes: La Jornada, 20, 21, 22, 23 de septiembre; Suracapulco.com.mx

Notas

[1] Licenciados Raymundo Castro Aparicio, Alfredo García Arcos, Luis Jerónimo Zavala, Priscila Rodríguez Bribiesca, Julio Adrián Hernández Quiroz, Sergio Morales Gallardo, Claudia Sierra Pérez, y Eustorgia de Jesús Cabrera.
[2] Acta de nulidad de la Asambleas, Acapulco de Juárez, Guerrero, a 7 de Septiembre de 2005, dirigido al C. Lic. Juan Rodolfo Lara Orozco, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con sede en Acapulco, Guerrero, México.
[3] En un recibo de la CFE en posesión el Cecop reza: “ Recibí de la Comisión Federal de Electricidad, residencia de actividades previas del Proyecto Hidroeléctrico la Parota, la cantidad de $ 2’600.00 ( dos mil seiscientos MN ), para cubrir los gastos generados por los comuneros, que asistirán a la Asamblea General convocada por los Bienes Comunales de Cacahuatepec, a celebrarse el día 14 de agosto del año en curso en el Campanario Anexo de los B. C. De Cacahuatepec, Mpio. De Acapulco Gro.”
[4] Cc. Crescencio Jerónimo Aparicio, Juan Hernández Jorge y Paulino Hernández Valeriano, respectivamente.
[5] Comunicado del CECOP, Acapulco de Juárez, Guerrero, 18 de septiembre de 2005.
[6] Comunicado del UCIZONI, México, DF. a 20 de septiembre de 2005.
[7] Son miembros de la AMAP: CHIAPAS: Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CIEPAC), Organización Campesina Hermano Sol, Educación para la Paz (EDUPAZ), Indymedia-Chiapas; GUERRERO: Colectivo Estudiantil Rebelión, Partido Revolucionario de los Trabajadores-GRO. (PRT-GRO); OAXACA: Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec (CDHTT), Comité de Voluntarios para el Mejoramiento Ambiental (COVOMA), Centro para los Derechos de las Mujeres Naax Wiim (CDHMAAW), Grupo de Preservación Cultural Huave Mi Kualaj Xa Kabaj, Grupo de Trabajo Colectivo del Istmo (GTCI), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Grupo Cultural “Nivi Ñuu; PUEBLA: Unión Campesina Emiliano Zapata “VIVE” (UCEZ”VIVE”), Centro de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan (CDHyLVT), La Voz Nahuatl de la Sierra Negra, Centro de Derechos Humanos Takachihualis; TABASCO: Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Tabasco, Centro de Estudios Sto. Tomas; VERACRUZ: Frente Popoluca del Sur de Veracruz (FREPOSEV), Consejo Indígena de Uxpanapan (CIUX), Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Veracruz (MAIZV), Tssoka-Teyoo, Comité de Resistencia vs CFE (CRRC); BAJA CALIFORNIA: Corporación Corazón A. C. (COCOAC); DF.: Revista La Guillotina; MICHOACAN: Organización para el Desarrollo A.C. (OSDAC); QUERETARO: Unión de Mujeres Indígenas Campesinas de Querétaro (UMICQ). NACIONALES: Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Frente Autentico del Trabajo (FAT), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). www.amapenresistencia.org
[8] Carta del CECOP al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Acapulco, Gro, 7 de Septiembre de 2005.
[9] El Espacio Desc está conformado por Casa y Ciudad, A.C. de Coalición Habitat México; Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (Cam); Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (Cedhescu); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh); Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. (Cereal); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (C.M.D.P.D.H.); Deca Equipo Pueblo, A.C.; Defensoría del Derecho a la Salud; Fian - Sección México; Liga Mexicana De Defensa De los Derechos Humanos (Limeddh); Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (Hic-Al). A este comunicado se adhirieron también el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP ), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZ VIVE) y Unión de Colonos Populares del DF (UCP DF).
[10] Para ver ejemplos de estos mecanismos se puede consultar el Informe de al Comisión Mundial de Represas (CMR) en www.dams.org
[11] Boletín de Prensa, México DF. a 31 de agosto de 2005.
[12] www.dams.org

CIEPAC - Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria