Maricunga amenazado: ambición, extractivismo y resistencias frente a la devastación del litio

En este contexto, prevalece el fenómeno donde “la naturaleza se convirtió en objeto de dominio de las ciencias y de la producción al tiempo que fue externalizada del sistema económico”, manteniendo el desconocimiento de una mirada ecosistémica y la participación vinculante de las comunidades al momento de presentar proyectos de cambios propulsados por los Estados.

Así, las carteras gubernamentales han buscado abrirse hacia explotaciones de nuevos bienes comunes, contexto donde entra la explotación de la minería y producción de la energía promovida mundialmente con un discurso “verde”, pero sustentado bajo los mismos pilares del extractivismo. De esta forma, el litio se ha instalado como objeto de interés estatal y privado mediante la elaboración de proyectos sustentados en alianzas privadas o público-privadas para su explotación.

En este sentido, el impulso de la llamada “transición energética” se justifica en los efectos que ha traído consigo la profundización del extractivismo y, paralelamente, mantiene la lógica de vulneración de derechos sociales y de la naturaleza al momento de explotar el metal de los ecosistemas frágiles, principalmente salares.

En el caso chileno, existen tres fuentes principales de litio que el mismo Estado ha recalcado: salmueras, mineral de roca (pegmatitas) y rocas sedimentarias. En este abanico, la mayor cantidad de este metal, local y mundialmente, se encuentra en los salares, lo cual ha conllevado una intensa búsqueda por intervenir profundamente los ecosistemas del norte de Chile, siendo un caso icónico el del Salar de Atacama ubicado en la región de Antofagasta, el cual ha sido explotado desde hace más de veinte años y donde el estrés hídrico alcanza niveles críticos frente al avance y mantención de la explotación de la minería.

En este sentido, la intervención de los salares para promover la explotación de minerales y cimentar una teórica transición energética ha significado no solo la destrucción de los ecosistemas, sino que graves consecuencias para el habitar –digno– de las comunidades en los territorios, creándose conflictos en los que se enfrentan la defensa de estos con la política extractivista, la cual avanza bajo, entre otras caretas, el velo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en un escenario donde “a pesar que se les ve como parte de la solución, mediante el otorgamiento de la licencia social a proyectos de extracción de litio y otros minerales, la receta sigue siendo la misma del extractivismo: cooptación, división, corrupción o violencia”.

Ante este escenario se presenta la inquietud respecto a la política chilena existente para desarrollar la explotación del litio, la misma que establece al metal con el carácter de no concesionable y de interés nuclear, siendo restringida su explotación tras el anclaje heredado de la dictadura cívico-militar a fines de la década de los setenta con la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Minera. De esta forma, en la práctica, cualquier autorización y cuota de explotación del metal debe contar con la aprobación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), pudiendo ser facilitada mediante concesiones administrativas, Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) o trabajado directamente por empresas estatales como lo son la Empresa Nacional de la Minería (ENAMI), la Corporación del Fomento de la Producción (CORFO) y la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO).

En este contexto, los gobiernos de la postdictadura chilena han sido seguidores y defensores de dicha modalidad, donde el segundo gobierno liderado por Michelle Bachelet –iniciado en 2014– fue clave en la presentación de la “Política del Litio y la gobernanza de los salares” creada en el marco de la Comisión Nacional de Litio, buscando elaborar una política que “propicie el desarrollo sustentable de esta industria, considerando los ejes social, económico y ambiental”, lo cual ha conllevado la instalación de alianzas entre el Estado y las empresas privadas para incentivar la explotación del metal, práctica continuada bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera –iniciado en 2018–.

Sin embargo, pese a que durante 2019 el ministro de Minería de la época, Baldo Prokurica, acreditara que se daría a conocer prontamente la Política Nacional del Litio, a más de un año de su anuncio no se han presentado nuevos horizontes, lo que ha ido de la mano con el progresivo desarrollo de proyectos de exploración y explotación de litio sobre lineamientos superficiales y dando facilidades al empresariado para la intervención de los ecosistemas.

Así es como el Salar de Maricunga, con una altitud de 3.760 metros sobre el nivel del mar, ubicado a 160 kilómetros al noroeste de Copiapó en la región de Atacama se encuentra ante la amenaza latente de ser intervenido. El “portal del ecosistema altoandino”, correspondiente al salar más austral de Chile y el segundo –hasta el momento– con mayores reservas de litio se caracteriza por su fragilidad, rica biodiversidad y ser un punto importante del turismo de la zona, donde habita diversa fauna como flamencos, parinas, guanacos, vicuñas australes, lagartijas y aves pequeñas; mientras que su flora contempla matorrales, pajonales, y una tipología arbustiva centrada en bofedales y vega.

Maricunga es alimentado por, a lo menos, arroyos siendo un ecosistema rico en presencia de humedales andinos, cuya parte sur forma parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces y estando rodeado de diversos complejos volcánicos, además de relacionarse con cuerpos de agua como lo son la Laguna Santa Rosa y la Laguna Negro Francisco: ambas partes del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE) y sitios Ramsar.

De esta forma, la comprensión de Maricunga contempla necesariamente utilizar una mirada mucho más profunda a la común, en la que se relacionan los ecosistemas que forman parte del territorio. A modo de ejemplo, considerar que la parte sur del salar, la cual forma parte del Parque Nacional (el cual se divide en dos polígonos), convive con el ecosistema del corredor biológico de Tres Cruces, el cual ha sido intervenido por la explotación minera de oro, provocando la sequía de humedales y contribuyendo a la ya agudizada crisis hídrica del territorio.

Asimismo, el Salar de Maricunga es un espacio donde también se relacionan pueblos y actividades económicas fuera de la minería. El ser un espacio utilizado para el desarrollo del turismo –donde se ha desarrollado una perspectiva que busca ser más amigable y comprensiva para con el ecosistema–, la irrestricta relación que mantienen las comunidades Colla desde la lógica cultural y el peso de la ancestralidad con el ecosistema, y la visibilización del salar que han levantado organizaciones medioambientales de la región forman parte, vinculantemente, de la defensa que se ha desarrollado para frenar la devastación del territorio, pese al peso histórico –impuesto– de la minería en Atacama.

Así, no solo proyectos de litio se han presentado en el lugar, sino también de boro y oro que no cuentan con el respaldo ni consulta vinculante desde las comunidades que se relacionan con el ecosistema. Antecedentes respecto a daños ambientales por la sequía de humedales altoandinos al sur de la Laguna Negro Francisco producto de las faenas de Minera Maricunga –parte de la empresa de capitales canadienses Kinross–, la filtración de tranques de relave en las faenas de La Coipa promoviendo una contaminación de mercurio en el lugar y la presencia del proyecto Lobo Marte que se ubicaría en las inmediaciones del corredor biológico del Parque Nacional Nevado Tres Cruces para la extracción de oro12 forman parte del historial minero en el territorio.

De esta forma, el Salar de Maricunga no solo forma parte de un ecosistema  que ya ha sido intervenido, sino que busca profundizarse su explotación pese a su fragilidad y oposición de las comunidades bajo el argumento de la transición energética de la que las alianzas público-privadas buscan ser parte, cuestión que se trabajará en este boletín desde los proyectos de litio que se encuentran en curso.

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Fuente:  Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales