Megaproyectos chinos se convirtieron en un peligro para los indígenas y la Amazonía de Ecuador

Labores de construcción de la empresa china ECSA. Foto: Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi).

Cada año que pasa las inversiones chinas alrededor del mundo se expanden con rapidez. América Latina, y en especial los países amazónicos, han visto como cada vez más las multinacionales de este país asiático llegan a las selvas tropicales de la Amazonía a financiar y ejecutar grandes proyectos mineros y de hidrocarburos.

La preocupación por la forma en que las empresas chinas manejan el tema medioambiental y de derechos humanos es tal que recientemente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recogió las recomendaciones de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) para evaluar el respeto de los derechos humanos por parte del Gobierno chino. De hecho, el próximo 6 de noviembre la República Popular China será evaluada en Ginebra en el marco de la Evaluación Periódica Universal de Derechos Humanos (EPU).

Las recomendaciones de la COICA se encuentran detalladas en el informe ‘Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas’, en el cual manifiestan que se encuentran vulnerados el derecho a la vida, que implica la protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado; y el derecho a la No discriminación.

Entre los casos que se destacan se encuentran el Arco Minero del Orinoco en Venezuela, el Bloque Petrolero El Nogal en Colombia, Lote 58 en Perú, Represas Teles Pires y Sao Manoel en Brasil y el proyecto Cóndor Mirador en Ecuador.

Además de esto, la ONU destacó que las empresas mineras chinas, en particular las que participaban en los proyectos Mirador y San Carlos Panantza en el Ecuador, habían incurrido en prácticas irregulares de adquisición de tierras, como la compra irregular sin consulta previa, la reclamación arbitraria de derechos de explotación minera y la interposición de demandas civiles contra familias sin títulos de propiedad. “Por medio de estas prácticas y con el apoyo de las fuerzas de seguridad, estas empresas habían provocado el desalojo forzoso y el desplazamiento involuntario de un total de 42 familias indígenas”, relata el documento.

Las inversiones chinas en Ecuador  se han incrementado exponencialmente. Otro informe, titulado: ‘Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina’ y elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) asegura que China es el primer prestamista y contratista del Ecuador, especialmente, para los sectores de hidrocarburos, minería, infraestructuras, obras hidráulicas, comunicaciones y finanzas. Desde que el primer préstamo chino llegó a Ecuador en el 2009 se han otorgado créditos por un total de 12 490 millones de dólares, más de lo que prestaron todos los bancos multilaterales juntos durante el mismo período (10 165 millones de dólares).

“Este resultado, no solo involucra una mayor dependencia política y económica con China, sino también que las empresas chinas acaparan el mayor número de contratos públicos de obras de gran tamaño”, se lee en el reporte.

Inversiones chinas: San Carlos Panantza

El proyecto minero San Carlos Panantza en la Provincia de Morona Santiago representa una de las inversiones chinas más grandes en Ecuador. Fue concesionado a la empresa Explorcobres S.A. (EXSA), para la explotación de yacimientos mineros de cobre y otros materiales. Desde mayo de 2010, EXSA pertenece a la compañía china CRCC Tongguan Investment CO, la cual suscribió un contrato de exploración y explotación con el Gobierno ecuatoriano con una vigencia aproximada de 25 años. Actualmente, se están gestionando las actividades para el reinicio del proyecto, que se encuentra en su fase de exploración inicial.

Se trata de 13 bloques mineros que abarcan una superficie de alrededor de 41 000 hectáreas, de las cuales 15 000 son del Pueblo Indígena Shuar Arutam. El proyecto ha estado lleno de conflictos desde su inicio, incluso los indígenas quemaron un campamento hace ya varios años. “La conflictividad tomó un giro drástico el 11 de agosto de 2016, ya que por pedido de la empresa se procedió a desalojar a una de las comunidades Shuar”, comenta Carlos Mazabanda de Amazon Watch a Mongabay Latam.

Todo ese problema con los predios se dio porque en las décadas de los 80 y de los 90 la institución gubernamental encargada de la titulación de la tierra fue dando títulos a campesinos en esta zona que era tradicionalmente territorio Shuar. Los indígenas no tenían problema con que campesinos se asentaran en su muy amplio territorio, pero cuando llegó la empresa y les empezaron a vender los títulos de propiedad, los Shuar decidieron posesionarse nuevamente de sus predios para impedir la afectación ambiental de sus tierras.

Según Mazabanda, la estrategia de la compañía ahora es aliarse con un representante indígena, que tiene el liderazgo de muchos de los Shuar de la provincia de Morona Santiago. La empresa, el líder ─y quienes lo apoyan─ firmaron un convenio para hacer la socialización del proyecto. “Eso ha sido bastante cuestionado porque no es posible que la misma comunidad sea la que le haga la socialización a la empresa, además, ha generado conflictos internos y divisiones entre los Shuar”.

Los impactos sociales y ambientales de este megaproyecto serán muy altos para la Amazonía sur de Ecuador. “Prevé el tratamiento de 90 000 toneladas de roca por día para extraer cobre. Constituiría el megaproyecto minero más importante del Ecuador. Los desechos contaminantes generados por esta mina estarían acumulados en una relavera al coste del río Zamora y podrían alcanzar un volumen de más de 700 millones de m3”, asegura William Sacher, profesor e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar y autor del libro ‘Ofensiva Megaminera China en los Andes’.

Pero eso no es todo. Sacher considera que si a todo lo anterior se agrega que la zona es altamente pluviosa y sísmica, serían muy altos los riesgos de accidentes como el que ocurrió en Samarco (Brasil) en 2015. Además, la puesta en marcha de una gran mina de esta índole requiere de abastecimiento masivo de energía. “Ejemplo del vínculo megaminería-proyectos hidroeléctricos es la megarepresa hidroeléctrica que está en proyecto aguas abajo, en el río Santiago”, le dice Sacher a Mongabay Latam.

El investigador tiene una larga lista de los efectos negativos que traería este proyecto y en general la megaminería. En términos ambientales están: destrucción de ecosistemas, reducción de la biodiversidad, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y contaminación de los suelos. En términos sociales, entre las afectaciones para las poblaciones están: expropiaciones violentas; violencias físicas y simbólicas; impactos profundizados para ciertos sectores de la población como las mujeres y los niños; explotación e inseguridad laboral; militarización y consolidación del patriarcado; distorsión de la economía, la vida comunitaria y política en función de los intereses de los capitales megamineros; corrupción; criminalización y asesinatos; pérdida de soberanía política y alimentaria; proletarianización; aculturación, etc. “En breve, lo peor de la modernidad capitalista”, asegura.

Inversiones chinas: Cóndor Mirador

Mirador es un proyecto minero a cielo abierto que se realiza entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en Ecuador. Es el más avanzado de todos los que se están proyectando en el país y está a cargo de la empresa de capital chino Ecuacorriente SA (ECSA). Actualmente se encuentra en etapa de construcción y busca extraer concentrado de cobre durante un periodo de 30 años, para luego exportarlo a China y ser procesado en el país asiático.

La mina a cielo abierto también pretende extraer en menor medida metales como plata y oro. Se prevé la extracción de 19 440 000 toneladas de roca al año y abarca una superficie de 9928 hectáreas en 11 bloques. Al momento se ha firmado contrato para la explotación de dos de estas áreas.

Hace unos meses el proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) reveló un análisis con bases en imágenes satelitales donde se muestra como durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017,  ya se han deforestado 1307 hectáreas de bosque. Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, le dijo a Mongabay Latam que lo que ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”, dice.

Para tomar posesión del territorio concesionado, la empresa ECSA inició la negociación y compra de predios campesinos. Sin embargo, no todos los titulares estuvieron de acuerdo con las negociaciones por lo que la empresa realizó servidumbres ─la empresa a través de una orden judicial compra o toma en préstamo el terreno por un valor determinado por las autoridades─, y posteriormente solicitó al Estado que realizara el desalojo de las propiedades de aproximadamente 32 familias, ya que ambos mecanismos están contemplados en la actual Ley de Minería de Ecuador. La situación se agrava ya que, según Mazabanda, no se realizaron consultas previas en las comunidades afectadas por Mirador.

Para William Sacher, tanto Mirador como San Carlos Panantza son igual de problemáticos, aunque posiblemente San Carlos Panantza lo sea aún más porque se prevén minas más grandes. “Las empresas chinas escogieron desarrollar primero Mirador probablemente porque encontraban en la zona de este proyecto menos resistencia que en los territorios afectados por el proyecto San Carlos Panantza”, asegura.

Para el profesor e investigador ya se generaron una serie de profundos impactos sociales, ambientales y psicosociales. Entre estos, los desalojos de decenas de familias en el año 2015 y todo un largo proceso de acaparamiento de tierras. “Si los dos megaproyectos llegan a la fase de extracción estaríamos en el inicio de un distrito megaminero en la zona, lo cual implicaría una transformación política, económica, social y ambiental profunda, para nada a favor de la mayoría de la gente y de los pueblos que viven en estos territorios”.

Mongabay Latam ha intentado comunicarse con la empresa Explorcobres S.A. (EXSA) para saber sobre las iniciativas de reinicio del proyecto y sobre el informe que presentaron algunas organizaciones ante la ONU, pero hasta este momento no ha sido posible establecer comunicación.  De igual forma, tampoco ha sido posible obtener una respuesta por parte de la empresa EcuaCorriente S.A (ECSA), que tiene a su cargo el proyecto Mirador. Sin embargo, en declaraciones al diario El Universo, la compañía ha dicho que todas las obras realizadas han sido construidas con altos estándares de calidad.

El vicepresidente de la compañía, Shen Qihong, dijo a ese medio ecuatoriano que “la Dirección de Ambiente de Zamora nos hace inspecciones quincenales, mensuales, las obras son técnicas” y que hasta finales de mayo habían actualizado tres veces su estudio de impacto ambiental. Así mismo, la compañía informó hace unos días que invertirá 445 287 dólares en proyectos productivos, de desarrollo local, culturales y deportivos para las comunidades que se encuentran en zona de influencia del proyecto en la provincia de Zamora Chinchipe.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) entregó sus recomendaciones a la ONU y espera que estas sean tenidas en cuenta por el gobierno chino. Entre las sugerencias se encuentran: modificar o suscribir adendas a los tratados de libre comercio suscritos, que incluyan una cláusula de cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y una cláusula de no debilitamiento o modificación de la normativa socio ambiental de cada país en el que operan los proyectos de capitales chino y/o financiamiento chino; mejorar las políticas de acceso a la información y transparencia de las empresas y de la República Popular China en proyectos relacionados a temas socioambientales y económicos, desde el diseño hasta su implementación; y elaborar y ejecutar protocolos de monitoreo y fiscalización hacia empresas financiadas por China.

El caso de Ecuador es particularmente preocupante pues es uno de los países amazónicos donde existe mayor participación china y donde recientemente se están desarrollando muchos más proyectos mineros y de hidrocarburos, donde Mirador y San Carlos Panantza son solo dos ejemplos de los conflictos ambientales y sociales que puede seguir sucediendo en la Amazonía del país.

Por Antonio José Paz Cardona
7 de noviembre, 2018
Fuente: Mongabay