Las obreras marroquíes. Destrucción de las agriculturas familiares y explotación fabril

Cuando las campañas internacionales y los sindicatos exponen la nueva esclavitud que viven millones de personas que confeccionan ropa o montan aparatos electrónicos en China, Bangladesh, Indonesia, Turquía, Honduras o Marruecos, no falta quien argumenta que las trabajadoras aceptan estos trabajos porque son mejores que la miseria en la que viven y que hay que priorizar medidas que permitan crear el máximo número de empleos posibles. Un análisis parcial de la realidad de las bolsas de pobreza urbana y de las migraciones campo-ciudad puede llevar a este tipo de debates, pero para comprender qué impulsa el abandono del campo y la desesperación de la nueva pobreza urbana se hace imprescindible completar la foto con los motores de estos cambios: la precarización de los modos de vida tradicionales, la apropiación y el cercamiento de las tierras comunales y la destrucción de la soberanía alimentaria de los pueblos.

En la Inglaterra del siglo XVIII, los cercamientos de tierras comunales otorgaron títulos de propiedad a la élite feudal para convertir las tierras que habían alimentado a las familias campesinas durante siglos en campos de pastoreo para las ovejas laneras. Las familias campesinas sin tierras que cultivar se convirtieron en la imprescindible mano de obra barata de la revolución industrial. Las políticas neoliberales impulsadas por las Instituciones Financieras Internacionales en los últimos treinta años están teniendo los mismos efectos en todo el mundo. La globalización impone así el “progreso capitalista” sin dar opción a otros modelos de producción y reproducción humana.

En los siguientes párrafos se expone la relación entre las políticas agrícolas neoliberales impulsadas por el régimen marroquí en las últimas décadas siguiendo las directrices del Fondo Monetàrio Internacional (FMI), las migraciones campo ciudad consecuencia de la miseria generada entre los grupos campesinos y ganaderos por dichas políticas, y la explotación laboral de las personas que trabajan en las zonas industriales de Tánger, Rabat y Casablanca.

Migraciones internas y explotación laboral

Desde finales de los 80, Marruecos se ha convertido un importante centro de costura y confección de España y de gran parte de Europa. En las zonas industriales de Rabat, Tánger y Casablanca se fabrica ropa para todo tipo de empresas, incluidas las grandes firmas con presencia internacional.

La primera deslocalización del textil español tuvo como destino prioritario Marruecos por su proximidad a la Península y por las restricciones a la importación de prendas de Asia que imponía el Acuerdo Multifibras (AMF) hasta 2005. El crecimiento del empleo industrial ha convertido ciudades como Tánger, Casablanca y Rabat en áreas de atracción de migraciones internas. En el sector textil y de la confección se han generado muchos miles de puestos de trabajo pero las condiciones de vida de las personas que realizan estos trabajos son especialmente duras.

Desde 2002, sucesivos informes e investigaciones de la Campaña Ropa Limpia han evidenciado los abusos y las violaciones de los derechos laborales fundamentales que se producían en las fábricas de prendas de vestir para la exportación. Jornadas laborales de hasta 16 horas, salarios por debajo del mínimo legal y del mínimo de supervivencia, un altísimo porcentaje de trabajadoras sin contrato ni protección social alguna, o condiciones de trabajo insalubres, constituyen la realidad cotidiana de las trabajadoras marroquíes. Muchas trabajadoras marroquíes siguen viviendo situaciones de pobreza a la vez que cumplen con una jornada laboral extremadamente larga. En una fábrica de primera línea, que se promocione entre las firmas internacionales como proveedor habitual, la jornada laboral media es de 9 horas diarias de lunes a viernes y 5 horas los sábados, con un salario alrededor de los 250 euros al mes. En el resto de centros de producción, los que ocupan a la mayor parte de las obreras, las horas extras son obligatorias y prolongan la jornada hasta las 11 o 12 horas diarias, seis días a la semana. Estas horas no se suelen remunerar y los salarios no superan los 200 euros mensuales. Gran parte de la plantilla trabaja sin contrato y sin ningún tipo de protección social. En los pequeños talleres los salarios pueden situarse por debajo de los 100 euros mensuales y los contratos son inexistentes.

Pese a la dureza de estos puestos de trabajo, las áreas industriales reciben continuas oleadas de población de origen rural que busca empleo en las fábricas. Aunque es muy complejo realizar un seguimiento riguroso de la movilidad interna del campo a la ciudad, lo cierto es que el crecimiento de la población rural ha llegado al estancamiento en las últimas décadas y que las ciudades con actividad industrial presentan barrios obreros de nueva construcción y son polos de atracción para emigrantes.

En Marruecos, igual que en el resto de países de nueva industrialización, las factorías se nutren de trabajadores y de trabajadoras que residen en zonas urbanas y peri-urbanas que registran altas tasas de pobreza y de desempleo. Este hecho facilita la aceptación de condiciones laborales precarias y la aparición de centros de trabajo informal al lado de las grandes fábricas. Las bolsas de potenciales obreros y obreras procede mayoritariamente de las migraciones del campo a la ciudad que, en gran medida, se explican por las dinámicas políticas y económicas que se producen en el entorno rural.

El campesinado tradicional frente a la modernización neoliberal

La estructura de producción agrícola marroquí se gestó durante la administración francesa (1912-1956), período en el que se inició la integración del sector a la economía global a través de la transformación de extensas zonas de secano en zonas irrigadas productoras de verduras de huerta. Junto a este legado francés, en esta época se asentó un sistema de relaciones jerárquicas clientelares que marca todavía ahora la asignación de títulos de propiedad sobre los campos de cultivo y la toma de decisiones en lo que a planificación de la actividad agrícola se refiere.

Durante el reinado de Hassan II (1961- 1991), el gobierno marroquí, ya independiente, consolidó las reformas iniciadas durante la administración francesa utilizando las mejores tierras de cultivo para la producción de exportaciones como los cítricos. Los primeros créditos del Banco Mundial se concedieron en 1964 precisamente para la expansión de la agricultura de regadío siguiendo planes trazados por la administración colonial y dejando estancado el sector tradicional de secano. Consecuencia de ello fue la falta de adaptación de la producción de cereales a las nuevas necesidades derivadas del incremento de población y el inicio de las importaciones de cereales. Un país con un sistema agrícola hasta entonces autosuficiente, sufrió un importante déficit en su balanza de pagos por culpa de la importación de materias primas destinadas a la alimentación.

A raíz de esta crisis, Marruecos recibió el primer asesoramiento por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). En 1975, la deuda ascendió al 20% del producto interior bruto (PIB) generando el contexto ideal para que el FMI propusiera un Plan de Ajuste Estructural al reino de Hassan II. Así empezó, en 1983, una década de ajustes y de tutela económica por parte del FMI que se ha concretado en nueve planes y la adhesión de Marruecos al GATT en 1987. Como en el resto del mundo, el objetivo de los PAE ha sido animar la inversión extranjera, promover las exportaciones y abolir los aranceles. Son muchos los indicadores que el FMI no ha tenido en consideración en el diseño de sus planes para Marruecos: Ya en 1978, 68 familias controlaban el 55% del capital industrial privado. 10 grupos empresariales (propiedad de las 10 familias más influyentes) mantenían el control de un tercio del capital y la familia real gozaba de una quinta parte de la riqueza del país.

En el sector agrícola, los PAE han profundizado en el proceso de cierre y privatización de las tierras de pastoreo comunales. Ya en los años 60, la USAID recomendaba al gobierno de Hassan II que se reconvirtieran estas tierras a la agricultura irrigada por cuestiones de degradación ambiental y en el 69, la misma agencia y el Banco Mundial prestaron asistencia técnica a Marruecos para la elaboración del “Code de Investissements Agricoles” con los objetivos de mejorar la productividad agrícola, luchar contra la fragmentación de las explotaciones y repartir títulos de propiedad. Todo ello para modernizar la agricultura del país.

Numerosas investigaciones independientes recientes demuestran que la fragmentación de las explotaciones no tiene ningún impacto negativo en su productividad y que la titularización de la tierra y la agrupación de parcelas es una herramienta de reparto de réditos políticos y de compensaciones clientelares. La mayoría de los proyectos de modernización han requerido una intervención en áreas de propiedad y utilización colectiva. Las seis zonas de acción prioritaria incluidas en los macroproyectos finanzados por el Banco Mundial tenían este régimen de explotación. En compensación, el gobierno intenta restringir la ganadería tradicional a quince perímetros con proyectos de “mejora del pastoreo”. Paralelamente, los modos de producción tradicionales se han criminalizado aplicando sanciones de hasta seis años de cárcel a los que no sigan las normativas. Para millones de ciudadanos y ciudadanas de las zonas rurales de Marruecos, estos cambios y, sobretodo, la falta de acceso a las tierras de uso colectivo significa la pérdida de una fuente imprescindible de comida, medicinas y productos básicos, que agudiza la pobreza rural empujando a las personas en edad de ser contratadas en una factoría a migrar a las zonas urbanas a la búsqueda de un empleo.

Las familias campesinas que conservan acceso a un pedazo de tierra colectiva o que tienen modestos medios para producir y comercializar alimentos intentan conservar su modo de vida enviando a sus hijas a trabajar a las fábricas de las ciudades industriales para completar los ingresos familiares. Cómo en muchas otras partes del mundo, estas chicas son obreras ideales, sin conocimiento de sus derechos, sin tradición de organización sindical, sin redes sociales de apoyo en la ciudad de destino, y con la obligación de sobrevivir con unos ingresos extremadamente bajos enviando una parte de sus salarios a su familia.

Si los pueblos nómadas ganaderos han sido los más perjudicados por la ola de reformas neoliberales, los beneficiarios directos de la reestructuración han sido la familia real y la élite situada a su alrededor. El holding empresarial de la família real, Omnium Nord Africain (ONA), ha comprado la mayoría de las empresas privatizadas. Asimismo, es la familia real quien recibe directamente los beneficios de la Office Cherifien des Phosphates, el monopolio estatal del comercio de fosfatos, la empresa más rentable del país.

El destino de los beneficios de las políticas comerciales de exportación

En contraste con la tendencia global de liberalización de los aranceles, Marruecos (igual que su vecino Túnez) ha mostrado una cierta resistencia a la reducción de las tasas arancelarias. Tras una primera liberalización entre 1993 y 1997 (del 65% al 22%), las tasas arancelarias han aumentado desde entonces manteniéndose alrededor del 30% en los últimos años. Aunque el Banco Mundial coloque a los países del Magreb en general y a Túnez y Marruecos en particular, entre los países con un régimen arancelario más restrictivo del mundo, la existencia de zonas francas de exportación, así como un red de acuerdos comerciales preferenciales han reducido las tasas reales, convirtiendo la zona en un mercado atractivo para la UE.

La UE firmó el Acuerdo de Asociación (AdA) con Marruecos en 1995 para su entrada en vigor en Marzo de 2000. Del acuerdo nace la Zona de Libre Comercio (ZLC) entre la UE y Marruecos que arranca en el 2000, con el objetivo de reducir progresivamente las barreras arancelarias hasta alcanzar un 5,2% en 2012. Pero Marruecos ya disponía de condiciones especiales para el comercio con los socios comunitarios previamente a la firma del AdA. Desde 1976 sus productos industriales tienen libre acceso al mercado comunitario y las cuotas establecidas por la UE permiten la exportación del 20% de sus productos agrícolas con tratamiento preferencial.

Pese a que Marruecos firmó en 2004 el tratado de libre comercio con los EUA, el 96% de las exportaciones de ropa marroquíes tienen como destino el mercado europeo. Cabe destacar que el vínculo comercial entre la UE y el Reino Alauí no es unidireccional. El 76% de sus importaciones provienen de países miembros de la UE.

A modo de conclusión

La familia real marroquí y las élites del país, así como las instituciones financieras internacionales se han esforzado a presentar su modelo de modernización de la producción agrícola como única alternativa de desarrollo posible. Combinando la orientación de la economía a la exportación y la criminalización de los modelos de pastoreo de secano bajo el argumento de su poca sostenibilidad ambiental, han titularizado tierras comunales consolidando lo que David Harvey ha denominado «acumulación por desposesión».

Las reformas neoliberales en el campo y el impulso de las industrias ligeras intensivas en mano de obra son dos caras de una misma moneda. El campesinado que pierde sus modos de vida tradicionales, después de ver como sus tierras se convierten en cultivos intensivos para la exportación, pasa a engrosar la pobreza urbana y a convertirse en proletariado a la búsqueda de un empleo en la industria. La masiva oferta de obreras y obreros no calificados y la competencia internacional a la que están sometidos los mercados laborales internacionales, condena a las personas trabajadoras a manufacturar productos low cost para la exportación bajo unas condiciones inhumanas.

Sin lugar a dudas, el modelo de producción industrial maquiladora desarrollado a partir de los ochenta y los cultivos para la exportación, constituyen una entrada importante de recursos económicos para el país. Pero los grandes perjudicados no han tenido oportunidad alguna de definir el destino de las políticas productivas y alimentarias que han contribuido a precarizar su forma de vida. Paralelamente, aquellos individuos y colectivos que han impulsado los nuevos marcos regulatorios y la inversión de dinero público en la “reconversión” del campo han obtenido beneficios difícilmente cuantificables.

Por Albert Sales, Profesor de Sociología de la UPF, Activista de la Campaña Ropa Limpia.

Fuente: Revista Soberanía Alimentaria