La vida como gato boca arriba

Una amiga muy querida alguna vez me dijo que era terrible que ante cualquier perspectiva divertida, gozosa, con amplias posibilidades, saludable, justa, afable, loable, sustentable, clara, política y socialmente justa y duradera, la gente invocara de inmediato “peros”: todas aquellas razones que enturbian, invalidan la premisa o desnudan la falsedad tras alguna situación o configuración de circunstancias momentáneas a duraderas.

Para ella, deberíamos utilizar los “peros” al revés: “el mundo está cada vez más siniestro, pero las comunidades…”, “los precios se disparan a niveles de inflación nunca vistos, pero no todo mundo…”, “la soledad le corroe el alma, pero hay quien le ama en secreto…”, el sistema patriarcal sigue violentando a todo mundo, pero hay quienes que…”, abriendo puertas a posturas, acciones, pensamientos, posibilidades que resisten, se contraponen, vencen o simplemente cancelan eso horrible que nos está ocurriendo. Utilizar los “peros” al revés es abrirnos a nuestra propia imaginación para no dejarnos vencer por el horror.

En este país, a como va la vida, y conforme el sistema en su conjunto recrudece su cinismo, su imantación delincuencial, su perversión fundamental de la naturalidad y bondad de las relaciones humanas, es bastante difícil pensar en esos “peros” que puedan contrarrestar tanta iniquidad.

Y si buscamos con algo desesperación algunos de esos “peros”, es porque en verdad la oscuridad rampante en México amenaza con tragarse todo, y como dice mi amigo Luis, pareciera que nada tiene repercusiones, que nada pesa en su gravedad, porque todo parece diluirse en una confusión o en una distracción tras muy poco tiempo. La vida cotidiana y la supervivencia inmediata se tragan todo, sobre todo porque se multiplican y complejizan las normativas y las disposiciones de la persecución. A como vamos, el sistema político mexicano (algo anterior o posterior al Estado, pero que es consustancial a éste) está detallando más y más controles para mermar, maniatar o de plano tullir las posibilidades de que la gente pueda disponer plenamente de su vida.

Esto que parece una perogrullada, es muy claro si miramos cómo funcionan los dispositivos de las secretarías y sus dependencias para dotar de mecanismos y operadores locales, públicos, a nivel federal, estatal, municipal y local, para que las empresas de toda suerte de extractivismo puedan disponer a sus anchas de las mayores facilidades para trabajar en las diversas zonas del país.

Se han ido creando instancias que supervisan la presentación de manifestaciones de impacto ambiental y que activan las evaluaciones de impacto social que por disposición oficial son requisito presentar, supuestamente para que les sean autorizados los permisos de operación.

En el fondo, todos estos mecanismos le permiten a las empresas entender qué es lo que existe, cómo predisponer a sus fines a la población, qué mecanismos activar para suavizar las revisiones que servirían para la rendición de cuentas, y al mismo tiempo contar con funcionarios a modo que terminan prestando grandes servicios a tales corporaciones y que sirven de puente entre empresas, instancias públicas y población, como ocurre ahora mismo en todo tipo de megaproyectos con los llamados “directores de vinculación municipal”, implicados de cerca en invernaderos industriales, proyectos mineros, fracking, gasoductos y oleoductos, represas e hidroeléctricas y todo tipo de obra que implique contratos de compra-venta o renta de acaparamiento de terrenos siempre con la “anuencia” (el permiso) de la “agencias de seguridad nacional y protección al medio ambiente”, direcciones de “ocupación superficial y consulta previa” o algún otro órgano desconcentrado de las secretarías o comisiones involucradas (sean del Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Agricultura, o del Agua).

En los hechos asistimos a una privatización silenciosa del gobierno desde el nivel más local.

Pero esta privatización silenciosa, el nivel más detallado del desvío de poder, impulsado desde abajo para convencer a la gente de las “bondades del proyecto”, con donaciones, fiestas, comidas, despensas, bonificaciones especiales (de tal magnitud e incidencia a profundidad como lo demuestra lo ocurrido con Odebrecht en todo el mundo), no puede funcionar sin un lado oscuro.

Si por un lado se activan los mecanismos del despojo y las arquitecturas jurídicas y “políticas” de la impunidad, si se desvinculan las instancias de mandato popular con las poblaciones a las que deberían servir, por otro se desligan también las palabras de las acciones, y éstas de las consecuencias. Ante ese escenario de impermeabilidad y desconexión de lo que ocurre, ante esta esquizofrenia programada que es un caos muy controlado para confundir y desacreditar a la gente impidiendo que se defienda con la ley en la mano, termina siendo omnipresente y totalizante el entramado jurídico, político y mediático que se nos busca imponer acaparando sentidos, conciencias, razonamientos y territorios reales o imaginativos.

¿El resultado? Una inconsecuencia sustancial que permite que la matanza de Iguala y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa sea motivo de horror y rabia, de reflexión y movilización social, pero que a la vuelta de unos meses o digamos años de chocar contra la impermeabilidad, se vaya construyendo un pasmo, una apatía, una pesadumbre social hasta normalizar la situación como sin nada hubiera ocurrido, como si no pareciera haber respuesta en ningún sitio, como si lo normal fuera el horror y la rabia una rabieta.

La impermeabilidad que nos imponen no obedece de ningún modo a un pasmo de un Estado burocrático sino a un activo tejido de relaciones públicas, imagen construida, un enmarañamiento de las disposiciones y las instancias de operación a todos los niveles de gobierno, desde el aparato jurídico hasta las políticas públicas más puntuales mediante la obediencia a la cadena de mando, sea “civil”, policiaca —que ahora le llaman civil—, y lo militar propiamente dicho.

Tomemos algunos casos. La llamada ley de Biodiversidad, que activará la transversalidad de todas las políticas públicas, programas y proyectos en la materia, con tal de impulsar economía verde, biología sintética, intensificación de cultivos, la mano cada vez más suelta de los transgénicos, y todo lo que tiene que ver con reservas de la biosfera, servicios ambientales, ordenamientos territoriales, leyes de semillas, propiedad intelectual sobre las mismas. La reforma energética que somete toda vocación de un territorio a que pueda servir los intereses de mayor extracción, comercialización, y transporte de energía. Un sistema agroalimentario industrial que detenta las tierras, las semillas, la comercialización y la disponibilidad de los alimentos.

El caso más reciente es la reforma al Código Civil, recién perpetrada. Las redes sociales insistían en que el PRI presumía en twitter que de una reforma l código civil para hacer más astringente la llamada “ley mordaza”, a la que casi nadie le ha prestado atención pese a las graves implicaciones que tiene.

El artículo 1916 del Código Civil, dice en su reforma a su fracción 1: “Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo con lo establecido por este ordenamiento, y por lo tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos: 1. El que, a través de cualquier medio incluidos los electrónicos, comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho falso o cierto, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”.

Los alcances de la ambigüedad de esta reforma, su indefinición, son vastísimos y seguramente podrán usarse discrecionalmente contra la libertad de expresión de maneras inaceptables.

De inmediato surgen “peros”, en este caso “peros” que se antojan justificativos y que se insisten y se restriegan en los medios, como lo dicho por el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, que insiste en que dicha reforma “no disminuye ninguna de las protecciones a la libertad de expresión, ya que se imponen los criterios sobre el tema establecidos en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Insistiendo: “El derecho a la libertad de expresión limita de manera muy estricta la posibilidad de la responsabilidad civil por daño moral en casos de expresiones de interés público, sobre figuras públicas. Que en general no puede generarse la responsabilidad por opiniones. Y que para que la responsabilidad civil por daño moral pueda generarse el demandante debe probar que la expresión difunde hechos falsos y que el autor de la expresión los difunde con la intención de dañar”. García insistió también en que “el artículo 1916 bis del Código Civil Federal no modificado sigue protegiendo nuestra libertad de expresión (además de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos). Todos tranquis”, dijo por twitter. Animal Político, sin embargo, siguió investigando y entrevistó a Leopoldo Maldonado del programa de Protección del artículo 19, y éste dijo que se trataba de “una reforma inofensiva” aprobada por los diputados “más con una intención de distracción en términos de la discusión que nos tiene preocupados, que es la Ley de Seguridad Interior”. i

Y en efecto: qué es lo que les preocupa de dicha ley a los expertos y expertas de la Organización de Naciones Unidas (con sus grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas, detención arbitraria, y a los relatores sobre el derecho a la privacidad; de la situación de los defensores de derechos humanos; de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; de promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión). Todas ellas personas que de modo voluntario trabaja en el sistema de Naciones Unidas para “hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo” y son independientes en Naciones Unidas.

Para este grupo intachable, la preocupación es que se le dé a “las fuerzas armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”. La ley en cuestión carece de mecanismos sólidos de control “que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”.

Un punto crucial es que “No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público”.

Para las expertas y los expertos de ONU, “El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”.

Si bien el grupo de ONU se declaró consciente de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta México, no dejó de señalar lo alarmante de una iniciativa de tal magnitud, emprendida de modo precipitado “con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”.

Estamos entonces ante un proceso muy complejo donde el Estado mexicano va abriendo un margen de maniobra a las corporaciones y despliega toda una batería de mecanismos de control o facilidad de la operatividad de las políticas públicas desde el nivel más local, para establecer un gobierno privado que rinde cuentas corporativas sin someterse a la voluntad del pueblo al que tendría que servir pues a éste se debe. Por otro lado activa medidas coercitivas que le brindan a las Fuerzas Armadas toda la posibilidad de actuación legalizada mediante una ley al vapor, pese a su actuación reiterada y sistemática de violación a derechos humanos, fuertemente criticada desde diferentes instancias internacionales. “Los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos”.

La recomendación concreta del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias ha sido la contraria al sentido del proyecto de ley en cuestión: “que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública. Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad”. ii

Pero sin embargo, se mueve, dijo Galileo ante los jueces que le exigían renunciar a sus más fundamentadas convicciones astronómicas, epistemológicas y morales.

La misma convicción irrenunciable existe en tantos grupos que resisten la invasión de los territorios, el ataque contra Naturaleza y contra la integridad de las personas y las comunidades.

Se cultiva desde el fondo de los cuartos donde la gente duerme y ama, desde las cocinas y los comedores, en los patios donde la gente se reúne a narrar las historias mientras comparte la comida comunitaria; en las aulas y los pasillos, en las asambleas de las comunidades recónditas, en los mercados e intercambios informales que proliferan, en los talleres y seminarios; en los espacios de diálogo abiertos más y más (pese a la indisposición y persecución de las autoridades culturales y los operadores de la “inteligencia” ávidos de delaciones y corrupción), en fanzines, literatura de cordel, folletos, sketches, obras de teatro, videos y animaciones, twitter, facebook y whatsapp, por correo electrónico o en las publicaciones libres donde la gente vuelca información, reflexiones, análisis y conversación perpetua, pero sobre todo en las miradas que nos vamos encontrando para reconocernos mutuamente sabiendo que los ojos que miras son ojos porque te miran y no porque los mires. La convicción está ahí.

El mantener y buscar el sentido de lo que vivimos, mediante el ejercicio de las narraciones, las historias, los testimonios, las experiencias y los recuentos, saltando obstáculos y rompiendo cercos, pasando de imaginación a imaginación la llama remotísima de la verdad y la vida (como un sentido común que nos arropa) seguirá ahí —pese al horror y la brutalidad, pese a los asesinatos y las violaciones, pese las desapariciones, el encarcelamiento, la tortura o la disolución social de la corrupción y la promoción de traiciones. Pese a que buscan imponernos en el punto ciego de tanta iniquidad y tanta desazón en lo más cotidiano.

Porque la llama viva que querella en contra de la regla y la persecución, también mantiene encendidos la pasión y el encuentro, la mutualidad que nunca es norma sino cuidado, como “peros” que más temprano que tarde habrán de permitirnos otro mañana sin violencia ni sometimiento, sin vileza pero con pleno reconocimiento de la diversidad existencial infinita e inagotable. No es retórica, no es ideología. Es simplemente, como dijo John Berger que dijo Nazim Hikmet: “la esperanza entre los dientes”, la vida como gato boca arriba.

1) Ver www.animalpolitico.com...

2) http://www.ohchr.org/...

Fuente: Desinformémonos