Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable: 19 años son suficientes

Nosotros, nosotras, y más organizaciones que trabajan con las comunidades afectadas por las plantaciones industriales de palma aceitera, hemos denunciado en repetidas ocasiones a la RSPO por su incapacidad para atender los reclamos de comunidades cuyas tierras fueron arrebatadas por las empresas de aceite de palma. Los problemas fundamentales de la institución y su sistema de certificación se han descrito con gran detalle en declaraciones internacionales firmadas por organizaciones de todo el mundo en  2008 y en  2018. Estudios publicados en el año 2021 muestran (ver  aquí y  acá) que la RSPO no ha prevenido la deforestación, no ha consultado a las comunidades afectadas ni ha enfrentado sus agravios.

Hoy resulta que nada ha cambiado. Mientras sigue creciendo la superficie de las plantaciones de palma aceitera certificadas por la RSPO, esta institución seguirá siendo un gran engaño.

Desde 2020, la RSPO certificó varias concesiones grandes de palma aceitera en Camerún, Sierra Leona, Nigeria, Sao Tomé, Ghana y Costa de Marfil pertenecientes a la empresa Socfin, con sede en Luxemburgo, pese a los reclamos de la comunidad relacionados con falta de espacio vital, conflictos por la tierra, contaminación, derechos laborales, acoso y violencia. Comunidades en  Sierra Leona,  Camerún y  Costa de Marfil han demandado la suspensión de estos certificados.

Tras la aparición de artículos en los medios de comunicación sobre las plantaciones de Socfin en Camerún, la RSPO envió una misión de verificación para evaluar las denuncias presentadas. Aunque los  líderes de la comunidad afirman que el equipo de evaluación de la RSPO evitó hablar con las personas que guardan una postura crítica hacia la empresa e ignoró las pruebas aportadas por los líderes comunitarios, la evaluación verificada terminó  documentando numerosas violaciones de las normas de la RSPO en las plantaciones de Camerún. No obstante, pese a estos hallazgos, la RSPO continúa emitiendo certificaciones a más áreas de las plantaciones del Grupo Socfin.

Del mismo modo, en Sierra Leona, 1475 integrantes de la comunidad local que sufrieron afectaciones por una plantación de Socfin firmaron una  petición para denunciar una decisión de la RSPO en enero de 2022. Afirmaban que el proceso de la RSPO estaba viciado y no había tomado en consideración cuestiones como los acaparamientos de tierras, las violaciones de derechos humanos y la violencia que entraña la represión.

Como lo señala un  comunicado de prensa internacional firmado por numerosas organizaciones: “El proceso de consulta de la RSPO estuvo plagado de errores. No se consultó a las partes interesadas, incluida la gente afectada, propietaria de la tierra. Un crucial informe gubernamental que ordena la revocación del contrato de arrendamiento principal y un proceso participativo que resuelva las actuales disputas sobre la tierra fue rechazado como evidencia. Las auditorías no fueron independientes de la empresa y no se proporcionó un espacio seguro para la consulta, pese a los enormes riesgos de represalias contra las personas”.

La reciente certificación de Socfin en África muestra que la RSPO no sólo no ayuda a las comunidades sino que puede socavar sus luchas. Las comunidades y sus ONG aliadas terminan perdiendo tiempo y recursos valiosos al participar en los procesos de la RSPO y, como ocurrió en Camerún y Sierra Leona, los líderes que se manifiestan durante estos procesos pueden sufrir intimidación y acoso.

En otro  caso reciente, integrantes de la  Comuna de Barranquilla de San Javier, en Ecuador, realizaron una protesta pacífica en 2019 para exigir que la empresa parte de la RSPO, Energy & Palma, se retirara de sus tierras, dejara de contaminar sus fuentes de agua y detuviera la deforestación. Las protestas fueron violentamente aplastadas por la policía y después, en un claro acto de intimidación, la empresa llevó a siete líderes de la comunidad a los tribunales, exigiendo 320 mil dólares por daños y perjuicios. El tribunal ya dictó una de las dos sentencias y condenó a los líderes de la comunidad a pagar 151 mil dólares, decisión que los defensores del territorio apelaron. La empresa también apeló e insistió en el pago de los 320 mil dólares. La segunda sentencia sigue pendiente. Al día de hoy, la RSPO no ha tomado ninguna medida para sancionar a Energy & Palma.

Entretanto, comunidades en Liberia siguen esperando una solución a las quejas que interpusieron ante la RSPO contra la compañía miembro, Golden Agri-Resources, hace más de diez años. Su experiencia y la de otras personas muestra que el sistema de quejas de RSPO está hecho trizas y nunca ha sido efectivo.

Tenemos ahora 19 años de evidencia continuada de que la RSPO no es un instrumento creíble para hacer que las empresas de la industria del aceite de palma rindan cuentas por las violaciones ambientales, sociales y laborales. La RSPO no defiende sus propios principios y criterios frente a sus integrantes. Ha demostrado no ser un canal confiable para que las comunidades presenten sus agravios contra las empresas de aceite de palma. Por el contrario, socava los esfuerzos comunitarios y permite que las empresas de aceite de palma acaparen más tierras.

En un momento en el que crece la superficie de tierra certificada por la RSPO y cuando la RSPO  gana influencia como estándar de sustentabilidad dentro de las normativas y políticas nacionales, regionales e internacionales, sentimos que es más urgente que nunca que las organizaciones se unan para denunciar a la RSPO y emprender acciones que puedan servir realmente a los intereses de las comunidades, poniendo fin al modelo colonialista de las plantaciones industriales de palma aceitera.

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Fuente: GRAIN