Los alumnos rurales víctimas de agrotóxicos que Macri no quiere ver

Mariela Leiva fue directora de una escuela rural en Colonia Santa Anita, en el departamento de Uruguay, Entre Ríos. El 4 de diciembre de 2014, mientras daba clases comenzó a sentir el ruido de una avioneta. Se asomó a la ventana. Al ver que estaban fumigando desde el aire cerró todas las aberturas. Salió con su celular para registrar las imágenes y al ingresar al aula una de las estudiantes estaba vomitando y los otros cuatro niños tirados sobre los bancos, con mareos. Llamó a su superior directo, pero no logró comunicarse. En esa escuela no hay teléfono fijo y la suerte depende de la señal que pueda tener o no el docente. Estaba sola en la escuela, porque son instituciones de personal único: una persona desempeña todos los roles. Luego logró hablar con el hospital más cercano. No tenían médicos para enviar y le pidieron a la maestra que cargara a los chicos en su auto y los llevara. Tras afirmar que no tenía posibilidad de hacerlo, la Directora del centro sanitario se hizo cargo de la situación y atendieron a los niños en la escuela, que se encontraba en ese momento en medio de plantaciones de soja, arroz y maíz. Las fotos y el video que sacó Mariela, junto al acta de los médicos confirmando los síntomas de los alumnos fueron algunas de las pruebas que llevaron a la condena a tres años de prisión en suspenso del productor, del piloto de la avioneta y del presidente de la empresa de aviación por el delito de contaminación ambiental y lesiones culposas leves. La imagen, no siempre con tanta virulencia, se repite en muchas de las 4000 escuelas rurales que hay en el país.

Lesiones en la piel, problemas respiratorios, aumento de los índices de personas con cáncer, pueblos que tienen el 100% de los niños con problemas genéticos son sólo algunas de las consecuencias del uso de agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales según los docentes y especialistas que forman parte de la campaña Paren de Fumigar.

Medardo Ávila Vázquez es coordinador de Médicos de Pueblos Fumigados. “En Entre Ríos está Salvador, que es un pueblo al que fue un equipo de la Facultad de Medicina de Rosario. La mitad de las personas que mueren ahí lo hacen de cáncer. Es decir, el 50% de las causas de muerte son producto de esa enfermedad cuando en Argentina el índice de las personas que fallecen por esa causa es del 20%. Eso está pasando desde hace unos diez, doce años, cuando empezó a utilizarse este paquete de tecnología que está sustentado en la aplicación sistemática de agrotóxicos. Y esa exposición está generando daños en las estructuras moleculares, de ADN, induciendo el surgimiento de células aberrantes, mutantes, que son la base del desarrollo del cáncer”, señaló en diálogo con Nuestras Voces.

Ávila Vázquez criticó duramente los dichos del presidente Mauricio Macri, quien el jueves pasado calificó de “irresponsable” el fallo que anuló el decreto del gobernador Gustavo Bordet que autorizaba la fumigación con agrotóxicos a una distancia de 100 metros de las escuelas rurales. Durante su visita a Entre Ríos, Macri llegó a afirmar que no poder fumigar sobre las escuelas “pone en riesgo el trabajo” y cuestionó un fallo judicial sin esgrimir argumento jurídico alguno.

Ya en octubre de 2018, el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia dio lugar a un amparo que puso límite a las fumigaciones y estableció que no se debía aplicar agrotóxicos a una distancia menor a los mil metros terrestres y tres mil aéreos de los lugares donde se encuentran los establecimientos educativos. El recurso lo impulsó el Foro Ecologista de Paraná junto a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). El fallo del STJ también impuso al Estado levantar una cortina vegetal alrededor de los 150 metros de cada establecimiento educativo en los próximos dos años. Según los docentes, hasta el momento no han iniciado esas tareas.

“Hace muchos años las tabacaleras ganaban los juicios que le hacían los fumadores que tenían cáncer de pulmón porque aseguraban que el cigarrillo no hacía nada, que no había pruebas, porque nunca se puede hacer un ensayo en personas para ver el nivel de daño que produce. No podes hacer un experimento con personas obligándolas a fumar determinada cantidad de cigarrillos por día o fumigándolas con glifosato. Nunca hubo una prueba de ese tipo para el cigarrillo, pero la evidencia epidemiológica de los estudios poblacionales que muestran que la gente que fuma tiene más probabilidades de tener cáncer de pulmón terminaron convenciendo a toda la comunidad científica de que eso es cierto, que el cigarrillo produce cáncer y entonces no hay que promoverlo. Lo mismo sucede con los agrotóxicos. Tenemos experimentos en ratas, en conejos, en anfibios que muestran cómo la exposición al glifosato y demás pesticidas produce células cancerígenas o malformaciones. Y en humanos tenemos pruebas de poblaciones más expuestas a agrotóxicos que tienen más enfermedades. El problema es que en esos estudios epidemiológicos no controlas todas las variables como en un laboratorio, entonces siempre queda una duda en ese tipo de estudios hasta que la suma de esas investigaciones es tan grande que te convences”, aseguró el médico.

A mediados de marzo, un jurado en la Corte Federal de San Francisco, en Estados Unidos dictaminó que el herbicida Roundup de Monsanto contribuyó a que una persona que lo usó durante años en su jardín enfermara de cáncer. En octubre del año pasado, la jueza Suzanne Bolaños, también de San Francisco, confirmó el veredicto de un histórico juicio acerca del potencial cancerígeno del mismo herbicida. El jurado consideró que Monsanto actuó con mala intención, al ocultar el carácter potencialmente cancerígeno del glifosato, que había contribuido considerablemente a la enfermedad de Dewayne Johnson, un jardinero de 46 años que padece un cáncer terminal.

Ávila Vázquez también dio cuenta de un estudio en el cual se comparó la situación de los niños de Río Cuarto, no expuestos a agrotóxicos, con los de Marcos Juárez que sí estaban expuestos al uso de los pesticidas. Según el médico, mientras los chicos de Río Cuarto no tenían prácticamente daño genético, en el otro caso encontraron altos índices de daño. “Ese mismo estudio se hizo en los niños de la escuela de Dique Chico, que es un pueblito de 300 habitantes. La escuela se encuentra a 3 kilómetros del pueblo, en medio de campos de soja. Todos los chicos del pueblo van a esa escuela. Y ahí los sojeros los fumigan terriblemente. Se hicieron los estudios de los chicos y se encontró que todos tenían micro núcleos, es decir que en la célula no tienen el núcleo entero sino uno mas chiquito. Esto significa que hay pedazos de la cadena de ADN que están fuera del núcleo porque se han roto por la presencia de alguna sustancia genotóxica o de radiación, o en este caso agrotóxicos”. Esta genotoxicidad aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer. De hecho, el médico denunció que en una de las escuelas la directora tiene cáncer de mama y su hijo, que concurrió a esa institución educativa, murió de leucemia. “Está demostrado que si la madre está expuesta a agrotóxicos, tiene 2,5 más de posibilidades que el hijo tenga leucemia”.

En Entre Ríos, la campaña Paren de Fumigar surgió en 2011. Según Mariela Leiva los docentes comenzaron en esa época a acercarse al sindicato preocupados porque veían que los estudiantes tenían cada vez más enfermedades respiratorias, que los propios maestros volvían a sus casas con erupciones en la piel, con los ojos llorosos y aftas en la boca. “A partir de las consultas de los docentes se organizó una reunión con una asamblea ambiental en Concepción del Uruguay, y ahí nació la campaña que luego se extendió a nivel provincial y a todo el sindicato”. Fue desde ese espacio que se impulsó el amparo que justamente criticó Macri en su visita a Entre Ríos la semana pasada.

Silvia Mathey Doret es docente en un barrio periférico de la ciudad de San José, también en Entre Ríos. A 200 metros de la escuela hay una arrocera y están rodeados de plantaciones de nueces pecanes. “Mi escuela tiene la particularidad que es una de las más cercanas a las plantaciones que están fumigando más intensivamente y nosotros hace como dos años que conformamos una asamblea con el objetivo de luchar contra todo esto. Tengo treinta años de antigüedad en la docencia, en este momento estoy en la dirección de la Escuela 54, y mas allá de las pruebas científicas uno tiene la observación directa y va comparando cómo eran niños que nosotros recibíamos hace 20 años, que eran unos roblecitos, que jamás se enfermaban a esta generación que tenemos ahora que se enferman a cada rato. Antes teníamos un hospital por ciudad y tenían capacidad para absorber perfectamente todos los casos de enfermedad que pudieran haber en el pueblo. Hoy hay una sala o un centro de salud por barrio y hay filas de personas esperando que los atiendan. Si pones atención a las fechas esto viene sucediendo desde el año 96, 97, 2000, cuando ingresan todos estos productos agroquímicos a la vida de la gente. A partir de ahí se empieza a agudizar la necesidad de nuevas salas. Lo que nosotros observamos en las escuelas son muchos  casos de malestar digestivo, en mucho mayor medida y eso nos está también indicando que lo que están comiendo no está bien. Tienen además muchos problemas respiratorios graves, chicos con broncoespasmos que tenés que salir corriendo al hospital para que les den un decadron o le pongan oxígeno, o los nebulicen o lo que fuera, que le den broncodilatadores y muchas afecciones en la piel. Hemos tenido muchos casos de niños que presentan erupciones y que los medican para la sarna y resulta que no le hace nada porque no tiene sarna sino que tienen una reacción a estos agroquímicos”, aseguró en diálogo con este medio.

Entre el 11 y el 15 de marzo un grupo de médicos residentes de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Rosario realizaron un Campamento Sanitario en el pueblo. Además de hacer un relevamiento de la salud de los habitantes del lugar, también tomaron muestras del aire, agua y suelo cuyos resultados aún no están disponibles. Sin embargo, explicó la docente, de los datos preliminares que les dieron a conocer, en los últimos 15 años el 30% de los casos de muerte fueron por cáncer. “De la población actual que está enferma, el 38,6% corresponde a distintos tipos de esa enfermedad, o sea que va en aumento”, reclamó la docente que también señaló que más allá de la legislación vigente el problema que existe es que no hay quien controle que se respete la normativa vigente. “Está la ley, pero fumigan igual. Tenemos que estar nosotros los vecinos haciendo de policías porque no hay quien controle”.

En un artículo publicado por la Universidad Nacional de La Plata,  Damián Marino, científico del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo de doble dependencia UNLP-Conicet, remarcó: “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón. Con el tiempo, algunas especies después de 20 años del uso de este compuesto comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual debió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.

Según Marino, “en los últimos 10 años entraron más de 1000 millones de litros de glifosato. Este número pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año)”.

Javier Falucho es de AMSAFE, el sindicato de base de CTERA en Santa Fe. Desde hace 15 años desde el gremio trabajan en el desarrollo de una serie de estrategias en virtud de la problemática que sufren las escuelas rurales afectadas por las fumigaciones. En la provincia son alrededor de 800 los establecimientos educativos rurales o en zonas periurbanas. “Te digo que estamos con esto hace 15 años, pero la semana pasada presentamos una denuncia en el departamento de Rosario porque mientras se desarrollaban las actividades en la escuela, en los campos que la rodean estaban realizando tareas de fumigación. Si bien la problemática hoy no tiene la virulencia que tenía hace 15 años cuando los aplicadores y productores no tenían ningún reparo en fumigar sobre el mismo edificio escolar cuando los chicos y docentes estaban dentro, aún hoy tenemos que denunciar situaciones de ese tipo”, reclamó.

“En el marco de la campaña Paren de Fumigar Nuestras Escuelas y Por Una Santa Fe Sin Venenos venimos planteando una serie de iniciativas en distintos ámbitos. Uno es la paritaria, que es el ámbito de discusión con nuestra patronal y donde no solo planteamos la denuncia sino la necesidad de que se generen herramientas para que se prevengan estas situaciones y se norme y se regule porque hay una carencia normativa en nuestra provincia”. En ese sentido, a diferencia de Entre Ríos, la ley de Santa Fe no establece límites a las fumigaciones alrededor de las escuelas.

Uno de los problemas centrales que señala Falucho en relación al tema es la dificultad en avanzar en los procesos de denuncia. “Muchas de esas 800 escuelas son de personal único, donde una sola compañera o dos o un universo acotado de trabajadores están sometidos a un lugar donde el productor está agrediendo mediante el uso de estos productos. Es un productor que en esa comunidad tiene un peso importante. Muchos de los trabajadores que desarrollan la actividad en esa unidad productiva mandan a sus hijos a esa escuela, donde ese productor muchas veces es integrante o presidente o aportante de la cooperadora que sostiene muchas de las actividades de la escuela. A su vez, la policía que es la que tiene que recibir esa denuncia está también atravesada por todas esas relaciones de poder de esas comunidades donde obviamente tiene mucha más presencia y fortaleza ese productor”.

Una de las propuestas de los docentes es la aprobación de un protocolo en el que establecen que sea el Ministerio de Educación, como autoridad política de las escuelas que están siendo agredidas, el que avance en el proceso de denuncia. “Queremos que salga de un acuerdo paritario para que la regulación tenga valor normativo y la responsabilidad no recaiga pura y exclusivamente sobre la espalda de los compañeros que trabajan todos los días en las escuelas sino que recaiga sobre la autoridad política, el delegado regional y la ministra de Educación. Que sea la ministra como autoridad política la que avance y se haga cargo de la denuncia, la plantee en la policía, se presente en la fiscalía y haga el seguimiento para que esa denuncia, en el caso de corroborarse tenga la sanción correspondiente. Es un proceso que lo venimos trabajando sostenidamente”, señaló el secretario de Asuntos Sociales de AMSAFE.

Lo cierto, es que más allá del color político, los distintos gobiernos con distintos matices hasta ahora priorizaron el agronegocio frente a la salud tanto de los niños como de los propios trabajadores, ya sean docentes o incluso del propio campo. Las declaraciones de Macri volvieron a poner de relieve la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial violando la independencia de poderes. Pero también obligan a repensar qué tipo de alimentos consumimos cotidianamente, qué modelo de producción promueve este tipo de agricultura, la expulsión de los habitantes del campo a las ciudades producto de la expansión de los monocultivos entre otros muchos temas sobre los cuales los debates aún siguen abiertos.

Fuente: Nuestras Voces