Los derechos del río

Este verano he tenido la posibilidad de viajar al norte de Colombia, junto con la  Fundación Proclade, para colaborar en el magnífico trabajo que realizan en esta zona, el Chocó. Se trata de una región una selvática fronteriza con Panamá y bañada por las aguas del Atlántico y el Pacífico. Es uno de los puntos con mayor pluviometría y biodiversidad del planeta. Un sitio donde he encontrado lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor: encontrarme con personas alegres, acogedoras y altamente comprometidas con la comunidad. Lo peor: es una de las zonas más azotadas por el conflicto armado entre guerrilla, paramilitares y ejército, donde se han realizado y se siguen realizando atrocidades. Si bien el acuerdo de paz firmado por las FARC ha supuesto una mejora,  aún queda mucho por hacer en esta región y en todo el país.

Pasé mis primeros días en  Quibdó, capital de la región, dando clase sobre medio ambiente en la Universidad Claretiana. Allí tuve mi primer contacto con el río Atrato, nada que ver con los ríos que estamos acostumbrados a ver en España. El río atrato tiene 750 kilómetros de longitud y es medio de transporte, base cultural y sustento económico de el Chocó. Allí pude conocer a Adriana, una joven líder comunitaria que se presentó como “Guardiana del Atrato”. Ella me habló del río con cariño, de lo mucho que significaba para las comunidades, pero también de sus problemas, de la contaminación por mercurio procedente de la minería de oro, de la deforestación, de la invasión de plásticos, etc. Y me encantó escucharle, porque no hablaba con tristeza y resignación, sino con energía y esperanza. Esperanza que según ella estaba basada en la sentencia T-622 de la Corte Constitucional de Colombia que reconocía al rìo Atrato como “sujeto de derecho”. 

Un sujeto de derecho es un un centro de imputación ideal de deberes y derechos. Es decir una unidad obligada a cumplir unas obligaciones a la que se le otorgan unos derechos. En el ámbito judicial, los sujetos de derechos son las personas. Sin embargo en este caso, el río Atrato ha pasado de ser un objeto, a ser un sujeto y por tanto tiene derecho a su protección, conservación, mantenimiento y restauración. Y por supuesto garantizar los derechos de las comunidades que de él dependen. 

Pero, ¿por qué la Corte Constitucional ha tomado una decisión así? Todo se originó por una demanda conjunta de entidades y asociaciones. Después de un largo proceso judicial y de lucha comunitaria la sentencia concluyó que las entidades e instituciones demandadas vulneraban los derechos a un ambiente sano, a la salud, al agua, a la alimentación y soberanía alimentaria, a la libertad de tránsito, a la supervivencia física y cultural, al mínimo vital y vida digna de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del Atrato, sus afluentes y territorios aledaños. Haciendo especial mención al daño social y ambiental generado por la minería de oro. 

Hasta ahora, esto no ha supuesto un gran cambio en el uso que se hace del río y sus amenazas. Sin embargo hay dos puntos de la sentencia de especial relevancia y que pueden suponer la tan necesaria mejora del río. Por una parte, la sentencia contempla la creación de una figura,  los Guardianes del Atrato. Cada comunidad tiene dos guardianes, una mujer y un hombre asignado por organizaciones étnico-territoriales que iniciaron el proceso judicial. Estas personas representan al río para que garanticen sus derechos y velan por el cumplimiento de la sentencia T-622. 

Además la sentencia habla de los derechos bioculturales, un gran paso encaminado a cambiar la forma en la que las comunidades se relacionan con el río y la sostenibilidad de la región. Estos son derechos que tienen las comunidades para administrar y ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios y los recursos naturales que conforman su hábitat. Reconociendo el vínculo tan fuerte que hay entre sus tradiciones y su forma de vida y el medio ambiente y la biodiversidad de la región. Lo que abre la puerta a un cambio en la forma que las poblaciones de la cuenca del Atrato se relacionan con su entorno, hacia la generación de fórmulas de producción económica y aprovechamiento social y sostenible de los recursos. 

Desafortunadamente, aún queda mucho por recorrer. La minería ilegal de oro sigue siendo una dura realidad que contamina las aguas del río y proporciona fondos económicos a ambos bandos del conflicto armado. Mientras que un ejército corrupto mira para otro lado, en vez de cumplir las labores de protección del río como exige la famosa sentencia. Además, hay una extensa lista de multinacionales a la espera de que la paz se imponga en la región para extraer una parte del pastel, en forma de oro, platino, madera, etc. Algo que solo serviría para empeorar la situación del río y de las personas que de él dependen. Necesitamos que las cosas cambien y que cambien de verdad, no solo en el papel. Es necesario que la sentencia se cumpla de forma íntegra y sin más dilación. Que garanticen un tejido económico adecuado para el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia y la conservación del río Atrato a largo plazo. Al fin y al cabo, tal y como me decía Adriana, “El río y las comunidades somos interdependientes: ¡Si el río se enferma, nosotros también!”

Fuente: Contrainformación