Las nuevas medidas económicas dictadas por el actual régimen benefician al agronegocio del banano
"El paquete de medidas económicas promovido por el actual gobierno de Moreno, afecta los derechos humanos de la naturaleza y la soberanía alimentaria del país, a nivel rural y urbano".
El ejecutivo acaba de enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente llamada "Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas" (1).
Esta ley incluye de manera específica, en su artículo 26, una disminución y simplificación del impuesto único al banano. En el caso de su exportación, la tarifa aplicada será del 3% del valor de facturación de exportación, RESTANDO el Precio Mínimo de Sustentación fijado por la Autoridad Nacional de Agricultura, o el precio de compra por el exportador al productor si este fuese mayor al Precio Mínimo de Sustentación, independientemente del volumen exportado.
La ley añade que los sujetos comprendidos en este régimen, podrán acogerse a los demás beneficios tributarios contemplados en esa ley, como la disminución de los impuestos de la salida de visas y la suspensión del pago anticipado del impuesto a la renta, y una disminución en la importación de insumos (incluyendo el fungicida mancozeb y el herbicida glifosato, ambos agrotóxicos considerados por la Agencia de Investigaciones del Cáncer de la OMS como productos delicados).
El sector bananero se ha beneficiado constantemente en la historia moderna del Ecuador, y este es un apoyo directo más, que lo que hace es la consecución de un modelo agroindustrial, que es acumulador y contaminante.
Entre 2017 y 2018, el ex Ministro de Trabajo y actual Ministro de Ambiente Raúl Ledesma Huerta, promulgó tres decretos que incluyen la flexibilización laboral y trabajo por horas sin seguro social, especialmente en el sector bananero, precarizando el trabajo.
La situación del trabajador bananero fue expuesta a través de una Acción de Protección interpuesta por la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC) con el auspicio de la Defensoría del Pueblo. Dentro de este proceso, la Defensoría del Pueblo realizó una serie de investigaciones defensoriales y encontró que:
“existe un problema estructural de la política pública y en consecuencia vulneradora de derechos, que son implementadas por las instituciones estatales, que se evidencia en la falta de mecanismos adecuados de control y regulación de las actividades agrícolas bananeras”.
La demanda añade que:
“existe una vulneración sistemática del derecho al ambiente sano, consulta ambiental, derecho a la salud y a los derechos laborales de las y los trabajadores de las personas que trabajan en las haciendas bananeras y de aquellas, que viven en los alrededores, por la falta de control y regulación de las instituciones estatales a las haciendas bananeras y empresas fumigadoras como consecuencia de la POLÍTICA PÚBLICA implementada por las instituciones estatales”.
El agronegocio bananero erosiona la fertilidad de los suelos, acapara y contamina agua, y deteriora la salud de los trabajadores rurales, de quienes manipulan agrotóxicos “subsidiados” y de las poblaciones que viven en las zonas de influencia de las plantaciones. Se calcula que Ecuador en las 180.000 hectáreas de banano se usa 44 Kg/ha/año de pesticidas que supera a los 2,7 Kg/ha/año de pesticidas que usan países del primer mundo (2).
El Estado además subsidia a la industria bananera con agua de dos maneras, porque permite su acaparamiento, y porque la agroindustria la devuelve contaminada. Mientras tanto, muchas comunidades que viven junto a las plantaciones o plantas agroindustriales, deben comprar el líquido vital para suplir sus necesidades vitales.
En el sector agroexportador de flores, banano, abacá, camarones y aceite de palma, las condiciones laborales son preocupantes con denuncias a la violación de derechos humanos y de los trabajadores, encontrando prácticas de esclavitud laboral como en el caso Furukawa, evidenciando el abuso de las empresas y la ausencia de control del Estado. El Mandato Constitucional #8 del 2008, prohibía la tercerización laboral pero empresarios bananeros encontraron maneras de evadir responsabilidades laborales. A pesar de que aumentó el número de trabajadores afiliados, la informalidad del sector permaneció por encima del 50%, tal como lo reconocen los mismos empresarios. Desde 2015 se inició la flexibilización con el anuncio de Rafael Correa de establecer formas de contratos más flexibles en los sectores de la construcción, agropecuarios y transporte (3).
Mientras tanto, campesinos en la Sierra, Costa y Amazonía sufren el abandono por falta de políticas públicas que les apoye, por lo que se ven forzados a inmigrar temporalmente, para obtener ingresos extras para conservar sus tierras y mantener la economía de sus familias; a pesar de ser este sector quien nos alimenta. Según dato de la FAO, la agricultura familiar indígena y campesina alimenta al 60% de la población ecuatoriana, por lo que ellos estarían subsidiando nuestra alimentación.
La sociedad ecuatoriana sigue sacrificando su bienestar y aportando con sus impuestos y trabajo no reconocido y mal pagado, por gobiernos de turno que favorecen los intereses económicos de grandes grupos empresariales de exportadores agroindustriales.
El paquete de medidas económicas promovido por el actual gobierno de Moreno, afecta los derechos humanos de la naturaleza y la soberanía alimentaria del país, a nivel rural y urbano.
NOTAS:
(1) http://ppless.asambleanacional.gob.ec/
(2) Breilh, J; Campaña, A. & Maldonado, A. (2007). Informe peritaje a la salud trabajadores de aerofumigación en plantaciones bananeras: Guayas, El Oro y Los Ríos (Ecuador). https://cebem.org/
(3) Macaroff, Anahi. LAS ÉLITES AGRARIAS EN LA POLÍTICA ECUATORIANA. https://lalineadefuego.info/
Fuente: Acción Ecológica