Los cuatro reparos al uso del glifosato que encontró el procurador
El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, envió una carta de 13 páginas a la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Allí plasmó todas las objeciones que tiene al decreto que busca expedir el Gobierno próximamente para retomar el uso de la aspersión aérea con este agroquímico.
Justo cuando estaba por cumplirse el plazo de 30 días para comentar el proyecto de decreto que quiere emitir el Gobierno sobre aspersión aérea, con el que busca retomar este método para frenar la expansión de cultivos ilícitos en el país –que a partir de 2017 empezaron a crecer significativamente–, el procurador Fernando Carrillo se pronunció sobre este espinoso tema, en el cual la administración Duque tiene puestas todas sus esperanzas para combatir el narcotráfico. El jefe del Ministerio Público, sin embargo, tiene cuatro reparos puntuales sobre el decreto y se los hizo saber al Ministerio de Justicia.
En una carta de 13 páginas enviada a la ministra Margarita Cabello el pasado 3 de febrero, Carrillo manifestó sus cuatro principales preocupaciones acerca de la manera en que el Gobierno ha decidido abordar la aspersión aérea de nuevo. En mayo de 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que la aspersión con glifosato quedaba suspendida, con base en información divulgada por la Organización Mundial de la Salud frente a los posibles riesgos de ese químico sobre la salud humana. La decisión la respaldó el Consejo Nacional de Estupefacientes y, En septiembre 30 de ese año, la Anla la reiteró (ver aquí la carta).
En 2017, la Corte Constitucional se sumó al debate al resolver la tutela que presentó el personero de Nóvita (Chocó), en la cual reprochó los efectos que su pueblo vivía a raíz del uso del glifosato sobre los cultivos del municipio. “La forma de aplicar el glifosato sobre los cultivos ilícitos ‘no es efectiva ni precisa’”. En el fallo de la Corte se lee que el personero explicó que el glifosato esparcido desde avionetas caía en cultivos lícitos, fuentes hídricas y zonas habitadas, y que, en consecuencia, se han causado daños al medio ambiente, a las fuentes de agua y a los alimentos de los indígenas y afrodescendientes de la zona.
En 2017, el alto tribunal había pedido “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud” en caso de retomar el glifosato, pero, el año pasado, al hacer seguimiento al tema, anunció que la presentación de esa evidencia no equivalía a “demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”. Así las cosas, la Corte dejó la decisión final en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes.
Ese fue el as que se apareció en la baraja del Gobierno para retomar la aspersión aérea con glifosato. Desde entonces, las entidades gubernamentales han estado trabajando con el pie en el acelerador. Como parte de esa estrategia se elaboró el proyecto de decreto, divulgado el pasado 30 de diciembre, en el cual se señaló que la institución encargada de esta tarea será la Policía y que habrá un mecanismo independiente de tanto para el seguimiento por parte del Instituto Nacional de Salud y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), como para tramitar las quejas de afectaciones a la salud o al medio ambiente.
Los reparos del procurador
1. Se puede afectar el medio ambiente
“Se ve una posible vulneración al principio de precaución”, advirtió el Ministerio Público, señalando que el Estado tiene, indudablemente, “una obligación de determinar y evaluar el impacto y riesgo de las actividades que puedan dar génesis a un daño al medio ambiente. De este modo, las políticas adoptadas por el Gobierno en la erradicación de cultivos ilícitos tienen que tener evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”, indicó el procurador Carrillo en su comunicación a la ministra de Justicia, Margarita Cabello.
Este ha sido uno de los puntos más controversiales en cuanto al retorno al glifosato como política pública para erradicar cultivos de coca, y el procurador así lo manifestó al analizar el proyecto de decreto gubernamental: “La falta de análisis y de aplicación del principio de precaución denotan carencia en la motivación del acto. También se evidencia que la normatividad propuesta no desarrolla a fondo la participación de las autoridades ambientales territoriales ni de las comunidades afectadas, las cuales son mencionadas tangencialmente y no se vinculan directamente en la política establecida por el Gobierno”.
Carrillo recordó que al usar agroquímicos –como lo es el glifosato–, el Gobierno debe cumplir con varias tareas. Por ejemplo, “vigilar la idoneidad del método de aspersión o aplicación, y sustentarlo eficazmente”, o revisar la cercanía de fuentes de aguas superficiales, así como de cultivos lícitos o de pan coger –que era algo por lo que protestaba el personero de Nóvita, Chocó–, o “verificar la toxicidad de los compuestos adicionales al glifosato aplicados en la mezcla”. En otras palabras, anticiparse a las consecuencias del uso de este químico para causar el menor daño posible.
2. No hay armonía con el programa de sustitución de cultivos
“A juicio de la Procuraduría el proyecto de decreto no presenta una propuesta para armonizar las medidas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito establecidas en el Acuerdo de Paz, con la reanudación de la erradicación mediante el método de aspersión aérea con glifosato”, señaló el procurador en su carta a la ministra Cabello. Carrillo resaltó que, de acuerdo con el auto 387 de 2018 de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe tener en cuenta lo acordado en La Habana para reactivar la aspersión aérea, y, por eso, le hace algunas peticiones al Gobierno.
Para empezar, le recomienda “una articulación explícita del asunto en cuestión con la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito”, pues, en su concepto, el regreso al glifosato no puede ocurrir sin que primero se haya redefinido la política actual de sustitución”, reiteró Carrillo, resaltando que de ello depende que muchas familias campesinas superen condiciones de pobreza y marginalidad y que esta política contiene “problemas de planeación y presupuestales” que deben ser resueltos lo antes posible.
3. La salud se puede ver comprometida
El procurador Carrillo le recuerda al Gobierno que el glifosato “ha sido clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) como ‘probablemente cancerígeno para los seres humanos’”; que “su filtración y contaminación al agua causaría la carencia de zinc y hierro, minerales esenciales para el funcionamiento de la síntesis del ADN y ARN3; que podría estar relacionado con la aparición del linfoma no Hodgkin, enfermedades pulmonares y respiratorias, Parkinson, anemia, carcinoma tubular renal, cáncer renal o malformaciones fetales, entre otros.
Bajo el principio de precaución, anota el procurador Carrillo, “en el decreto no se vislumbra que exista un análisis de riesgo que permita establecer con claridad que la aspersión aérea no genera un daño directo a la salud humana. De este modo y atendiendo a los postulados constitucionales y los desarrollos jurisprudenciales, es necesario contar con estudios formales y objetivos, en los cuales se tenga evidencia cierta de que esta sustancia no generará daños en la salud del ser humano”. El jefe del Ministerio Público recuerda aquí que el Estado tiene la obligación de velar por que sus acciones no afecten a sus habitantes.
4. Se deben realizar las consultas previas
La Procuraduría le manifestó al Gobierno que, para retomar el uso del glifosato, “considera que se debe surtir el proceso de consulta previa, libre e informada” con los pueblos étnicos cuyos territorios puedan ser objeto de aspersión aérea. Cuando la Corte Constitucional hizo seguimiento a su sentencia de 2017, indicó que, si no se alcanzaban acuerdos con las comunidades étnicas, el Consejo Nacional de Estupefacientes y las autoridades étnicas del país son las llamadas a determinar el grado de afectación del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito con glifosato, al menos para el caso de Chocó.
Fuente: El Espectador