Las políticas ambientales que se han debilitado en pandemia

Las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas industriales, los mega proyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos se encuentran entre los proyectos que están causando un aumento en la deforestación y los abusos en contra de los derechos humanos en cinco países que contienen la mayoría de los bosques tropicales del mundo.

Titulado "Retroceso en salvaguardas sociales y ambientales en nombre de la COVID-19,” el nuevo informe examina cómo los Gobiernos de los países tropicales más boscosos del mundo han utilizado la destrucción económica provocada por la pandemia para justificar el retiro de las protecciones legales sociales y ambientales.

El informe fue elaborado conjuntamente por investigadores de la Lowenstein International Human Rights Clinic en la Facultad de Derecho de Yale, la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex en Londres y el Forest Peoples Programme (FPP), en colaboración con varias organizaciones de pueblos indígenas de los cinco países.

“Las corporaciones de las industrias extractivas han presionado agresivamente a los gobiernos para que se les permita explotar los recursos naturales en las tierras indígenas, prometiendo revitalización económica, pero ignorando el efecto devastador en las comunidades indígenas. El resultado es una cascada de violaciones de los derechos humanos y una contribución cada vez mayor al calentamiento global”, añadió James Silk, profesor clínico Binger de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Yale.

Basado en parte en entrevistas con las comunidades afectadas, el informe también se basa en cinco estudios de país co-escritos por investigadores nacionales y grupos de apoyo y organizaciones de pueblos indígenas.

“No se debería priorizar el desarrollo económico por encima de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los bosques tropicales, especialmente durante una pandemia”, dijo James Whitehead, director del Forest Peoples Programme (FPP).

Cuatro hallazgos principales

1. Los Estados están dando prioridad a la expansión del sector energético, la infraestructura, la minería, la tala y la agricultura industrial en o cerca de territorios indígenas sin proteger los derechos de los pueblos indígenas.

2. Los Estados no están haciendo cumplir las leyes nacionales e internacionales que prohíben el acaparamiento de tierras y, al contrario, están facilitando la deforestación ilegal, la expansión de la agroindustria y la minería que están afectando los territorios indígenas. Como resultado, la deforestación aumentó en el 2020 y es probable que aumente en el 2021.

3. Los Estados han desarrollado y están promulgando políticas y regulaciones de planificación y uso de la tierra que debilitan las salvaguardas sociales y ambientales actuales y violan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los que protegen los derechos a la consulta previa con respecto a la realización de proyectos que afectan sus tierras.

4. Los pueblos indígenas que intentan hacer valer sus derechos se enfrentan a un aumento de la violencia, las detenciones y criminalización de sus acciones.

Caso Colombia

En Colombia, la plaga de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado durante los cierres de emergencia de covid-19, y la deforestación en la Amazonía ha aumentado en más del 80 por ciento.

El informe evidencia que en la pandemia, el Estado también ha impulsado medidas controversiales para debilitar las protecciones a la consulta previa y el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) para los pueblos indígenas.

Adjudicación de tierras

La estrategia de reactivación económica ante la crisis del covid-19 ha acelerado cambios en el acceso, apropiación, tenencia y uso del suelo en territorios baldíos que, por ley, deben ser adjudicados prioritariamente a las poblaciones rurales más vulnerables.

Tal es el caso del proyecto de acuerdo para la creación de Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE), dirigido a fomentar la productividad de tierras baldías que, para el Gobierno, están caracterizadas por su baja productividad.

Para las comunidades indígenas en Colombia, la creación de las ZDE “va en contravía de la obligación del Estado de prevenir la concentración inequitativa de la tierra y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones étnicas y campesinas”, se lee en el informe.

EL TIEMPO consultó a la Agencia Nacional de Tierras sobre lo mencionado, y aseguran que el proyecto, que nació del Ministerio de Agricultura, solo salió para observaciones y hoy el proyecto no siguió adelante. 

"Se publicó para observaciones, se recibieron muchas, tanto en contra como a favor, pero no siguió adelante, en atención por la cantidad de observaciones", señaló la Agencia Nacional de Tierras.

Entre las observaciones que recibieron era la preocupación de que estos predios quedaran en cabeza de los empresarios, algo para que la Agencia Nacional de Tierras no era de esta forma: "La ley dice que la adjudicación se hace a la sociedad en general, bien sea empresarios o campesinos".

Consultas previas 

En el informe se señala que algunos actores del sector privado han intentado generar retrocesos a este marco jurídico colombiano sobre el Consentimiento Libre, Previo, e Informado (CLPI), que es el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes para protegerse frente a cualquier proyecto, obra o actividad que pueda afectarlos directa o indirectamente.

En una carta enviada por un grupo de empresarios al presidente Iván Duque se menciona que para la  “reactivación económica” de la crisis generada por la pandemia, se recomienda al presidente “aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales en los que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, se simplifique su aplicación, para aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país”.

Para las comunidades indígenas (apreciación que tiene en cuenta el informe) esto se ha materializado a través de una de las medidas adoptadas por el gobierno de autorizar el uso de medios virtuales para la consulta previa, ya que muchos comunidades no tienen acceso a Internet, por lo cual no habrá un participación efectiva.  

Asesinatos de líderes sociales y ambientales

Según el último informe de Global Witness, el incremento de ataques sitúa a Colombia como el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en 2019.

El informe señala con preocupación que cerca de la mitad de los asesinatos en el país fueron en contra de miembros de los pueblos indígenas, quienes representan el 4 por ciento de la población nacional.

Además, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia de 2020 reveló que, tras la firma del Acuerdo de Paz, el año 2019 fue el más violento contra los líderes sociales; se cuenta un total de 108 personas asesinadas, 75 por ciento de los asesinatos sucedieron en zonas rurales. Una de las razones del incremento de dichos ataques es que sus objetivos son personas que defienden el acuerdo de paz, el derecho de las víctimas a la restitución de tierras y exigen la defensa de los territorios étnicos y comunitarios.

Incendios y deforestación

Durante el primer semestre de 2020, al inicio de la pandemia, la deforestación en Colombia se incrementó en un 83 por ciento, concentrándose principalmente en la región amazónica, donde se deforestaron alrededor de 64.000 ha, que constituyen el 64 por ciento del total de la deforestación del país, según el Ideam. 

A pesar de que el Ministro de Medio Ambiente anunció que esa tendencia se revirtió durante el segundo semestre, el Ideam no ha publicado cifras oficiales hasta el momento.

La situación de la Amazonia colombiana es preocupante: en 2018 concentró el 70,1 por ciento de la deforestación total del país, con una pérdida de 138.176 ha, 131,3 por ciento más que en el 2015.

Por otro lado, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -Sinchi- identificó 13.000 puntos calientes durante marzo de 2020, casi un 70 por ciento más que durante el mismo periodo del 2019.  

Los incendios en la Amazonia colombiana se concentran en el norte, justamente donde avanza la expansión de la frontera agrícola, principalmente en los departamentos del Guaviare, Caquetá, Putumayo, Meta y Vichada.

El informe señala que para el 2017,  las principales causas de deforestación era el acaparamiento de tierras (45%), cultivos de uso ilícito (22%), infraestructura (10%), incendios forestales (8%), ganadería extensiva (8%) y minería (7%). Pero, durante la pandemia, varias comunidades denuncian la intensificación de las presiones por parte de grupos armados “para la siembra de cultivos de uso ilícito y/o deforestación de áreas de importancia ambiental y ecológica”, por lo que piden el cese de estas presiones en el marco de los Acuerdos Humanitarios.

Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, es claro que los “deforestadores” aprovecharían las circunstancias de la pandemia para incrementar la tala y la quema en la Amazonia. A esto se suman las amenazas dirigidas a funcionarios de algunos de parques nacionales, del Instituto Sinchi, de Misión Amazonia y de algunas corporaciones autónomas, obligándolos a salir de la zona y, por lo tanto, impidiendo el trabajo de protección de bosques".

Acciones contra los deforestadores

En una entrevista con este diario, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, expresó que en efecto, la deforestación incrementó los primeros meses del 2020, pues la pandemia no permitió hacer presencia estatal en muchos territorios. Sin embargo, aseguró que este año van a seguir adelantando los operativos en campo para frenar la aniquilación de los bosques.
Así las cosas, este año la Fiscalía, en conjunto con otras entidades, emprendió una ofensiva contra los grandes deforestadores de la Amazonia. 

Por un lado está el operativo el de los 40 principales, una lista de los denominados “grandes deforestadores”, cuya captura está en curso.

La campaña Esparta, llevada a cabo a principios de febrero en seis regiones donde capturaron a 40 personas por cometer delitos ambientales. 

Y el más reciente operativo de la Campaña Artemisa (en su novena fase) llevada a cabo en el Parque Natural Serranía de Chiribiquete, donde se capturaron a 13 personas. 

"Se inmovilizaron tres vehículos que transportaban 140 metros cúbicos de madera avaluada en 400 millones de pesos. También se quemaron dos construcciones dentro del Parque Natural Serranía de Chiribiquete", señaló Correa.  

Fuente: El Tiempo