Las mujeres señalan resistencias y alternativas al poder corporativo en Latinoamérica
Bertha Zúñiga, Leticia Paranhos, Miriam Miranda y Soniamara Maranho hablan sobre cómo enfrentar a las empresas transnacionales en los territorios y en la región.
En el mes de agosto, movimientos de América Latina y Caribe se reunieron en Honduras para una serie de actividades convocadas por Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC). El día 23 se llevó a cabo un evento público y abierto llamado Derechos para los pueblos, obligaciones para las empresas. La actividad contó con más de 15 expositoras y expositores, y tuvo como centro el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que tendrá su octava ronda de negociaciones en la Naciones Unidas en octubre en Ginebra, Suiza.
El evento tuvo la presencia de Natalie Roque Sandoval, Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras (SEDH), a quién se le entregó la propuesta de texto de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo. La recuperación de la democracia en el país centroamericano y el gobierno de Xiomara Castro es, para los movimientos, un escenario de oportunidades para avanzar sobre políticas de protección a derechos humanos nacional e internacionalmente.
«Nos emocionó mucho, en la posesión de la presidenta Xiomara Castro, ver los rostros de tantas mujeres que dieron la vida en esta lucha, que lucharon con su vida para poner la vida en el centro. Quiero decirles que, así como son las mujeres que están al frente de esta batalla, en la primera línea, las más afectadas, también son las que están justamente liderando. La cara de la lucha por el tratado es la cara feminista», dijo Leticia Paranhos, de Amigos de la Tierra Internacional, al iniciar de su ponencia.
Soniamara Maranho, del Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica (MAR), fue una de las militantes presentes que hablaron sobre la agenda de enfrentamiento al poder corporativo. Según ella, «las transnacionales son corporaciones con poder paralelo, con mucho poder. Y muchas veces presionan a nuestros gobiernos y a nuestros pueblos de forma fuerte. Para ellos, no hay ley. No tienen visa, no tienen frontera y no tienen negociación, pues la negociación es por arriba y por la ganancia de enriquecer y privatizar todo lo que nosotros tenemos construido con nuestras manos y con nuestro sudor».
Miriam Miranda, dirigente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) discutió el poder de las empresas en Honduras, y cómo ese poder se naturaliza, naturalizando consigo también los cambios climáticos y la precarización de la vida. También criticó las falsas soluciones de las empresas al problema de la basura industrial y del consumo de alimentos ultraprocesados: «el 90% de lo que estamos consumiendo en supermercados está en plástico y nos dicen ‘traigan la bolsita porque ya no vamos a usar plástico'». En su ponencia, Miriam preguntó: «¿Como le explicamos a un niño o a una niña que la comida no nace en un supermercado? Se tiene la costumbre de llevar a las niñas y las niñas a los supermercados, pero ellos nos tienen consciencia de que, detrás de los alimentos que se compran, hay muchos problemas que se enfrentan en el área rural». Por eso, para ella, «tenemos que entender que nuestros barrios y colonias del área urbana son territorios en los que hay que construir soberanía y autonomía. Miren lo que está pasando en el norte ahorita: todos los ríos desecados, hay una crisis, es una cosa impresionante».
Enfrentar las empresas transnacionales es defender la vida y los derechos humanos
El pueblo originario garífuna, de lo cual Miriam forma parte, vive una realidad de persecución y usurpación de tierras. «Nosotros vivimos en la costa asediada por el crimen organizado y el narcotráfico permanente. En este escenario, tenemos que estar luchando día a día por no desaparecer como pueblos y comunidades. Ustedes no se imaginan lo que significa eso, lo que significa estar asediados y asediadas por el poder real que, en América Latina, cada día crece más», dijo en la actividad.
En la misma semana, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo publicó una nota en defensa de Miriam, denunciando el abuso de autoridad por parte de la fiscalía general de la República, quien ordenó una investigación penal contra Miriam y otras y otros activistas políticos, indígenas y comunitarios.
"Entendemos que la estrategia de criminalización hacia las y los defensores, ejercida por parte de la fiscalía de la República, hace parte de un guion que busca desestabilizar al poder ejecutivo. Esto constituye parte de una estrategia que se viene usando para socavar la gobernanza de aquellos gobiernos que tienen como objetivo devolver el orden democrático. Es en esa línea que expresamos nuestro llamado al Estado de Honduras a detener estas acciones violatorias, a garantizar el derecho a la legítima defensa de los diferentes territorios. Reiteramos, pues, nuestro respaldo y acuerpamiento a Miriam Miranda, Luther Castillo Harry y Edy Tábora", Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
Bertha Zúniga relató sobre la organización del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) desde el asesinato de Berta Cáceres, su madre y dirigente del Consejo, en el 2016. Las alianzas y los procesos de visibilización y denuncia han sido fundamentales para, como describe Bertha, «señalar y responsabilizar a las empresas que, con su dinero –y no solamente con su dinero, porque cuanto más se investiga, más se confirma que es con su actuación en complicidad con la criminalidad– han permitido tantos crímenes, no solo el de nuestra compañera Berta Cáceres». Para ella, el asesinato de Berta fue «la síntesis de la gran persecución que se vive en América Latina y de las consecuencias que tiene el irrespeto a los derechos de la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas».
Cada día de investigación –no sólo las investigaciones oficiales, sino más bien las impulsadas por la solidaridad popular– expone con más claridad la responsabilidad de las empresas ligadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en ese asesinato. Este año de 2022, se sentenció a David Castillo, ex presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), la cual tenía intereses económicos en el territorio del pueblo Lenca defendido por Berta. Por eso, para Berthita, la sentencia «fue un momento muy importante, porque él era el enlace con las empresas internacionales y los bancos europeos. Entonces podemos decirles a esas empresas: ‘ustedes hablaban con una persona que está condenada a 22 años de prisión’. Eso no es cualquier cosa. Hemos tenido la certeza de que las empresas son asesinas».
Organización popular para desmantelar el poder corporativo
Una de las formas de combatir el poder de las empresas transnacionales es la propuesta de un tratado vinculante, capaz de regular y juzgar ese poder a nivel internacional priorizando los derechos humanos en lugar de las ganancias. Según Leticia Paranhos, de Amigos de la Tierra de Brasil, la negociación de esa propuesta solo es posible con la articulación de movimientos y gobiernos populares. Asimismo, Leticia evalúa que, durante el proceso de esa propuesta, una serie de golpes del mercado en las negociaciones, bien como las disputas entre Norte y Sur global, llevaron a una pérdida de elementos fundamentales para la fortaleza del documento. «Eso hizo que, en alianza con la Campaña Global y los Estados democráticos del Sur, hemos logrado volver a poner contenidos claves para que el tratado no sea un papel vacío», explicó. La voluntad para fortalecer el tratado y reorganizar la economía viene, según ella, de la fuerza popular: «Enhorabuena, el pueblo se levanta y estamos volviendo a recuperar nuestras democracias con gobiernos que ponen la vida en el centro y no se curvan para las ganancias de la empresas transnacionales. Sabemos que la ley sola no garantiza derechos. La lucha popular va a garantizar los derechos, pero la ley va a ser una herramienta que nos permitirá a los movimientos, pueblos y comunidades afectados hacer una lucha más justa».
También en la visión de Miriam Miranda, es necesario profundizar un accionar transformador, más allá de apuntar las críticas. «Ante la situación y la realidad necesitamos correr, no solamente en el análisis, sino que en la elaboración de la construcción de propuestas», afirmó. Para eso, señala la necesidad de vincular las luchas por soberanía alimentaria y justicia ambiental no sólo entre poblaciones rurales, sino también en los barrios y colonias del área urbano. «No es posible que se nos traslade a las comunidades la responsabilidad de cuidar el planeta. Las áreas urbanas también tienen que responsabilizarse, hay que fortalecer las luchas en colonias y barrios porque se consume aquí. La gente de los barrios tiene que saber que nosotros estamos peleando allá, dónde se produce la comida; pero si no tenemos agua allá, no van a comer en la zona urbana».
La usurpación de la naturaleza y la explotación de la fuerza de trabajo en Latinoamérica y Caribe es un tema de preocupación y denuncia de los movimientos sociales en el continente. Las empresas transnacionales, que actúan sin reglas y limitaciones, crean nuevas formas de imperialismo y colonialismo, y profundizan, en los territorios del Sur global, el conflicto entre el capital y la vida. Este conflicto se expuso, por ejemplo, en los crímenes de la empresa minera Vale, responsable por la muerte de centenas de personas y la destrucción de comunidades y modos de vida debido al rompimiento de las represas de Brumadinho y Mariana, en Brasil, cerca de donde vive Soniamara. La ausencia de reparación justa a las personas afectadas es también un marco del poder de las corporaciones. «Las empresas transnacionales se apropian de forma privada de todo lo que es construido socialmente, con manos y con los cuerpos de nuestros pueblos. No hay como hablar del desarrollo del sistema capitalista y de las transnacionales sin hablar de América Latina, porque somos riquísimos en muchos de los bienes naturales», dice Soniamara.
Fuente: Capire