Maíz criollo, a merced de corporaciones con entrada del T-MEC
Con la entrada del T-MEC, prevalecen las prácticas e importaciones de su tratado antecesor, sin embargo se endurecen las reglas del uso y pago por semillas híbridas en el marco de una ley de protección al maíz aprobada en México durante la pandemia.
La entrada en vigor del T-MEC implica la continuación del anterior Tratado de Libre Comercio, pero con mayores regulaciones internacionales. Las leyes mexicanas en materia de maíz tienen un historial de modificaciones que favorecen los cultivos genéticamente modificados de empresas trasnacionales como Monsanto, Bayer, Pioneer, Dow, Syngenta, y perjudican las más de 59 variedades de maíces criollos, desde la semilla.
En medio de la pandemia de la covid 19, el Congreso mexicano aprobó la Ley De Fomento y Protección del Maíz que, paradojicamente, podría abrir la puerta para desproteger parte del territorio mexicano ante la llegada de semillas transgénicas. Especialistas de la Red de Defensa del Maíz advierten de ese riesgo. El Diario Oficial de la Nación lo publicó el 13 de abril, cuando el pico del contagio se aceleraba. Junto al T-MEC —que entra en vigor este 1 de julio— dejan al maíz nativo o criollo indefenso ante los transgénicos por los reglamentos de comercio internacional.
Ana de Ita, Investigadora Titular del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), advierte que “con un mercado abierto, con importaciones crecientes”, como implica este tratado con Canadá y Estados Unidos, el Estado mexicano no tiene manera de garantizar “que todas las personas tengan acceso a estos productos sin Organismos Genéticamente Modificados”.
“Equivalencia sustancial”
El maíz es una planta originaria de este territorio. En promedio, una persona en México consume 115 kilos al año. Algo que prevalece del TLC al T-MEC es que no se pueden prohibir las importaciones de ningún cultivo, recuerda la directora del CECCAM:
“Tanto los tratados de libre comercio, la Organización Mundial del Comercio se basan en un principio —que es una falacia muy grave— que es la equivalencia sustancial: ellos dicen que el maíz transgénico es equivalente al maíz convencional híbrido, nativo o el que sea porque tiene, como quien dice, la misma composición física y química”.
Desde la entrada en vigor del TLC, cada día se necesitan más y más importaciones de maíz para el alimento de ganado. La investigadora explica que además de vender sus productos en México, las corporaciones instalaron sus plantas en el país para producirlos con mano de obra más barata, menos impuestos, menor pago de agua. ingresa el maíz amarillo. Aunque no lo parece, cada vez más, los productos industrializados tienen maíz genéticamente modificado o transgénico. Y sin etiquetado, para el comercio que cruza fronteras, resulta imposible identificar lo que es transgénico de lo que no es.
Con el T-MEC, México es obligado a firmar y hacerse parte del acta o convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 1991, advierte la investigadora.
“Lo que ganaron las corporaciones desde el viejo tratado, que ahora se mantiene, es que no se pueden prohibir importaciones por cuestiones que no sean científicamente avaladas. Para ellos, la equivalencia sustancial es el principio que debe regir el comercio, entonces, no hay manera de prohibirlas”, dice con alarma la investigadora del CECCAM en entrevista.
La UPOV es una reunión de países que deciden cómo se van a proteger las variedades vegetales que obtengan los “mejoradores”, que para esta unión se llaman “obtentores”, pues son quienes “inventan” el mejoramiento de una semilla (es decir, las corporaciones). En este caso podrían regular la variedad del maíz.
Con el TLC, México se encontraba en la convención o acta UPOV-1978. Con la entrada en vigor del T-MEC, de manera obligatoria México pasaría a la UPOV-1991, que es más restrictiva, de acuerdo con De Ita.
Bajo la convención UPOV-1978, si un campesino compra o le regalan una semilla híbrida, comercial, patentada, puede recoger la semilla de la misma cosecha para volver a sembrar. Generalmente los campesinos no lo utilizan pues esto baja la calidad de la cosecha y el rendimiento de las semillas. Algunos otros han usado estas semillas híbridas, mezclando entre cosechas, para fortalecer su semilla de maíz criollo. Las acriollan. Pero eso ya no podría suceder.
“Esto lo restringe la UPOV-1991 para los agricultores que están sembrando con semillas híbridas-comerciales-patentadas. Esta convención UPOV 1991 dice que los que van a decidir si un agricultor puede resembrar las semillas de su cosecha son las compañías porque son los ‘obtentores’. Entonces les quitan a los agricultores la posibilidad, que ha sido el derecho de toda su vida, de seguir sembrando las semillas que ellos quieran y lo dejan en manos de los dueños de la patente el saber si los dejan o no los dejan”, explica Ana de Ita, quien participa desde 2002 en la Red de Defensa del Maíz.
De Ita recuerda el caso de agricultores europeos quienes se les penaliza si siembran semillas de su propia cosecha y no pagan una parte de la licencia nuevamente a los patentadores, es decir, a Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer, Dow. Por eso ha habido persecuciones legales contra campesinos por no pagar licencias.
“En el acta UPOV-1978 no viene esta cláusula sino viene una cosa que tampoco es tan buena porque le llaman ‘el privilegio del agricultor’. No el derecho del agricultor. El ‘privilegio del agricultor’ es resembrar, si él quiere, semillas de su cosecha que provinieron de semillas de patente, sin que eso tenga ninguna consecuencia”.
Lo más perjudicial es que con la adquisición de la acta UPOV-1991, México como Estado adquiere la responsabilidad de garantizar a las corporaciones el cobro por el uso de las semillas, a través de las instituciones.
Por eso la investigadora Ana de Ita ve con preocupación lo aprobado por la Ley De Fomento y Protección del Maíz, pues implica una burocratización de la propiedad, registro, investigación, y uso del maíz, que cuestiona los bancos de semillas. Asegura que los campesinos guardan semillas que son ancestrales y no necesitan de bancos que se los den. Ellos lo crían, lo intercambian con otros campesinos, lo modifican. Pero es su derecho.
“A la gente le interesa saber la procedencia de su semilla y sobre todo ahora con los problemas que ha habido, desde el 2002*, por la contaminación transgénica del maíz nativo. Las comunidades son muy celosas de guardar sus semillas y cada productor es muy celoso de guardar sus semillas porque están justo cuidando que no se contaminen sus milpas. Entonces no les gusta poner en un lugar centralizado las semillas”.
Investigadores del CECCAM y ETC Group documentaron en aquel entonces que se frenó la contaminación porque los campesinos los detectaron a tiempo, no porque el gobierno lo atendiera.
La apertura
Entre las reformas que Carlos Salinas de Gortari impulsó en su presidencia, de 1988 a 1994, está la reforma al artículo 27 que permitió la posibilidad de abrir la propiedad individual de la tierra sobre lo propiedad comunal y ejidal. Desmanteló la razón social organizativa de la tierra y emprendió un registro de propiedad, que minó la organización colectiva.
Desde 1996, las importaciones de maíz crecieron exponencialmente. En 2014, alcanzaron el 30% del consumo nacional, documentó Ana de Ita.
En 2002, a través de las 23 mil tiendas Diconsa, repartieron semillas importadas revueltas entre semillas de maíz transgénico (ETC Group, CECCAM documentaron que era imposible distinguirlas). Éste es uno de los sucesos problemáticos más visibles donde se conectan los tratados internacionales y el aval de las leyes e instituciones mexicanas.
En 2009, más de 762 organizaciones de 56 países firmaron una carta de alarma rechazando que el gobierno de Felipe Calderón finalizara la moratoria al maíz transgénico vigente desde 1998 y denunciaron la posible aprobación de la ley que abría paso a la siembra comercial de maíz. La reforma fue rechazada al final de su sexenio.
En 2010 la FAO hizo una reunión en Guadalajara sobre biotecnología, donde avaló los transgénicos en contra del hambre en el mundo.
De 2010 a 2011, la compra de maíz de México a Estados Unidos creció 42%, documentó el Tribunal Permanente de los Pueblos.
En septiembre del 2012, Monsanto solicitó los primeros dos permisos para sembrar maíz en 700 mil hectáreas de Sinaloa, que equivale a todas las hectáreas de riego. En total, ese año se recibieron 62 solicitudes para siembra de maíz genéticamente modificado. Más de 3 mil 141 hectáreas fueron permitidas.
Ese 2012, la organización Científicos comprometidos con la Sociedad advirtió que una vez que se siembre maíz transgénico en cualquier parte de México, será imposible evitar el flujo de los transgenes a las variedades nativas o criollas, lo cual pone en entredicho “no sólo la viabilidad del maíz nativo mexicano sino también afectará el modo de vida de millones de personas”, sobre todo indígenas, campesinos, agricultores y consumidores.
Este fin de semana, campesinos en Quintana Roo anunciaron la formación de un frente contra la propuesta Ley Federal de Variedades Vegetales, pues denuncian que permite la entrada de transgénicos.
La iniciativa, presentada por el diputado de Morena Eraclio Rodríguez Gómez, permitiría a las empresas trasnacionales patentar las variedades de semillas desarrolladas por cualquier otra persona o pueblo.
Fuente: Pie de Página