México: los estragos del PROCEDE en la Zona Norte de Chiapas y las resistencias de los pueblos indígenas

Pedro Pineda I Coloch Boletines de CIEPAC
"CHIAPAS AL DIA" 15-Aug-2006 - num.515
Ciepac, Barcelona, España

RESUMEN:

Estos se apoyan en grupos paramilitares, como el tristemente conocido Paz y Justicia, para presionar y amenazar a quienes se oponen a la entrada de este proyecto que, por otra parte, es la piedra de choque para la entrada de proyectos ecoturísticos, los cuales, como se ha comprobado en otras ocasiones, no hacen sino perjudicar a las comunidades donde se implantan. Vemos también los vínculos directos de altos funcionarios con estos proyectos y con los grupos paramilitares, el condicionamiento de las ayudas gubernamentales a entrar al PROCEDE, la compra de votos, así como las estrategias para arruinar a los campesinos que han entrado al programa gubernamental, con el fin de provocar la venta de sus tierras.

Algunas comunidades de la Zona Norte de Chiapas recibieron la visita de una delegación de españoles -integrada por diversas personas vinculadas a la solidaridad con Chiapas y Centroamérica, así como a la defensa y protección de los Derechos Humanos-, que se interesó por la problemática que viven estas comunidades indígenas, así como por su manera de afrontarla. Uno de los problemas más destacados y repetidos en cada una de las comunidades visitadas es el proyecto gubernamental del PROCEDE, que pretende la parcelación de las tierras ejidales y comunales, para que pasen a ser de propiedad individual, y por lo tanto, susceptibles de ser vendidas o embargadas como pago por las deudas, de acuerdo a la reforma del artículo 27 de la Constitución Mexicana, que protegía la propiedad ejidal desde los tiempos de Villa y Zapata.
La primera comunidad visitada fue la de San Juan Chancalaíto, a una hora de camino de Palenque. La comunidad se encuentra dividida entre los que sí entraron al PROCEDE y los que no.

Estos últimos denuncian que reciben presiones e incluso amenazas de los primeros para que acepten entrar al citado proyecto, hecho que se repetirá en todas las comunidades visitadas. También se repiten las denuncias por engaños, lo cual deja entrever que se trata de una estrategia bien orquestada. Estos engaños incluyen la falsificación de actas de entrada al PROCEDE.

No son ajenas estas comunidades al conflicto por las elevadas tarifas eléctricas que se viene dando en Chiapas en los últimos años. En concreto, en San Juan Chancalaíto han llegado recibos por valor de entre 400 y 1000 pesos [US$36 y US$90] por la utilización de dos focos caseros. Quien esto escribe, para orientar a quienes desconozcan el precio de la electricidad en Chiapas, paga 20 pesos por el uso de 4 focos, una computadora y dos pequeños altavoces. Esto es una pequeña muestra de la transparencia y fiabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, la cual está provocando un gran movimiento civil de resistencia al pago de la luz en espera de unas tarifas justas.

Otra comunidad visitada por esta delegación fue la de Emiliano Zapata, a medio hora en camioneta del anterior destino. En la reunión llevada a cabo en esta comunidad, se confirma la denuncia que hicieron los ejidatarios de San Juan, y que más adelante harían los ejidatarios de otras comunidades: se hacen correr rumores interesados para atemorizar a quienes se resisten a entrar al PROCEDE. Se hace creer a los campesinos que van a perder sus derechos agrarios, que van a perder la titularidad de sus tierras. Es un temor muy generalizado y el trabajo de difusión para desmentirlo es escaso y muy necesario.

El Gobierno, por su parte, no es ajeno a estos rumores, pues en las charlas explicativas que lleva a cabo, no informa que la entrada al PROCEDE es totalmente opcional, que con este proyecto se ha permitido la parcelación y venta de tierras ejidales (siempre que haya acuerdo de la mayoría de los ejidatarios), pero que no se obliga a ello. Tampoco informa de los gastos que se derivan de la entrada a este proyecto.

Los habitantes de Emiliano Zapata explican algunos de estos gastos. Se producen al llevar a cabo el cambio a propiedad individual, de la misma manera en que se incrementa el impuesto predial (por los derechos agrarios). Por su parte, los habitantes de Tenosique, en Tabasco, explican que se han multiplicado los costos. Llegan a pagar 1100 pesos por parcelas de 20 hectáreas, casi lo mismo que antes pagaban por los derechos de la totalidad del ejido. También se empiezan a pagar impuestos que antes no se pagaban, como por la casa, por los solares, por los árboles frutales... Estos son los beneficios del PROCEDE, esta es la riqueza y prosperidad que anuncia el Gobierno Federal para los ejidatarios que pasen a ser pequeños propietarios.

También se reportan problemas cotidianos que antes no se daban, como a la hora de recoger leña o acceder a los ríos, así como ante la falta de respeto a los acuerdos de asamblea que ya estaban sellados. Se sabe que en la comunidad de La Cascada se privatizó el río en el que se solían realizar los actos religiosos, y ahora se cobra 10 pesos por persona para el acceso, como pudieron comprobar ante el intento de 300 personas de realizar una misa en dicho río.

Por otra parte, es ampliamente compartido que el Gobierno condiciona las diferentes ayudas, como el PROCAMPO (1), a la entrada al programa de privatización de la tierra. También son comunes en todas las comunidades visitadas los testimonios sobre las promesas de ayudas y préstamos a cambio de entrar a dicho programa. Estos préstamos, que se hacen sobre la garantía de la tierra, ponen en peligro la propiedad de la misma.
A juego con las altas tasas que se pagan, que arruinan a los campesinos -cuya economía es de subsistencia-, esta iniciativa esconde, claramente, una estrategia para provocar que las tierras vayan a parar a manos de unos pocos con grandes intereses, muy alejados de los intereses de las comunidades.

Esta tendencia del PRODECE a generar latifundios es una de las primeras conclusiones que compartió la delegación. Así mismo, incentiva el fenómeno de la emigración, provocando que muchas familias vendan sus tierras para intentar el salto a los Estados Unidos, quedando en la más absoluta miseria si, como es frecuente, fracasan en su intento. Las grandes oportunidades que promete el Gobierno se acaban traduciendo en quedarse sin tierra, sin trabajo, sin casa y sin nada que heredar a las siguientes generaciones.

Antes de continuar su visita por las comunidades de la Zona Norte de Chiapas, la delegación española se reunió con algunos catequistas de la Parroquia de Palenque, cuya labor va encaminada a la defensa de los Derechos Humanos. Estos catequistas opinan que uno de los objetivos del proyecto gubernamental es desarticular los ejidos, en la lógica de debilitar todo tipo de organización comunitaria. No en vano, la unidad que da el ejido contrarresta las diferentes divisiones que se dan en las comunidades, ya sean de tipo religioso o político, lo cual dota de una fuerza mayor para protegerse de los abusos del Gobierno y de quienes codician sus tierras.

Se informa, además, de la presencia de representantes de empresas extranjeras en Sabanilla, una de las comunidades donde más presencia ha tenido el grupo paramilitar Paz y Justicia. Pretenden comprar tierras e incurren en presiones e intimidaciones para forzar a la población a ello, gozando de la tradicional impunidad que caracteriza a este tipo de acciones.

En esta línea, y como no deja de ser habitual en el conjunto de la nación, los defensores de los DDHH, así como miembros de la parroquia que realizan capacitaciones en las comunidades, están siendo víctimas de amenazas e intimidaciones. No por habitual deja de ser un hecho preocupante e indignante, cuya responsabilidad recae sobre las espaldas del Gobierno Estatal y Federal.

Se informa también de diferentes proyectos ecoturísticos que codician la belleza de los ríos que se encuentran en la zona. Es el caso, por ejemplo, de San Miguel Arimatea, donde se está procediendo al cercado de las tierras que rodean el ojo de agua donde la comunidad se surte de tan elemental líquido. Dicha acción se lleva a cabo con el apoyo de la policía municipal de Palenque.

Y fue precisamente San Miguel Arimatea, que se encuentra a casi dos horas de la cabecera municipal, la siguiente comunidad que visitó la delegación de españoles. Los mismos problemas de amenazas, e incluso agresiones, se dan en esta comunidad. Los ejidatarios han denunciado ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Reforma Agraria su rechazo a la entrada del PROCEDE en sus tierras. Hay una profunda división y se da una dualidad de autoridades por la entrada de una parte de los ejidatarios en el proyecto del Gobierno. Los nuevos pequeños propietarios, quienes viven en la comunidad vecina de Arimatea, están tratando de manipular al resto, incluso con el intento de firmar actas falsas para la privatización de las tierras. Una de estas actas llegó a presentarse ante la Secretaría de Reforma Agraria, hecho que fue denunciado al Centro de DDHH Fray Bartolomé de las Casas.

Ante la creciente tensión entre ambos grupos, se permitió la entrada de los ingenieros del Gobierno para realizar la medición de las tierras. Por su parte, el intento de introducir el proyecto ecoturístico antes mencionado se intensifica con la plantación de árboles en las inmediaciones del río y la presión para echar a la gente que vive cerca de él.

En la misma línea, denuncian que se están tomando las medidas del río para poder declararlo nacional, por lo que dejaría de pertenecer al ejido y no podrían reclamar ningún derecho sobre él. Esta situación fundamenta el temor de que, a partir de ahora, les quieran cobrar por acceder al agua en el manantial que se está cercando.

Una vez más, y cabe repetirlo por la gravedad de este hecho, los ejidatarios de San Miguel denuncian que el Gobierno condiciona los apoyos a la entrada al PROCEDE.

Más grave es, si cabe, la notable presencia paramilitar en esta zona, siempre con el visto bueno de las autoridades. No en vano, en Arimatea hay una sede del grupo paramilitar Paz y Justicia, que se coordina con otras sedes de la zona. Durante años, los opositores al Gobierno han recibido amenazas. La tensión fue tal, que hace años llegó a haber presencia militar estable en San Miguel, así como de la policía judicial.

La última comunidad visitada, y en la que más días estuvo la delegación, fue en Roberto Barrios, comunidad vecina del Caracol Zapatista (2) que lleva el mismo nombre, y que se encuentra cerrado por la alerta roja que decretó el EZLN en solidaridad por los brutales hechos de Atenco (consultar cciodh.pangea.org). Podría decirse que las informaciones y denuncias que aquí se recibieron fueron más precisas y más graves, al denunciarse la clara complicidad de funcionarios de alto rango, como el Comisionado para la Paz en Chiapas, Luis H. Álvarez -así como su secretario, Jesús Caridad-, con los jefes del grupo paramilitar Paz y Justicia. También por la denuncia sobre pagos en mano por parte de gente del PAN (3) y del PRI a cambio de votos.

Continúan las denuncias por las presiones para entrar al PROCEDE, así como la negación de las ayudas del PROCAMPO a quienes se resisten a entrarle. No está de más insistir que en todas las comunidades visitadas existe el mismo temor a perder los derechos agrarios, a perder la propiedad de la tierra, gracias a las mentiras y rumores que se difunden. En esta comunidad también se denuncia un ambicioso proyecto ecoturístico que pretende instalarse para explotar las bellas y vírgenes cascadas del río Bascán, que pasa a escasos metros de allí.

La comunidad ya se ha expresado en diversas ocasiones en contra de dicho proyecto, en las oficinas de la SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), en la Presidencia Municipal de Palenque, ante la Secretaría de Gobernación de Chiapas... Las últimas dos veces, en junio de 2005 y mayo de 2006, mediante un acta firmada en la que se rechaza explícitamente el proyecto del río Bascán. Una de ellas fue firmada conjuntamente por la asamblea del ejido y por el Consejo Autónomo del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista del Trabajo (**). La SEDESOL, incluso, mandó una representación para comprobar si el acuerdo era real, por lo que zapatistas y perredistas se juntaron en la plaza de la comunidad para mostrar su rechazo.

Según denuncian ante la delegación, lejos de acatar la decisión soberana de la comunidad, de los ejidatarios, han estado viniendo funcionarios de la SEDESOL, encabezados por el profesor Jesús Caridad, antes mencionado, con la excusa de iniciar proyectos productivos y talleres de capacitación, pero con la verdadera intención de promover el proyecto del río. Han llegado incluso a llevarse a ocho personas a Oaxaca para capacitarse sobre el proyecto ecoturístico, sobre la manera de construir y gestionar cabañas e incluso sobre cómo apoderarse de las tierras que rodean el río. Por otra parte, ofrecen proyectos a la comunidad a cambio de permitir el proyecto del río Bascán, y les dicen que les pondrán un puente y una carretera (ya vino una máquina a comprobar el estado del suelo para la construcción del puente). Tratan de engañarlos diciendo que las cabañas las gestionará el pueblo, pero es obvio que querrán recuperar el dinero invertido en la carretera y el puente que faciliten la llegada de los turistas.

Es preocupante y particularmente grave la estrecha relación que funcionarios de la SEDESOL y el Comisionado para la Paz en Chiapas, Luis H. Álvarez -así como su secretario-, mantienen con los líderes de Paz y Justicia en la región: los señores Roberto Balcazar Mendoza (Beto) y Germán Mendoza Hernández. Diferentes personas de la comunidad denunciaron que cuando los funcionarios vienen a Roberto Barrios van directamente a la casa de los jefes paramilitares. En su última visita, justo al marcharse aquellos, se produjeron agresiones y amenazas a la gente del PRD. No parece, pues, casual ni desvinculado de los intereses en el río Bascán.

El pasado 26 de julio, estando la delegación en Roberto Barrios, y a pesar del acta firmada dos meses antes contra el proyecto, se produjo una nueva visita de Jesús Caridad, el mencionado representante de Luis H. Álvarez, supuestamente para presentar los proyectos prometidos (letrinas secas, fogones económicos, carpintería, etc.), pero, según fue denunciado a la citada delegación, aquel fue directo a estudiar el proyecto ecoturístico, particularmente sobre cómo hacer las cabañas. Caridad amenazó directamente a quienes se resisten a dicho proyecto: "ustedes, los que organizan a la gente, los que meten humo en la cabeza, irán a la cárcel". Este es el tipo de paz que busca el Gobierno y su comisionado en Chiapas.

Al día siguiente, 27 de julio, se volvió a levantar el censo de las personas que van a firmar para aceptar los cursos de la SEDESOL, que ya fueron rechazados. Esto genera división en la comunidad. Se llegó a realizar un acta y se recogieron firmas. Se sospecha que hubo gente que firmó sin leerla.

Incluso, por órdenes directas de Roberto Balcazar, jefe paramilitar, se llegó a impedir la lectura de la misma.
Es frecuente el intento de recoger firmas de manera engañosa por parte de quienes quieren llevar a cabo este proyecto.
También denuncian la promoción de dicho proyecto por Francisco Gómez Pérez, quien discutió fuertemente con una persona de la comunidad, así como el apoyo que recibe Paz y Justicia de parte de un ex catequista que ahora pertenece a la secta Pentecostés.

Por otra parte, regresando al conflicto con la electricidad que al inicio se menciona, los ejidatarios de Roberto Barrios llegaron a firmar un convenio con el Gobierno de Pablo Salazar, en el que se comprometían a pagar la mitad de los adeudos, quedando la otra mitad a cargo del Gobierno Estatal, a través del programa "Una vida mejor". El engaño se hizo evidente al producirse un gran incremento en las tarifas eléctricas, por lo que la comunidad, incluida la gente del PRI, decidió resistirse al pago de la luz.

Muy graves fueron las denuncias referentes a lo electoral. La delegación recibió denuncias de pagos directos al voto. Gente del PRI y del PAN prometían inicialmente 100 pesos por ir a votar, y finalmente fueron pagados 10 pesos. De la misma manera, gente del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) advirtió que quienes no votaran serían borrados de la lista del Gobierno y no podrían recibir ayudas ni atención médica. A pocas semanas de las elecciones estatales, es preocupante comprobar la persistencia de antiguas prácticas antidemocráticas y caciquiles, así como la complicidad con Paz y Justicia, reconocido por su actividad paramilitar -se han documentado numerosas matanzas perpetradas por este grupo- por parte del Gobierno de México, país que hoy preside el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Si el Gobierno quisiera la paz, debería desarticular a los grupos paramilitares, desarmarlos y encarcelar a los responsables de la violencia que se vive en Chiapas y en México. La paz viene como producto de la solución a las causas que han generado la resistencia civil y el levantamiento armado, no con la represión y la imposición de proyectos económicos alejados de los intereses de la población. De esta manera, la paz que promueve el Gobierno no es paz, sino pacificación, sometimiento. Busca la inversión, pero a su manera, que está muy alejada de los intereses de las comunidades, y está lejos de buscar la paz. La paz, así como la justicia y la democracia, vienen junto al desarrollo económico. No puede ser lo uno sin lo otro. No puede pretenderse que haya paz mientras existe expropiación y saqueo a los más desfavorecidos, menos aún cuando existe una clara vinculación entre los grupos paramilitares, los cuerpos de seguridad del estado (incluyendo el Ejército Federal) y las estructuras políticas.

Es peligrosa esta situación, y compleja su solución. El proceso organizativo en las comunidades es la única salida que les queda, y quizás su caminar llegue a ser paralelo al nacimiento de un nuevo movimiento a nivel de base y a escala nacional, como es la Otra Campaña, que nació de la VI Declaración de la Selva Lacandona, lanzada por el EZLN en junio de 2005, y cuyo propósito es construir nuevas formas de hacer política. Ya han visto que quienes deben velar por su seguridad agraria, tratan de arrebatarles las tierras con un expolio legal, y que quienes deben velar por la paz, promueven y se apoyan en grupos paramilitares como el tristemente conocido Paz y Justicia, responsable, entre otras, de las matanzas de Tila, Sabanilla y la muy recordada Acteal.

Saben que tienen delante un peligroso adversario, pero también saben que no les queda de otra que resistir y tratar de salir adelante. El apoyo y vigilancia de la sociedad civil nacional e internacional será importante para evitar el despojo y la violencia en Chiapas, así como en tantos rincones de México.

Notas:

** Mientras se terminaba de redactar este boletín, muy cerca de la comunidad de Roberto Barrios, en el Municipio Autónomo del Trabajo, se produjo un brutal desalojo, con la utilización de motosierras y tractores, llevándose a cabo quemas de casas y pertenencias, destrozo de los cultivos, tumba de árboles frutales (en un estilo que recuerda fielmente al de la actuación de Israel en los territorios ocupados de Palestina), y el arresto a dos bases de apoyo del EZLN, que incluyó amenazas y golpes. La Junta de Buen Gobierno del Caracol de Roberto Barrios ha lanzado una denuncia sobre estos gravísimos hechos, que son una clara provocación en medio de la alerta roja que se mantiene en las comunidades zapatistas, así como deben ocultar oscuros intereses por parte del Gobierno (consultar chiapas.pangea.org/noticiasbd/item16660.htm).

El PROCAMPO es un programa de ayudas directas al campo que, según palabras del propio Gobierno "no puede ser utilizado con fines políticos o partidistas". Se entrega periódicamente una suma en metálico para apoyar a las familias campesinas con una economía de subsistencia, para apoyar esta actividad agraria. La supeditación de estas ayudas a la entrada al PROCEDE es, además de inmoral e ilegítimo, de una clara ilegalidad, síntoma de la pésima salud democrática que vive el país, y muestra de los profundos cambios estructurales que requiere la nación.

La lucha por la autonomía indígena que ha llevado a cabo, de manera pacífica, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde el alto el fuego decretado el 12 de enero de 1994, tras el alzamiento del 1º de enero de ese mismo año, originó el nacimiento de los municipios autónomos en rebeldía, los cuales se gobiernan según sus propias decisiones y con sus propias autoridades. Asimismo, el territorio de influencia zapatista se organiza en cinco zonas, en las que se levantaron, en agosto de 2003, los llamados Caracoles, que albergan a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas y sirven de lugar de encuentro con la sociedad civil nacional e internacional. Esta nueva estructura de gobierno autónomo nace de la aplicación unilateral de los Acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 entre el Gobierno y el EZLN, incumplidos repetidamente y burlados a raíz de la Ley Indígena aprobada en el 2001 por el "Gobierno del Cambio" de Vicente Fox.

PRD: Partido de la Revolución Democrática, que se proclama de centro- centro izquierda; perredistas: afines al PRD; PRI: Partido de la Revolución Institucional, estuvo en el poder durante 72 años, hoy en la oposición tanto a nivel estatal como federal, pero con gran influencia en las comunidades indígenas, a modo caciquil; PAN: Partido de Acción Nacional, proclamado claramente de derecha, está en el poder federal, con casi nula presencia en las comunidades.

Fuente: CIEPAC