Lectura estratégica del congreso de los pueblos

De acuerdo a las discusiones que se han realizado en cada una de las mesas de trabajo sectorial y regional, en el Congreso de los Pueblos, hemos identificado las siguientes líneas estratégicas:

1. Tierra, Territorio y Soberanía

La construcción de mandatos desde los pueblos, para la organización y defensa del territorio se hace desde el principio de la armonía y equilibrio, la recuperación de la memoria, los saberes ancestrales, el trabajo colectivo y la cultura popular. La autonomía de las comunidades en su territorio es un horizonte a alcanzar, que se proyecta en los planes de Vida.

El territorio es un derecho fundamental, que está en el marco de los derechos de los pueblos y toda intervención sobre él, debe partir de la decisión autónoma de las comunidades.

Defendemos la construcción de una “Reforma Integral Agraria” desde los pueblos, alternativa a las distintas leyes que rigen actualmente las relaciones en el campo. Sobre la base de buscar alternativas para desmontar el monopolio sobre la tierra, nos oponemos a la concentración de la propiedad de la tierra y a los métodos de desplazamiento forzado y de presión mercantil usados para tal fin.

La liberación de tierras, es una condición para la pervivencia de indígenas, campesinos y afrocolombianos y además nos permite la construcción de territorios colectivos y la reivindicación de las identidades culturales.

La liberación debe ser entendida como un instrumento para equilibrar las grandes inequidades sociales.

La ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas, la titulación de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes y el reconocimiento colectivo de las reservas campesinas, son fundamentales para garantizar la vida y la autonomía de los pueblos.

En lo urbano, trabajaremos por una real apropiación del territorio de la ciudad por parte de los pobladores de sectores populares, rescatando y potenciando relaciones de solidaridad que dignifiquen la vida de los habitantes.

Rechazamos los desalojos de las viviendas y espacios colectivos de uso comunitario.

Es fundamental vincular a todos los sectores de la población en el ordenamiento territorial. Deberán ser reconocidas las autoridades tradicionales, las lógicas productivas y culturales en el ordenamiento. Es necesario reafirmar y reivindicar las autonomías territoriales locales en la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial.

El congreso reconoce a las comunidades indígenas, afrocolombianas, pescadores y campesinas que desarrollan técnicas y prácticas de producción en armonía con la naturaleza, como los legítimos protectores de los territorios; por tanto debemos garantizar las condiciones para su existencia.

Construir y desarrollar un modelo alternativo frente a los servicios públicos, que incluya a los desconectados urbanos y rurales, que promueva una nueva legislación que favorezca y potencie las experiencias de los acueductos comunitarios.

Las empresas de servicios públicos son empresas estratégicas de lo público y por lo tanto deben ser nacionalizadas en beneficio social.

Para nosotros el agua es un derecho fundamental, un bien sagrado, que debe ser propiedad pública y de libre acceso, nos oponemos a la apropiación privada total o parcial de costas, playones, manglares y áreas de humedal.

Economía para el buen vivir Fomentar a través de las organizaciones un modelo económico que tenga como principio el bienestar de la población que habita los territorios, el respeto a la naturaleza, la noción de integralidad y diversidad social, cultural y ambiental.

Se debe promover el reconocimiento de los derechos de los y las trabajadoras ganados en luchas históricas, exigiendo condiciones dignas de trabajo. Es fundamental la lucha por un trabajo en condiciones de equidad y justicia para hombres y mujeres.

La alimentación es una condición para la existencia de la soberanía. Reconocemos la producción de alimentos como condición de libertad, en ese sentido la soberanía alimentaria es bandera de nuestra lucha Será necesario avanzar en el camino de la producción alimentaria natural y orgánica, la recuperación del conocimiento y de las técnicas ancestrales asegurando la alimentación de toda la población tanto en el campo como en la ciudad.

Para garantizar la vida digna de la población rural se debe dar el apoyo económico, el acompañamiento técnico y todos los recursos necesarios para solidificar una economía propia. Sera necesario avanzar en una legislación integral para la producción agraria. Promovemos la recuperación de las semillas nativas, defendemos su uso autónomo y las condiciones de inalienabilidad de la información genética.

Avanzaremos en la generación de cadenas económicas que vinculen directamente a productores y consumidores, con el fin de beneficiar la producción, costos y calidades de los productos para los consumidores, fortaleciendo de mercados solidarios como alternativa.

Llamamos al reconocimiento de los pescadores como garantes de los ecosistemas acuáticos, a la recuperación de técnicas y de estrategias productivas propias. A la ratificación de la cultura del pescador con el fin de que sea una alternativa de vida digna para las generaciones futuras. Las leyes y normas que rijan las actividades de pesca deben ser concertadas con los pescadores para no degradar sus condiciones de vida.

Rechazamos la minería a gran escala. La explotación minera en beneficio del capital privado y en detrimento del territorio y de las condiciones ambientales, no puede ser una línea de desarrollo social. Por lo tanto será necesario generar alternativas agroalimentarias en las áreas de trabajo minero a fin de suprimir formas de dependencia y de especulación con relación a los alimentos.

El beneficio producido por la explotación actual que se hace de las riquezas naturales debe quedar prioritaria y mayoritariamente en el país. Será necesario adecuar los porcentajes de ganancia en pro de las comunidades nacionales.

Todo acuerdo económico que esté en contra de los intereses de los pequeños productores nacionales y que genere pobreza entre la población colombiana, es objeto de nuestra más grande oposición por ello rechazamos los TLC, los tratados del ALCA, o los acuerdos de libre comercio con Europa o Canadá y la intervención de las multinacionales en los territorios.

Será necesario construir relaciones de mercado, tanto nacional e internacional a partir de lógicas de solidaridad y de justicia, no de explotación ni de generación de pobreza.

La defensa de la industria nacional es condición necesaria para el bienestar de la población. La apertura al libre mercado y la pérdida de protección a la producción nacional no pueden ser aceptadas por el país. Ante ello debemos promover la creación de empresas comunitarias y el fortalecimiento de la propiedad colectiva de los medios de producción y la defensa de lo público.

Nos oponemos a la acumulación creciente de riqueza en manos del sector financiero. La especulación financiera y los mecanismos de usura merecen nuestro repudio. Es necesario retomar la banca en manos del estado y desarrollar una plataforma de ahorro y de crédito que esté al servicio de la economía local.

La sustitución de cultivos de uso ilícito debe hacerse a partir de propuestas concretas de desarrollo económico propio que partan del fortalecimiento de las prácticas de conocimiento tradicional y del reconocimiento de la hoja de Coca como una planta sagrada que no debe ser criminalizada y de otras plantas de uso ancestral.

Rechazamos que una gran parte de nuestros recursos nacionales sean destinados al pago de la deuda externa y la guerra. Trabajaremos por fortalecer la inversión para la justicia social con dignidad.

3. Construcción de Poder para el buen vivir:

El Poder debe ser legitimo, popular y garante de bienestar. Por esto construimos con los diferentes pueblos, sectores y organizaciones un mandato de los pueblos.

La construcción de mandatos está orientada al reconocimiento de los pueblos y poner en evidencia su legítima presencia, orientar su defensa y explicitar su existencia. Los mandatos deben tener la capacidad de orientar el buen gobierno.

El gran sueño es la consolidación de los territorios autónomos a través del fortalecimiento y la construcción de los sistemas propios: sistema educativo, de salud, económico (producción limpia, soberanía alimentaria) y de justicia. Por ello se vuelve fundamental la construcción, fortalecimiento y posicionamiento de los planes de vida acordes a la realidad existente en cada una de las comunidades.

Sostener y preservar la autonomía de las comunidades, promoviendo el ejercicio de autodeterminación a través de prácticas de control del territorio, regulando el uso y aprovechamiento de la tierra y sus riquezas, denunciando la forma como actualmente se hacen las economías extractivas.

En los pueblos indígenas y en las comunidades organizadas a partir de las autoridades tradicionales, será necesario reafirmar la estructura tradicional y legitimar su rol dentro de los espacios en donde se encuentran. Los Cabildos y demás formas de gobierno propio deben legislar desde y con las comunidades.

Reconocemos las estructuras de gobierno de las diferentes organizaciones sociales como expresiones legítimas que deben ser potenciadas.

Para garantizar gobiernos para el buen vivir debemos promover la evaluación crítica y permanente de nuestras organizaciones y dirigentes.

4. Cultura, Identidad y ética de lo común:

Comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, emigrantes, bisexuales, homosexuales y demás sectores mal llamados “minorías “, han sido víctimas de diversas formas de exclusión y discriminación. En el Congreso de los pueblos le apostamos a la transformación cultural que nos lleve a mejores condiciones de vida, a superar las diversas formas de exclusión y discriminación, como el machismo, el racismo en nuestras cotidianidades. Proponemos una construcción desde la diferencia.

Para el fortalecimiento de las identidades culturales, es fundamental el reconocimiento, recuperación y uso de las lenguas maternas de cada pueblo, como estrategia para fortalecer el pensamiento y los conocimientos propios.

Como contribución al fortalecimiento de las identidades continuaremos construyendo sistemas propios de educación y salud que contribuyan a la revitalización de las prácticas de medicina tradicional y las formas propias de conocimiento tradicional y popular. Los sistemas de educación y salud propia estarán basados en el reconocimiento de la diferencia cultural y el fortalecimiento de los proceso organizativos.

Para caminar hacia la transformación de violencia, opresión e inequidad en las relaciones de género reconocemos la importancia de la vida colectiva y la fundamentación de nuestras relaciones de género sobre el respeto, la libertad y la dignidad, donde exista un reconocimiento pleno de los derechos fundamentales, sexuales y reproductivos.

Reivindicamos el derecho a vivir nuestras propias culturas de manera libre y a ejercer la comunicación libre de sexismo y racismo.

Así mismo, reconocemos las actividades y labores históricamente asumidas por las mujeres como dignas y valiosas para la humanidad, entre ellas reivindicamos la valoración del trabajo doméstico.

La educación es un derecho público, defendemos una educación de calidad, que reconozca la diferencia y fortalezca los procesos sociales. Es necesario construir alternativas a la ley general de educación que garanticen el acceso de todos y todas a un sistema educativo pertinente y de calidad.

5. Caminos de vida, justicia, paz

En relación con la vida, la justicia y los caminos para la paz, se identifica:

Partiendo de la existencia de un conflicto social y armado en Colombia, las organizaciones defendemos una fuerte visibilización y participación de todos los sectores sociales (indígenas, afrodescendientes, mujeres, sindicalistas, campesinos, entre otros) como sujetos políticos, en todos los escenarios relativos a la garantía a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; pues ninguna paz podrá ser construida sobre las bases de la impunidad.

Nos afirmamos en la necesidad de desarrollar acciones de interlocución directa con actores armados para resolver asuntos humanitarios concretos y hacerlo de manera colectiva y conjunta como mecanismo para evitar la judicialización y reivindicar el derecho a la paz. Se considera vital para la solución política al conflicto social y armado, la realización del canje y compromisos humanitarios, así como promover el cumplimiento del DIH por parte de todos los actores en conflicto.

Reconociendo la diversidad de enfoques sobre conflicto, solución política y paz de los diferentes sectores sociales, se promoverá un espacio conjunto para construir una agenda y plataforma unificada de lucha por la paz a nivel nacional, recogiendo diferentes experiencias y propuestas de las comunidades, como la propuesta de paz de la ACIN y el CRIC, la Asamblea Constituyente de Micoahumado, la Red de Iniciativas de Paz desde la Base, entre otras.

Se promoverán acciones integrales tendientes a la conformación de programas de protección de acuerdo a las características étnicas, sectoriales y de género, igualmente se propenderá por el fortalecimiento de las iniciativas de auto protección de las comunidades rurales y urbanas que así lo requieran. En ese sentido reconocemos la guardia indígena como un mecanismo legítimo de protección y paz.

El Congreso de los pueblos convocará a la comunidad internacional como veedora y garante de los debates y compromisos que surjan entre los diferentes sectores y actores sobre el tema de la paz; esto facilitará el cumplimiento de los compromisos por parte del Estado colombiano en materia de paz.

Rechazamos la instalación de bases militares norteamericanas en el territorio colombiano y promoveremos una reforma a las Fuerzas militares que garantice la protección de todos y todas y el respeto de los derechos humanos.

Promoveremos que el servicio militar no sea obligatorio y el respeto por la Objeción por conciencia de los y las jóvenes frente a la guerra.

Se trabajará por la construcción de rutas diferenciadas de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.

Continuaremos con uso de los mecanismos internacionales para juzgar la violación de derechos por parte del Estado colombiano.

La violencia sexual en el marco del conflicto armado debe ser reconocida como un crimen de lesa humanidad.

Rechazamos las cárceles como centros de reproducción de la impunidad y trabajaremos en la defensa de los presos y presas políticos para que recuperen su libertad.

Luchamos por la despenalización de protesta social y defendemos la movilización como un derecho de los pueblos.

6. Violación de derechos y acuerdos incumplidos

Los acuerdos incumplidos para los diferentes sectores sociales y organizaciones deben constituirse en un cuerpo de carácter nacional que alimente la movilización y la defensa de los derechos, ligada a la agenda estratégica del Congreso de los Pueblos.

7. integración de los pueblos y de las luchas

Promoveremos la integración de los pueblos a través del fortalecimiento y la construcción de alianzas para las luchas comunes entre los pueblos de los distintos continentes.

La cooperación internacional debe darse en condiciones de solidaridad sur- sur como una estrategia de hermandad, que permita no solo la gestión de recursos para propósitos colectivos sino la incidencia política para potenciar nuestras luchas.

Se promoverá un congreso latinoamericano de los pueblos.

Fuente: CENSAT