Los abusos y el daño ambiental de las inversiones chinas en Bolivia

La empresa BGP Bolivia instaló 200 campamentos en la Amazonía boliviana, además de varios helipuertos. Foto: Monitores Socioambientales.

Para Adamo Diego Cusi la exploración petrolera de la empresa china BGP Bolivia en la Amazonía de Bolivia fue un verdadero tormento. Su labor como coordinador de Monitoreo Social Ambiental del pueblo Tacana le permitió conocer, directamente, cómo operaba esta empresa que durante un año ejecutó la exploración sísmica para hidrocarburos en el área de Nueva Esperanza, ubicado en la cuenca del río Madre de Dios, dentro del territorio indígena de los Tacana.

Medias verdades, incumplimientos de compromisos, daño ambiental y persecución judicial fueron una constante durante todo el tiempo que duró el proyecto. Adamo vivió personalmente la criminalización tras ser denunciado por la compañía luego de que expusiera cuáles habían sido los efectos de la exploración sísmica en el norte de la Amazonía del departamento de La Paz.

“Estuve prácticamente dos meses escondido”, comenta Adamo en una conversación telefónica con Mongabay Latam mientras recuerda la persecución legal en la que se vio envuelto hacia fines de 2016, de la que luego fue liberado por la misma empresa que lo inculpó.

En la charla, Adamo menciona los impactos negativos que ocasionó la empresa china en la selva boliviana y cómo BGP Bolivia fue incumpliendo los compromisos que había adquirido con el pueblo Tacana para conseguir la autorización de realizar trabajos de exploración en el territorio indígena.

El gran proyecto en la Amazonía boliviana

“En la Amazonía no se conocía nada sobre la prospección de hidrocarburos. El petróleo nunca había estado en nuestras mentes”, dice Adamo. Pero en el año 2015, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se presentó ante una asamblea del pueblo Tacana para explicar el proyecto de inversión que se avecinaba.

En ese primer encuentro se rechazó la propuesta, sin embargo, el Estado boliviano impuso el proyecto exploratorio. Adamo cuenta que tras un proceso de consulta previa la empresa consiguió el consentimiento del pueblo Tacana, bajo una serie de condiciones que asegurasen el menor impacto en los bosques y la biodiversidad, así como la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan ese territorio. “Es muy difícil que el pueblo acepte ser parte de la destrucción del bosque”, comenta sobre los reparos que tenían ante esta inversión de 57 millones de dólares.

En abril de 2015, la empresa estatal boliviana YPFB concretó la adjudicación de tres proyectos de exploración sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en la Amazonía por un valor de 100 millones de dólares. Uno de ellos fue el proyecto en Nueva Esperanza.

“Las empresas chinas operan en un contexto que llamamos de impunidad”, dice Marco Antonio Gandarillas, investigador responsable de Incidencia Política del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) para referirse a los compromisos incumplidos por este y otros proyectos en los que operan empresas chinas o compañías con capitales del país asiático.

Gandarillas se refiere a este caso como el proyecto más ambicioso de exploración petrolera en la Amazonía boliviana, que se ejecutó sobre 1008 kilómetros cuadrados. “Es uno de los más grandes y de mayor envergadura en la selva de Bolivia, en una zona bien conservada y ubicada entre dos áreas protegidas, el Parque Nacional Madidi y la Reserva de biosfera Pilón Lajas”.

Sin embargo, después de la intervención de BGP Bolivia, filial de la empresa estatal China National Petroleum Corporation (CNPC), el territorio ha quedado seriamente alterado y los derechos de los indígenas han sido vulnerados, según revela el informe Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina, elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA).

El estudio, que incluye 18 casos de violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas por empresas chinas en Latinoamérica, fue presentado durante la sesión paralela de la Organización de Naciones Unidas que se realizó en Ginebra el 11 de octubre como paso previo al Examen Periódico Universal (EPU) de China del próximo 6 de noviembre, iniciativa que motiva a investigar y apoyar la protección de derechos humanos.

BGP vulnera los derechos de los pueblos indígenas

Pocos meses después de iniciado el proyecto se presentaron los primeros problemas. El primer impase surgió cuando BGP Bolivia informó que no era posible realizar la sísmica con los estándares ambientales establecidos en el contrato, es decir, sin que las explosiones afectaran uno de los principales recursos del pueblo Tacana y su principal fuente de ingresos: la castaña.

El compromiso era evitar daños en los árboles de castaña y respetar un área de protección de 40 metros de diámetro alrededor de estas plantas para hacer las detonaciones, además de no afectar las fuentes de agua, no cazar ni pescar dentro del territorio.  

El informe presentado ante las Naciones Unidas precisa que la actividad exploratoria significó la presencia de 1500 trabajadores distribuidos en un campamento base, ocho campamentos fijos y 200 campamentos móviles, además de la instalación de 200 helipuertos para transportar personal, equipo y maquinaria.

Esta ocupación desmedida del territorio ha dejado árboles de castaña mutilados; las fuentes de agua fueron utilizadas pese a que el compromiso era no hacerlo; los trabajadores de la empresa china que recurrieron a la caza y a la pesca. Los animales de monte huyeron de la zona; los ríos y arroyos perdieron su caudal y los peces han desaparecido, señala el documento.

“Imagínese lo que significó para el bosque la presencia de todas esas personas”, dice Adamo al otro lado de la línea. La instalación de los campamentos y las brechas que se abrieron para colocar los explosivos han ocasionado una extensa deforestación en la selva boliviana.

Los reclamos de los monitores indígenas sobre lo que sucedía en su territorio ocasionó enfrentamientos con los trabajadores de la empresa. Primero fueron agresiones, luego dejarlos sin alimentos y sin transporte aéreo para acceder a la zona de la sísmica. El problema se agudizó cuando los monitores descubrieron que la empresa ocultaba información y evidencias sobre la presencia de un pueblo en aislamiento en la zona de exploración.

El peligro al que se expuso al pueblo indígena no contactado Toromona ha sido otro de los problemas de este proyecto. En la zona donde se realizaba la exploración había indicios de la presencia del pueblo indígena en aislamiento y contacto inicial Toromona, por tanto, la empresa estaba obligada a informar a su personal sobre la posible presencia de los no contactados y en caso de que se existiese alguna forma de acercamiento, los trabajadores de la empresa china debían desplazarse hacia otro sector.

Pese al riesgo que significa para los no contactados que exista algún acercamiento, a mediados del año 2016 se presentaron incidentes que demostraban la presión de la que estaban siendo objeto. Huellas, robo de víveres e incendios ocurrieron cerca de los campamentos. Incluso hubo tres ocasiones en que los trabajadores de BGP Bolivia fueron rodeados por indígenas no contactados, según reportó la misma empresa china.

Los Tacana salieron en defensa de los Toromona. Hubo movilizaciones y protestas que obligaron a la empresa a suspender sus operaciones. Así se llegó al proceso judicial en contra de Adamo, a quien se acusó de incentivar estas acciones y se ordenó su captura. La criminalización fue usada como medio de presión para conseguir que se les permitiera dejar la zona sin cumplir con las remediaciones ambientales, además de evitar que los monitores indígenas continuaran con la fiscalización.

La presencia china en la economía de Bolivia

El caso de Nueva Esperanza no es el único que ha despertado la alarma sobre las inversiones chinas. Marco Gandarillas señala que, si bien solo el 4 % de las empresas proveedoras del Estado son chinas, estas se han adjudicado los contratos más grandes. “Se trata de relaciones altamente tóxicas porque reciben fondos públicos en la mayoría de los casos de manera directa y realizan sus operaciones sin respetar los derechos humanos”.

Gandarillas explica que actualmente diez grandes proyectos de Bolivia en manos chinas corresponden al 26 % del presupuesto total de la inversión del país y recordó también que se han presentado varios casos de incumplimiento de contrato por parte de estas compañías. “Cuesta encontrar una empresa china que no haya tenido una denuncia”.

El especialista en incidencia política de Cedib advierte sobre el próximo proyecto que una empresa china ejecutará en la Amazonía boliviana. Se trata de la exploración sísmica programada para el 2019 que estará a cargo de la compañía Sinopec International Petroleum Service Ecuador Co SA sucursal Bolivia —de capitales chinos— sobre un área que supera un millón de hectáreas y que se instalará en la zona del río Beni.

Actualmente, la República Popular China es el principal socio comercial de Bolivia. Ya en el 2015, el país asiático tenía inversiones que superaban los 3000 millones de dólares, además de un préstamo de 7000 millones de dólares anunciado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, fondos que serían destinados a obra de infraestructura.

Esta relación estratégica entre ambos países se ha reforzado recientemente con la visita del presidente boliviano a China. El encuentro de los mandatarios de ambos países sirvió para sellar una relación estratégica con la firma de un memorando de cooperación y varios acuerdos comerciales y financieros, entre ellos el de exportación de café y quinua bolivianos hacia China y el compromiso de un crédito del Banco de Exportación e Importación de China (Eximbank) para Bolivia.

Jorge Campanini, responsable de Medio Ambiente del CEDIB, va más allá en su análisis. Para Campanini, el gobierno chino está retomando la cartera de proyectos del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento ( COSIPLAN), una instancia de discusión política y estratégica que reúne a todos los países de América del Sur con el objetivo de planificar e implementar la integración de la infraestructura ejecutando proyectos de transporte, energía y comunicación. “China quiere consolidar esos corredores, de esa forma el gigante asiático se asegura los recursos naturales y los commodities para su país”.

El responsable en Medio Ambiente del CEDIB menciona otros casos de inversiones asiáticas que deben llamar la atención como la hidroeléctrica de Rositas, actualmente paralizada, pero que tiene un presupuesto de 1300 millones de dólares. También está la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta que dispone de una inversión de 400 millones de dólares.

Campanini se refiere también a la “guerra económica” entre el gigante asiático y Estados Unidos. “China está desplazando a Estados Unidos de su influencia en Sudamérica”, puntualiza. Sostiene, además, que el país asiático ha conseguido establecerse e incidir en las nuevas condiciones geopolíticas regionales, logrando asumir un rol importante en la economía de varios países de América Latina.

 “Venezuela y Ecuador ya están ahogados en préstamos de China”, dice Campanini en relación al sistema de inversiones que ejecuta el país asiático en Latinoamérica, es decir, la entrega de créditos para grandes inversiones que a su vez son ejecutadas por empresas chinas.  

Si bien China es uno de los grandes consumidores de petróleo y minerales también importa grandes cantidades de soya, un producto que ya ha causado la deforestación de grandes extensiones de bosques en Brasil. A Campanini le preocupa que la soya ocasione la ampliación de la frontera agrícola en Bolivia y ocasione grandes tasas de deforestación. Esto, sumado a los problemas que ya se están presentando en los proyectos de inversiones chinas en Bolivia no pinta un panorama alentador para el país del Altiplano.

Por Yvette Sierra Praeli
30 de octubre, 2018

Fuente: Mongabay