Los alimentos en la era de Trump. Boletín N° 728 de la RALLT

RED POR UNA AMÉRICA LATINA LIBRE DE TRANSGÉNICOS

BOLETIN 728

LOS ALIMENTOS EN TIEMPOS DE TRUMP

Centre for Food Safety

Enero 2018

Ha pasado un año, y quedan aún tres años más. Trump y sus facilitadores están empeñados en destruir o vender al mejor postor las agencias federales, a las que se les acusa de funcionar por el interés público. En el último año, han sido implacables en sus ataques a la seguridad alimentaria, las protecciones ambientales, el cambio climático, la transparencia gubernamental y muchos otros valores que la sociedad estadounidense aprecia. Estamos en medio de desafíos ambientales y de salud pública mucho más importantes de lo que podamos imaginar. Ya no estamos frente a la posibilidad del daño que la Administración Trump podría hacerle a nuestra salud y al medio ambiente, lo estamos viviendo.

Si usted observó el discurso del Estado de la Unión (presentado por el presidente Trump), es posible que se haya dado cuenta de que éste tuvo un hilo común: se habló de normas cruciales para proteger nuestros alimentos y el medio ambiente, en aras de que se generen mayores beneficios empresariales. Trump se jacta de que "hemos recortado más regulaciones en nuestro primer año que cualquier otra administración en la historia"; puede ser bueno si usted es Monsanto o Exxon, pero es muy peligroso para usted y para mí y nuestras familias y el ambiente.

Echemos un vistazo al primer año de Trump. ¿Cuál es el estado de la Unión de los Alimentos? Estas son solo algunas (de las muchas) formas en que la Administración está socavando la seguridad de nuestro sistema alimentario:

TRUMP Y LOS TRANSGÉNICOS

Siguiendo los deseos de las grandes empresas del agronegocio y sus profundos bolsillos, la Administración Trump está interesada en aprobar nuevas plantas peces, insectos y animales transgénicos, lo más rápido posible, y con la menor supervisión posible. Estas acciones darán lugar a nuevos riesgos para nuestro sistema alimentario y ambiente, sin mencionar que se verterán en nuestros cultivos y se rociarán cerca de nuestras escuelas, millones más de pesticidas que causan cáncer, la extinción de especies de salmón nativas, el desastroso colapso de los polinizadores, daños a los niños y niñas, y mucho más.

El Centro para la Seguridad Alimentaria (CFS) presentó dos demandas a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para obligarlo a rescindir las aprobaciones que permiten nuevas formas en el uso de pesticidas peligrosos sobre los cultivos transgénicos para ellos. Los cultivos Round-Up Ready de Monsanto se han vuelto obsoletos debido al surgimiento de “supermalezas” resistentes a su ingrediente principal: el glifosato. En respuesta, las compañías químicas están comercializando nuevos cultivos transgénicos que pueden tolerar herbicidas más antiguos e incluso más tóxicos, a saber, dicamba (producido por Monsanto) y 2,4-D (un compuesto químico que fue parte del defoliante “agente naranja”, usado como arma química en la guerra contra Vietnam). La aprobación y liberación de nuevos cultivos transgénicos y sus respectivos pesticidas, dará como resultado que cientos de millones de kilos más de pesticidas tóxicos, sean pulverizados sobre nuestros alimentos.

Mientras tanto, Trump está retrasando la aplicación de una norma que obliga a las empresas, revelar a la población, todos los ingredientes transgénicos contenidos en alimentos, requerida por una ley federal, lo que se espera que se inicie a partir de julio de 2018. En agosto pasado, el Centre for Food Safety demandó y ganó un caso contra el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), porque no se aplicó un sistema de etiquetado de los alimentos transgénicos, a pesar de que ya se cumplió la fecha límite para hacerlo (la administración inmediatamente cedió y cumplió con la ley, 12 días después).

La administración de Trump también ha retrasado las nuevas reglas para la regulación de los transgénicos, retirando las reglamentaciones actualizadas, propuestas a fines del año pasado, a pesar de que hacía mucho tiempo que se necesitaba estas normas de manera urgente. Esto no fue un accidente: recientemente, en un discurso dictado en la Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense, el presidente Trump declaró que se están “simplificando las regulaciones que han bloqueado la biotecnología de vanguardia: liberar a nuestros agricultores para que innoven, prosperen y crezcan”.

TRUMP Y LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

En marzo 2017, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del presidente Trump incumplió una propuesta de prohibición de los clorpirifos, un pesticida que daña el desarrollo cerebral de los niños, y optó por proteger las ganancias de Dow Chemical, el fabricante del pesticida. Y en noviembre, CFS obtuvo un proyecto de ley oculto, impulsado por la industria de los pesticidas, que desmantelaría las protecciones de la Ley de Especies en Peligro (ESA) contra los plaguicidas mortales.

Dos de los nominados al gabinete de Trump, Michael Dourson y Sam Clovis, estaban tan involucrados en la industria de los tóxicos, que se vieron obligados a retirar sus nominaciones para no ser rechazados por el Congreso.

Dourson por ejemplo, se negó a dejar de trabajar en la industria química, la misma que le pagó para “estudiar” en el pasado. En la audiencia del comité, el Senador Ed Markey (D-MA) le dijo a Dourson: “No eres solo un científico atípico, eres un escandaloso ejemplo de lo lejos que estás de las principales corrientes de la ciencia. Está bastante claro que nunca has conocido un producto químico que no te haya gustado”.

Sam Clovis se retiró de la consideración del Jefe Científico en el USDA después de ser duramente criticado por el Congreso y el público por ser un “escéptico” del cambio climático, diciendo que la ciencia del clima es “ciencia basura” y “no comprobada”. Para empeorar las cosas, Clovis tiene una historia de racismo, sexismo y homofobia.

TRUMP Y LA SEGURIDAD ALIMENTICIA

En marzo 2017, Trump anunció recortes de miles de millones en dólares al USDA y la FDA, lo que socava su capacidad para mantener nuestra alimentación segura. En noviembre, la administración de Trump propuso un retraso en la aplicación de las normas, urgentemente necesarias, destinadas a mantener los productos libres de contaminación fecal.

El agua de riego contaminada es una de las principales causas de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. En 2006, se asoció un brote importante de E. coli O157: H7 vinculado a la espinaca Doly baby, con agua contaminada con heces de ganado y cerdos salvajes. Las enfermedades transmitidas por los alimentos se han convertido en una epidemia que afecta a 1 de cada 6 estadounidenses. En respuesta a eso y muchos otros brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos como maníes, frutas y verduras, el Congreso aprobó la histórica Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) de 2011, que incluye requisitos para que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) desarrolle normas que rijan la seguridad de los productos incluida la calidad del agua utilizada para cultivar, cosechar y empacar los productos.

En los años 2012-2014, el CFS impugnó la demora ilegal de la FDA en la redacción y finalización de todas las seis reglamentaciones principales incluidas en la FSMA, incluida una regla que obligue los productores, mejorar gradualmente la calidad del agua usada en sus procesos productivos, y de cumplir con los requisitos de tener un sistema de monitoreo del agua, entre 2018 y 2022, dependiendo en parte del tamaño de la granja. Sin embargo, ahora la administración Trump propuso un retraso en la aplicación de la norma (a través de la cual, los productores deben analizar el agua para ver contaminación con E. coli), a los años 2022 y 2024, lo que significa entre 11 a 13 años después de que se adoptara la ley FSMA, poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la población.

TRUMP Y LAS GRANJAS / FACTORÍAS

Muchas de las granjas actuales son en realidad grandes instalaciones industriales, no son granjas familiares con pastos verdes y graneros que la mayoría de los estadounidenses imaginan. El funcionamiento de estas granjas industriales tiene poco o ningún respeto por el medio ambiente, el bienestar animal o la seguridad alimentaria, y a menudo ponen en riesgo la salud de los consumidores y las comunidades rurales, en aras de la obtención de beneficios. Sin embargo, la EPA, la agencia encargada de proteger nuestro medio ambiente y salud pública, hizo un tercer intento para retrasar aún más los requisitos de divulgación de sustancias peligrosas para operaciones ganaderas a escala industrial (operaciones concentradas de alimentación animal, o CAFO).

En noviembre, el CFS se unió a otros grupos para oponerse a esta acción atroz que permitiría que estas instalaciones continúen funcionando de una manera que considere la contaminación que daña la salud como un status quo. Le pedimos a la corte que aclare que la "guía preliminar" de la EPA es ilegal porque representa el tercer intento de la agencia de ocultar información al público sobre las emisiones de las CAFO de sustancias contaminantes peligrosas, particularmente amoníaco y sulfuro de hidrógeno.

Sonny Perdue, el jefe de la USDA en la administración Trump, también está poniendo en riesgo la salud y el bienestar de las personas. A principios de este año, los inspectores detectaron brotes de gripe aviar en una operación de cría de aves de corral de Tennessee, contratada por Tyson Foods, Inc., el mayor productor de carne de pollo en los Estados Unidos. El patógeno responsable de la gripe aviar se vuelve más letal en operaciones agrícolas de gran tamaño, sobrepobladas y confinadas, como las que son contratadas por el gigante de alimentos Tyson. Prevenir estos brotes mortales requiere reformar cómo se crían los pollos. Las estrategias implementadas por muchos productores orgánicos de pollos, por ejemplo, incluyen que las aves tengan acceso al aire libre e iluminación adecuada y que las densidades de aves sean bajas, para criar pollos y otros animales comestibles de manera más saludable, segura y sostenible.

El USDA también se encarga de supervisar los Estándares Orgánicos Nacionales, para etiquetar los alimentos cultivados orgánicamente. Sin embargo, en lugar de tomar medidas para prevenir brotes futuros y asegurar estándares más altos de bienestar animal para orgánicos, el USDA cedió a las granjas avícolas “orgánicas” y en diciembre anunció sus planes para retirar las normas de bienestar animal orgánico, finalizadas luego de casi quince años de trabajo. En lugar de escuchar al público que tiene preocupaciones sobre la salud pública y el bienestar animal, el USDA se puso del lado de los productores a gran escala que temen que las nuevas reglas expongan sus prácticas no tan “orgánicas”.

TRUMP Y LOS OCÉANOS

La ganadería y las aves de corral no son los animales alimenticios que viven en condiciones de granjas industriales. Nuestros océanos son la nueva frontera. La pesca comercial y la acuicultura industrial están contaminando las vías fluviales, además de llevar a algunas especies hacia la extinción. Trump negó que el atún rojo del Pacífico esté en peligro de extinción, a pesar de una disminución del 97% en la población. No es suficiente que las personas dejen de comer atún rojo; se necesita que este pez esté protegido. La Administración Trump preferiría ponerse del lado de la pesca a gran escala que proteger nuestro mundo natural.

El Golfo de México sufre la contaminación de la escorrentía de la agricultura industrial en el río Mississippi, así como derrames de petróleo. Sin embargo, la Administración Trump quiere aumentar la contaminación, permitiendo la instalación de granjas acuícolas en el Golfo, que serían la primera vez que haya acuicultura en aguas federales de Estados Unidos. La acuicultura industrial dañará las comunidades pesqueras del Golfo y los ecosistemas oceánicos. El año pasado, el CFS entabló una demanda contra la Administración Trump por violar nuestras leyes ambientales y pesqueras centrales al intentar establecer esta actividad industrial sin precedentes en nuestras aguas oceánicas.

Esto no solo está sucediendo en el Golfo, sino también en el noroeste del Pacífico. La CFS también está en la corte, con otro caso presentado el año pasado, para detener un permiso comercial de acuicultura de mariscos aprobado en el Estado de Washington, por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (el mismo Cuerpo de Ejército que aprobó el controvertido Oleoducto Dakota Access). Esta aprobación irresponsable permitiría una expansión masiva de esta industria ya grande, sin protecciones para la vida silvestre, la calidad del agua, los ecosistemas o las personas.

Por favor recuerden que, en relación a los transgénicos, ya no se trata solo de plantas: el primer animal transgénico para alimentación, un salmón modificado genéticamente, está actualmente bajo revisión judicial. Sin embargo, ese caso proporcionó una gran victoria para los que luchamos por la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la administración Trump la semana pasada. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito negó el intento de la FDA de ocultar miles de páginas de documentos claves del gobierno que revelan cómo la agencia llegó a su polémica aprobación.

La orden del tribunal rechazó la posición de la Administración Trump de que puede decidir unilateralmente qué documentos proporcionar y cuáles retener de la revisión pública y judicial. Una amplia coalición de intereses pesqueros comerciales y recreativos, ecologistas y tribus, liderados por el CFS, desafió la aprobación de salmón transgénico en 2016.

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