Ley de Semillas: Dime quién te apoya y te diré qué quiere

Abolicionistas y legalistas del derecho de propiedad intelectual abstenerse. Por mal que nos pese, hoy en día a nivel gubernamental y empresario estamos a siglos luz de discutir la legalidad de este derecho de propiedad privado. Muy por el contrario, a nivel mundial las fichas están puestas en profundizar los mecanismos de apropiación de la vida, las ideas y el conocimiento ancestral, que no son ni más ni menos que mecanismos de despojo: como lo son el saqueo de tierras, el envenenamiento de aguas, el sacrificio de territorios, el comercio de personas, la apropiación del trabajo ajeno.

Las modificaciones a la ley de Semillas propuestas en 2003, 2004, 2007, 2012 y 2014 están enteramente ligadas a los intereses de las grandes semilleras y comercializadoras de granos. Cuando ellas escalonan en los espacios de poder, las presiones en su beneficio también lo hacen. Volviéndose proporcionalmente lesivo de los derechos de los y las agricultoras para cultivar las semillas y perjudicial para la soberanía de los pueblos a decidir sobre su alimentación.

Julio la prepara, Agosto se la lleva

La Cámara de Diputados recibió en julio de este año un nuevo anteproyecto de ley. A diferencia de las anteriores propuestas, las declaraciones del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, resaltan el nuevo rol protagónico del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y la urgencia para resolver la discusión en agosto.

Tras las disputas con Monsanto por el establecimiento de contratos privados con productores sojeros para la utilización de semilla “Intacta” y las atribuciones tomadas por esta para fiscalizar los granos en puerto, el Estado dispuso suprimirle a Monsanto esas capacidades y cedérselas al Inase. Para tal fin, es necesario el aumento presupuestario del organismo autárquico, sus capacidades y su poder de confiscar en puerto aquellos granos que no paguen las regalías por la tecnología. Tecnología sobrevaluada, según argumentan representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), ya que está incluida en el precio de la semilla.

Con el mismo sentido restrictivo, el Inase regula y obliga al productor a inscribirse en el Registro de Usuarios de Semillas y a declarar la cantidad de semillas reservadas para “uso propio”. Actualmente quienes no cumplen las prerrogativas son intimados. Bajo el nuevo papel los productores serán inspeccionados y despojados de las semillas no declaradas.

Distintas voces, distintos intereses

Conocida es la premisa de la industria semillera y sus aliados de convertir a Argentina en “semillero del mundo”. Sin embargo, adicionan que eso sólo es posible con la reducción en los niveles de semilla no fiscalizada y comercializada por fuera del mercado legal.

Entidades como la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y la Asociación Argentina de Protección de Obtenciones Vegetales (Arpov) son las encargadas de canalizar dichas demandas e intereses. Desde los inicios de la discusión, denuncian la desactualización de la legislación argentina respecto de las nuevas tecnologías agrícolas. La no venta en Argentina (o lock out) de semillas presentes en el mercado mundial es una de los mecanismos de presión que osan practicar las transnacionales, como medida frente a la baja protección de la propiedad intelectual de las mismas. Así lo hacen para el caso de la soja, cabe preguntarse: ¿y si decidieran hacerlo con el arroz o el trigo? ¿Cuánto pagaríamos el pan?

Por su parte, Federación Agraria Argentina (FAA) históricamente ha realizado una lectura crítica sobre la modificación de la ley, dado que pone en el centro de la discusión el riesgo de dependencia creciente del productor en manos de las grandes empresas multinacionales de semillas y agroquímicos, al fortalecer la posición del obtentor u obtentora por sobre quienes utilizan las semillas. También refutan la tesis del sector semillero que asocia el mercado ilegal de semillas con el derecho del agricultor. Según la Federación, ese argumento permite a la industria esgrimir la restricción del derecho a reservar semillas y abogar por la inclusión de elementos propios del derecho de patentes no incluidos en la legislación actual Argentina.

En el seno de las organizaciones sociales de movimientos campesinos e indígenas, la temática de los modos de producción agrarios lleva décadas desarrollándose y es expresa la oposición al modelo agroindustrial y sojero del siglo XXI. Particularmente, las denuncias en contra del proyecto de ley se centran en tres cuestiones fundamentales, que las diferencia de la postura de la FAA: privatización de la biodiversidad y el conocimiento, restricción de prácticas milenarias para seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas, y la falta de consulta pública a los debates.

El resto de los y las mortales miramos una película que, como mínimo, recaerá sobre con qué llenamos nuestro plato. No sólo está en juego si Monsanto sigue acumulando indiscriminadamente ganancias, monopolizando el mercado de semillas o si los terratenientes de la Sociedad Rural Argentina pagan más o menos royalties por derechos de propiedad intelectual. Una nueva ley de Semillas también cambia las condiciones de juego acerca de qué se siembra o se cultiva en nuestro país: ¿oleaginosas de exportación o alimento diverso?; bajo qué métodos se produce ¿agricultura industrial o agricultura ecológica?; qué lazos establecemos con la tierra que nos alimenta ¿producción responsable, orgánica y diversa, o producción cargada de agroquímicos?; y en manos de quienes dejamos la producción de semillas ¿semilleras transnacionales o campesinos multiplicadores?

Gisela Hugo ra.moc.oohay@oguh_allesig

Fuente: 8300