Los desafíos ambientales de Colombia en el 2021

El 2021 es un año que abre enormes expectativas. Mientras el mundo combatía la pandemia en el 2020, Colombia vivió un recrudecimiento de la violencia contra líderes ambientales, sociales e indígenas y no es claro si el gobierno podrá cambiar ese rumbo. Además, hay incertidumbre por la tendencia que tomará la deforestación y cómo se combatirá este fenómeno cuando el país se acaba de comprometer a reducir en un 51 % sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La decisión de prohibir la pesca industrial y artesanal de tiburón es una medida necesaria pero plantea también enormes desafíos para evitar conflictos socioambientales con los pequeños pescadores, una población vulnerable que tiene pocas alternativas de trabajo y de ingresos económicos. Finalmente, el paso de un huracán de categoría 5 que destruyó a Providencia —isla colombiana en el Caribe— reveló que la preparación del país ante eventos climáticos extremos es un tema impostergable en el debate público.

Estos son algunos de los principales desafíos que Colombia deberá enfrentar este 2021.

1. Una vez más: combatir la deforestación

La lucha contra la deforestación es un tema que todos los años sigue siendo un desafío para Colombia y esto, como manifiesta Rodrigo Botero, director de la  Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), es una señal de que estamos frente a “un problema estructural que necesita total atención”.

Aunque el Ministerio de Ambiente celebró la reducción de la deforestación  en cerca de un 10 % durante 2018 y  en 19,2 % en 2019, la incertidumbre reina en 2020, sobre todo porque, según información oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y análisis hechos por la FCDS, en el primer trimestre de 2020 se superó ampliamente la pérdida de bosque que sufrió la Amazonía colombiana durante todo el 2019.

Para Botero, es indispensable que en 2021 el Estado trabaje en superar la debilidad institucional que tiene en vastos territorios del país, entre ellos la Amazonía, y enfocarse en atacar una de las estrategias deliberadas de los deforestadores durante el 2020: la invasión de resguardos indígenas.

El abogado ambiental Rodrigo Negrete dice que es el momento de atacar el problema estructural, algo que, según él, hasta ahora no se ha hecho. Para Negrete  las causas de la deforestación están identificadas; hay una gran expansión de la frontera agropecuaria ligada a un fuerte acaparamiento de tierras. “El tema no es hacer un control militar sobre el accionar de los campesinos sino plantear una estrategia que involucre el bloqueo del dinero y el flujo de recursos de los grandes terratenientes”, comenta.

Según dice Negrete, si no se ataca la estructura financiera de estos personajes, el trabajo siempre quedará incompleto. “Se necesita prohibir la compraventa de terrenos, verdaderas sanciones al que tale y un control sobre los insumos que utilizan para cometer sus delitos. Tiene que haber más acción de los organismos de control sobre mandatarios [como alcaldes y gobernadores] que han sido omisivos, así como sanciones penales, administrativas y disciplinarias ejemplares”.

Por otra parte, Juan Carlos Garzón, director de  Dinámicas del Conflicto en la Fundación Ideas para la Paz (FIP), asegura que operaciones militares para controlar la deforestación,  como la campaña Artemisa, tienen un poder disuasivo del delito pero no son sostenibles en el tiempo. “Las operaciones militares pueden tener un efecto temporal pero si las redes criminales siguen operando, se adaptan y la dinámica de fondo del acaparamiento de tierras, que es uno de los motores de deforestación, pues permanece activa”, comenta.

Finalmente, el 2020 dejó una noticia navideña que generó polémica en el sector ambiental y muchas dudas para el 2021. El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa,  pidió la renuncia de Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia y quien estaba en ese cargo desde 2004. Miranda ha estado a la cabeza de nuevas declaraciones de áreas protegidas y ampliaciones de varias existentes y ha defendido, en varias ocasiones, a los parques nacionales frente a grandes intereses de emporios turísticos, principalmente en el Caribe colombiano.

La salida de Miranda y el nombramiento de Orlando Molano, un arquitecto que era el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) durante la alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá, generó temor por la posible “politización” de un cargo que durante 60 años ha estado en manos de personas técnicas con experiencia en temas ambientales. “La remoción de Julia Miranda es para generar un programa de turismo 6 estrellas en los parques nacionales y eso es ir en contra de lo que ella ha defendido durante todos estos años: que los parques son un bien público para el acceso de todos los colombianos. Me parece de la mayor gravedad la politización de este cargo”, dijo en  Noticias Caracol el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez.

2. No más asesinatos de líderes

Aunque el gobierno asegura que la defensa de los líderes sociales, ambientales e indígenas  es prioridad en su gestión, organizaciones que trabajan en estos temas aseguran que, en la práctica, este grave problema no ha sido afrontado con decisión y que, incluso, se suele minimizar la situación. “Siempre que el gobierno da declaraciones sobre este tema intenta decir que la situación no es tan grave, que era peor antes, que las cifras de asesinatos han disminuido. Si niegas la realidad, el diagnóstico y la respuesta no van a tener correspondencia”, asegura Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores.

Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 1 de enero y el 11 de diciembre de 2020,  293 líderes habían sido asesinados en el país y se habían presentado  83 masacres hasta el 13 de diciembre, donde se asesinaron a 350 personas. Los departamentos más críticos fueron Antioquia (20 masacres), Cauca (13 masacres) y Nariño (9 masacres).

A pesar de la situación, para Castro, esperar cambios a corto plazo va a ser muy difícil. “En la política de este gobierno, estos temas de derechos humanos no son su prioridad”, aunque cree que hay elementos que pueden contribuir a cambiar el rumbo de este comportamiento. Entre esos elementos está el de vincular más a la comunidad internacional para que exija acciones en este tema, “pienso que el cambio de gobierno de Estados Unidos, con Joe Biden, puede ayudar debido al peso de ese país en nuestra política interna”, comenta. Unido a eso, cree que la presión ciudadana también es importante. “Los medios y la opinión pública están más conscientes de lo que está pasando con los líderes”, sostiene Castro. Ella cree que esa es una tendencia que debe permanecer.

Juan Carlos Garzón de la FIP considera que es importante que el gobierno se reconecte y tenga una relación más fluida con las organizaciones ambientales y las comunidades de las regiones del país. “En estas zonas tienes grupos disidentes que han ganado fuerza, funcionarios que no han podido volver a sus sitios de trabajo, amenazas contra organizaciones ambientales y una dinámica muy fuerte de acaparamiento, deforestación y economías ilegales. Hay muchas vulnerabilidades en unas zonas donde el Estado tiene una capacidad muy limitada”, explica Garzón.

Otro punto importante para Lourdes Castro es que se debe cambiar la estrategia que el gobierno ha utilizado hasta ahora: la militarización de los territorios. “No contribuye a que la situación mejore. Por ejemplo, Cauca y Catatumbo son regiones altamente militarizadas y donde las agresiones y los homicidios han aumentado. Eso sin contar con que, durante el primer semestre del año, las agresiones cometidas por la Fuerza Pública también aumentaron”. Castro se pregunta «¿por qué si está demostrado que esta estrategia no ha funcionado, se insiste en la militarización como respuesta?».

La coordinadora de Somos Defensores asegura que la impunidad es uno de los elementos fundamentales que alimenta el círculo vicioso de violencia contra los liderazgos. Según dice, mientras esta se mantenga, es muy difícil revertir la situación. En ese sentido, los expertos consultados por Mongabay Latam esperan que Colombia ratifique el  Acuerdo de Escazú. El abogado ambiental Rodrigo Negrete asegura que la protección de los líderes ambientales no está asegurado en la legislación del país y por eso es importante vincularse a este tratado internacional. “Aunque la ratificación no hará que cesen las amenazas y los asesinatos, tendrás un mecanismo más cercano para exigirle al Estado que cumpla con la protección”, afirma.

A pesar de que el presidente presentó el proyecto de Escazú en el Congreso  en julio de 2020 y le dio mensaje de urgencia, el tema no avanzó y ese temor persiste para 2021. “El gobierno tiene un doble rasero. En la política internacional participa de todos los compromisos para controlar la deforestación y combatir el cambio climático, mientras que internamente se avanza en extractivismo, fracking y deforestación sin control. Eso mismo pasa con Escazú. Por un lado el presidente supuestamente apoya, pero no le insiste a su partido político en el Congreso para que Escazú se materialice”, dice Negrete.

3. ¿Cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 51 %?

Otro anuncio que se ha convertido en un desafío para el año que comienza fue la decisión del gobierno colombiano de  reducir en 51 %, a 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. La meta anterior estaba en  una reducción de 20 % y de un 30 % si se contaba con cooperación internacional. Es por eso que la nueva ambición implica un gran trabajo.

¿Es viable alcanzar esta meta? Isabel Cavelier, codirectora de la organización Transforma y parte del equipo negociador de Colombia en la COP 21 de 2015 en París, asegura que ya no es momento de preguntarnos sobre la viabilidad de llegar a la meta sino ¿cómo la vamos a alcanzar a tiempo?

Según dice, la ciencia ha sido clara en que se deben reducir las emisiones globales a la mitad en el 2030 y regenerar los ecosistemas, ambas medidas son necesarias para que el planeta se mantenga “en un rango de aumento de temperatura viable para la preservación de la vida y nuestra civilización”.

Para Cavelier, una de las primeras acciones a tomar está relacionada, precisamente, con la deforestación; el primer desafío mencionado en este reportaje, ya que “el primer rubro de emisiones en Colombia es el cambio de uso de la tierra”. Considera necesaria la reconversión del sector agropecuario y eso no será fácil porque, históricamente, ha sido uno de los sectores que menos atención ha recibido por parte del Estado.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, menciona que la institucionalidad ambiental “se echa al hombro está ambición” pero la institucionalidad agraria no dice nada. “Tienen un perfil muy bajo en este tema”, comenta. Además, plantea que uno de los principales actores para alcanzar la nueva meta de reducción de emisiones de carbono y la deforestación es el sector justicia, donde está involucrada no solo la Fiscalía, sino los juzgados y las cortes, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Contraloría, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y hasta el Departamento de Planeación Nacional.

De hecho, a finales de noviembre del año pasado, los gobiernos de Colombia y Noruega, en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia, realizaron el lanzamiento de  un programa para fortalecer las capacidades de las instituciones colombianas para luchar contra la deforestación a 2023.

El programa busca contribuir con la prevención, investigación y el abordaje de los crímenes ambientales relacionados con la deforestación, con el propósito de reducir las oportunidades de las estructuras criminales organizadas nacionales e internacionales que están detrás del financiamiento de la deforestación, el acaparamiento de tierras y las prácticas insostenibles. El gobierno de Noruega hizo un aporte de más de 46 000 millones de pesos (cerca de 13,5 millones de dólares) para cumplir con esos objetivos.

Ole Reidar Bergum, consejero de Clima y Bosques de la Embajada de Noruega, asegura que están a la expectativa de las medidas adicionales del gobierno colombiano en cuanto a frenar la deforestación porque “hay que hacer un esfuerzo enorme para reducirla, sino se hace es imposible cumplir la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esa lucha será esencial”, asegura. Bergum también dice que es importante que finalmente se le desembolse al sector ambiental el dinero proveniente del impuesto al carbono y, por otro lado, “reactivar todos los espacios de diálogo social con las comunidades indígenas, afro y campesinas”.

Aunque reducir la deforestación es uno de los principales objetivos para alcanzar la meta del 51 % en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, Cavelier recuerda que también se generan muchas emisiones en el sector residuos y se necesitan inversiones en la reconversión del parque automotor de carga y pasajeros, la transformación de la matriz de generación eléctrica y un cambio en la dependencia de los hidrocarburos. “Colombia es un exportador de hidrocarburos, principalmente carbón, y eso será complejo porque el sector tendrá un reto mayor de reinventarse y lograr una transición justa para la fuerza laboral”, afirma.

4. Una verdadera adaptación a eventos climáticos extremos

A mediados de noviembre de 2020,  el huracán Iota pasó por la isla de Providencia, en el Caribe colombiano, como categoría 5 —la máxima según la escala Saffir-Simpson— y de acuerdo con Eduardo José González, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el 80 % de las casas quedaron destruidas y dos personas murieron. Días antes, las  islas de Providencia y San Andrés ya habían sufrido los efectos del coletazo del huracán Eta, que alcanzó categoría 4.

Lo ocurrido puso de manifiesto un reto al que el país no le ha dado la importancia que merece: la preparación y adaptación ante eventos climáticos extremos. Germán Poveda, profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín y miembro del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) desde 1998, asegura que en Colombia “los planes [de adaptación] son muy bonitos en el papel pero tienen muchas deficiencias, pocos recursos y lo que se ha hecho en implementación es muy poco. Si hubiéramos tenido un plan de adaptación serio, bien implementado, hubiera sido todo muy diferente”.

Según dice, es imposible decirle a los vientos “que no nos toquen tan duro” pero el calentamiento global está intensificando los huracanes de mayor fuerza destructiva. Para Poveda, el cambio climático está haciendo que los corales —barreras naturales que ayudan a mitigar los efectos de fenómenos como huracanes y tormentas— mueran debido al aumento de la temperatura del mar y el cambio en la acidez del océano, mientras que los manglares desaparecen principalmente por procesos de deforestación.

Por muchos años estos ecosistemas se han adaptado biológicamente a los huracanes en el Caribe pero la actividad humana, responsable del cambio climático, ha violentado los ritmos de la naturaleza  y “el problema es que muchas veces las especies naturales no tienen la velocidad para responder a esa velocidad de cambio. No hay respuesta satisfactoria ante la destrucción que estamos causando”, comenta Poveda. Para él, Colombia debe actualizar todos sus planes de adaptación al cambio climático, reevaluando los riesgos a los que está expuesto el país.

Isabel Cavelier asegura que “no basta con tener una dirección de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente que se ocupe de esto como un tema nicho sino que se requiere un compromiso de Estado que permee todas las decisiones”. Cavelier cree que todas las decisiones de construcción de infraestructura que tome el Estado a partir de ahora deben ser proyectos que, por un lado, reduzcan emisiones y, por otro, incluyan los costos adicionales de construir adaptándonos a un mundo con mayor temperatura.

“El ejemplo perfecto es San Andrés y Providencia, donde hay que hacer una gran reconstrucción y eso debe tener en cuenta este tipo de variables si va a estar a tono con las metas ambiciosas que nos estamos fijando como país”, concluye.

5. Soluciones para los pescadores artesanales

A finales del año pasado, el presidente Iván Duque anunció  la prohibición de la pesca artesanal e industrial de tiburón en Colombia. Este anuncio implica enormes desafíos para el país durante el 2021 ya que podría traer enormes conflictos socioambientales con los pescadores artesanales del país —una población bastante vulnerable— y se podría fomentar la pesca ilegal si no se acude con medidas de compensación por abandonar la actividad.

Rodrigo Negrete asegura que la decisión es positiva pero implica un trabajo previo que no se puede perder de vista. En primer lugar, Negrete afirma que es necesario ver cómo quedará la norma que reglamenta el anuncio pues “la medida puede ser apresurada en tanto hay comunidades que se dedican a la actividad y por el momento no hay manera de hacer control y seguimiento. Tampoco sé si hay estudios científicos que sustenten esa decisión”.

El abogado asegura que la misma Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) ha reconocido que no hay sitios de control adecuados en el país para identificar las embarcaciones de pescadores artesanales que llegan e inspeccionar los recursos pesqueros que han extraído. Así mismo, se pregunta ¿qué van a hacer con la pesca incidental de los grandes buques, cuál será el control sobre la pesca industrial? y ¿cuál será el mecanismo que sustituya los ingresos de la pesca artesanal de tiburón que percibían los pescadores?

Sandra Bessudo, directora de la  Fundación Malpelo, también pide precaución en cuanto a la relación que el gobierno establezca con los pequeños pescadores. “Hay que tener mucho cuidado con el tema social, de no penalizar a los pequeños pescadores artesanales porque eso podría moverlos a la criminalidad. Es importante entrar ya en la acción y la educación, no podemos solo generar políticas y reglamentaciones”, asegura Bessudo.

Por otro lado afirma que ponerle cuotas a la pesca incidental,  como sucedió con una polémica resolución en 2019, tampoco es adecuado para controlar el problema de la pesca de tiburón, «más cuando aún estamos bastante débiles en la toma de información, por especie, de las capturas”, comenta Bessudo.

Por el lado de la pesca industrial de tiburón, Bessudo dice que es indispensable prohibir la comercialización de tiburón porque el aumento de las exportaciones, enmarcado dentro de la pesca incidental, es muy elevado. «Cuando se saquen tiburones y rayas es importante que sí se obligue a informar de estas capturas incidentales. No se puede permitir que las comercialicen», insiste. Para ella, hay una gran diferencia entre el consumo local de la pesca incidental y volverlo un negocio.

Bessudo asegura que hay que hacer un gran esfuerzo en modificar las artes de pesca para que cada vez haya menos incidentalidad y destaca que entre los retos de 2021 no solo estará el buen control y vigilancia de la pesca incidental sino la lucha contra la pesca ilegal en aguas territoriales.

Fuente: Mongabay